Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 38220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión anulatoria articulada por María Alejandra MIRANDA contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.-
2Imponer las costas en el orden causado (art.51 inc 2 CPCA –texto según ley 14437-).
3Atento el resultado del pleito corresponde proceder a la regulación de honorarios de la Dra. Gabriela Verónica VARELA en su carácter de letrada patrocinante de la actora en los términos dispuestos por el art. 44 segundo párrafo Ley 14967 y en torno a ello se regulan en la cantidad de 30 JUS a la que deberá adicionársele el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante (arts, 10, 15, 16, 21, 28 inc.a y cctes Ley 14.967)
En relación al Sr. Representante del Fiscal de Estado y atento a como se distribuyen las costas, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el art.18 del Dec Ley 7543/69 (t.o 1987), declarando inoficioso el planteo de inaplicabilidad de los arts.15 inc. d), 24, 54 inc. a y b de la ley 14967.-
Expte. Nº 38220 .-
Autos: "MIRANDA MARIA ALEJANDRA C/ CAJA DE RETIROS JUBS. Y PENS. DE LAS POLICIAS DE LA PCIA DE BS.AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AC
Estos autos caratulados “MIRANDA MARIA ALEJANDRA C/ CAJA DE RETIROS JUBS. Y PENS. DE LAS POLICIAS DE LA PCIA DE BS.AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 38220, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 42/44 se presenta la Sra. Maria Alejandra Miranda por derecho propio, junto al patrocinio letrado de la Dra. Gabriela Verónica Varela, promoviendo demanda contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el otorgamiento del beneficio de pensión, la que entiende la resulta imprescindible para el sustento diario de su vida.-
En cuanto a la legitimación activa expone que conforme lo acredita con la documental que acompaña, es madre de quien en vida fuera Mauricio Nahuel Rodriguez, afiliado a dicha caja, quien ha sido el sostén único del hogar.-
En cuanto a los hechos, relata que al fallecer su hijo comenzó con los trámites necesarios para obtener la pensión, en razón según entiende del derecho que le asiste, ello debido a la incapacidad psicológica y psiquiátrica que la afecta y a su vez, al no existir otro beneficiario, en razón de que su hijo, al momento de su fallecimiento era soltero, sin hijos y sin cónyuge.-
A continuación expone los padecimientos y la angustia que le generó el rechazo del tramite por no pasar la junta médica [sic], sumado a la tristeza en la que se ve inmersa desde que perdió a su hijo.
Expresa que la denegación del beneficio de pensión conculca su derecho a vivir plenamente, generándole consecuencias de extrema gravedad, lo que se aduna a ello, la discapacidad que padece, lo que le degrada aun más, las condiciones de vida y deja más lejano su derecho a vivir dignamente.-
Sostiene que el proceder de la demandada es contraria a toda normativa existente.-
Por todo ello, solicita se anule el acto de alcance particular y se le otorgue el beneficio de pensión a los fines de obtener una mejor calidad de vida.-
Por ultimo ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
II. Con fecha 10/03/2021 y efectuada la admisibilidad de la pretensión, se presenta en autos a contestar demanda, el Dr. José Martín Torres, en su carácter de representante legal de la demandada.-
Comienza su responde detallando el planteo que hace la actora y los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas, en las cuales tramitó el pedido de pensión.-
Así expone que en el marco de las actuaciones administrativas se dicto la Resolución Nº 113.601, con fecha 11 de abril de 2019 que resolvió, denegar el beneficio de pensión solicitado por la Sra. Miranda, invocando la condición de madre del Oficial Nahuel Mauricio Rodríguez, por no reunir los recaudos exigidos al efecto por el art. 43 inciso d de la Ley 13.236.
Sostiene que de conformidad a los antecedentes reseñados, y a la luz de la normativa aplicable la demanda resulta infundada. En relación a ello, expone que el beneficio que la actora peticiona se encuentra condicionado al cumplimiento de todos los recaudos sustanciales y los requisitos previstos por la ley para ser titular del derecho, tal lo que dispone el art. 43 de la Ley 13.236, el que a continuación transcribe.-
Conforme a ello, sostiene que de los claros términos de la norma transcripta, se desprende que para la procedencia del beneficio de pensión que reclama en el presente juicio la Sra. Miranda, deben inexorablemente concurrir una serie de requisitos.-
En efecto, expone que del propio texto de la norma surge con suma claridad, que el derecho al beneficio de pensión le asiste a los padres septuagenarios o que sufrieren una incapacidad laboral absoluta y definitiva; que se encontraran a cargo del afiliado; y que carezcan de otro beneficio previsional, debiendo concurrir estos requisitos al momento del hecho generador, esto es, el fallecimiento del causante.
A partir de ello expone, que resulta evidente que para la procedencia del beneficio, la actora debió acreditar al momento del fallecimiento del causante contar con el mínimo de edad requerida por ley o padecer incapacidad laboral absoluta y a su vez, encontrarse a cargo del causante y no gozar de otro beneficio previsional, y que nada de ello pudo acreditar .-
En tal sentido, en primer lugar la accionante a la fecha de fallecimiento de su hijo -ocurrido el 02/09/2017- contaba con 45 años de edad, razón por la cual, de la simple vista de dicha documentación surge que la misma, no reunía el mínimo de edad exigido por el art. 43 inciso d) de la Ley 13.236.
Por otra parte y con relación a la incapacidad denunciada comenta que no aportó en el trámite administrativo ni en la presente causa elemento de prueba alguno que permita tener por acreditada la misma.
Por todo ello sostiene que la deficiencia probatoria sella la suerte adversa de la pretensión, en tanto no puede pretender acceder al beneficio en cuestión sin cumplir con los recaudos exigidos por la normativa aplicable al caso.-
Finalmente y sin perjuicio de que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para el rechazo de la acción agrega, que la actora tampoco ha demostrado en sede administrativa ni en esta instancia judicial que a la fecha del deceso del causante se encontrara a cargo del afiliado.-
Por todo ello finaliza diciendo que, no habiendo la actora acompañado ninguna prueba que permita tener por acreditado los recaudos previstos por el art. 43 inciso d) de la Ley 13.236, no corresponde el otorgamiento del beneficio que peticiona.-
Ante ello concluye diciendo que la Resolución N° 113.601 Acta nº 2351 del 11/04/2019 que se cuestiona en autos, fue dictada con total apego a la normativa aplicable y resulta ajustada a los hechos y a las pruebas obrantes en el expediente administrativo, no adoleciendo de vicio alguno.
En apartado siguiente formula planteo eventual de inaplicabilidad de los arts.15 inc.d), 24, 54 inc. a y b de la ley 14967, conforme los fundamentos que seguidamente expone.-
Finalmente ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
1. La actora acciona contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de que se le otorgue el beneficio de pensión, en su carácter de madre de quien en vida fuera Mauricio Nahuel Rodriguez, afiliado de dicha Caja y -según afirma- único sostén del hogar.-
En razón de ello solicita la nulidad del acto de alcance particular dictado por la demandada en las actuaciones administrativas que se conformaron con motivo de la solicitud de pensión.-
2. Por su parte la demandada defiende la legitimidad del acto impugnado, sosteniendo que no surgen acreditados los extremos que prevé la normativa aplicable para acceder al beneficio de pensión requerido. Específicamente al no surgir, que la actora al momento del fallecimiento del causante contara con el mínimo de edad requerida por la ley o que padeciera de incapacidad laboral absoluta y a su vez que se encontrara a cargo del causante.-
3. Precisado de este modo los extremos del caso sujeto a conocimiento y decisión, la cuestión conduce a determinar si el acto administrativo cuestionado luce ajustado a derecho, es decir si se encuentran configurados los presupuestos que prevé la norma o bien, por el contrario, si se verifica alguna circunstancia fáctica, que habilite el otorgamiento de la pensión a la actora, en calidad de madre de quien en vida fuera Nahuel Mauricio Rodriguez.-
4. El acto administrativo impugnado en su parte pertinente resuelve: "Articulo 1°: "No hacer lugar a la solicitud de beneficio de pensión interpuesta por la señora Maria Alejandra MIRANDA, invocando condición de madre del Oficial Nahuel Mauricio Rodriguez, por no reunir los recaudos exigidos al efecto por el art.43° inciso d) de la ley 13.236." (Res. 113601 ACTA N° 2351, dictada en las actuaciones 2138-303811/2018 a fs.28).-
Resulta entonces que la norma que define el caso, vigente a la fecha del deceso del causante, es la ley 13.236. Dicha norma en su articulo 43 y en lo que resulta de interés establece: "ARTICULO 43.- El derecho a pedir pensión móvil corresponderá desde el día inmediato posterior al fallecimiento del afiliado y se otorgará en el siguiente orden y concurrencia, con las exclusiones que expresamente se mencionan:... d) A los padres septuagenarios o que sufrieren una incapacidad laboral absoluta y definitiva, y que se encontraren a cargo del afiliado, siempre que carezcan de otro beneficio previsional ".
Es decir, de los términos de la norma transcripta se desprende que para la procedencia del beneficio, se requiere que el peticionante reúna los siguientes recaudos: 1.- Que el requirente (padre /madre) tenga la edad de 70 años o más o, 2.- que padezca una incapacidad laboral absoluta y definitiva, y se encuentre a cargo del afiliado .-
5. De este modo, teniendo presente los términos de la norma, cabe adelantar conforme los extremos que quedarán fijados, que el acto administrativo aquí cuestionado, luce ajustado a derecho, pues no se encuentran reunidos los extremos de admisión que la misma contempla.-
En ese sendero y del simple cotejo de las actuaciones administrativas surge que desde el momento mismo en que la actora peticiona el beneficio de pensión en su carácter de madre del afiliado - cuestión no controvertida- contaba con 45 años de edad (v. solicitud de fs.1 y 5) es decir que, el primer requisito que especifica la norma no estaba cumplido.
Que dicha situación se mantiene inalterada hasta el presente, pues la actora cuenta con 49 años de edad.-
Ahora bien, continuando con los siguientes recaudos, para el caso de que el/la peticionante no cuente con la edad requerida, deberá acreditar que padece una incapacidad laboral absoluta y definitiva y encontrarse a cargo del afiliado.
A tales fines y analizadas las actuaciones administrativas allegadas -Expte n° 2138-303811/2018 - surge que al momento de realizar la solicitud de pensión, la actora representada en esa instancia por el Dr. Sergio Andrés HURTADO (v. fs.1/2) no alega y menos aun acredita ninguna de dichas circunstancias. Al respecto, de las constancias documentales allegadas surge que al efectuar la solicitud, la peticionante solo acompaña la documentación que acredita el vinculo con el causante y una certificación negativa emitida por la ANSES, de la cual surge que no resulta beneficiaria de alguna prestación asistencial al momento del fallecimiento del causante (v. fs.3/4).-
Que no obstante ello, en sede administrativa se hace referencia acerca de la ausencia de incapacidad de la requirente. En efecto, la Sub-comisaria Administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos -Anabela Liberanone- emite una certificación - la que llega sin cuestionamiento alguno a esta instancia- mediante la cual deja constancia de que mantuvo comunicación telefónica con la Sra. Miranda María Alejandra, y que consultada que fue, si padecía alguna incapacidad o patología, le comunica que no posee (v. fs. 22 de las act. adm.).-
Luego de ello, no obran en las actuaciones ninguna otra constancia que haga referencia respecto al cumplimiento del segundo requisito que exige la norma para acceder al beneficio, esto es, que la peticionante presente una incapacidad tal como exige la norma y que se encuentre a cargo del causante.
Que así fue dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien en su opinión dictamina que corresponde rechazar la solicitud de pensión interpuesta, en virtud de que la peticionante invocando su condición de progenitora del causante Mauricio Nahuel Rodriguez, no invocó y menos aun acreditó documentalmente alguna incapacidad en grado invalidante y a su vez, porque no tenia la edad mínima prevista por la legislación vigente (v. fs.23).-
Luego comparte dicho criterio, la Comisión de Pensiones (v. fs.24) y la Fiscalia de Estado (v. fs.26), para luego proceder el Directorio al dictado del acto administrativo, rechazando la solicitud.-
6. Frente al rechazo de la solicitud de pensión mediante el dictado de la Res.113601 y planteada la nulidad de dicha resolución mediante la interposición de la presente acción, surge que la actora en esta sede judicial, se limita nuevamente a peticionar el beneficio pensionario, sin ampliar ninguna cuestión y muchos menos acreditando los recaudos que exige la norma para acceder al beneficio; a su vez tampoco precisa los fundamentos por los cuales peticiona la nulidad.-
Notese que en escrito inicial si bien refiere que su hijo era el único sostén del hogar, lo cierto es que, amen de que ninguna prueba ha producido a tales fines, debía además acreditar alguna patología o incapacidad en los términos requeridos por la norma.-
Cabe reparar que en su relato la actora solo enuncia que posee una incapacidad psicológica, psiquiátrica y emocional que le impiden salir adelante, ademas de la angustia y tristeza en la que se ve inmersa desde que perdió a su hijo (sic) pero lo cierto es, que dicha incapacidad no fue acreditada, pues la accionante no ha ofrecido prueba alguna a los fines de acreditar tal extremo.-
Huérfana de prueba a quedado la petición de la actora, que permita analizar la existencia de la alegada incapacidad. En ese sentido, no se ha valido de testimonio alguno que pudieran brindar sus allegados o vecinos, y menos aún de alguna otra prueba, que revele cual era su situación de vida, su nivel social, su situación laboral y la consecuente ayuda o sostén que recibía de su hijo.-
Y si bien, no desconoce el suscripto la angustia y el dolor que naturalmente puede conllevar la perdida de un ser querido, en este caso de un hijo que altera el rumbo "natural" de la muerte, así como tampoco los principios protectorios que guían el beneficio de pensión, ese lamentable dolor -por si solo- no resulta de recibo, pues ello no abastece el umbral minino que requiere la norma.-
En definitiva, la actora no solo no cumple con el requisito formal que requiere la norma, esto es tener 70 años o mas, sino que tampoco ha alegado alguna circunstancia fáctica que conduzca al suscripto al análisis de la petición en tal sendero, ya sea acreditando la existencia de una patología que la incapacite en los términos que requiere la norma y que a su vez, al momento del fallecimiento del causante, demostrara que dependía económicamente de aquel, de manera tal que le resulte imperioso recibir el beneficio.-
7. Bajo este escenario, confrontados los extremos expuestos bajo la norma descripta, no puedo mas que concluir tal como he anticipado que la decisión de la Caja demandada luce ajustado a derecho, pues no se han reunido los requisitos que la misma exige para acceder al beneficio.-
Y en este punto, entiendo prudente mencionar como de alguna manera expuse en los párrafos que anteceden, que no se desconoce el fin protectorio de la norma previsional y el fin tuitivo que la misma protege tal como ha señalado Nuestro Superior Tribunal en numerosos pronunciamientos (B. 51.286, "Aquiliano", en sent. del 2-VI-1992; B.55.034, "Chavez", sent. del 5-IX-1995, entre otras) pero en el caso de autos, no existe alegada ninguna circunstancia que permita otro análisis, y siendo la norma clara en tal sentido, su interpretación no puede verse forzada.-
Y bajo ese norte, tal como surgen de las actuaciones administrativas allegadas, aquella decisión del ente previsional resulta acertada, pues la accionante no logró acreditar en aquella sede los presupuestos necesarios para acceder, y menos aún en esta instancia, en la cual la actora no aportó mayores elementos que los ofrecidos en su oportunidad.-
En definitiva, la litis revela que la demandante no ha logrado demostrar que la posición sustentada por el organismo previsional fuese contraria a derecho, y por consiguiente, no queda más que rechazar la pretensión intentada. -
8. En cuanto al planteo de inaplicabilidad de los arts.15 inc. d), 24, 54 inc. a y b de la ley 14967, cabe reparar que, el modo en que han de imponerse las costas del proceso - por su orden- neutraliza cualquier agravio que pueda perjudicar al fisco accionado y por tal motivo, resolver el planteo efectuado en el caso de autos, resulta inoficioso, lo que así dejo decidido.-
9. Costas: Tratándose el caso de un reclamo en materia previsional, conforme dispone el art. 51 inc. 2 del CPCA -texto según ley 14.437- corresponde que las costas se impongan en el orden causado .-
POR ELLO, en merito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia citada, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163, 166 último párrafo, 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Arts. 1, 2 inc. 1º, 12 inc.1º, 51, 63 y cctes del CPCA (ley 12008 y sus modificatorias); Ley 13.236, y demás citas legales dadas.-
1. Rechazar la pretensión anulatoria articulada por María Alejandra MIRANDA contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.-
2. Imponer las costas en el orden causado (art.51 inc 2 CPCA –texto según ley 14437-).
3. Atento el resultado del pleito corresponde proceder a la regulación de honorarios de la Dra. Gabriela Verónica VARELA en su carácter de letrada patrocinante de la actora en los términos dispuestos por el art. 44 segundo párrafo Ley 14967 y en torno a ello se regulan en la cantidad de 30 JUS a la que deberá adicionársele el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante (arts, 10, 15, 16, 21, 28 inc.a y cctes Ley 14.967)
En relación al Sr. Representante del Fiscal de Estado y atento a como se distribuyen las costas, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el art.18 del Dec Ley 7543/69 (t.o 1987), declarando inoficioso el planteo de inaplicabilidad de los arts.15 inc. d), 24, 54 inc. a y b de la ley 14967.- NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y a los obligados a su pago con los recaudos del art.54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
A tal fin, se transcribe para su conocimiento el art. 54 de la ley 14967.-
ARTICULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si los hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar lo
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