Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 33361 2022
Expte. Nº 33361 .-
Autos:"PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-MD
Estos autos caratulados "PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 33361, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 117/146 en la presentación electrónica de fecha 14/08/2018, se presenta el Dr. Leonardo Pablo Cippitelli como apoderado de PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L., iniciando demanda contra la Municipalidad de Chivilcoy, con el objeto de obtener la nulidad de la Resolución S/N determinativa dictada el 30 de julio de 2013, por el Director de Rentas de la Municipalidad, vinculada al acta Nº 132873, el cual rechaza el reclamo efectuado por su parte, tendiente a que se deje sin efecto la determinación de oficio efectuada en cabeza de su mandante de la obligación tributaria respecto del denominado "Derecho de Publicidad y Propaganda" -en adelante DPP- por el periodo 2013 y se condene a la demandada a la devolución de las sumas que abonó su mandante en concepto de pago previo con más los intereses correspondientes, con costas.
Como antecedentes relata, fue notificado su mandante del Acta Nº 132873, por el período 2013, en dicha acta se le informó que a raíz de un relevamiento de elementos de publicidad y propaganda y de las supuestas declaraciones juradas presentadas por los responsables de los comercios donde se exhiben publicidades de su representado, se detectaron hechos imponibles atribuibles a éste en concepto de DPP.
Contra el acta N° 132873 su mandante presentó descargo, el 1 de marzo de 2013. El día 28 de agosto de 2013 el Municipio notificó de una Resolución firmada por el Sr. Director de Rentas Municipal.
Refiere que en fecha 10 de septiembre de 2013 su mandante interpuso el correspondiente Recurso de Reconsideración contra la Resolución S/N, vinculada al acta N° 132873.
Ante la falta de resolución del Recurso planteado, y habiéndose cumplido el plazo de 60 días hábiles administrativos para resolverlo, su mandante procedió a solicitar el correspondiente pronto despacho. Vencidos los plazos procedió a interponer el Recurso Jerárquico pertinente. Por su parte, la Municipalidad, dejo vencer el plazo para resolver el Recurso Jerárquico sin emitir pronunciamiento alguno, de manera que su representada, en los términos del art 16 del CCA, consideró que el silencio de la administración significó el rechazo tácito del Recurso y consideró, de esa manera, agotada la vía administrativa y expedita la vía judicial.
Expone que la Municipalidad, reclama una supuesta deuda en concepto de DPP, sustentada, aparentemente, en declaraciones juradas que no fueron presentadas por su mandante, que no pudo controlar y que no le fueron notificadas, y en un relevamiento que solo se limitó a enumerar una serie de direcciones donde supuestamente, se habrían colocado publicidades de su mandante sin siquiera detallar en que consistirían esas publicidades, quien las colocó y que características poseían.-
Refiere que las liquidaciones no reúnen los requisitos de un acto administrativo, tampoco contienen la transcripción de un acto administrativo que dé inicio al procedimiento determinativo, ni transcriben los fundamentos de una resolución administrativa, tampoco fueron acompañadas de las actas de relevamiento o constatación, no se brindó un detalle de las supuestas publicidades reclamadas, ni qué características poseían esos supuestos avisos.-
Hace hincapié en la nulidad de procedimiento administrativo, sosteniendo que a) La Municipalidad delegó la verificación impositiva en una empresa privada violando normas constitucionales y legales; b) las actas de relevamiento o declaraciones juradas presentadas por terceros jamás le fueron notificadas a su mandante; c) la Municipalidad no inició el procedimiento determinativo a los comerciantes titulares de los locales en los cuales supuestamente estaban colocadas las publicidades.-
En tal sentido indica, que los relevamientos efectuados por la empresa tercerizada provocan la nulidad de las actuaciones administrativas, por haber sido confeccionados por una persona jurídica sin competencia para ello y en clara violación al art.144 inc. 9 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
Además sostiene que la Ordenanza Fiscal 2013, no prevé la delegación, ni contempla la recaudación por parte de un sujeto que no sea la administración y es por ello que entiende que las Actas de constatación contenidas en los Detalles de Medios son nulas, dado que no fueron labradas por el Municipio, sino que fueron confeccionadas por una empresa privada tercerizada.-
También refiere que el decreto es nulo, porque no reúne los elementos esenciales del acto administrativo, ya que para que un acto administrativo sea válido debe contener los elementos: sujeto, objeto, competencia, causa, procedimientos, motivación, finalidad y forma.
En tal sentido sostiene, que el decreto carece de fundamentación, motivación y causa. En adición, viola el derecho de defensa de su mandante.-
Al respecto dice, que su parte se encuentra en un total estado de indefensión por cuanto la normativa citada en el Decreto, "Ordenanza Gral. Impositiva y la Ordenanza Fiscal vigentes", no fueron publicadas y su parte no tuvo acceso a las mismas, por lo cual, desconoce en absoluto qué pautas utilizó la Municipalidad para instruir el procedimiento administrativo.-
Refiere que la comuna no brindó ningún fundamento que respalde la pretensión de cobro, y que por ello, su mandante, desconoce los fundamentos por los cuales el Municipio entiende que posee una deuda por DPP, pues no explicó la relación (causa de hecho y de derecho) que vincula a las supuestas publicidades con su mandante, diciendo que en suma no se respetó el procedimiento al no tener su representada intervención alguna en los relevamientos, en tanto ni se le corrió traslado de las supuestas actas de constatación y/o declaraciones juradas.-
Además sostiene que si la comuna pretendía hacer valer lo declarado por un tercero, el derecho de defensa se vería gravemente afectado, si no se le notifican esas constataciones o declaraciones juradas, diciendo en tal sentido que solo mediante la notificación de la constatación su parte puede ejercer su defensa de manera adecuada.-
Asimismo, indica que el procedimiento es nulo por la falta de fundamentación o motivación del acto, ya que debe incluir, no solo una mera enunciación de los hechos, sino además una argumentación de ellos, o sea, deben dar las razones por las que se dicta, lo cual puede orientar al intérprete hacia el fin del acto. Su omisión determina, por regla, la nulidad del acto.-
Expone al respecto que, el acto administrativo, para ser válido, debe tener causa, lo que significa que debe contener una exteriorización de los antecedentes de hecho y de derecho que sirvieron de base para su dictado, caso contrario el acto es nulo.
Hace hincapié en que la causa del procedimiento determinativo iniciado por la Municipalidad, aparentemente, serían las actas de constatación que contendrían las supuestas publicidades, sin embargo las mismas nunca fueron notificadas a su mandante. La Municipalidad nunca detalló cuáles serían esas supuestas publicidades, ni como fue realizado el relevamiento.-
Y entiende que la falta de causa suficiente de la determinación efectuada, pone de manifiesto que la pretensión municipal resulta arbitraria e ilegítima, por carecer de antecedentes de hecho.-
Por otra parte, argumenta que aún en el caso de que hayan existido las supuestas publicidades a que se refiere la autoridad administrativa, las liquidaciones, se encuentran de todos modos viciadas toda vez que no existe fundamento ni invocación alguna por la cual el municipio atribuye a su mandante la supuesta publicidad.-
Por lo tanto dice que, al no haber sido notificado su mandante para que concurra a los relevamientos, que sustentan los Detalles de Medios (liquidaciones), las actas de constatación o relevamiento, son nulas. Ello porque su mandante no tuvo oportunidad de acceder a la información que le hubiera permitido evaluar con mayor profundidad el reclamo efectuado y ejercer el derecho de defensa debidamente. Teniendo en cuenta lo señalado, las "pruebas" tenidas en cuenta por el Municipio le son inoponibles y carecen de valor.
Manifiesta que sin perjuicio de las nulidades planteadas, la pretensión Municipal también resulta improcedente porque no existe en cabeza del Municipio potestad para exigir a su parte el cumplimiento de la obligación pretendida, ya que su mandante no es un "administrado" de la Municipalidad, puesto que no ejerce actividad, no tiene domicilio, sede, ni local en el Municipio, por tal motivo, éste carece de facultad para exigirle obligación alguna, e indica que su mandante no colocó por sí, ni autorizó a terceros a colocar publicidad alguna, no realizó el hecho imponible de los DPP.-
Y agrega que el ámbito de soberanía Municipal no se extiende más allá del territorio sobre el cual ejerce su gobierno. El territorio es la medida y el límite del poder de la autoridad estatal, puesto que carece la Administración -y los actos que ella dicta- de imperio sobre hechos, cosas y sujetos que no se encuentren sometidos a su jurisdicción.-
Entiende que si la comuna pretende responsabilizar a su mandante por publicidades dentro del ejido municipal, atribuyéndole responsabilidad de tipo solidaria, está en definitiva responsabilizando a una persona que no está dentro del territorio Municipal y que no se encuentra alcanzada por el poder de imperio Municipal.-
Por otra parte, recuerda que la publicidad de las normas, es un elemento esencial para su oponibilidad y las normas en cuestión no han sido debida ni satisfactoriamente publicadas, por lo cual no son oponibles, ni poseen efecto erga omnes, no son obligatorias, ni son normas jurídicas, porque sin publicidad no hay obligación legal alguna. Afirma que, desconoce las normas de la Municipalidad citadas en sede administrativa y niega que hayan sido publicadas.-
Alega en consecuencia, que no existe presunción ni ficción legal que permita sostener que se debe presumir el conocimiento de las citadas normas -y con ello su obligatoriedad-, puesto que no son publicadas en el Boletín Oficial de la Nación, ni en ningún otro Boletín con cobertura en el domicilio de su representada, y en lo que hace a la publicación de las normas en un eventual Boletín Municipal, hay que tener en cuenta que este tampoco podría ser un elemento de peso para sostener que las mismas son obligatorias para su mandante, que ninguna actividad ni domicilio posee en la comuna.-
Al respecto refiere que la CSJN no solo exigió el requisito de la publicación efectiva de las normas de alcance general, sino que también sentó el principio de la satisfactoria divulgación, el que sostiene que no está cumplido con una mera publicación en internet.-
Dice que tampoco la publicación por internet -continua diciendo- garantiza la divulgación satisfactoria exigida por la CSJN. En virtud de que no todos los puntos geográficos del país poseen una conexión de internet y no hay norma que obligue a los contribuyentes a consultar dicha red informática para verificar la publicación de normas.-
Considera que la publicación de las normas en el Boletín Oficial de alcance provincial o nacional, es el único medio que garantiza la difusión amplia de la norma, dando certeza acerca de la fecha de publicación.-
Entonces sostiene que si la norma que establece la supuesta obligación por los DPP, las obligaciones formales y materiales, fue dictada por una autoridad que carece de jurisdicción e imperio respecto de su mandante y no fue publicada con efectos vinculantes, se está frente a un supuesto donde la obligación pretendida no surge de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales y por ello es inválida.-
Por lo expuesto, concluye que corresponde que sean descalificados los actos administrativos dictados por el Municipio, puesto que los mismos son inoponibles a su mandante por la falta de publicación de las ordenanzas municipales y deben ser declarados nulos.-
También refiere, que los actos cuestionados deben ser dejados sin efecto, por cuanto la comuna pretende gravar actos que están fuera del hecho imponible. Al respecto dice que su mandante no realizó el hecho imponible de los DPP, y que no es sujeto pasivo de los mismos, debido a que no es titular y/o beneficiario de la publicidad que reclama el municipio ya que no encuadra en la figura de contribuyente o responsable de los DPP.-
Expone, que es ilegítimo e irrazonable pretender responsabilizar a su mandante por actos que no realizó, y hacerlo resulta contrario a la seguridad jurídica.-
Por otra parte, plantea violación a la Ley 13.850, del 1 de octubre de 2008, creadora del fondo de fortalecimiento para los Municipios, diciendo que el Municipio adhirió a lo dispuesto por el art. 42 de dicha ley, por lo cual resulta improcedente cualquier reclamo que realice con anterioridad o posterioridad al periodo 2008.-
Finalmente sostiene la inconstitucionalidad de los DPP, refiriendo que la pretensión municipal de exigir los DPP es exorbitante a las potestades Municipales, toda vez que la misma no presta ningún servicio público divisible como contraprestación al cobro de los DPP, y adicionalmente el monto que pretende cobrar es irrazonable y desproporcionado.-
Continúa señalando que los DPP como impuestos, son contrarios al régimen de coparticipación y como tasas son inconstitucionales.-
Concluye diciendo que los DPP violan el régimen de coparticipación provincial y municipal.-
Apartado seguido ofrece prueba y peticiona.-
II. Conferido el traslado de demanda, en fecha 11/12/2019 se presenta la Dra. Carmen Norma La Ruina, oponiendo excepción de prescripción, manifestando que la presente acción que se intenta se encuentra ampliamente prescripta.
Expone que la actora pretende reactivar un derecho que dejo de ejercer en el año 2013 y que en septiembre de 2013 presenta recurso de reconsideración, el cual lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio y con ello quedaría configurado el silencio de la administración según art. 18 inc. A., a los 90 días hábiles de notificada la resolución. Sin embargo, sostiene que la actora no presento pronto despacho que hagan correr los plazos de los arts. 16 inc. 1 y 2 todos de la ley 12008 y sus modificatorias. Habiendo entonces, dejado de ejercer su derecho legal, pretende cuatro años después reactivar el expediente mediante sendos recursos y pronto despacho.
Por ello solicita se haga lugar a lo planteado, decretando la prescripción de la acción con costas a la accionante y de forma subsidiaria contesta demanda. -
Seguidamente y en cuanto al fondo, niega todos y cada uno de los hechos y derechos que no reconoce expresamente.-
En su conteste, expone que la presente causa tiene origen en los antecedentes de hecho que promueven el acto administrativo, tales son el relevamiento, verificación y constatación de publicidad y propaganda efectuados en el Distrito, todo esto instrumentado en los correspondientes actas, agregados a los expedientes administrativos y en particular al expediente N°4031-114660-2011 y en la omisión de presentar las Declaraciones Juradas correspondientes a los períodos reclamados conforme lo dispuesto por las Ordenanzas Fiscales e Impositivas situación que da origen a la determinación de Oficio de los hechos imponibles por parte de la Municipalidad.-
Arguye que la actora contó en todo momento con los elementos suficientes para esgrimir defensa, fue notificada en debida forma al domicilio fiscal y siempre se le corrió traslado de la documental, con el fin de respetar el derecho de defensa, de hecho lo hizo y presento recurso y acompaño documental, asimismo se puso a su disposición el expediente administrativo en todo momento .-
Resalta que, ante la falta de presentación de declaraciones juradas y habiendo sido intimada la actora, se resuelve tener por probada la calidad de contribuyente, los hechos imponibles que se le imputan, su incumplimiento con el deber formal y por ende, su violación a lo dispuesto por los arts. 18 inc. 1 y 24 de la Ordenanza Fiscal, haciéndose efectivo el apercibimiento dispuesto en su art. 41 inc. a y b.-
En otro orden, afirma que la Municipalidad ha cumplido cada uno de los plazos procesales a fin de intimar al pago de una deuda debidamente liquidada, con relevamientos practicados por personal facultado al respecto, contando la actora en todo momento con los elementos necesarios y suficientes para esgrimir su defensa.-
Seguidamente refiere a la publicidad con la que cuentan las ordenanzas, diciendo que en este caso consta en el Expediente Administrativo y es reconocido por la actora en cada una de sus presentaciones, que se le ha notificado en forma debida de las ordenanzas municipales impositivas y fiscales, y hasta se le ha notificado de los artículos en los cuales constan sus obligaciones.-
Continúa relatando que las mismas han sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal y, no obstante la ley se reputa conocida por todos, ella pudo consultar la normativa fiscal e impositiva en el sitio web del municipio.-
Apontoca que el Municipio no delega facultades indelegables, puesto que la facultad de recaudar es propia y exclusiva de la Municipalidad y no ha sido delegada a una empresa tercerizada. Asimismo, el cargo por delegación ilegítima de facultades es tan solo una cuestión semántica, ya que no hay tal.-
En cuanto a las liquidaciones o la confección de los detalles de medios, las efectúa la Empresa adjudicataria como un simple proyecto, sometido al examen del Municipio y que éste sólo firma en caso de estar de acuerdo. Todo conforme a la Licitación Pública Nº 06/2008 y del contrato de adjudicación celebrado en fecha 18 de Noviembre de 2008.-
Explica que la razón material por la que se deben hacer los trabajos de éste modo es porque el contenido de ésta licitación es muy específica, en cuanto al soporte técnico y humano necesario para manejar una gran cantidad de datos en tiempos útiles económicamente y que casualmente los municipios no poseen, pero sí cuentan con los funcionarios suficientes para realizar la tarea de control sobre todos los actos que realice la empresa contratada.-
En cuanto a la falta de prestación del servicio que acusa el actor, dice que si tomáramos este tributo como una tasa, no es cierto que el municipio no haya brindado contraprestación alguna, ya que el acto administrativo del relevamiento que oportunamente se le hizo al contribuyente, constituye una "inspección", lo cual implica la contraprestación a la que alude como inexistente.
Por otro lado, no existe precepto constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, pues mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de la oficina que lo prestan, ya que tanto la existencia de ésta como el cumplimiento de sus fines, depende de la total organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera.-
En referencia a los cuestionamientos efectuados respecto de la legitimidad de la comuna para percibir el tributo, afirma que esta se desprende del art. 5 de la Constitución Nacional, el cual dispone el principio de que los Municipios se encuentran dotados de facultades propias y con atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, para lo que cita jurisprudencia al respecto.-
Asimismo, dice que es deber del Municipio fijar normas de buena vecindad, higiene, seguri
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.