Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39019 2022
Expte. Nº 39019 .-
Autos:"AUTOMOVILES ARENAS S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AR
Estos autos caratulados "AUTOMOVILES ARENAS S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 39019, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que mediante presentación electrónica de fecha 15/06/2021, se presenta el Sr. Manuel Sebastián Arenas, en carácter de Presidente de Automóviles Arenas S.A. por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. José María Calabria, iniciando demanda contra la Municipalidad de Mercedes, pretendiendo se deje sin efecto la resolución definitiva dictada por el Sr. Juez de Faltas N° 2 de la Municipalidad de Mercedes (B.A.) fechada en 18 de enero de 2019.
Liminarmente y en cuanto a los antecedentes que dan sustento a su pretensión, indica que, mediante aquella Resolución, se resolvió imponer a su representada una sanción pecuniaria por un total de $300.000,00, la que se comprende de una multa de pesos $250.000,00, con mas $50.000,00 en concepto de daño directo.-
Entiende que dicho fallo, es un decisorio arbitrario por el cual se ven menoscabados gravemente los derechos de raigambre constitucional e intereses económicos de su mandante.
Considera lo resuelto como una decisión irrazonable y sorpresiva, en sentido contrario al derecho vigente.
Seguidamente, realiza un pormenorizado análisis en torno a los vicios de los requisitos esenciales del acto administrativo.
En esta parcela, cuestiona la multa aplicada a su representada por desproporcionada en relación a los hechos y el derecho debatido en el trámite administrativo, manifestando que de las constancias de autos no surge que su parte haya violentado la Ley de Defensa del Consumidor o que, la conducta asumida, merezca la multa impuesta y sus accesorios.
Asegura que la resolución sanciona a su representada sin la debida fundamentación, haciendo una interpretación errada del deber de garantía por vicios redhibitorios.
Asimismo, aduce que del expediente administrativo no se logra desvirtuar los dichos de su parte al formular descargo, no resultando óbice para dictar resolución condenatoria, puesto que el juzgador al resolver supone que "... la fisura existiera al momento de la venta y que con el uso a los pocos meses se agravó, ocasionando lo efectos que se describen el informe técnico: recalentamiento de motor y consumo de agua o refrigerante..." [textual].
En esa línea y en virtud del art. 57 de la Ley 13.133, considera que el sentenciante debió requerir opinión del área técnica competente, sea al efecto municipal, provincial, nacional o en su defecto, instituciones públicas o privadas.-
Manifiesta que el acto impugnado no ha sido precedido de un dictamen jurídico (procedimiento esencial, previo al dictado del acto), argumentando que, en los casos de actos administrativos que deciden planteamientos con un grado de discrecionalidad, dicha actuación concreta cuenta con "elementos reglados" y "elementos discrecionales". Cita doctrina.-
Resalta que la "viciada" resolución vulnera principios procesales tales como el de legalidad, debido proceso y derechos consagrados por la Constitución Nacional y Provincial, provocando la "conculcación" de derechos subjetivos de su parte y provocando gravamen irreparable.
Consecuentemente, alega que el vínculo de la Administración con la norma debe ser, además, positiva en el sentido de que el derecho no debe constituir para aquélla una instancia formal o externa, sino un presupuesto mismo del actuar administrativo sin el que éste carece de legitimidad.
Indica que el examen de validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico de comparación entre el acto -y sus elementos- las normas y principios aplicables en la materia; es decir, confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido, quedando la validez de todo acto administrativo subordinada a la observancia de determinados requisitos esenciales previstos en el ordenamiento jurídico aplicable (arts. 103 a 108 y ccdtes. de la Ord. Gral. 267/80).-
Sigue su argumento, diciendo que una de las categorías de la invalidez de los actos administrativos es la concerniente al acto irregular, en el cual luce manifiestamente un grave error de derecho que supera lo meramente opinable en materia de interpretación de la ley. Entiende que dicho acto irregular no ostenta apariencia de validez o legitimidad en virtud de su título y ha de ser calificado como acto inválido por la gravedad y evidencia del vicio que contiene. Cita jurisprudencia.-
Señala que resulta arbitraria la resolución de fecha 18/01/2019, en el sentido de que fija una multa de $ 250.000,00 por considerar a su mandante en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, siendo dicha multa desproporcionada y arbitraria para una moto cuyo valor es, según factura "B", de $ 41.500,00 conforme da cuenta la valuación que adjunta.-
Alega que es igual de arbitrario el modo por el cual en la resolución se llega a la conclusión de que su mandante deba responder por un vicio que no es tal, basándose en supuestos y no en pruebas concretas, manifestando que lo demuestra lo actuado y así quedará -a su criterio- debidamente probado con la prueba que se ofrece.
Posteriormente y en cuanto a los antecedentes fácticos, señala que el denunciante, el Sr. Ramiro Franco Peralta, compró a su mandante una moto ROUSER NS 150, esto con fecha 12/06/2017.
Continúa su relato detallando que (6) seis meses después, precisamente el día 02/01/2018, se presenta a la concesionaria por escuchar ruidos en el motor, sin haber realizado los services oficiales exigidos por la garantía de fábrica, encontrándose entonces caduca la misma. Que no obstante ello, afirma que el mismo fue atendido y que se le ofreció la mano de obra para su reparación.
Relata que, inspeccionado el rodado -específicamente el motor- se le informó al Sr. Peralta que su mandante se haría cargo de los costos de mano de obra, no así respecto de los gastos de repuestos, éstos últimos a cargo del reclamante por lo manifestado en el párrafo que precede, ya que los daños que presentaba el motor, escapaban al "daño o vicio descubierto en garantía"(sic) que pretendía endilgar el reclamante.
Resalta que resulta evidente que el motor comenzó con ruidos en el lapso de tiempo comprendido entre la venta (12/06/2017) y la entrada a taller para efectuar la revisión (11/01/2018), contando el rodado con un total de 7.250 km., según surge de la orden de reparación que al efecto acompaña, sin realizar ningún servicio oficial dentro de dicho lapso de tiempo.-
Manifiesta que acompaña un manual del usuario, indicando las especificaciones técnicas y el cuadro de mantenimiento donde consta los Kilómetros en que deben realizarse los servicios técnicos oficiales (el primero a los 500 km- el segundo a los 2500 km- el tercero a los 5000 km y así sucesivamente), figurando además a fs. 41 del mismo manual, la política de garantía del fabricante y las exclusiones de dicha garantía que en su inciso 11 luce "cuando no se cumpla con el régimen de servicios obligatorios y con el plan de mantenimiento indicado en el manual del usuario".-
Entiende que el Sr. Peralta, hace una denuncia maliciosa ya que al no realizar los services oficiales y al no tener los resultados deseados, decidió ingresar el rodado a su taller pretendiendo hacer valer una garantía caduca.-
Asegura que el incumplimiento del Sr. Peralta, lleva como sanción la pérdida de la garantía del mismo rodado adquirido, con lo cual su mandante no debe responder por ellos.
Asimismo, indica que su mandante no puede hacerse cargo del mal uso que ha efectuado el denunciante con la unidad que le fue vendida, afirmando que desde la venta ha transcurrido suficiente tiempo como para evidenciar algún vicio en el vehículo, extremo que -a su criterio- no sucedió, manifestando que los daños que presenta el rodado han sido por su exclusiva culpa, sea por impericia o negligencia, no correspondiendo atribuir dicha responsabilidad a su mandante.-
Arguye que, su representada ha cumplido acabadamente con la garantía de funcionalidad, es decir, que la cosa sea apta para su destino, lo que significa que debe ser funcional, útil, que cumple o sirve para lo que fue concebida, en tanto el comprador ha utilizado la cosa en plenitud, reiterando que los daños se han debido por motivos atribuibles al denunciante.-
Por último, y en referencia a la supuesta infracción a la Ley 24.240, aclara que su parte no ha cometido infracción alguna y mucho menos ha incumplido prestación alguna a su cargo que torne aplicable sanción.-
En cuanto la presunta infracción al art. 12 de la Ley 24.240, indica que su representada en todo momento ha cumplido con sus obligaciones, referido a la obligación de servicio técnico, señalando que surge de la orden de reparación agregada a fs. 4 de fecha 12/12/16, que el vehículo objeto de reclamo es ingresado a su taller por fallas en el motor.-
Refiere que, el denunciante, decidió por su libre determinación retirar el vehículo del taller, con lo cual -entiende- que mal puede imputarse que su parte cometió infracción basada en el art. 12 de la Ley 24.240, indicando que puso a disposición del Sr. Peralta todo lo que estaba a su alcance para brindar el servicio técnico adecuado.-
En cuanto a la garantía legal por vicios redhibitorios, sostiene que, para que la misma prospere, el defecto de la cosa objeto del contrato de compraventa debe ser oculto, como contraposición a aquellos que podrían descubrirse con un simple examen minucioso de la cosa, e importante, a tal punto que el comprador, de haberlo conocido, no hubiera adquirido la cosa o hubiera dado menos por ella.
Realza lo expuesto precedentemente, detallando el derrotero que debe seguir quien denuncia la existencia de un defecto oculto en la cosa.
Al efecto señala que el adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto al garante dentro de los sesenta días de originado. En caso de que el mismo se manifieste gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo.
Aduce que el incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la existencia de los defectos (conf. art. 1054 CCyCN), entendiendo que no corresponde multar a su parte en base al art. 18 LDC.-
Asegura por otro lado, que no resulta aplicable el art. 19 de la Ley 24.240, en razón de que su mandante en todo momento ha estado presto para los requerimientos que efectuó el denunciante. Así lo entiende pues, tal cual cita en su escrito de inicio "... se le proveyó toda prestación de servicios a su alcance, se le informó al denunciante que la falla en el motor se debía al mal uso y que por ende al haberse exigido el motor, esto originó los desperfectos que dan pie a la denuncia..." [textual].
Que por dicha circunstancia entiende no existe incumplimiento atribuible a su parte que torne aplicable el mismo.
En otro orden, señala que el acto administrativo impugnado endilga a su parte una presunta infracción al art. 40 de la Ley 24.240, resultando que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.
Al respecto, indica que el presunto daño no resulta de vicio o riesgo de la cosa, sino de un mal uso proporcionado por el denunciante, lo cual excluye de responsabilidad alguna a su mandante, entendiendo que el denunciante no ha logrado acreditar el defecto, el daño y el nexo causal entre el defecto y el daño, por ello de la prueba a producirse, se demostrará que la causa del daño ha sido ajena a la firma aquí actora.
Por último, en cuanto al art. 40 bis de la Ley 24.240, asegura que los eventuales daños materiales sufridos por el Sr. Peralta en el vehículo objeto de la relación de consumo, han sido por causa ajena a su parte, indicando que de lo expuesto y de las constancias del expediente, no surge que el perjuicio al denunciante se ha debido a la acción u omisión de Automóviles Arena S.A..-
Acto seguido y a los fines de acreditar los extremos vertidos, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
2. Que habiéndose corrido el traslado de rigor, con fecha 28/04/2022, se presenta en carácter de apoderado de la Municipalidad de Mercedes el Dr. Luis Alberto Costilla, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Eduardo Flores, oponiendo excepción de prescripción.
Que en lo sustancial de su responde manifiesta que la parte actora fue válidamente notificada de la resolución administrativa emitida por el Sr. Juez de Faltas Municipal en dos oportunidades, esto con fecha 23/01/2019 y 05/06/2019.
Refiere que la presente demanda fue iniciada en fecha 11/02/2020 conforme surge del sistema de mesa virtual, entendiendo que han transcurrido sobradamente los sesenta (60) días hábiles judiciales que prescribe el ritual (art. 69, inciso 1º, del C.C.A.), por lo que solicita declarar inadmisible la pretensión deducida por su carácter extemporáneo.-
Asimismo, de forma supletoria contesta demanda.
Liminarmente, por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
Luego, continúa su derrotero defensivo, sustentando su postura en base a que el acto administrativo cuya impugnación persigue la actora, deviene inatendible, entendiendo que se encuentra suficiente y debidamente motivado, en tanto el mismo tuvo en cuenta la conducta asumida por la infractora durante la sustanciación del procedimiento conciliatorio y aún en el momento del descargo; resultando razonable la sanción impuesta pues la misma hizo la ponderación dispuesta por el artículo 77 de la Ley 13.133 y asegurando que el presente caso encuadra dentro de las previsiones de la Ley 24.240.-
Manifiesta que el Sr. Ramiro Franco Peralta resulta comprendido en el concepto de consumidor del artículo 3 de la Ley 24.240 por ser "... persona física que adquirió un bien mueble en forma onerosa como destinatario final..." [textual] entendiendo además, que tanto la firma Automóviles Arenas S.A. como Corven Motors Argentina S.A., cumplen con las características de proveedor en los términos del art. 2 de la referida norma.-
Por otro lado, las constancias de la causa administrativa que obra agregada en autos, indican que surge:
- Que el Sr. Ramiro Franco Peralta el 12-06-2017 adquirió en la concesionaria Automóviles Arenas S.A., una moto ROUSER NS 150 fabricada por Corven Motors Argentina S.A.;
- Que el rodado tuvo defectos que se detectaron luego de unos meses de adquirido (29/12/2017) durante el período de garantía;
- Que ante esa situación el consumidor se acercó a la concesionaria en busca de solucionar la falla, y que la concesionaria le requirió que deje la moto para su revisión;
- Que con fecha 8/01/2018 la concesionaria le informa al Sr. Peralta que está rota la biela y que para su reparación se necesitaba consultarla con la garantía para ver si reconocía el arreglo de la misma;
- Que ante la falta de respuesta, el Sr. Peralta formuló denuncia ante el OMIC contra la concesionaria Automóviles Arenas S.A. y el fabricante Corven Motors Argentina S.A., solicitando el arreglo de la moto o la reposición de la misma;
- Se fijó como primera audiencia de conciliación el día 23/02/2018 a la cual las firmas Automóviles Arenas S.A. y Corven Motors Argentina S.A., pese a estar fehacientemente notificadas, no comparecieron;
- Se fijó segunda audiencia para el 15/03/2018 a la cual tampoco comparecieron y que luego de pasadas las audiencias, se presenta la firma Corven Motors Argentina S.A., sin hacer referencia alguna al objeto de la causa. Que no formuló descargo, solamente se limitó a autorizar a una persona que refiere como Sr. Juan Jaime Silva Gálvez a realizar gestiones;
- Que se dictó auto de imputación contra las firmas Automóviles Arenas S.A. y Corven Motors Argentina S.A., por infracción a los artículos 8 bis, 10, 13 y 17 de la Ley Nº 24.240 y artículo 48 de la Ley Nº 13.133, presentándose la aquí actora Automóviles Arenas S.A., limitándose a manifestar que se le informó en tiempo y forma al Sr. Peralta que la garantía había caducado;
- Que habiéndose agotado la instancia conciliatoria tramitada ante el OMIC, se elevaron las actuaciones al Juzgado de Faltas Municipal donde se ordenó citar a las partes para la audiencia del día 31 de Mayo de 2018, la que fuera celebrada con la asistencia del denunciante y el Representante de la firma Automóviles Arenas S.A., y ante la incomparecencia de Corven Motors Argentina S.A., sin obtener respuestas concretas a su reclamo;
- Que lo decidido por el Sr. Juez de Faltas es procedente considerando que el Sr. Peralta adquirió un moto-vehículo y los antecedentes fácticos, dan cuenta que la concesionaria y el fabricante no cumplieron con la obligación de brindar un servicio técnico adecuado, que no se realizó una reparación satisfactoria de la falla constatada;
- Que en la actividad propia del juzgador, es decir, la valoración de los hechos y la construcción de su convicción, la ha efectuado a través de la razonada y sana crítica, para luego concluir sobre su real existencia;
- Que no fue materia de controversia por parte de la actora el hecho que el Sr. Peralta comprara en la concesionaria la moto referida y que en cuanto a lo afirmado sobre la caducidad de la garantía, ninguna prueba aportó la actora en abono de lo manifestado, para poder desvirtuar los dichos del denunciante;
- Que el defecto ocurrió dentro del período de garantía y afectó la posibilidad de uso del rodado y que el problema de la biela se puede encontrar en la falla del control de calidad en fábrica y no en un supuesto mal uso y por no realizar los service oficiales.-
Refiere que, habiéndose detectado la falla durante el período de garantía, la concesionaria debía satisfacer toda la asistencia necesaria ya sea reparando el rodado o sustituyéndolo por uno nuevo de similar característica, sin erogaciones particulares, entendiendo que, por los propios dichos de la actora, queda en evidencia su proceder impropio en una clara afectación directa de los derechos del consumidor.-
Al respecto, considera que resultan de aplicación los artículos 12 y 13 de la ley 24.240 en cuanto establecen que los fabricantes, importadores y vendedores de cosas muebles no consumibles deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos, y que son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores.
En este sentido, señala que el deber impuesto a los fabricantes, importadores y vendedores por el artículo 12 de la Ley 24.240, no resulta únicamente aplicable durante la vigencia de la garantía, sino también luego del vencimiento de ésta.
Fundamenta su postura en base a que, si bien una vez concluido el plazo, aquellos se liberan de su obligación de reparar a su costa los desperfectos del bien adquirido, no imputables al adquirente, continúan obligados a prestar un servicio de reparación y provisión de repuestos, aunque los costos de su prestación se encuentren a cargo del propietario del bien. Cita jurisprudencia.
Entiende que es clara la actitud de las firmas Automóviles Arenas S.A. y Corven Motors Argentina S.A., en la instancia de conciliación donde directamente no se presentaron, indicando que la ley es clara y objetiva, en tanto la infracción surge por el solo hecho de no con
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