Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27588 2020
Expte. Nº 27588.-
Autos: L´OREAL ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Octubre de 2020.- FC
Estos autos caratulados "L´OREAL ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 27.588, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 77/101, se presenta el Dr. Leonardo Pablo Cippitelli, en carácter de apoderado de L´Oreal Argentina S.A., iniciando pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Alberti, con el objeto de obtener la nulidad del Decreto N°347/2017 de fecha 10 de Mayo de 2017 dictado por el Intendente de la comuna citada, el que fuere notificado a la accionante en fecha 19 de junio de 2017, mediante el cual se determinó proceder a la intimación de pago de supuestas deudas por los denominados "Derechos de Publicidad y Propaganda" correspondientes a los períodos fiscales 2015, 2016 y 2017 respectivamente.-
Como antecedentes relata, que el día 15 de mayo de 2015 la actora fue notificada de una liquidación reclamada en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda Nº 002997 en la cual se fijó la suma de $ 5.200 lo que conllevó a que, en su respectivo descargo, fuere atacada por arbitraria, ilegítima y nula de nulidad absoluta. -
Posteriormente, relata que el 18 de abril de 2016, la parte fue nuevamente notificada de una nueva liquidación, -Nº003169- correspondiente al período fiscal del año citado, por la suma de pesos $10.400 interponiendo contra dicho acto un nuevo descargo, esto en 02 de mayo de 2016.-
Asimismo, el 21 de mayo de 2017, la comuna practica nueva notificación, esta vez correspondiendo la liquidación al período 2017, por la suma de pesos $20.800 interponiendo la firma el 04 de abril de 2017 nuevo descargo, haciendo hincapié en que no resulta conforme a derecho y que vulnera gravemente derechos y garantías consagradas en diversas normas citadas por el letrado. -
Apontoca que, el Municipio, notificó a la accionante -ello el 19 de junio de 2017- del Decreto Nº 347 mediante el cual, el Sr. Intendente Municipal rechazó y desestimó las defensas opuestas oportunamente, contra las liquidaciones referidas precedentemente y procedió a intimarlo de pago por la suma de $ 36.400,00 con más intereses, por la supuesta deuda en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda correspondiente a los tres períodos detallados anteriormente; resultando agotada la instancia administrativa por haber emanado de la máxima autoridad administrativa con competencia resolutoria final del municipio demandado.-
Expone que la accionada, reclama una deuda en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda, en la que, sin brindar prueba alguna, entiende se derivan de un supuesto relevamiento realizado en la comuna y que la actora habría autorizado a terceros a efectuar publicidad para beneficio propio sin haber demostrado como opera la presunción a que remite. -
Detalla a su vez, que de los argumentos esgrimidos por la Municipalidad, surge que, a entender de esta última, los Derechos de Publicidad y Propaganda son tributos destinados a la satisfacción de necesidades colectivas y que, su accionar se encuentra amparado por la normativa fiscal y tributaria vigente.-
En otro orden, sostiene la inexistencia de imperio Municipal para exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias a la firma actora puesto que no ejerce actividad alguna en la ciudad.
Sustenta la nulidad de la cédula de notificación en que la misma no identifica el número de expediente administrativo ni los detalles de medios y liquidaciones como así también la nulidad de los actos administrativos por falta de causa y motivación ello debido a la inexistencia de publicidades pertenecientes a la actora en la comuna y de antecedentes fácticos y jurídicos al respecto. -
Refiere que dicha publicidad no fue exhibida por su mandante, remarcando que la supuesta ostentación en locales o establecimientos referidas a mercaderías objeto de la actividad de la empresa, resultan ajena a la desarrollada por la misma. De ello concluye, que el relevamiento citado se limitó a enumerar una serie de direcciones donde se habrían colocado publicidades de su mandante, sin siquiera detallar en qué consistían esas publicaciones, ni quién colocó las mismas, ni que características poseían.
Funda su posición en que el decreto es nulo por cuanto no reúne los elementos esenciales del acto administrativo, ya que para que sea válido debe contener los elementos: sujeto, objeto, competencia, causa, procedimientos, motivación, finalidad y forma. Sumado ello a que la normativa citada por el decreto: "Ordenanza Impositiva y la Ordenanza Fiscal vigentes", no fueron publicadas y su parte no tuvo acceso a las mismas, por lo cual, desconoce en absoluto qué pautas utilizó la Municipalidad para instruir el procedimiento administrativo.-
Realza la nulidad de procedimiento administrativo, sosteniendo que la Municipalidad pretende hacer valer los resultados de la constatación desarrollada supra, sin haber notificado las respectivas actas de relevamiento o declaraciones juradas presentadas por terceros. En este orden, entiende que, si la comuna pretendía hacer valer lo declarado por un tercero, el derecho de defensa se veía gravemente afectado, si no se le notifican esas constataciones o declaraciones juradas. Asegura que tal omisión es esencial y por tanto, todo el procedimiento resulta nulo. -
Indica a su vez, que el decreto que motiva la pretensión de autos, no se pronunció respecto a las nulidades planteadas como así tampoco respecto a los actos administrativos que fundan la aspiración de la comuna.
Conducentemente, alude a que el Decreto Nº 347 se sustenta en los actas de constatación señaladas en virtud de las cuales, supuestamente, se emitieron las liquidaciones sin respaldar en momento alguno los fundamentos que motivaron al dictado del acto mediante los cuales la comuna entiende que la actora resulta pasible de deuda por Derechos de Publicidad y Propaganda, sin explicar la causalidad que arroja dicho resultado. Destaca nuevamente que la Municipalidad no probó que la firma haya colocado las supuestas publicidades, que se hubiere beneficiado de ellas ni que las mismas tuvieran trascendencia al exterior del comercio.-
Agrega al respecto que, el acto administrativo, a los efectos de su validez, debe tener causa, es decir, contener una exteriorización de los antecedentes de hecho y de derecho que sirvieron como fundamento a su dictado, puesto que, de carecer de este presupuesto, el mismo sería nulo. En este orden de ideas, sostiene que la falta de causa suficiente, de la determinación efectuada, pone de manifiesto que la pretensión Municipal resulta arbitraria e ilegítima, por carecer de dichos antecedentes, tornando inadmisible por ser violatoria de derechos y garantías elementales consagrados por las Constituciones, Nacional y Provincial respectivamente. -
Resulta factible determinar que ante la ausencia de notificación y de acceso a la información que viene detallándose (circunstancias que le hubieren permitido a la firma ejercer su derecho de defensa), la pretensión Municipal es inoponible a la actora por cuanto no pueden considerarse a las liquidaciones como motivación del pretendido acto determinativo. Ello implica que tanto la determinación de los Derechos de Publicidad y Propaganda como el acto administrativo -señala- sean nulos, ello conforme fue resuelto en la causa -cita- "Rayovac S.A c/ Municipalidad de Berazategui". -
Prosiguiendo su defensa, interpreta la inexistencia de poder de imperio Municipal respecto de la actora, ello por cuanto señala que no existe, en cabeza de la comuna accionada, potestad alguna para exigir el cumplimiento de las obligaciones pretendidas, recalca que su mandante no es un "administrado" de la municipalidad puesto a que no ejerce actividad, no tiene domicilio, sede, ni local en el Municipio y, por tal motivo, éste carece de facultad para exigirle obligación alguna. Indica que su representada no colocó por sí, ni autorizó a terceros a colocar publicidad alguna, ni tampoco realizó el hecho imponible de los Derechos de Publicidad y Propaganda. -
Hace hincapié a su vez, en que el Municipio, atribuyendo responsabilidades a su mandante de tipo solidaria -no probada en sede administrativa-, pretende "legislar" o aplicar su legislación excediendo su competencia territorial, puesto que no tiene facultades para imponer obligaciones a quienes no se encuentran radicados en el lugar, lo que denota una pretensión extraterritorial inadmisible a la luz de la normativa constitucional. -
Fecho, el territorio es la medida y el límite del poder de la autoridad estatal, puesto que carece la Administración, y los actos que ella dicta, de imperio sobre hechos, cosas y sujetos que no se encuentren sometidos a su jurisdicción.-
Refiere que la accionante desconoce las normas de la comuna citadas en sede administrativa, para ello recuerda que la publicidad de las normas es un elemento esencial para su oponibilidad, y que las citadas no han sido debidamente publicadas por lo que no son oponibles ni poseen efecto erga omnes, sumado a que, al carecer de efecto vinculante, la pretensión Municipal viola el principio de legalidad. -
En lo que hace a la publicación de las normas, sostiene que no existe presunción, ni ficción legal que permita sostener que se debe presumir el conocimiento de las citadas normas, puesto a que no son publicadas en el Boletín Oficial de la Nación ni en ningún otro con cobertura en el domicilio de mi representada.
Al respecto la CSJN no sólo exigió el requisito de la publicación efectiva de las normas de alcance general, sino también el principio de la satisfactoria divulgación, citando jurisprudencia al efecto en "Municipalidad de Mercedes c/ Arcor SAIC s/ apremio".
Insiste en que tampoco la publicación por Internet garantiza la divulgación satisfactoria exigida por el máximo tribunal, en virtud de que es dispersa e incompleta, y que debe tenerse en cuenta que no todos los puntos geográficos del país poseen una conexión de Internet y que, a su vez, no hay norma que obligue a los contribuyentes a consultar dicha red informática para verificar la publicación de normas en general y mucho menos de carácter municipal. -
Arguye finalmente que en lo que respecta al objeto de esta pretensión, el Decreto N°347/2017 de fecha 10 de mayo de 2017, fue dictado por autoridad carente de jurisdicción e imperio respecto de su mandante y se omitió la publicación del mismo por el medio pertinente (Boletín Oficial de alcance Provincial o Nacional) lo que conlleva a solicitar, sea declarado nulo. -
Señala la inexistencia de configuración del hecho imponible de los Derechos de Publicidad y Propaganda por falta de configuración del elemento subjetivo, en virtud de que su mandante no es titular y/o beneficiario de la publicidad que reclama el Municipio, motivo por el cual, no encuadra en la figura del contribuyente o responsable por estos Derechos reclamados, cuya consecuencia, lógica y jurídica, es la inexistencia de la obligación tributaria. -
En idéntico sentido a lo ya mencionado, concluye que de ninguna manera puede responsabilizarse a su mandante por uno o varios avisos respecto de los cuales no tuvo intervención alguna, no tratándose entonces del sujeto pasivo del tributo. Éste último no puede ser otro que aquél que realiza la publicidad, se beneficia con ella, publicita y difunde en su propio negocio, no siendo el caso en cuestión. -
Relacionado a ello, sostiene que quienes habrían colocado dichos avisos son los responsables del inmueble donde se encuentran, terceros ajenos e independientes de su mandante. Aun cuando su mandante se opusiere a la realización de las publicidades, le resulta imposible ejercer ningún tipo de poder de policía sobre tales sujetos, a quien no sólo desconoce, sino también respecto de los cuales no se identificó con claridad la conducta realizada.
Alega que pretender exigir la obligación, directa y exclusivamente a su mandante prescindiendo de la participación del comerciante en el procedimiento administrativo es inadmisible, puesto que la solidaridad sólo puede nacer luego de la determinación y exigibilidad de la obligación principal a su responsable o, a lo sumo, en forma concomitante, pero nunca sin ella, y además, debe ser fundada.-
Esgrime que, exigir Derechos de Publicidad y Propaganda a sujetos que no son permisionarios ni beneficiarios y que no realizaron por sí las supuestas publicidades o propagandas, implica una violación del principio constitucional de legalidad y del derecho de defensa. -
En el siguiente acápite, plantea la violación de la Ley N° 13.850, norma que tiende a lograr la simplificación tributaria, la compensación y el incremento de los recursos asignados a los Municipios que no apliquen gravámenes retributivos por la publicidad y propaganda hecha en el interior de locales destinados al público. A ella adhirió la comuna el 1° de septiembre de 2008 a través de la Ordenanza N° 1718/08 resultando improcedente cualquier reclamo que se realice tanto con anterioridad como con posterioridad a dicho período.
Agrega que, teniendo en cuenta la fecha en que se emitieron las liquidaciones atacadas en autos, resulta evidente que las supuestas publicidades se habrían efectuado con posterioridad a que la Municipalidad asumió la obligación de no gravar la publicidad interior. En consecuencia, la pretensión Municipal, sostiene, es ilegítima por encontrarse en contraposición con lo previsto en el contenido de la mencionada ley.-
Hace referencia a que la pretensión municipal de exigir Derechos de Publicidad y Propaganda por elementos que no se encuentran en el espacio público, es exorbitante a las potestades municipales y, abiertamente inconstitucional.
En este orden, destaca que los Derechos de Publicidad y Propaganda son un tributo, añade que la doctrina distingue a los mismos entre impuestos, tasas y contribuciones especiales y que, según la CSJN, "esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno." ("Laboratorios Raffo S.A c/ Municipalidad de Córdoba").
Siguiendo dicha óptica, la distinción de especies tributarias no queda sujeta al arbitrio del Municipio y atento lo señalado, considera deben encuadrarse como una tasa o un impuesto o una contribución especial, pero nunca como "Derecho" como pretende la comuna. Además -afirma- que no son exigibles por no haber nacido el hecho imponible por falta de los elementos subjetivo y espacial.
Concluye en que, no puede el Municipio pretender percibir este derecho si el particular sólo usa un espacio privado, tal como ocurre en el caso de autos. Cita al efecto el Art. 10° de la Ley de Coparticipación Municipal de Impuestos de la Provincia de Buenos Aires N° 10.559 el cual reza: "Los municipios de la Provincia no podrán establecer ningún tipo de gravamen a determinarse sobre los ingresos brutos o netos, gastos o inversiones de la industria, el comercio y los servicios". -
Finalmente, ofrece prueba y peticiona se haga lugar al objeto de la demanda incoada.-
II. Que en fecha 30/11/2017, no habiendo remitido la autoridad administrativa demandada los expedientes solicitados en el plazo que para ello fuera fijado, se declara admisible la pretensión y se corre traslado de la demanda interpuesta por L´OREAL ARGENTINA S.A. a la MUNICIPALIDAD DE ALBERTI.-
III. Que en fecha 12/06/2018 se acredita el diligenciamiento de la cédula de notificación dirigida al Sr. Intendente de la Municipalidad de Alberti.-
IV. Que en fecha 10/09/2018 y, habiendo trascurrido el plazo concedido para que la Municipalidad contestara la demanda, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el Art. 59 del Código Procesal Civil y Comercial, declarándose a la comuna en rebeldía.-
V. Que en fecha 06/06/2019 se ordena la apertura de las actuaciones a prueba.
VI. Que en fecha 02/07/2019 se celebra audiencia prevista en los términos de el Art.41, no compareciendo a ella la parte demandada.-
VII. Clausurada la etapa de prueba, de conformidad con el escrito de fecha 18/05/2020, con fecha 17/06/2020 se llama autos para alegar.-
VIII.-Vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad la actora en fecha 18/06/2020, y encontrándose el estado de autos para ello, en el escrito de 22/07/2020 pasan a despacho para resolver y;
I. Que en estas actuaciones, la accionante sostiene que el Decreto N°347/2017 de fecha 10 de mayo de 2017 dictado por el Intendente de la Municipalidad de Alberti, es poseedor de vicios en la causa, motivación y procedimiento y que por ello la firma actora se ha visto perjudicada en su derecho de defensa. Asimismo, que el citado acto administrativo fue dictado basándose en normas que no han sido publicadas -ausencia de notificación- por lo que no son oponibles ni poseen efecto erga omnes y guardando relación con ella, el acceso a la información. Del mismo modo, que dichos actos fueron dictados por autoridad carente de jurisdicción e imperio respecto de su mandante y se omitió la publicación del mismo por el medio pertinente .-
Que se desprende como documental obrante en autos las copias simples de los Descargos correspondientes a las liquidaciones N° 002997, N° 003169 y N° 003324 practicadas en los períodos 2015, 2016 y 2017 en su respectivo orden, comprobante de pago del capital en concepto de pago previo como así también resulta agregada la cédula de notificación agregada a fs. 10, a la cual se encuentra adjunta la copia del Decreto 347/17 de fecha 10 de mayo de 2017.-
II. Que la demandada, al no hacerse parte de esta litis, tornó operativa la manda de las normas contenidas en el Art. 60 del Código Procesal Civil y Comercial (Art. 77 CPCA) y Art. 37 inc. 2 CPCA, y más aún, dicho estado de rebeldía -consentido- se mantuvo a lo largo de todo el proceso.
Es decir que, tal como establece el art 37 inc. 2 del Código Procesal Administrativo, el incumplimiento a la carga del demandado de contestar la demanda, trae aparejado el tener por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados por el actor, como por reconocida la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos.
No obstante, la rebeldía del demandado, no exime al actor de evidenciar la justicia de su reclamo, aportando a la causa los elementos de convicción que justifiquen su legitimidad.
En otras palabras, "La falta de contestación de la demanda faculta al juez para dar por reconocidos los hechos establecidos en ella, facultad que es de pertinente ejercicio en tanto las constancias de los autos no desvirtúen las afirmaciones del actor" (CSJN, "Provincia de Chaco c/Consorcio de Propietarios de Callao 322 al 28. El trébol, S.R.L. c/Nación", Fallos: 262:458).
".El silencio de una de las partes frente a las afirmaciones fácticas de la otra adquiere un valor peculiar... cuya consecuencia es que dicha conducta omisiva genera efectos de naturaleza instructora, que deben ser evaluados por el juez al sentenciar de acuerdo a las reglas de la sana crítica o sana lógica y según las particularidades de cada caso (Novellino,..., p. 47, ob. cit.).
III. En cuanto a las constancias de la causa, de las mismas se desprende que: De los considerandos del Decreto 347/2017 -v. fs.12- se concluye que la administración resolvió la presentación efectuada por el aquí accionante, en relación a las liquidaciones N° 002997, 003169 y 003324 -correspondiente al período 2015, 2016 y 2017-, rechazando la misma.-
De la lectura del acto mencionado, no se advierte la intervención de la firma accionante en el procedimiento de determinación de deuda, previo al dictado del acto imposición del tributo.-
Por otra parte
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.