Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39399
Estos autos caratulados "Gestiones Tallion Argentina S.A. C/ Municipalidad De Moreno S/ Pretension Anulatoria - Otros Juicios", expediente Nº 39399, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que en fecha 21/12/2020 se presenta Juan Carlos Vinez, invocando mandato de la actora, con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Enrique Rigotti y Emiliano Daniel Rigotti.
No revistiendo el mandatario la condición requerida para representar en juicio a la empresa dentro de la Provincia de Buenos Aires, y en cumplimiento del previo impuesto, en fecha 16/01/2021, con pedido de habilitación de feria mediante, se presenta el Dr. Eduardo Enrique Rigotti como nuevo apoderado, lo que acredita con el instrumento agregado en la misma presentación.
Es a partir de esa presentación, y habilitada la feria solo para el tratamiento de la cautelar peticionada, es que se da curso a la presentación inicial, y mediante la cual se solicita la anulación del acto administrativo emanado de la Sra. Intendente Municipal de Moreno; y, como ya expuse, conjuntamente peticiona se dicte medida cautelar, a efectos que "se suspenda la ejecución del Decreto N° 1760/2020, y ordene a la Sra. Intendenta de Moreno que se abstenga de afectar la ejecución del Contrato fundando en el citado acto impugnado, ello hasta tanto se dicte sentencia firme y definitiva en el presente proceso" (sic).
Expone como hecho antecedente, que luego de un procedimiento de licitación pública, la empresa que representa fue adjudicada en la concesión del servicio público correspondiente al Sistema Inteligente de Fiscalización Electrónica de Tránsito, a través de la Ordenanza N° 6078/2018 dictada por el Honorable Consejo Deliberante de Moreno; refiriendo que luego de suscribir a comienzos del mes de febrero de 2019 el Contrato con el Municipio, inician la prestación del servicio dirigido a implementar el Sistema Inteligente de Fiscalización Electrónica de Tránsito de la Ciudad de Moreno.
Sostiene que no tuvieron ninguna comunicación de la autoridad municipal previa al arbitrario -según su postura- proceder que impugnan, ni ninguna advertencia, ni tampoco fueron previamente notificados de alguna sanción y/o penalidad referida a un hipotético modo anormal de ejecución de la concesión.
Afirma que, por el contrario, desde el inicio de la relación contractual y hasta la toma de conocimiento del Decreto, existió una fluida comunicación con el Municipio, a través de la directivas e intercambios propios de una concesión de un servicio que involucra la instauración de un sistema de estacionamiento medido y de gestión de infracciones en la vía pública, viéndose afectado únicamente su ejecución por hechos ajenos a su parte, tales como la huelga ocurrida con empleados municipales en los últimos meses del año 2019, y la interrupción del servicio desde mitad de marzo hasta octubre del año próximo pasado, por las restricciones vinculadas a la pandemia del COVID-19.
Advierte que en realidad GTA es una víctima del cambio de gestión de gobierno ocurrido en diciembre de 2019, en el cual el Municipio armó un procedimiento a las apuradas para hacer caer el contrato, sin importar si se alteraban principios elementales, como el de legalidad y seguridad jurídica alineados al interés general, ni tampoco si se afectaban derechos y garantías constitucionales como el de propiedad y el de defensa de este particular afectado.
Califica como arbitraria e ilegítima la decisión de la nueva Intendenta de Moreno, y hace incapié en la omisión injustificada de brindarle a GTA, la oportunidad de ser oída y/o de subsanar los presuntos incumplimientos que se le imputaban en la ejecución del contrato.
Acompaña documental referente al expdiente administrativo de la licitación, y otra en la cual se apoya para demostrar tanto el cumplimiento del contrato, como en relación a las actividades que realizara.
Finalmente describe y sostiene para el caso, el cumplimiento por su parte, de los requisitos necesarios para la procedencia de la cautelar que solicita.
II. Corrido el traslado a la autoridad administrativa demandada para que se expida sobre la medida cautelar peticionada, se presenta acreditando mandato del municipio la Dra. Marcela C. Porta, acompañando el expediente administrativo correspondiente al proceso licitatorio, y demás documental en la que sostiene su posición; realiza una negativa de los hechos incompatible con el estado de la causa y la finalidad del traslado ordenado, y finalmente presenta el informe circunstanciado sobre la petición cautelar de la actora.
Refiere liminarmente que el expediente -N°4078-179620-S-2016- tiene su origen en la propuesta realizada por la Universidad Nacional de La Plata, en virtud de la cual dicha Casa de Altos Estudios, proponía proveer a la Comuna un sistema de estacionamiento medido, de gestión de infracciones de tránsito, sistema central de información, sistema de localización de vehículos de transporte público, servicio de soporte técnico, como así también la implementación de un servicio de capacitación y actualización permanente del sistema.
Menciona que el proyecto, como finalidad primaria, estaba dirigido a ordenar el tránsito y aumentar la seguridad; no obstante lo cual, las autoridades comunales de ese entonces deciden privatizar el control del tránsito, elevando a tales efectos un proyecto de Ordenanza a ese fin.
Sostiene que el acto legislativo -Ordenanza n° 5881/18 promulgada mediante Decreto 373/18-, al carecer de los previos actos preparatorios que las normas aplicables señalan como necesarios para su formación, se encuentra fulminado con la sanción de nulidad administrativa, conforme la clara manda contenida en el art. 240 de la LOM.
Seguidamente manifiesta que el pliego de bases y condiciones no fue aprobado por el HCD.
Refiere también, que a fs. n° 819/820 del expte. de mención, se encuentra agregada la Ordenanza n° 5894/18 por la cual el HCD adjudica la Licitación Pública n° 03/18 a la firma IPS GROUP S.A.; seguidamente el Departamento Ejecutivo Municipal decide -por Decreto n° 925/18- vetar la Ordenanza de adjudicación n° 5894/18 con fundamentos que se destacan por su debilidad argumentativa, referidos a unos supuestos y no probados "mantos de dudas" (textual). Veto que es aceptado por Ordenanza n° 5931/18.
Indica que habiendo sido desechada la adjudicación de la Licitación n° 03/18, en lugar de llamar a una nueva licitación, remiten el expediente a la Jefatura de Compras para proseguir con un segundo llamado, mediante Decreto n° 1729/18.
Afirma que a ese nuevo llamado se presentan dos ofertas, siendo una desestimada in limine, quedando como único oferente la empresa Gestiones Tallión Argentina S.A., la cual es la misma empresa que había resultado anteriormente adjudicada IPS Group S.A., pero ahora con una diferente razón social.
Finalmente indica que se agrega dictamen de pre adjudicación, y mediante la Ordenanza n° 6078/18 se adjudica la Licitación n° 03/18 a la empresa GESTIONES TALLIÓN ARGENTINA S.A., unicamente en su ítem n° 01; la cual es promulgada por el Decreto n° 2741/18. Resaltando que, nuevamente, la misma carece de informes y dictámenes previos a su sanción.
Por otra parte, afirma que la adjudicataria ha incurrido en una serie de incumplimientos a sus obligaciones contractuales.
Indica que la Comisión de Seguimiento del Honorable Concejo Deliberante, luego de analizar las constancias de autos, resuelve elaborar el correspondiente dictamen con el fin de rescindir el contrato administrativo.
Refiere que en fecha 18/11/2020, la accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Decreto 1760/2020, el que fue ingresado mediante expediente administrativo N° 4078-223249-G-2020; y en fecha 5/1/2021 se rechaza el recurso y su ampliación mediante Decreto n°0007/2021.
En relación a la situación actual, sostiene que el Municipio ha adquirido un sistema de software hecho 100% a medida para esa comuna, para llevar adelante el Servicio de Estacionamiento Medido e infracciones digitales; nuevo servicio que ha comenzado en ese Municipio el día 21 de enero del presente año, con la participación -a raíz del Convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- de 48 trabajadores, vecinos de Moreno, beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, incluidos en las tareas de control del estacionamiento y promoción de los valores de la seguridad vial.
Describe finalmente los distintos requisitos procedentes para el dictado de la medida cautelar peticionada por la actora, respecto a los cuales no advierte se cumplan en el caso, por lo cual pide se rechace la cautelar.
I. El Código Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); y c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
II. Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del C. P. C. A., la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el artículo 22º para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pág. 1151/1193).-
En sentido similar se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultánea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. Del 15-02 05, entre otras).-
Todo ello, sin dejar de tener en cuenta que la Excma. Cámara del Fuero, en casos como el de marras, ha adoptado el lineamiento que emana de la doctrina obligatoria impuesta por el Superior Tribunal Provincial, al decir: ".Al respecto, cabe recordar que la SCBA ha dicho que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de la que aquéllos gozan (SCBA, B 65727 "Kel Ediciones S.A.", I 4-7-2007). (C.C.A.S.M., "Vinet", 14/5/20, n° 8019/19 de este mismo Juzgado).
III. Debe destacarse, no obstante, que la doctrina y la jurisprudencia hacen jugar la interrelación entre los dos primeros presupuestos dando a la cuestión determinada flexibilidad (Cfr. Causa B-61456 " PRIEU" - especialmente voto Dr. Soria considerando 2º; CNFed, Contencioso administrativo, Sala V, 05-01-2000, Defensor del Pueblo de la Nación c. M.E. y otro, L.L., suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, mayo de 2001, p. 29); fijando, asimismo, un criterio de mayor restricción interpretativa cuando se trata de medidas de no innovar (Cfr. Cfr. CNFed, Contencioso administrativo, Sala IV, causa 5718/97, "Institutos Antártida S.A. c/ Fisco Nacional", E.D., suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, año 1997 Nº 3, p. 71).-
IV. En este caso en particular, donde se encuentran en juego tanto derechos de la empresa actora, como las potestades de la administración y la satisfacción del interés general de la población, resulta necesario remarcar, a los efectos de aclarar el panorama solamente para el dictado de esta cautelar, que lo acontencido -objetivamente-, no es ni mas ni menos que una rescisión contractual por un hecho imputable al cocontratante -según el fundamento del acto administrativo-, que conlleva la caducidad del contrato, y en donde prevalece la idea de culpa y sanción ante el incumplimiento del mismo a las obligaciones a su cargo.
Esos actos u omisiones deben ser de tal gravedad que pongan en peligro la satisfacción de los fines determinantes de la celebración del contrato.
En ese contexto, en los pliegos de condiciones o en el contrato mismo, se suelen establecer a priori, cuales son las faltas del cocontratante que se sancionarán con la caducidad del convenio, pero ello no es óbice para llegar al mismo resultado ante una falta no prevista; y ello es razón de que las facultades de la administración de rescindir por causales no previstas en el contrato, son irrenunciables. Es que no se trata de derechos de la administración sino de potestades de esta.
Asi se dice doctrinariamente, que la rescisión por culpa, la caducidad, puede ser declarada siempre por el órgano administrativo.
Ante ello, y dada la especial situación de la litis, la naturaleza, extensión y gravedad de esas faltas o del incumplimiento en que incurriera -eventualmente- el cocontratante, y su incidencia sobre las necesidades colectivas, es una cuestión de hecho, que compete decidir directamente y en primer grado a los órganos administrativos del Estado -ello sin perjuicio del exámen posterior del Poder Judicial en vías de una eventual arbitrariedad o desviación de poder-.
Se trata de utilizar las facultades de revocación de los contratos celebrados, en el marco de su actividad lícita, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, atendiendo al interés público comprometido; o por razones de ilegitimidad, fundadas en causas existentes al momento de formación del contrato -arts. 113 Ord. Gral. 267/80, Marienhoff "Tratado de derecho Administrativo", T.II p.570; Hutchinson, "Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", pag. 485 y ssts., Ed. Astrea).
En el tema, tampoco puede pasar inadvertido, que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Moreno, mediante Ordenanza n° 6.248/2019 -promulgada por Decreto n° 029/2020 declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera,...y servicios públicos (art. 1°), con efecto hasta el día 31 de de diciembre de 2020, facultando al Departamento Ejecutivo a disponer las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de las emergencias mencionadas (conforme art. 3°). Plasmando en su art. 16°, una autorización para modificar o rescindir contratos de obras y/o suministros y/u obligaciones vigentes, las que equipara a esos efectos al caso fortuito o fuerza mayor.
Todo lo expuesto, sin dudas, y sin que lo hasta aquí expuesto implique expedirme sobre la cuestión de fondo, ha de ser evaluado dentro del proceso principal, con la garantía de un mayor debate y prueba que el actual; no obstante lo cual, sí debo tener en cuenta esos lineamientos para la apreciación de posibilidad de acogida de la medida cautelar peticionada, marco en el cual no puede soslayarse la presunción de validez que ostentan los actos estatales, y en los cuales se requiere un análisis de admisibilidad de la medida cautelar mas estricto -SCBA, fallos "Nestle", "Seda", "Cohen", "Club de Campo San Diego"-, y solo cede cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles -CSJN, Fallos 323:3853, 250:154, 251:336-.
Ante ello, y examinada la petición cautelar -tendiente a restituir la situación al estado anterior al que se encontraba antes del dictado del Decreto n° 1760/2020 de la Sra. Intendenta de Moreno de fecha 2 de noviembre de 2020-, bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro en éste estadio preliminar del proceso y sin que signifique un adelanto negativo en cuanto a una eventual petición de fondo, configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
V. A mayor abundamiento, y acerca de los requisitos que exige la norma del art. 23 del CPCA, que la parte actora considera cumplidos, he de decir que:
a) Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, he de advertir que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega aquél, no adquiere la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad supra referenciada.
En efecto, del examen de las constancias colectadas en la causa, no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en éste examen preliminar y periférico- exhiba en cuanto a sus elementos esenciales, defectos notorios que lo tornen inválido, y que permitan descalificarlo como tal.
En tal sentido, la actora cuestiona la decisión administrativa en cuanto la califica como un exceso en las facultades, al dar de baja el contrato sin haberse previamente realizado el debido proceso para derogar la Ordenanza que convalida el proceso licitatorio; y por otro lado, ha manifestado que no hubo incumplimientos de su parte, como presupuesto válido de su parte para considerar arbitraria la medida adoptada. Negando también haber tenido intimaciones para el cumplimiento de aquellas cuestiones que el Municipio entendiera como problemáticas.
Refiere que el Decreto N° 1760/2020 de ninguna forma puede considerarse un acto administrativo regular, pues carece de los elementos esenciales causa y motivación, ve alterado su objeto que es contrario a la ley y, por consiguiente, debe ser declarado como un acto invalido.
Y en esta parcela, he de decir, que a los efectos de la revisión del acto en cuanto a esta cautelar, no encuentro un notorio apartamiento de la obligación impuesta por el art. 108 de la Ord. Gral. 267/80, pues mas allá de no ser compartida y hasta cuestionable para la actora, lo cierto que el acto se encuentra motivado y fundado. Y es por ello, que cualquier discusión sobre el mismo, debe ser parte de la decisión final de la causa, luego de un mayor debate y prueba, que el acotado y preliminar de esta instancia.
Asimismo, y en cuanto a los presuntos incumplimientos, no puedo dejar de advertir que ello surge del informe de la Comisión Fiscalizadora, prevista en el contrato.
Que por otra parte, el Municipio refiere que las obligaciones de la empresa no eran las de prestar solo un servicio informático, sino alcanzar el objetivo de ordenamiento de tránsito y seguridad vial de interés público, lo que no podían lograr ya que contaba con 1 solo empleado -agregando que en ocasiones eran 2-.
Conforme surge del expediente administrativo, en fecha 2 de agosto de 2020 se forma una nueva Comisión Revisora integrada por miembros del Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal (fs 1656 del expediente administrativo), que informa -fs. 1658- los incumplimientos que observa; elaborando luego la Subsecretaría de Tránsito y Transporte un informe - fs n° 1660/1662 - donde sintetiza los incumplimientos de la empresa.
Dichos incumplimientos quedan resumidos en: a) establecer en ciertas arterias el estacionamiento en doble mano, lo cual contradice lo normado en el art. 49 inciso b de la Ley 24.449; b) habilitar el estacionamiento en las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulta de prolongar la ochava, sin respetar los 3 metros de distancia que deben tener los vehículos con esta -art. 49 inciso b de la Ley 24.449-; c) falta de cumplimiento en cuanto a la señalización horizontal y vertical (punto J de la cláusula TERCERA del contrato). La cartelería no cumple con la normas aplicables ya sea por sus materiales o por su ubicación. La señalización sobre los cordones es inexistente o se encuentra despintada; d) falta de cumplimiento del compromiso asumido de proveer un terminal multipropósito que integre las soluciones al Sistema Integral de Estacionamiento Medido.
Se encuentra acompañado al efecto un informe de fecha 29 de septiembre de 2020
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.