Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 40784
Estos autos caratulados: "ANTONUCCI DIEGO WALTER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expte Nº 40784, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que
I. Que en fecha 23/02/2022 se presenta el Sr. Diego Walter Antonucci, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Daniel Agüero Iturbe, solicitando como pretensión de fondo la anulación total de las disposiciones y/o resoluciones emitidas en el marco del expediente 2360-0207756/2015 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Nro. 2455 de fecha 29/09/2017, Nº 3990 de fecha 04/12/2017 y Nº 018/21 del día 16/06/2021 y todo lo actuado en consecuencia.
Alega que, mediante las resoluciones y/o disposiciones atacadas en el expediente de referencia, el demandado dio inicio a un procedimiento determinativo y sumarial, revistiendo al aquí actor en carácter de responsable solidario con las obligaciones fiscales del contribuyente ASOCIACIÓN MUTUAL 2 DE SEPTIEMBRE DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, específicamente frente al pago del impuesto a los ingresos brutos para los períodos fiscales 2013 (febrero a diciembre) y 2014 (enero a mayo).-
Que conjuntamente solicita que mientras se sustancie el juicio, se disponga con carácter cautelar, la suspensión de sus efectos y se ordene a las autoridades administrativas demandadas que se abstengan de llevar adelante el juicio "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ANTONUCCI DIEGO WALTER y otro/a S/ APREMIO PROVINCIAL" (40547) en trámite ante este mismo juzgado y/o cualquier otra actuación administrativa tendiente a ejecutar el acto impugnado. Solicita expresamente se ordene una medida de no innovar que retrotraiga los hechos y sus efectos al momento de la emisión del último de los actos impugnados (16/06/21).-
Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 119 del Código Fiscal y 19 inc. 1 del C.P.C.A. en cuanto la exigencia del pago previo del tributo como requisito de admisibilidad para cuestionar la resolución que lo impone.-
Indica que en cuanto al efecto suspensivo, que las resoluciones y/o disposiciones referidas son impugnadas mediante la promoción de la presente demanda dentro del plazo establecido al efecto, el impuesto determinado y endilgado erróneamente a su parte no goza de firmeza, viéndose enervada la fuerza ejecutoria de sus efectos y contenidos.-
Afirma que el acto administrativo que da origen al título ejecutado en los autos FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ANTONUCCI DIEGO WALTER y otro/a S/ APREMIO PROVINCIAL" (40547) en trámite por este Juzgado, es impugnado por la presente vía y su ejecutoriedad -a su criterio- queda postergada a las resultas de las presentes actuaciones, indicando que la mera promoción de la demanda acarrea necesariamente la suspensión de pleno derecho y de manera automática.
Manifiesta que debe tenerse presente que en todos los casos que se cuestionen actos que impongan obligaciones de hacer y contengan la aplicación de sanciones de carácter pecuniario, su control judicial para ser oportuno, debe realizarse con la inmediata suspensión de los efectos del comportamiento estatal impugnado, de lo contrario -a su criterio- se produce agravio constitucional en la medida que supedita la intervención judicial al previo cumplimiento del mismo. Cita doctrina y jurisprudencia.-
Por otro lado, en referencia al planteo la inconstitucionalidad de los arts. 119 del Código Fiscal y 19 inc. 1 del C.P.C.A., indica que ello lesiona principios constitucionales tales como: el derecho al debido proceso, el principio de legalidad, la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a ser oído y acceder a la justicia. Que asimismo, cercena la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho al debido proceso y a contar con la garantía del control judicial prevista por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica.-
Refiere que el pago anticipado del impuesto, más en el caso de autos en que el Fisco le reclama una cifra astronómica de $134.284.829,00 se erige en un requisito que impide el acceso a la justicia para el enjuiciamiento de la función administrativa, y por ello resulta inconstitucional y contrario a los tratados internacionales que prevén el libre acceso a la justicia. Cita doctrina y jurisprudencia.-
En cuanto a las consideraciones fácticas, afirma que en fecha 16/12/2010 fue designado como Secretario de la ASOCIACIÓN MUTUAL 2 DE SEPTIEMBRE DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.-
Advierte que su designación no fue formalmente realizada por la Asamblea de Asociados, sino por una decisión aislada del Consejo Directivo que se hallaba en funciones, por lo que considera que no ha sido legítimamente designado para el cargo en cuestión.-
Sin embargo, no obstante a ello, afirma que presentó su renuncia como secretario mediante carta documento de fecha 01/10/2012 CD N° 232149851, que fue efectivamente recibida por la entidad el día 03/10/2012.
En ese camino, aclara que, a partir de esa fecha, cesó toda participación, injerencia y/o responsabilidad y/o solidaridad de su parte con los actos de la referida mutual.-
Indica que, en el año 2015, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dio inicio al Expte. Nº 2360-0207756/15 a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos de dicha mutual, referidos a los períodos detallados supra.-
Manifiesta que en el mismo expediente se dictó la Disposición Delegada 2455 de fecha 29/09/2017, por la cual se dispuso iniciar el procedimiento determinativo y sumarial contra la mutual de marras, estableciendo en su art. 8° que el aquí actor resultaba responsable solidario debido al carácter de Secretario.-
Afirma que, notificado de dicha disposición, presentó descargo el día 07/11/2017, manifestando que había renunciado y comunicado al organismo mediante carta documento de fecha 01/10/2012, adjuntando solamente el acuse de recibo y manifestando que hasta ese momento no había hallado el cuerpo de la misiva.- Asimismo, como prueba solicitó informe al INAES a efectos de constatar dicha defensa.-
En virtud de dicho descargo, se dictó la Disposición Delegada Nº 3990 de fecha 04/12/2017 desestimando las defensas esgrimidas, disponiendo la intimación a la parte actora y a la Asociación Mutual al pago de las obligaciones fiscales determinadas.-
Asimismo, al ser notificado de dicha disposición, con fecha 05/01/2018 presentó un nuevo descargo, ampliando el mismo con fecha 11/03/2019 adjuntando copia certificada de la carta documento de renuncia.-
Seguidamente, las actuaciones fueron elevadas al Tribunal Fiscal, quien con fecha 03/09/2019 se declaró incompetente por considerar que el descargo debía ser tramitado como una reconsideración y no como una apelación.-
Que mediante Resolución Nº 018-21 fecha 16/06/2021 -notificada con fecha 25/10/21- la que fuera emanada de la Subdirectora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ARBA, se resolvió no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto y dio por agotada la vía administrativa.
II. Con fecha 11/03/2022 se requiere a la autoridad administrativa accionada, el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art.23 inc 1° del CPCA- como asimismo, que acompañe las actuaciones administrativas que dieron origen al presente reclamo. De igual modo se corre traslado a la Fiscalia de Estado para que se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 119 del Código Fiscal y 19 inc. 1 del C.P.C.A.-
III. Que mediante presentación electrónica de fecha 18/03/2022, se presenta la Dra. Paula Evelina Said por parte del Departamento Actuaciones Judiciales -GERENCIA DE SERVICIOS JURIDICOS TRIBUTARIOS Y CATASTRALES- de ARBA acompañando el informe requerido -y las constancias documentales que considera pertinente atento al gran volumen de las actuaciones administrativas- solicitando el rechazo de la medida cautelar, en tanto -alega- no se configuran en autos ninguno de los presupuestos que habilitan al dictado de la misma.-
Afirma que la Agencia de Recaudación ha adecuado su accionar a la normativa fiscal vigente, reiterando en ese sentido que, los actos administrativos cuya nulidad se persigue con la presente acción, resultan en un todo legítimos y válidos, gozando del consecuente carácter de ejecutoriedad en tanto cumplen con todos los requisitos formales y de fondo que exige la legislación administrativa vigente, encontrándose firmes y estando debidamente motivados y fundados en derecho, motivo por el cual, indica que se desprende claramente, que no existe verosimilitud en el derecho pretendido que habilite la suspensión de las facultades de ejecución del mismo, todo ello conforme a lo previsto por el artículo 104 del Código Fiscal -t.o. 2011.-
Arguye que la misma no debe perjudicar el interés público colectivo, ello supone su no otorgamiento, cuando el daño que trata de prevenirse con ella sea menor que el perjuicio que la cautelar puede producir en los intereses públicos.-
Destaca que, queda claro que no consta la acreditación de las circunstancias que configurarían daño alguno como presupuesto de viabilidad de la cautelar, máxime cuando no se han trabado medidas cautelares en resguardo del crédito fiscal.-
IV. Que mediante presentación electrónica de fecha 25/03/2022, se presenta el Dr. José Martin Torres como Delegado de Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires a contestar el traslado conferido relativo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 119 del Código Fiscal y 19 inc. 1 del C.P.C.A. -exigencia de pago previo del tributo como requisito de admisibilidad-.
Admite la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, ello es a condición de que el interesado, además de alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo, aporte elementos precisos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial particular.-
Advierte que, la parte actora, no ha acreditado encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción del pago previo, esto es, que su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia por encontrarse imposibilitado de afrontar el pago de la deuda o que se trate de una pretensión meramente declarativa (art. 19 inc. 3 Ley 12008).-
Indica que los elementos de prueba acompañados por el aquí actor (carta documento, descargos, recursos), no constituyen prueba conducente ni eficaz a fin de demostrar fehacientemente encontrarse en una situación patrimonial que le impida afrontar el pago de la deuda tributaria.-
Finaliza exponiendo que siendo carga exclusiva de la parte actora probar la imposibilidad real de cumplir con el pago, eventualmente, debió peticionar que, con anterioridad al traslado de la demanda, se produjeran las pruebas que pudieran eximirla de su responsabilidad. Cita jurisprudencia.-
V. Atento el estado de autos, con fecha 28/03/2022 pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
1. En cuanto a la medida cautelar requerida:
1.1. Que el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) la existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art. 22 C.P.C.A.).
Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr.Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
Que el examen de los recaudos de admisibilidad precedentemente indicados, se ha de llevar adelante con especial prudencia, en tanto se verifica que la pretensión cautelar implica la suspensión de los efectos de los actos administrativos cuestionados, y en su consecuencia, lo pretendido cautelarmente colisiona directamente con la presunción de validez que acompañan los actos de los poderes públicos.-
1.2. Ahora bien, abordado el examen de la petición cautelar bajo tales coordenadas interpretativas, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.).-
Ello así, por cuanto del análisis de las constancias de autos, hasta el momento, no se encuentran reunidos los elementos sumarios necesarios, que respalden las afirmaciones vertidas por el actor en su escrito de demanda, con el grado necesario para tener por configurado el presupuesto de verosimilitud del derecho.-
1.3. En efecto, el actor apuntalo su demanda sosteniendo que no resulta ser sujeto solidariamente responsable, por cuanto presentó su renuncia al cargo de Secretario de la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos de la República Argentina.-
Afirmó que su designación no fue formalmente realizada por la Asamblea de Asociados, sino por una decisión aislada del Concejo Directivo, motivo por el cual entiende que podría considerarse que no se encontraba legítimamente designado.-
No obstante ello relató haber presentado su renuncia mediante carta documento de fecha 1 de octubre de 2012, recibida la misma por la entidad en fecha 3 de octubre de 2012.-
Respecto a tales hechos el actor, solo se limitó a acompañar una carta documento -N°232149851- mediante la cual, unilateralmente renuncia al cargo de Secretario de la A.M.T.A.P.R.A.-
Nada mas agrega al respecto -al menos en esta etapa preliminar- que permita tener por abastecida legalmente aquella renuncia, al punto tal que pueda serle oponible a la administración.-
Por lo expuesto, del análisis de las constancias de autos, hasta el momento, no se encuentran reunidos los elementos sumarios necesarios, que respalden las afirmaciones vertidas por el actor en su escrito de demanda, con el grado necesario para tener por configurado el presupuesto de verosimilitud del derecho.-
En definitiva, los extremos fácticos que abastezcan la posesión que aquí enarbola el actor, requieren para su verificación, recorrer indudablemente la oportuna etapa ordinaria de prueba.-
1.4. Por lo demás, lejos se encuentra la petición cautelar de encontrar sustento en un supuesto de efecto suspensivo, que resulte consecuencia de la interposición de la demanda en autos. Ello es así, desde que los actos cuestionados participan del carácter de ejecutoriedad que habilita a la Administración Pública para concretar en hechos, por sí y ante sí, aquello que antes ha decidido.-
De allí, tal como dispone el art. 110 del Decreto-ley 7647/70, los actos administrativos "...producirán efectos desde la fecha en que se dicten...", sin que para el caso se encuentre previsto en la legislación fiscal, la pretendida suspensión de efectos de la interposición de la demanda judicial como afirma el actor.-
No verificando un extremo legal como el invocado, ello impide habilitar la cautelar en los términos solicitados.-
1.5. Tampoco resulta atendible la falta de control suficiente respecto de la multa aplicada, conjuntamente determinada con la aplicación del impuesto con fundamento en las doctrinas "Lapiduz" y "Dumit" de la CSJN, la cual estaría resultando ser ejecutada en autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ANTONUCCI DIEGO WALTER y otro/a S/ APREMIO PROVINCIAL" Expte. 40.547 en trámite ante este mismo Juzgado. Así lo concluyo, pues visto el título ejecutivo base del indicado apremio, lo cierto es que ninguna suma en concepto de multa contiene el mismo, de allí que el auxilio cautelar también en esta parcela, carece de sustento.-
1.6. De esta manera, no se verifica con las constancias probatorias arrimadas a la causa, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- de una forma manifiesta y notoria, una demostración que evidencie, al menos en grado mínimo, vicios de irrazonabilidad o ilicitud que afecten los actos cuestionados.-
Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
2. En relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 119 C.F y 19 inc.1 del C.P.C.A.:
2.1. El requisito del pago previo en materia tributaria, constituye un requisito de admisibilidad formal de aquellas pretensiones anulatorias, que se articulen contra actos administrativos que imponen o determinan obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento el juez deberá verificar, antes de proseguir con el proceso.-
En orden a tal requisito de admisibilidad el Código de la materia (ley 12.008 y sus modificatorias) dispone: Artículo 19: (texto conf. Ley 13101): 1- Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero. 2- Antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro del plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión. 3- El pago previo no será exigible cuando: a) Su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia. b) Se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio.-
Es entonces, que la regulación del pago previo -exigencia legal fundamentada en la protección de las finanzas publicas- presenta limites que impiden la ruptura del equilibrio, entre aquella finalidad que contiene el instituto y el derecho constitucional de acceso a la justicia, en tanto y en cuanto, comprobados que sean los extremos del supuesto de excepción previsto en el inc.3 apartado "a", el peticionante quedara habilitado para sortear el vadallar de marras.-
En otras palabras, puede afirmarse que, en la medida en que la exigencia del recaudo, queda dispensado por la propia ley, cuando se verifique que su cumplimiento perjudica irremediablemente el derecho de acceso irrestricto a la justicia, cabe concluir que la norma no evidencia visos de arbitrariedad o irrazonabilidad que permitan afirmar una transgresión a la norma constitucional invocada (art.15 Const. Pcial.;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.