Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 16188 2021
Expte. Nº 16188 .-
Autos:"KODAK ARGENTINA SAIC C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-MD
Estos autos caratulados "KODAK ARGENTINA SAICC/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 16188, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 76/112 en fecha 15 de mayo del 2013, se presenta la Dra. Erica M. Diaz Trangoni, en carácter de letrada apoderada de KODAK ARGENTINA SAIC, iniciando pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Chivilcoy, con el objeto de obtener la nulidad del Decreto Nº 1572/2012, dictado con fecha 13 de noviembre de 2012 y ordene en consecuencia el reintegro en efectivo de la suma de $51.030 con mas su respectivos intereses y costas.-
Expone que su mandante, fue notificado en fecha 23 de mayo de 2011 del inicio del procedimiento determinativo de oficio a raíz del supuesto relevamiento de medios y/o elementos de publicidad y propaganda que realiza la Municipalidad de Chivilcoy, acompañando un detalle de medio identificado bajo el n° 63880 correspondiente al periodo fiscal 2011.-
Refiere que ante ese reclamo, presentó en fecha 13 de julio de 2011 cartas documento con el correspondiente descargo, mediante el cual se negó la existencia de la deuda y de publicidad dentro del Municipio de Chivilcoy.-
Arguye que de manera posterior, el 22 de noviembre de 2011 recibe una nueva notificación por el cual se le informa de supuestas deudas por publicidad y propaganda correspondientes a los periodos 2003 a 2011.-
Relata que, ante ello, envía nuevamente cartas documento, con idénticos argumentos que las mencionadas supra.-
En fecha 1° de marzo de 2012, se le notifica de la resolución dictada por el Director de Rentas fechada con fecha 9 de febrero de 2012, donde se rechaza el descargo por considerar a KODAK responsable de la publicidad y propaganda. Asimismo, acompaña liquidación por los periodos 2009, 2010 y 2011 por la suma total de $ 272.160,00 - de donde $31.500,00 corresponden a capital, $13.860,00 a intereses y $226.8000,00 a multa .-
Ante esa resolución, presentó en fecha 15 de marzo de 2011 cartas documento con el correspondiente descargo.-
Dice que luego, el 30 de noviembre de 2012 fue notificado del rechazo del recurso presentado, mediante el Decreto 1572/2012, dictado por el Sr. intendente Municipal, mediante cual intima a ingresar en el plazo de 10 días la suma total de $306.180,00 ( $31.500 en concepto de monto, $19.560 en concepto de intereses y $255.150 en concepto de multa).-
En cuanto al planteo de nulidad del acto administrativo, expone que el atacado padece de severísimas anomalías, a saber:
1. En la causa: refiriendo que el Municipio no se detuvo siquiera a analizar la presentación de su mandante, otorgándole el carácter de recurso cuando no lo era, ya que las liquidaciones no constituyen actos administrativos determinativos. -
2. En el procedimiento: aduce que el Municipio violentó de manera palmaria el derecho al debido proceso, a la audiencia previa y a la producción de la prueba, señalando que no se le corrió traslado de las actas labradas en ningún momento del desarrollo de las actuaciones, cuando este resulta ser un requisito esencial del procedimiento para el dictado del acto que el Municipio pretende ejecutar, resaltando que su parte quedó en un completo estado de indefensión, provocando una violación al derecho de defensa en juicio.-
3. En la forma: En lo referido a la forma, achaca que en la liquidación se ha omitido la referencia a la naturaleza y características de las supuestas publicidades, como también a las argumentaciones vertidas por su mandante en cuanto a que las liquidaciones debían incluir la descripción de las publicidades, medidas y cantidades, parámetro de cálculo de los intereses, entre otros.-
4. En la finalidad: aduciendo que es improcedente el reclamo practicado, toda vez que KODAK no posee ningún vínculo con los supuestos locales en donde se exhiben las publicidades de su marca, con lo que los comerciantes realizarían la actividad sin ningún tipo de pertenencia, subordinación, control o dirección por parte de su representada. Dice que por dicha razón, si existiere algún tipo de beneficio derivado de la supuesta publicidad, recaería directamente sobre ellos. Refiere también que, si el Municipio pretende cobrar el DPP por las publicidades que exhiben determinados comerciantes, estaría vulnerando no solo la normativa legal, sino que también la Carta Magna, por cuanto bajo una supuesta apariencia de cobro de una tasa, se estaría cobrando un impuesto encubierto. Ello, en virtud de no existir prestación de servicio por parte de la Comuna ni a favor de su parte ni a favor de nadie, por lo que cualquier pretensión al respecto se torna confiscatoria y por ende inconstitucional.-
Finalmente y en subsidio, plantea la inconstitucionalidad de la tasa, refiriendo que no existen servicios ni expresa ni implícitamente mencionados en la Ordenanza Fiscal a realizar por el Municipio que justifiquen la exigencia de ese tributo, por lo que la inconstitucionalidad deviene manifiesta .-
Por otra parte, plantea la inconstitucionalidad también bajo el argumento, de una doble imposición tributaria, refiriendo que la pretensión de cobrar "derechos" entra en colisión con principios elementales de raigambre constitucional, pues existe una flagrante yuxtaposición con el impuesto a las ganancias, un tributo nacional coparticipable y que ello, resulta una manifiesta violación al art. 9 de la Ley de Coparticipación Federal y por ende a los arts. 5, 31 y 17 de la Constitución Nacional, produciendo a su mandante un daño en su patrimonio y a su legítimo derecho de ejercer el comercio lícito.
Finalmente y en subsidio, plantea la inconstitucionalidad de la tasa, refiriendo que no existen servicios ni expresa ni implícitamente mencionados en la Ordenanza Fiscal a realizar por el Municipio que justifiquen la exigencia de ese tributo, por lo que la inconstitucionalidad deviene manifiesta .
Para culminar, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que a fs. 122/126, en fecha 12 de noviembre 2014 la actora amplia demanda en virtud de la facultad otorgada por el artículo 32 del C.P.C.A., refiere asimismo que, luego de haber tomado conocimiento del expediente administrativo, pudo tener certeza total de la ilegítima actuación municipal, habiendo verificado que dentro de aquel no existen ni actas de constatación como tampoco actas labradas ni inspecciones ni declaraciones juradas a las que se hace referencia en el acto administrativo atacado.-
Refiere a su vez, que el Municipio pretende constatar la existencia de circunstancias que habrían acontecido desde el año 2009 hasta el año 2011, con actas que recién habrían sido labradas en el 2012, cuestión que le está expresamente vedado por el ordenamiento positivo.-
III. Que en fecha 24/09/2020, se presenta la Dra. Carmen Norma La Ruina en representación de la Municipalidad de Chivilcoy, oponiendo excepción de prescripción, manifestando que en razón del tiempo transcurrido entre la fecha de interposición de la demanda, el auto que ordena el traslado y su efectivización -años 2015 y 2018-, no se realizo actos interruptivos y desde allí hasta el efectivo traslado en julio de 2020, ello es, lo que ocasionó en forma indefectible la prescripción de la acción.-
Por ello solicita se haga lugar a lo planteado, decretando la prescripción de la acción con costas a la accionante y de forma subsidiaria contesta demanda. -
En primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos y derechos que no reconoce expresamente.-
En su conteste, expone que la presente causa tiene origen en los antecedentes de hecho que promueven el acto administrativo, tales son el relevamiento, verificación y constatación de publicidad y propaganda efectuados en el Distrito, todo esto instrumentado en los correspondientes actas, agregados a los expedientes administrativos y en particular al expediente N°4031-114623-2011 y en la omisión de presentar las Declaraciones Juradas correspondientes a los períodos reclamados conforme lo dispuesto por las Ordenanzas Fiscales e Impositivas situación que da origen a la determinación de Oficio de los hechos imponibles por parte de la Municipalidad.-
Arguye que la actora contó en todo momento con los elementos suficientes para esgrimir defensa, fue notificada en debida forma al domicilio fiscal y siempre se le corrió traslado de la documental, con el fin de respetar el derecho de defensa, de hecho lo hizo y presento recurso y acompaño documental, asimismo se puso a su disposición el expediente administrativo en todo momento .-
Resalta que, ante la falta de presentación de declaraciones juradas y habiendo sido intimada la actora, se resuelve tener por probada la calidad de contribuyente, los hechos imponibles que se le imputan, su incumplimiento con el deber formal y por ende, su violación a lo dispuesto por los arts. 18 inc. 1 y 24 de la Ordenanza Fiscal, haciéndose efectivo el apercibimiento dispuesto en su art. 41 inc. a y b.-
En otro orden, afirma que la Municipalidad ha cumplido cada uno de los plazos procesales a fin de intimar al pago de una deuda debidamente liquidada, con relevamientos practicados por personal facultado al respecto, contando la actora en todo momento con los elementos necesarios y suficientes para esgrimir su defensa.-
Seguidamente refiere a la publicidad con la que cuentan las ordenanzas, diciendo que en este caso consta en el Expediente Administrativo y es reconocido por la actora en cada una de sus presentaciones, que se le ha notificado en forma debida de las ordenanzas municipales impositivas y fiscales, y hasta se le ha notificado de los artículos en los cuales constan sus obligaciones.-
Continúa relatando que las mismas han sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal y, no obstante la ley se reputa conocida por todos, ella pudo consultar la normativa fiscal e impositiva en el sitio web del municipio.-
Apontoca que el Municipio no delega facultades indelegables, puesto que la facultad de recaudar es propia y exclusiva de la Municipalidad y no ha sido delegada a una empresa tercerizada. Asimismo, el cargo por delegación ilegítima de facultades es tan solo una cuestión semántica, ya que no hay tal.-
En cuanto a las liquidaciones o la confección de los detalles de medios, las efectúa la Empresa adjudicataria como un simple proyecto, sometido al examen del Municipio y que éste sólo firma en caso de estar de acuerdo. Todo conforme a la Licitación Pública Nº 06/2008 y del contrato de adjudicación celebrado en fecha 18 de Noviembre de 2008.-
Explica que la razón material por la que se deben hacer los trabajos de éste modo es porque el contenido de ésta licitación es muy específica, en cuanto al soporte técnico y humano necesario para manejar una gran cantidad de datos en tiempos útiles económicamente y que casualmente los municipios no poseen, pero sí cuentan con los funcionarios suficientes para realizar la tarea de control sobre todos los actos que realice la empresa contratada.-
En cuanto a la falta de prestación del servicio que acusa el actor, dice que si tomáramos este tributo como una tasa, no es cierto que el municipio no haya brindado contraprestación alguna, ya que el acto administrativo del relevamiento que oportunamente se le hizo al contribuyente, constituye una "inspección", lo cual implica la contraprestación a la que alude como inexistente. De todos modos, incluso aunque sea una tasa, la ausencia de prestación individual y concreta no torna antijurídico el tributo, ya que podría tratarse una tasa de prestación potencial o eventual, en la que el contribuyente no puede negarse al pago.-
Por otro lado, no existe precepto constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, pues mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de la oficina que lo prestan, ya que tanto la existencia de ésta como el cumplimiento de sus fines, depende de la total organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera.-
En referencia a los cuestionamientos efectuados respecto de la legitimidad de la comuna para percibir el tributo, afirma que esta se desprende del art. 5 de la Constitución Nacional, el cual dispone el principio de que los Municipios se encuentran dotados de facultades propias y con atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, para lo que cita jurisprudencia al respecto.-
Asimismo, dice que es deber del Municipio fijar normas de buena vecindad, higiene, seguridad, etc., por lo que sin duda, está investido de la capacidad de prestar el servicio, lo que implica constatar si la publicidad que se exhibe dentro de la comuna, cumple con tales normas.-
Posteriormente, continúa su conteste desarrollando la naturaleza jurídica de los Derechos de Publicidad y Propaganda, afirmando que se tratan de recursos no tributarios y además asume la calidad de contribuyente quien quiere, porque puede elegir publicitar o no, dentro del Municipio. Cita jurisprudencia.-
Por otro lado, refiere que conforme art. 150 de la Ordenanza Fiscal N° 6935/2011, el hecho imponible está constituido por: "...a) La publicidad y/o propaganda escrita o gráfica, hecha en la vía pública o visible desde ésta, con fines lucrativos o comerciales, considerándose a tal efecto: textos, logotipos, diseños, colores identificatorios y/o cualquier otra circunstancia que identifique: nombre de la Empresa, nombre comercial de la misma, nombre y/o características del producto, marcas registradas, etc., o el servicio publicitado. Cuando la publicidad se encuentre en casillas y/o cabinas con los medios indicados y/o colores identificatorios, se considerará publicidad o propaganda a la casilla y/o cabina de que se trate. b) La publicidad y/o propaganda oral realizada en la vía pública o lugares públicos o de acceso al público, o que por algún sistema o método llegue al conocimiento público; c) La publicidad y/o propaganda escrita, gráfica o a través de cualquier medio de comunicación visual o sonoro, que directa o indirectamente lleve al conocimiento del público o de la población en general: nombres, nombres comerciales, de fantasía, siglas, colores, diseños, logos, etc., de empresas, productos, marcas y/o servicios; como así también, cualquier frase o expresión que permita ser inferida por éste como reconocimiento de un nombre, producto, servicios y/o actividad comercial.".
Y es esto casualmente lo que se ha relevado y se le imputa a la quejosa. O sea, la sola expresión gráfica del nombre, o signos identificatorios de la empresa, bajo las circunstancias antes mencionadas.
Agrega que es indiferente a los fines de la configuración del hecho imponible que la exhibición de la marca o publicidad se efectúe dentro de propiedad privada ya que el poder de verificación y de policía que tiene el municipio sobre el material exhibido alcanza a los locales de acceso público, puesto que su función es la de controlar las exhibiciones que se hagan públicas o que puedan ser "involuntariamente vistas por terceros" y que puedan afectar a los valores de esta comunidad los que pueden ser conmovidos por la exhibición de propaganda potencialmente capaz de afectarlos.
Finalmente, se manifiesta respecto de la competencia del municipio para la aplicación de multas. Respecto a ello destaca, que de acuerdo con las constancias del expediente, el aspecto material de la infracción imputada se encuentra corroborado, toda vez que el recurrente no cumplió con su deber de información (declaración jurada), configurándose los extremos que la norma requiere para la procedencia de la sanción, toda vez que la actora no ha probado ninguna causa eliminatoria de subjetividad que resulte eficiente para conmover el criterio fiscal. Cita fallo del Tribunal Fiscal Nacional.
Realza por lo antedicho, que la actora ha incurrido en reiteradas infracciones a sus deberes formales (ha omitido la declaración jurada exigida en las Ordenanzas que se le aplican). Hecho que se tiene en cuenta al momento de justipreciar la multa a aplicársele adelante.-
Culmina el planteo ofreciendo prueba, fundando en derecho y pidiendo se rechace la demanda.-
IV. Que habiéndose agregado el alegato presentado por la parte actora en 12/07/2021, se llama en 11/08/2021 autos para sentencia, y
1. Que en primer término, corresponde entrar a dilucidar la pertinencia de la excepción de prescripción opuesta por la comuna demandada, debiendo a tal fin, desentrañar si en autos se verifican los presupuestos de la defensa incoada.
En tal sentido, la Municipalidad alega que la actora dejó pasar mas de tres años sin haber realizado actos interruptivos, desde la interposición de la demanda, señalando que de esa forma se produce la prescripción de la acción.
Ahora bien, para resolver la cuestión aquí en tratamiento, cabe tener presente que el articulo 3886 del Código Civil Velezano -vigente a la fecha de interposición de la demanda de marras Art. 7 CCyC- edicta que, la demanda promovida es causal de interrupción de la prescripción, mientras que el articulo 3987 del mismo cuerpo legal, refiere que, únicamente se borran los efectos de tal interrupción, cuando el demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la perención de la instancia según las disposiciones del Código de procedimientos, o si el demandado es absuelto definitivamente.-
De tal modo, justo es concluir que, se torna jurídicamente insostenible la reanudación de un nuevo plazo de prescripción liberatorio, mientras permanezca con vitalidad el pleito que generó la interrupción de la acción (art. 3986 C. Civil), careciendo de trascendencia que desde la promoción del juicio haya transcurrido el plazo legal de la prescripción liberatoria, pues la interrupción causada por la demanda se prolonga, cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la dirección del proceso, salvo lo previsto en el mentado art. 3987.-
En tal sentido el mas Alto Tribubal Provincial, se ha expedido con suma claridad al respecto afirmando que "La interrupción de la prescripción producida por la demanda se prolonga, cualesquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso" ( SCBA LP C 103465 S 31/10/2012; SCBA LP Ac 92457 S 22/08/2007; SCBA LP C 92585 S 14/05/2008; SCBA LP Ac 83056 S 01/03/2004; SCBA LP AC 80352 S 17/10/2001; SCBA LP Ac 56600 S 05/07/1996; SCBA LP Ac 52196 S 26/07/1994; SCBA LP Ac 48972 S 23/11/1993; SCBA LP Ac 42842 S 25/09/1990; entre otros).-
Por lo demás, el Código Civil y Comercial de Nación, ha mantenido la misma orientación de sentido en cuanto a los efectos de la interrupción por demanda judicial (arts.2546 y 2547 del CCyCN) .-
En suma, toda vez que en autos - mas allá del tiempo transcurrido- no operó a la fecha del planteo prescriptivo, la caducidad de instancia,-conf. doctrina y jurisprudencia señalados- la interrupción de la prescripción continúa vigente, por lo que se impone el rechazo de la defensa pretendida.-
2. La accionada aduce que el citado acto administrativo adolece de vicios en la motivación, objeto y finalidad, y que se ha violentado la garantía de defensa.-
De las actuaciones administrativas remitidas (expte- 4031-114623-2011) surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
A) A fs. 1/4 luce acta de determinación de oficio del periodo 2009, a fs. 5/6 del periodo 2010 y a fs. 7 del periodo 2011.-
B) A fs.8/25 luce carta documento de fecha 13 de junio del 2011 y de fecha 15 de marzo del 2012. En esa misiva, se realiza un descargo relativo a la imposición de los DPP correspondiente al
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.