Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29635 20
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al allanamiento formulado por la accionada y a la pretensión anulatoria deducida por la firma EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A., anulando la resolución "sin número", dictada por el la Dirección General de Rentas del Municipio.-
2En atención a lo considerado en el apartado III, proceder a la devolución de la suma depositada en concepto de pago previo, sin intereses.-
3Imponer las costas a la vencida (art. 51 inc. 1 CPCA, Ley 14.437).-
4A los efectos regulatorios, corresponde fijar el monto del asunto teniendo presente para ello, el interés económico que el actor pretendió proteger al promover la acción, el que se corresponde con el monto que arroja la determinación de deuda (v.69/73 vta. correspondiente al 2016) -período que integra el acto administrativo cuestionado ($ 9.532.648,80)- el que con más el interés calculado desde que la resolución "sin número" le fuera notificada al actor, esto es el 26/04/2017 (v. fs. 4vta de la demanda) hasta la fecha; asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC)- a la suma de $ 20.062.962,61, todo ello conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. …
Expte. Nº: 29635 .-
Autos: EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS .-
Mercedes, de Octubre de 2020.- FC
Estos autos caratulados: "EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 29635, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y de los que,
I. Que a fs. 4/43 se presenta el Dr. Carlos Laborde en carácter de apoderado de EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. iniciando pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Chivilcoy, con el objeto de obtener la nulidad de la Resolución "sin número" dictada en el mes de marzo de 2017 por la Dirección General de Rentas del Municipio y los actos administrativos que lo precedieron, por el cual se le imputa a su mandante la liquidación de deuda por los denominados "Derechos de Publicidad y Propaganda" correspondientes al período fiscal 2016.
La interposición de la demanda se motiva en el silencio de la Municipalidad de Chivilcoy y en virtud de la falta de pronunciamiento respecto del recurso de reconsideración presentado por la actora en fecha 10/05/2017 contra la resolución citada ut-supra.
II. Declarada admisible la pretensión -conforme resolución de fecha 16/09/2019- se corre traslado de la demanda a la Municipalidad de Chivilcoy.
III.-Que en el escrito electrónico de fecha 24/06/2020 se presenta en esta oportunidad la DRA. CARMEN NORMA LA RUINA en carácter de letrada apoderada de la comuna accionada, manifestando el allanamiento total a la pretensión interpuesta por el actor, conforme copia del decreto acompañado en la fecha de referencia.-
En la misma, arguye que el allanamiento cumple con los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires en su art. 70, es decir: real, incondicionado, oportuno, total y efectivo y por ese motivo, solicita que las costas sean impuestas en el orden causado.
IV.-Corrido el traslado del allanamiento al actor en fecha 29/06/2020, mereció el responde en 06/07/2020.
Plantea, primeramente, que el mismo no es efectivo debido a que la accionada debió haber dictado un Decreto Municipal mediante el cual se dispusiese la nulidad de la resolución "sin número" dictada en el mes de marzo de 2017 y notificada a EDASA el 26/04/2017.
Apontoca que, si bien se allanó a la pretensión incoada por la parte accionante, no cumplió con la misma, la cual es la anulación de la resolución que determinó una supuesta deuda en favor del Municipio en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda por el período 2016, objeto de la presente causa.-
Continúa refiriendo que las costas deben ser impuestas a la demandada, en virtud de que no se encuentran configurados todos los requisitos que permitirían apartarse del principio general de imposición de costas a la vencida.-
Dice que lo precedente tiene su fundamento en que, sin perjuicio de haberse allanado la accionada, el art. 70 inc. 1 última parte del C.P.C.C reza: "No se impondrán costas al vencido: 1) Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación".-
Asimismo, sostiene que, como consecuencia del accionar de la comuna -quien tuvo oportunidad de desechar todo reclamo por Publicidad y Propaganda referido al período 2016 durante la etapa administrativa- la accionante se vió obligada a recurrir a la instancia judicial a fin de que se declare la nulidad de la resolución citada, puesto que, tal como se desarrolló en la demanda, la Municipalidad hizo caso omiso a los argumentos planteados por el actor, tanto en el descargo como en el recurso de reconsideración.
En el mismo orden, alude que, en las condiciones precedentemente apuntadas, el allanamiento carece de aptitud para determinar la exención pretendida. Por todo ello entiende, que no existen razones suficientes para apartarse del principio general contemplado en el art. 68 C.P.C.C., que dispone la imposición de costas a la vencida en el proceso.
Finalmente, cita jurisprudencia y solicita la devolución de la suma abonada por la parte actora en concepto de pago previo del capital reclamado, depositados en Cuenta Bancaria Judicial a nombre de autos conforme fuere acreditado en la presentación electrónica de fecha 27/02/2019.-
V. Encontrándose el estado de autos para ello, con fecha 13/07/2020 pasan a despacho para resolver y;
I. Que el allanamiento consiste en el acto procesal del demandado, que reviste una declaración unilateral del accionado ante el Juzgado, quién en ejercicio de un derecho en disponibilidad admite la legitimidad de las pretensiones jurídicas de la contraparte, acto que tiene como efecto principal relevar al juzgador del estudio de los hechos, pudiendo dictarse sentencia admitiendo la acción, con el debido resguardo de principios de orden público que pudiere comprometerse (art. 307 CPCC, Alsina "Tratado Derecho Procesal Civil y Comercial" T° II Pág. 141).-
El allanamiento importa la sumisión a la pretensión del actor, como asimismo el fundamento para que el suscripto de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 307 del C.P.C.C, -recaudos objetivos y subjetivos- pronuncie la sentencia de allanamiento concluyendo el proceso.-
Es el artículo 307 del CPCC (cfme. art.61 inc.1 CPCA) el que indica que el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia y que, quien se allana, se somete a la pretensión del actor, procediendo respecto de relaciones jurídicas disponibles, susceptibles de transacción o renunciables y, en general, en tanto no esté comprometido el orden público.-
Y la manifestacion de allanamiento en el caso realizada, cumplimenta lo previsto en la especie por el art 61 inc.2 del CPCA.
II. Respecto a la imposición de costas, corresponde analizar la cuestión teniendo en consideración:
Analizado el allanamiento formulado a la pretensión del actor, el mismo resulta procedente, pues lo cierto es que la accionada no ha hecho uso de alegaciones distintas, ni ha refutado el reclamo del actor.-
En efecto ha reconocido la inexistencia de la deuda, y por ello, ese reconocimiento expreso resulta válido en el caso, para hacer lugar a la pretensión del accionante.-
Sentado ello y en atención al caso de autos, debo resaltar que del escrito presentado en fecha 24/06/2020 por la accionada, surge el decreto suscripto por Intendente Municipal que autoriza a la Directora de Asuntos Legales y Apoderada de la Municipalidad de Chivilcoy a formular allanamiento a la pretensión de la actora. Ello, sin haber procedido a la revocación del acto administrativo cuestionado, como bien sustenta la accionante.
Sumo a ello, que la conducta asumida por la propia administración -conforme luce en las actuaciones administrativas-, dio lugar a que se promueva la acción, encontrando configurada la excepción que prevé -en su ultima parte- el inciso primero del art. 70 del CPCC, en cuanto a que se impondrán las costas al vencido cuando por su culpa, se hubiera dado lugar a la reclamación.-
Que por tales razones, encuentro justificado que la accionante se haya visto en la necesidad de acudir a la justicia para poner fin al entuerto y consecuentemente, existen fundadas circunstancias que permiten hacer lugar a lo peticionado por la actora, relativo ello al principio objetivo de la derrota.-
En efecto, el art. 51 inc. 1 del CPCA establece que el pago de las costas estará a cargo de la parte vencida en el proceso.
Por lo demás, en materia de allanamiento el artículo 70 del CPCC (cfme. art. 77 CPCA) establece las excepciones: ".No se impondrán costas al vencido: 1°) Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. 2°) Cuando se allanare dentro de quinto día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
Por lo expuesto y de conformidad con la normativa citada, entiendo que, no cualquier allanamiento da lugar a la aplicación de la excepción de condena en costas, pues: "...la vencida debe soportar la costas aunque se hubiese allanado a la pretensión de la contraparte cuando su conducta obligó a litigar". (Cadaveira, Enrique Adrián c/ Banco Central de la República Argentina s/ Hábeas Data -art. 43 CN-". CNCiv. y Com. Fed., Sala II. Diciembre 22-1998. ED, 188-598).
En tales términos, discutiéndose por las partes la imposición de costas y la calidad de vencido respectivamente, y existiendo circunstancias que motivan la decisión de quien suscribe, me convencen en el presente para imponer las costas a la Municipalidad de Chivilcoy, lo que así he de decidir (art.51 inc.1 ultima parte -Texto según Ley 14437- y art. 70 del C.P.C.C. -inc.1 in fine-).
III. Respecto a lo precedentemente expuesto y guardando correlación, en atención a que la suma en concepto de pago previo fue depositada en una cuenta bancaria judicial a nombre de autos -conforme fuere acreditado en la presentación electrónica de fecha 27/02/2019-, corresponde sin más su devolución al accionante, sin intereses, toda vez que la referida suma no ha ingresado a las arcas del municipio como así tampoco fuera realizada gestión procesal útil para cumplimentar con aquello.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 2 inc.1°, 12 incs. 1º, 51, 61 inc. 1, 77 y cctes. del C.P.C.A. (ley 12.008 y sus modif.); artículos 68, 70 inc.1 y 307 del CPCC;
1. Hacer lugar al allanamiento formulado por la accionada y a la pretensión anulatoria deducida por la firma EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A., anulando la resolución "sin número", dictada por el la Dirección General de Rentas del Municipio.-
2. En atención a lo considerado en el apartado III, proceder a la devolución de la suma depositada en concepto de pago previo, sin intereses.-
3. Imponer las costas a la vencida (art. 51 inc. 1 CPCA, Ley 14.437).-
4. A los efectos regulatorios, corresponde fijar el monto del asunto teniendo presente para ello, el interés económico que el actor pretendió proteger al promover la acción, el que se corresponde con el monto que arroja la determinación de deuda (v.69/73 vta. correspondiente al 2016) -período que integra el acto administrativo cuestionado ($ 9.532.648,80)- el que con más el interés calculado desde que la resolución "sin número" le fuera notificada al actor, esto es el 26/04/2017 (v. fs. 4vta de la demanda) hasta la fecha; asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC)- a la suma de $ 20.062.962,61, todo ello conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y Perjuicios), resultando en definitiva dicho monto la base regulatoria correspondiente a la presente acción (art.23-primer párrafo- de la ley 14.967)
En su consecuencia, conforme la base determinada, y teniendo presente la actuación del profesional en la primer etapa del proceso (art. 28 Ley 14.967) y merituando los trabajos realizados conforme lo dispuesto por los arts. 1, 10, 15, 16, 23, 24, 28, 54 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967) REGULENSE los honorarios del DR. CARLOS EDUARDO LABORDE (T°VI F°16 C.A.D.J.M.) en su carácter de LETRADO APODERADO de la parte actora, en la cantidad de 429 JUS cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de contribución previsional (Ley 6716 y sus modificatorias).-
No correspondiendo -salvo que acredite no estar comprendido en la normativa de los arts. 203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7-, la regulación de los honorarios de la letrada apoderada del Municipio demandado -DRA. CARMEN NORMA LA RUINA-, conforme a la imposición de costas que precede.-
NOTIFÍQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N°............ / 2020-
Honorarios regulados registrados bajo el N°.........../ 2020.-
Fin de la sentencia