Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa MD 40576
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -in limine- la pretensión anulatoria incoada, en virtud de la falta de legitimación activa del actor.-
2No habiendo mediado sustanciación, corresponde que las costas sean impuestas por su orden (art.51 inc 1del CPCA -cfme ley 14.437).-
3En atención a como se imponen las costas y en razón de tratarse de patrocinio propio, no corresponde regular honorarios al letrado accionante (art.12 14.967; art.21 inc.2º ley 6716).NOTIFÍQUESE.
Estos autos caratulados: FEO DIEGO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE SALTO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS, expediente Nº 40576 que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y ,
I. - Que con fecha 04/02/2022 se presenta el Dr. Diego Raúl FEO por derecho propio, promoviendo una acción tendiente a obtener la nulidad de la Ordenanza N° 167/21 sancionada con fecha 24/11/2021, promulgada mediante Decreto N° 2018 del 26/11/2021 que convalida el Convenio de Ejecución de Infraestructura Básica suscripto el dia 10 de marzo de 2020 entre el Sr. Intendente de Salto "ad refferendum del HCD" y los Sres. Carlos Testa y Feliciano Testa.
Liminarme se expide acerca de los antecedentes de hecho y luego detalla las disposiciones y las normas involucradas en el caso y que refiere, determinan el contexto jurídico a partir del cual se ha desarrollado la suscripción de un acuerdo de pago de la Contribución por Mejoras, finalmente convalidado por el HCD de Salto con fecha 24/11/2021 mediante la Ordenanza cuestionada.-
Alega que la Cláusula Segunda apartado d) del Convenio de Ejecución de Infraestructura Básica, cuya nulidad peticiona, y de la ordenanza que aprueba el mismo contrarían los requisitos y el procedimiento de pago de la Contribución por Mejoras establecidas en el Titulo Vigésimo Séptimo, art.236 inc c) de la Ordenanza Fiscal N° 8/20, por los motivos que a continuación enuncia y describe, a saber: a) ausencia de facultades del Intendente municipal para arreglar forma de pago por Contribución por Mejoras distinta a la prevista en la Ordenanza Fiscal 8/20; b) Incumplimiento de requisitos para el pago de la Contribución por Mejoras dispuestos en la Ley 14.449; c) falta de acreditación de los motivos para la aceptación de un inmueble de superficie manifiestamente menor a la que correspondía y finalmente d) perjuicio al erario municipal.
Por los motivos que expone y desarrolla, culmina diciendo que las actuaciones llevadas a cabo por el Municipio de Salto y su posterior convalidación por el HCD deben ser anuladas en la parte que corresponde a la aceptación irregular de la cesión de un inmueble en pago de la Contribución por Mejoras.-
Luego solicita con el objeto de prevenir los perjuicios económicos que la aplicación de la clausula y de la norma cuya nulidad pretende, una medida cautelar de no innovar.-
I. En forma previa a dar curso a la presente acción, entiendo que corresponde avocarme al análisis de la legitimación del actor, en los términos del art.13 del CPCA -y ccdtes-.-
Cabe puntualizar que la falta de legitimación, cuando es manifiesta, debe ser considerada aun de oficio, en tanto constituye un presupuesto ineludible de la acción que se ejerce, haciendo a la existencia o no de la relación jurídica en que se funda el pleito. Así lo ha resuelto nuestro Tribunal de Alzada en las causas n° 7.203/18 "Laurent", res. del 19/12/2018 y n° 7.442/19, "Laviuzza", res. del 04/04/19, entre otras.
Es más, el examen oficioso de la legitimación (procesal y sustancial), no lesiona el principio de congruencia, por cuanto la Suprema Corte Bonaerense ha resuelto que el mismo no se modifica al abordar de oficio la legitimación, desde que esta constituye un requisito esencial de la acción (cfr. SCBA LP, Ac. 55.445, sent. del 27/06/95 en "Acuerdos y Sentencias", 1995-II-547; Ac. 56.445, sent. del 12/12/95 en "Acuerdos y Sentencias" 1195-IV-617; Ac.59.662, sent. del 21/04/98 y Ac. 82.123 sent. del 14/04/04).
Así, nuestro cimero tribunal local tiene dicho que: "...la declaración oficiosa de falta de legitimación (...) es un resorte que per se no cabe reputar vedado, en tanto el órgano jurisdiccional puede verificar semejante requisito y comprobar, v. gr., si el asunto llevado a su conocimiento evidencia o no un caso o controversia" ( doct. CSJN, in re, D. 628.XXXVI, " Defensor del Pueblo de la Nación", sent. de 21-VIII-2003; id. " Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Rios c. EN s/acción de amparo", sent. de 26-VIII-2003).
De allí que, corresponde que sea despejada aún de oficio, en tanto la legitimación activa constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto en esta instancia (CSJN Fallos: 323:4098).-
En efecto, la legitimación sustancial de las partes -activa y pasiva- constituye un presupuesto preliminar y necesario para la declaración del derecho a favor del actor. De advertir el juzgador la falta de legitimación de las partes, corresponde que lo ponga de manifiesto en su sentencia, aunque no haya sido opuesta como defensa, pues normalmente la legitimatio ad causae, se presenta como una cuestión de derecho. El examen de la calidad o legitimación para obrar es resorte y función investigadora de oficio del Juez al momento de dictar sentencia, dado que la calidad de titular del derecho del actor o la calidad de obligado del demandado es necesaria para la validez de ese pronunciamiento, habiendo declarado la SCBA -ver Ac.56445 S 12/12/1995 Juez San Martín (SD), Ac.59662 S 21/04/1998 Juez Negri (SD), entre otros - que no se lesiona el principio de congruencia al abordar de oficio la legitimación, desde que esta constituye un requisito esencial de la acción.-
II. En ese marco, la Suprema Corte Bonaerense se ha encargado de recalcar que: "La legitimación activa queda sometida a los principios generales en la materia que exigen la existencia de "caso" entre los sujetos regidos por el derecho administrativo. Para ello es necesario analizar el tipo de pretensión intentada. El actor se encontraría legitimado para demandar siempre y cuando su pretensión se apoye en una relación jurídica que lo tenga como protagonista. En el esquema dado por el Código Contencioso Administrativo las pretensiones constituyen el factor determinante de la atribución de la misma" (cfr. SCBA LP, B.57.129, " Mace S.A" sent. del 28/09/11).-
III. Fijado ello, he de señalar que el artículo 13 del CPCA establece que: "Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en el presente Código, toda persona que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico" (el subrayado es propio).-
En efecto cabe recordar que el accionante inicia la presente acción solicitando la anulación de la Ordenanza N° 167/21 sancionada con fecha 24/11/2021, promulgada mediante Decreto N° 2018 del 26/11/2021 que convalida el Convenio de Ejecución de Infraestructura Básica suscripto el dia 10 de marzo de 2020 entre el Sr. Intendente de Salto "ad refferendum del HCD" y los Sres. Carlos Testa y Feliciano Testa, pues según alega la Cláusula Segunda apartado d) del Convenio de Ejecución de Infraestructura Básica, y la ordenanza que aprueba el mismo, contrarían los requisitos y el procedimiento de pago de la Contribución por Mejoras establecidas en el Titulo Vigésimo Séptimo, art.236 inc c) de la Ordenanza Fiscal N° 8/20, causando un perjuicio al erario municipal pues conforme los fundamentos que expone, alega que resulta "pésimo y ruinoso el negocio jurídico llevado a cabo" sumado a las ilegalidades antes descriptas, y por añadidura, para todos los vecinos de Salto que confían en la seria y responsable administración de los recursos públicos.-
IV. En ese orden, advierto que si bien la norma referenciada, brinda un marco amplio de legitimación para accionar en el proceso contencioso administrativo de nuestra provincia, marco que supera los esquemas clásicos de legitimación (de acuerdo a los lineamientos emergentes de los textos constitucionales reformados en 1994: arts.43, 75 inc 22 CN, art.15, 20 inc 2, 166 párrafo 5° CPBA y ccdtes) tal amplitud no permite soslayar que, en el caso de autos, el actor alega, como elemento legitimador, por un lado, su calidad de ciudadano de Salto.
Al respecto, dicha calidad ha sido calificada por la doctrina como "el genérico deseo ciudadano de la legalidad", representado por la apetencia natural de todo ciudadano de que la ley sea cumplida, pero frente ello, si el accionante no invoca - como ocurre en el caso de autos- un interés propio, inmediato y concreto, así como su consecuente afectación. (ver AAVV:"Tratado de Derecho Procesal Administrativo"., Director Juan Carlos Cassagne., La Legitimación por Maria Jeanneret de Pérez Cortés. Pag.543 y sgtes) tal calidad por si sola, no lo habilita para demandar .-
Debe tenerse en cuenta, en ese sentido, que si bien el concepto de derecho subjetivo, de interés legítimo, de legitimación procesal se ha ido ampliando en la doctrina procesal y en la jurisprudencia, no se puede extender a la defensa de un interés simple o del interés de la legalidad por la legalidad misma (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sala II, "Pelatay, Angélica c/Provincia de Mendoza", sent. del 16/03/1999, publicado en: LLGran Cuyo 2000, 747; cita online: AR/JUR/952/1999).
Por otro lado, cabe señalar que el actor también invoca su carácter de concejal, pero su mandato se encuentra cumplido, tal como el mismo expone (año 2017/2021). Sin perjuicio de ello y respecto de este carácter, cabe señalar sucintamente que al respecto al Alto Tribunal provincial ha expresado que: " La calidad de concejal no amplia el ámbito de los derechos públicos subjetivos confiriendo, en el caso, legitimación activa para deducir la demanda. Tal carácter en la triparticion funcional consagrada en el texto constitucional, lo habilita sólo a ejercer la iniciativa legislativa bajo la forma de proyecto..." (cfr. SCBA LP, I.68.479, "Campanaro", res. del 28/06/06).-
De igual modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "...la carencia de legitimación alegada por un grupo de legisladores es nítida en cuanto al cargo que tienen, porque esa calidad solo los habilita para actuar como tales en el ámbito del órgano que integran, y con el alcance otorgado a tal función por la Constitución Nacional y Provincial..." (cfr. CSJN, Fallos: 322:528).
V. Es por todo ello y conforme las razones expuestas que debo adelantar que el accionante no se encuentra legitimado para deducir la presente acción.-
En la especie, tal como surge de la lectura del escrito inicial, no encuentro alguna vinculación entre el comportamiento atribuido a la autoridad pública demandada y el interés personal del reclamante, quien -de su lado- no da cuenta de alguna lesión o perjuicio, actual o inminente, que la situación denunciada le provoca.-
No se expone un episodio o conjunto de acciones u omisiones que pudieran haberlo afectado concretamente como ciudadano que conduzca siquiera "prima facie" a revelar la presencia de algún grado de interés en el logro de la pretensión.-
En tal sentido, con palabras de Jesús Gónzalez Pérez: "el juez solo podrá pronunciarse sobre la pretensión si existe una determinada relación entre la parte y lo pretendido. Esa es la legitimación. Sin interés no hay acción". (ver. AAVV: "Tratado de Derecho Procesal Administrativo", Director Juan Carlos Cassagne., La Legitimación por Maria Jeanneret de Pérez Cortés. Pag.544).-
Es que tal como se ha sostenido, el interés jurídico que invoque el litigante activo no puede ser ajeno, mediato ni abstracto, sino perteneciente a su círculo de intereses, a su zona vital.-
Por lo demás, no debe perderse de vista que el presente caso no se relaciona con la categoría de derechos de incidencia colectiva, entre los que cuentan los derechos que protegen al medio ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, donde expresamente se admite la legitimación amplia para accionar y que "prima facie" pudieran habilitar al actor, a iniciar la acción, por su sola condición de afectado, usuario o consumidor. (art.43 CN; art. 52 y 55 ley 24.240; art.30 ley 25.675).-
VI. En definitiva, para justificar la legitimación activa ordinaria se requiere la presencia de un interés propio, inmediato y concreto atado al "cordón umbilical" representado por una unión o vínculo entre ilegalidad (o ilegitimidad) y perjuicio (Cassagne Juan C, Perrino Pablo., "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" Pag 143 y sgtes) que en la especie no aparece en modo alguno cristalizado.-
Bajo tales carriles, toda vez que en autos no se verifica la afectación y/o lesión de un derecho o interés propio al cual el ordenamiento jurídico confiera protección jurisdiccional - conforme el artículo 13 del CPCA- corresponde rechazar la acción interpuesta, en tanto cabe concluir -en tales términos- en la inexistencia de un "caso judicial" (CSJN causa D.1189 XXXIX "Díaz, Carlos José c/ Buenos Aires, Provincia de y otro -Estado Nacional- s/ acción de amparo", sent. de 24-VIII-2004).-
Por estos fundamentos, lo dispuesto por los arts.161, 336 y cctes del CPCC, arts.13, 22, 77 y cctes del CPCA, y demás citas constitucionales y legales dadas;
1. Rechazar -in limine- la pretensión anulatoria incoada, en virtud de la falta de legitimación activa del actor.-
2.-No habiendo mediado sustanciación, corresponde que las costas sean impuestas por su orden (art.51 inc 1del CPCA -cfme ley 14.437).-
3.-En atención a como se imponen las costas y en razón de tratarse de patrocinio propio, no corresponde regular honorarios al letrado accionante (art.12 14.967; art.21 inc.2º ley 6716).NOTIFÍQUESE.
REGÍSTRESE.-
Fin de la sentencia