Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 38370 2022
Expte. Nº 38370 .-
Autos:"MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AR
Estos autos caratulados "MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 38370, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 43/51 se presenta el Dr. Axel Sheehan en su carácter de gestor y luego como apoderado de MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A., iniciando demanda contra la MUNICIPALIDAD DE LUJAN, pretendiendo la nulidad de la Disposición n° 052/2019 del Expte. N° 4069-001663/2019, la cual resuelve imponerle una sanción de multa de $40.000 a su representada, por infracción al art.48 de la Ley 13.133.-
En el relato de los hechos explica que, las actuaciones fueron iniciadas como consecuencia de la denuncia radicada por el Sr. Sergio Fiorani, en la cual manifestó haber adquirido un equipo telefónico de la marca de su mandante, el que habría dejado de funcionar dentro del período de garantía dispuesto por la fábrica.-
Indica que el Sr. Fiorani, inicia la denuncia ante las oficinas de Defensa del Consumidor, manifestando que habría ingresado el equipo en el servicio técnico oficial de su mandante, y que le indicaron que el mismo se encontraba fuera de garantía por haber estado intervenido por terceros.-
Manifiesta que se procedió a fijar audiencias con fecha 02 y 24 de mayo de 2019, a las cuales su parte no ha podido concurrir debido a una situación excepcional, por lo que -a su criterio- cumplió igualmente con su deber, enviando vía correo electrónico un escrito en donde se informó que el equipo en cuestión no contaba con garantía del servicio técnico y que acompañó informe de reparación efectuado por el servicio técnico oficial en fecha 27/02/2019.-
Arguye que, no sería correcto que la Dirección manifieste que su mandante es recurrente en cometer este tipo de falta, indicando que no tuvo la voluntad de hacerlo, sino que se vio imposibilitado de acudir debido a las múltiples audiencias que estaban previstas para ese día, razón por la cual presentó un escrito informando el motivo que el producto se encontraba excluido de la garantía.-
Que conforme lo expuesto, indica que con fecha 25 de Julio de 2019, la Dirección dictó una Resolución, por la cual decidió imponer a MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A. la sanción de multa por la suma de $40.000 por infringir lo establecido en el artículo 48° de la Ley Provincial 13.133.-
Solicita en subsidio, para el caso de que la sanción fuera confirmada, que se reduzca la misma al mínimo legal.-
Comienza un apartado referido a la errónea invocación del artículo 48º de la Ley 13.133, manifestando que la Dirección decidió imputar a su mandante por no poder concurrir a las audiencias fijadas, sin embargo, indica que debe tenerse en cuenta que pese a ello, su mandante cumplió al presentar ante la Dirección un escrito informando el estado actual del equipo móvil y la orden de reparación emitida por el Servicio Técnico Oficial "GLTECH" en fecha 27/02/2019, de la cual surge que el teléfono celular fue intervenido por terceros y que por dicha razón, no contaba con garantía.-
Sostiene que ninguna mención ha realizado la Municipalidad sobre el escrito presentado fijando posición y explicando los motivos por los cuales el equipo se encontraba fuera de garantía, indicando que torna arbitraria la multa impuesta, ya que en ningún momento se tuvo en cuenta lo dispuesto por su parte en el escrito presentado.-
Destaca que el proceso de marras, como proceso administrativo que es, se rige y caracteriza por el principio de la informalidad, lo que significa que dar cumplimiento con ciertos requerimientos no resulta tan estricto, sino más bien flexible respecto de la rigidez que presentan otro tipo de procesos.-
Refiere por lo tanto, que ello no implica establecer que el informalismo pregona que el trámite deba conducirse de cualquier manera, ignorándose las previsiones legales sobre constitución de domicilio, acreditación de la personería, entre otras, pero si trata de elastizar el peso de las formas de manera que los vicios de esa índole sean subsanables y así salvar la cuestión de fondo que es la que realmente importa esclarecer. Cita jurisprudencia.-
Manifiesta que resulta suficiente para que se disponga la absoluta revocación de la sanción recurrida, indicando que la Dirección buscó la manera de imponer una multa arbitraria y exagerada, con vagos y pobres argumentos, entendiendo que no hubo ningún incumplimiento.-
Sostiene que la cuantía del monto de una multa, no es algo que quede librado a la sola voluntad del órgano que la impone, sino que, necesariamente, debe encuadrarse dentro de parámetros establecidos.-
Señala que los principios del procedimiento administrativo complementados con los principios y las garantías constitucionales, resguardan adecuadamente las garantías adjetivas de los particulares, en lo que respecta a la imposición de sanciones administrativas en sentido estricto.
Continua diciendo que el derecho al debido proceso adjetivo, la proporcionalidad, la razonabilidad -como principio general del derecho- el ejercicio del derecho de defensa, la garantía de tutela judicial efectiva, la verdad objetiva, entre otros, al ser respetados por un sistema o régimen sancionatorio, tutelarán adecuadamente las garantías adjetivas de los particulares. Cita doctrina.-
Refiere que la potestad sancionadora proporciona a la autoridad administrativa un margen de decisión tan amplio, que requiere una estricta aplicación de los parámetros fijados por la ley, justamente para restringir la discrecionalidad que se le otorga a este poder para dictar actos administrativos.-
Señala que, el órgano administrativo, deberá actuar siempre con sujeción al orden jurídico, hecho que -a su criterio- no ha sido cumplido en el caso en cuestión, si se tiene en cuenta que el acto administrativo no ha sido correctamente motivado y que no se ha dado cumplimiento a los parámetros dispuestos por el artículo 49 de la ley 24.240 para la graduación de las multas.-
Entiende por tal razón, que resulta imperativo que exista un control judicial suficiente que revise si la decisión de la Administración ha sido oportuna, razonable, justa y adoptada dentro de los límites dispuestos por el ordenamiento jurídico.-
Destaca que amerita la necesidad de que las multas que imponen las Direcciones de Defensa del Consumidor, estén debidamente fundamentadas: esto es, que los montos recaudados en tal concepto, no lo son a favor del denunciante, sino en beneficio exclusivo de la misma Dirección sancionadora.-
Advierte que de la Resolución, la Dirección solo citó textualmente la norma en cuestión, sin ningún tipo de análisis fáctico ni jurídico, sin detalle que fundamente la imposición de la multa, no encontrándose de manera fundamentada en concordancia con los parámetros dispuestos por el artículo 49º.-
Manifiesta que, del análisis de la Resolución, resulta que la Dirección ha omitido fundar la imposición la multa, por lo que solo se ha limitado a imponer un monto totalmente arbitrario y absurdo.-
Expone que, de ninguna manera, se puede considerar los dichos de la Dirección como fundamentación válida para imponer una multa de $40.000, en tanto la Dirección ni siquiera expresó cuál habría sido el perjuicio real y cuantificable que habría sufrido el consumidor, entendiendo que resulta ser un elemento esencial para determinar el monto de la sanción.-
Por último, señala que la Dirección omitió mencionar el "grado de intencionalidad" mediante el cual su mandante habría actuado, indicando que es evidente que su mandante obró sin intención doloso ni culposo.-
Ofrece prueba y peticiona.-
II. Conferido el traslado de rigor, con fecha 05/07/2021 se presenta la Dra. Florencia Sandra Noemí Larralde, en su carácter de apoderada del Municipio de Luján, quien luego de una negativa pormenorizada, procede a contestar demanda, solicitando el rechazo de la misma.-
Al respecto dice que, la aquí actora, manifiesta que la Dirección aplicó una multa al no presentarse a las audiencias fijadas en el marco de las actuaciones administrativas formadas como consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr. Sergio Fiorani, no debiendo haberlo hecho, ya que la misma ha cumplido con su obligación al presentar ante la dependencia municipal un escrito, por correo electrónico e informando el estado del celular que dio lugar al reclamo y el motivo de la falta de cobertura de la garantía.-
Advierte que ello no es cierto, manifestando que no se encuentra probado en estos obrados ni en las actuaciones administrativas, indicando que lo que sostiene la accionante, no ocurrió y que ningún mail fue enviado por la firma a la dirección de correo señalada.-
Señala que, una vez cursado a la empresa Motorola el traslado de ley de la imputación formulada por la encargada del área de defensa al consumidor para que efectúe el descargo correspondiente, acompaña a modo de justificación un documento privado -"Informe de Reparación"- sin fecha cierta y carente de toda validez jurídica, indicando que podría haber sido confeccionado a los fines de "liberarse" de una posible sanción.-
Que, por otra parte, indica que no lo exime de la infracción propiamente dicha y cometida, prevista en el artículo 48 de la ley 13.133. Entiende que la multa impuesta por su mandante, tiene su fundamento en la normativa específica mencionada y que ha sido bien fundamentada, manifestando que la aquí actora teniendo la posibilidad de ejercer el derecho de defensa que le asiste en dos oportunidades -en las dos audiencias respectivas-, no lo hizo.-
En tal sentido, manifiesta que la actora no puede ahora alegar que la multa impuesta carece de fundamento; siendo que no puede válidamente defender su accionar.-
Refiere que, la sanción impuesta a la actora, ha sido la conclusión del procedimiento administrativo llevado a cabo mediante el expediente N° 4069- 001663/2019, en dónde se le imputó la violación del artículo N° 48 de la Ley 13.133, por la no asistencia a las dos audiencias fijadas, en sentido contrario a lo sostenido por la actora, e indicando la predisposición conciliatoria de su mandante para con las partes, configurándose -a su criterio- las condiciones de legalidad y debido proceso.-
Reitera que, Motorola Mobility of Argentina S.A., no se presentó a las audiencias y no probó el motivo de sus inasistencias, de acuerdo a lo expuesto en el descargo efectuado. Como asimismo, afirma que tampoco mandó el mail que dijo haber remitido.-
Destaca que, deberán considerarse los fundamentos dados en el acto administrativo atacado en cuanto a que si bien la obligación de concurrencia a la audiencia designada con fines conciliatorios es un deber formal objetivo, indica que configurándose la conducta tipificada por la mera inasistencia y la injustificación por parte de la requerida, la sanción prevista en la norma, no es una consecuencia vacua o teñida de rigorismo formal, manifestando que mantiene coherencia con la constructiva finalidad de obtener asistencia de las partes a fin de facilitar la concreción de acuerdos que satisfagan sus respectivos derechos e intereses.-
Refiere que el mecanismo especialmente diseñado por el legislador provincial para la solución de conflictos del consumidor en el ámbito administrativo mediante la Ley 13.133, dentro del esquema consagrado para la tutela de los derechos de la parte más vulnerable en las relaciones de consumo, que en la instancia conciliatoria -la que adquiere una relevancia tal que a fines de valorar la presencia del proveedor- la incomparecencia injustificada resulta susceptible de sanción; indicando que estos reproches administrativos se entroncan como medios instrumentales para asegurar el cabal y eficaz desarrollo del procedimiento administrativo iniciado a partir de una denuncia por violación al régimen tuitivo del consumo, dictada para velar por los derechos reconocidos en el art. 42 de la Constitución Nacional.-
En cuanto a la validez del procedimiento administrativo y de la supuesta falta de fundamentación en la graduación de la sanción, la actora se agravia y ataca la disposición que dio lugar a las presentes actuaciones por el carácter arbitrario, exorbitante e irrazonable del monto de la multa impuesta y por la ausencia total de criterios de graduación de la sanción impuesta.-
En ese sentido, indica que el encuadre legal ha sido correctamente tipificado en el accionar de la empresa multada, expresando que, a la actora, se la ha sancionado por infringir el artículo 48 de la Ley 13.133, por la incomparecencia a las audiencias designadas.-
Entiende que la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, de la cual depende la Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones, no ha hecho más que aplicar una sanción proporcional y adecuada teniendo en cuenta el hecho objeto de la sanción, evaluando los principios de la libre convicción razonada, en los términos y con los alcances del artículo 72 y considerando especialmente lo dispuesto por el artículo 77 de la ley 13.133.-
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.-
III. Con fecha 02/05/2022 se resuelve pasar los autos para alegar, habiendo hecho uso de su derecho la parte demandada en fecha 09/05/2022 (07:27:45hs.) y la parte actora en fecha 09/05/2022 (12:11:14hs.), lo cual motiva que con fecha 10/05/2022 se llama autos para sentencia y;
I. Que en el presente litigio se ventila la impugnación por parte de MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A., de la multa que se le impusiera, en el marco de las actuaciones administrativas N°4069-001663/2019, mediante resolutorio de fecha 10 de Septiembre de 2019 dictado por CPN Ricardo A. Curone, Secretario de Gobierno y de Relaciones Institucionales Interino -Área de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones de la Municipalidad de Luján-.
Que dichas actuaciones se formaron por la denuncia presentada por el Sr. Sergio Fiorani, a raíz de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la negativa del servicio de garantía a los fines de reparar su celular.-
II. Abordando ahora, la evaluación del acto administrativo cuestionado -el cual se encuentra adjunto en formato papel en el expte. de marras a fs.35/36-, corresponde en primer lugar fijar los antecedentes que le sirvieron de fundamento y precisar las conductas que en aquella sede, han sido merecedoras de la sanción impuesta:
a) Que a fs. 7/8 se presentó con fecha 13/03/2019, el Sr. Sergio Fiorani a fin de radicar, ante la oficina de defensa al consumidor de Luján, una denuncia contra la empresa MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A., en virtud de que, conforme el mismo señalara, con fecha 08/03/2018 compró un equipo celular marca Motorola, modelo G5 S Plus IMEI 3595670812110861 en un punto de venta de Movistar, precisamente en Megaservicios S.A. en calle Francia 1040 de Luján, Buenos Aires.
Expresa que la compra del equipo fue por un valor de $11.000 en un plan de 18 cuotas con su tarjeta de crédito American Express, el cual adjunta copia del primer resumen de tarjeta.-
Indica que el equipo funcionó sin inconvenientes hasta febrero de 2019, en la que dejó de cargar y quedó fuera de servicio.-
Continúa diciendo que el viernes 22 de febrero de 2019, se presentó al local donde había comprado el equipo con el objetivo de solicitar la normalización del funcionamiento y volver a su conectividad original.-
Manifiesta que en el local de Megaservicios, recibieron el equipo según consta en la solicitud de reparación -adjunta copia- generada por el empleado Lucas Badano, donde indica que éste último dejó documentado que estaba en buen estado al momento de recibirlo.-
Refiere que el empleado le informó que el equipo seria enviado al Servicio Técnico y que en dos semanas estaría de regreso en el comercio Megaservicios S.A.-
Que el viernes 8 de marzo se presentó en el local de Megaservicios, donde le devolvieron el equipo sin reparar con un papel -adjunta copia- donde el Servicio Técnico registró que el equipo se encuentra en un estado irreparable; que se encontraba fuera de garantía y el motivo se debe por daño físico.-
Que en esa oportunidad, indica que reclamó lo que le estaban informando, entendiendo que el equipo se encontraba dentro de la garantía (1 año) en la fecha en que presentó el equipo (22 de febrero de 2019) y que el equipo dejó de funcionar pero no por un mal trato del usuario, evidenciando que se encontraba en buen estado.-
Indica que desde el punto de ventas, le manifestaron que para seguir su reclamo, debía ir a la casa central de Movistar en la ciudad de Pilar, donde no obtuvo respuestas favorables.-
Finalmente, comenta que en la orden del Trabajo del Servicio Técnico, surge que el equipo fue terminado de revisar el 27 de febrero, entendiendo que Movistar retuvo el equipo hasta el momento en que se venciera la garantía.-
b) A fs.10/11 obra agregado fotos del equipo a reparar y solicitud de reparación presentada en Megaservicios S.A. con fecha 22/02/2019.-
c) A fs. 12 obra informe con fecha 27/02/2019, surgiendo que el equipo Motorola XT 1800 G5S Plus blanco se encontraba fuera de garantía teniendo como motivo daños físicos y con estado irreparable.-
d) A fs. 15 se convoca a las partes denunciante y denunciado, a una audiencia conciliatoria con fecha 02 de mayo de 2019.-
e) A fs. 17 obra correo electrónico remitido por Camila Nieva, como representante legal de Motorola, a los fines de obtener los antecedentes para brindar una respuesta al reclamo interpuesto.-
f) A fs. 18 obra agregada acta de primer audiencia de la cual se desprende, que solo se ha presentado el denunciante, y se deja asentada la incomparecencia de MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A. pese a estar debidamente notificada.-
En ese mismo acto, se convoca a las partes a una nueva audiencia de conciliación con fecha 24/05/2019 a las 09:40hs.
g) A fs. 20 obra agregada acta de la segunda audiencia de la cual se desprende, que nuevamente solo se ha presentado el denunciante, y se deja asentada la incomparecencia de MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A. pese a estar debidamente notificada.-
En ese mismo acto, se fija un plazo de 10 días a los efectos de que la requerida, brinde respuesta al reclamo bajo apercibimiento de cerrar la etapa conciliatoria.-
h) A fs. 22 se presenta el denunciante con fecha 26/06/2019, manifestando que el plazo otorgado a la requerida se encontraba vencido.-
i) A fs. 24 obra agregado el auto de imputación formulado por la administración por presunta infracción al art.48 de la ley 13.133.- j) A fs. 25/26 la empresa hace su descargo, solicitando que se desestime la imputación conferida a su mandante, argumentando la incomparecencia por una situación excepcional, dado que su representada no contaba con un corresponsal que pudiera acudir.-
Asimismo, indica que con fecha 05/07/2019 envió un correo electrónico en el cual informó que el objeto de reclamo se encontraba fuera de garantía por haber intervenido terceros.-
También expone que su mandante no es recurrente en cometer este tipo de falta, siendo imposibilitado de acudir por las múltiples audiencias que tenía prevista para ese día y la dificultad de enviar un representante.-
k) A fs. 34 obra constancia que MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A. registra antecedentes ante el Organismo de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones de Luján.- m) A fs. 35/36 se dicta el acto administrativo final mediante Disposición N° 052/2019 -por el Secretario de Gobierno y de las Relaciones Institucionales Interino-, sancionando a la empresa MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A. con una multa pesos cuarenta mil ($40.000,00) por haber infringido el art.48 de la ley 13.133.-
III. Que de manera preliminar, resulta oportuno determinar el marco normativo aplicab
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.