Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 43527
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
2Con costas por su orden (art. 51 inc. 2º del C.P.C.A,).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
AUTOS Y VISTOS: A los fines de resolver el planteo cautelar.
1. Que con fecha 29 de noviembre de 2022, se presenta el Dr. Rodolfo José Sheehan, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Alejandro Iturburu, solicitando se declare la inconstitucionalidad del art. 177 de la Constitución Provincial en cuanto establece un limite de edad de 70 años para acceder al cargo de Juez de Cámara, como asimismo, la nulidad de las resoluciones administrativas del Consejo de la Magistratura Provincial, que en aplicación de aquella norma le impiden participar en los concursos para el citado cargo.
Asimismo, peticiona el consecuente dictado de una medida cautelar de no innovar, tendiente a que, el aquí peticionante, continúe con su calidad de postulante, subordinado al resultado del examen rendido con fecha 09 de noviembre de 2022.-
Que motiva el reclamo, que con fecha 21 de noviembre de 2022, al revisar las notificaciones en el Portal Digital de Aspirantes (en adelante "PODA") se encontró con un e-mail de fecha 17 de septiembre de 2022, en el que se le comunicaba que quedaba excluido de dicha prueba por haber superado el límite de edad estatuido en la normativa constitucional reseñada supra.
Continúa su relato comentando que, si bien no había tomado efectivo conocimiento de dicha exclusión, el examen fue rendido normalmente y se encuentra en etapa de corrección.
Sin perjuicio de ello, aduce que dicha norma deviene inconstitucional por discriminatoria, atentatoria contra la libertad de trabajo y el derecho de igualdad.
A su vez, reputa la notoria ilegalidad de aquél articulado por cuanto "... el art. 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles a los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad para el cargo de que se trate..." como asimismo "... los derechos invocados en la presente se encuentran en su espíritu vulnerados al disponerse de modo arbitrario un límite de edad, que para peor se sustenta en una presunción de ineptitud basada en el transcurso del tiempo..." [textual].
De ésta última circunstancia, entiende que todos los jueces actualmente en su cargo que superen la barrera de los 70 años de edad, deberían automáticamente dejar sus funciones.
Concluye que el único filtro admisible deben ser los exámenes, puesto que allí radica la real y actual capacidad de los postulantes.
Por ello, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de continuar en su calidad de postulante en virtud a los términos ya expuestos.
Finalmente funda en derecho y peticiona.-
2. Que con fecha 06 de diciembre de 2022, se requiere al Consejo accionado, informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la cautelar peticionada en el escrito inicial (art. 23 inc. 1º CPCA).
3. Que con fecha 19 de diciembre de 2022, el Dr. Osvaldo Favio Marcozzi, en representación del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, acompaña el Expediente Administrativo N° 5900-778/2022 como asimismo, el informe cautelar requerido.
De aquél se desprenden las siguientes circunstancias relevantes relativas a la convocatoria.
En primer lugar, surge informe del área de evaluación y vacantes, luciendo la admisión a la solicitud de inscripción para el cargo pretendido.
Seguidamente y luego de realizar el "control de requisitos constitucionales" [textual] condiciones que resultan imprescindibles para rendir el examen, surge el rechazo por no cumplir con el art. 177 de la Constitución Provincial, suprimiendo al Dr. Sheehan del listado de personas habilitadas y siendo notificado a sus efectos.
Que habiéndose presentado en el salón de examen, no surgiendo sus datos del listado y previa consulta a la Sala Examinadora, manifiesta que se le tomaron los datos de buena fe, en el entendimiento que por algún error y/u omisión no se hallaba en el mismo -destacando que el interesado en ningún momento manifestó su irregularidad-.
En segundo lugar, entiende que no modifica la situación aludida, el hecho de que la notificación haya sido leída con fecha ulterior a haber rendido el examen, no resultando fundamento suficiente para declarar inválido el sistema de notificación electrónicas implementado por el Consejo.
4. Que con fecha 19 de diciembre de 2022 pasan los autos a despacho para resolver.
5. Que con fecha 28 de diciembre de 2022, se presenta nuevamente el Dr. Osvaldo Favio Marcozzi, en representación del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y adjunta informe del cual surgen dos nuevos documentos.
El primero, se refiere al dictado -por parte del Pleno del Consejo- de la Resolución N° 3142, de fecha 20 de diciembre de 2022, por la que se desestima la solicitud efectuada por el Dr. Sheehan y se priva de validez jurídica al examen rendido el día 09/11/2022, por no cumplir el postulante con uno de los recaudos establecidos en el artículo 177 de la Constitución Provincial para poder hacerlo.
El segundo, se vincula a la corrección del examen del Dr. Sheehan. De aquella resultó desaprobado por no haber alcanzado el mínimo de sesenta (60) puntos (cfr. artículo 19 del Reglamento General del Consejo) perdiendo su condición de postulante (cfr. art. 18 del Reglamento General del Consejo).
6. Que con fecha 02 de febrero de 2023, se concluye suspender el "auto para resolver" oportunamente dispuesto, ordenando correr vista al actor de los nuevos documentos arrimados por el Consejo de la Magistratura, a los efectos de que manifieste lo que estime corresponder.
7. Que con fecha 08 de febrero de 2023 el actor contesta la vista oportunamente conferida.
Respecto del resultado del examen, manifiesta que si bien se encuentra en etapa de revisión, la cuestión relativa a su continuidad como postulante al Concurso correspondiente a la Convocatoria N° 2 año 2022 -en caso de confirmarse la desaprobación- devendría abstracta, no así -dice- para futuras presentaciones.
En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 177 de la Constitución Provincial, manifiesta conservar la intención originaria, por los fundamentos proporcionados oportunamente en el escrito inicial.
8. Que con fecha 14 de febrero de 2023 se reanuda el autos para resolver oportunamente suspendido y:
1. Que en autos, el actor solicita una medida cautelar tendiente a lograr que el Consejo accionado, suspenda su exclusión al examen para Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -el que fuera rendido el día 9 de noviembre del 2022 y que actualmente se encuentra en etapa de revisión- y disponga el levantamiento de toda limitación que opere en el mencionado ente, con relación a la participación del reclamante en dicho examen y/o en los que pudieren originarse en el futuro. Restricción que halla su fundamento en la edad máxima de 70 años prevista en el art. 177 de la Constitución Provincial, cuya declaración de inconstitucionalidad pretende.
2. Liminarmente, resulta menester señalar que el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) la existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art. 22 C.P.C.A.).
Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del C.P.C.A., la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el artículo 22 para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pág. 1151/1193).
Todo ello, sin dejar de tener en cuenta que en sentido coincidente, se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultánea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALP, causa N° 2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. Del 15-02-05, entre otras).
3. En el caso particular de autos, y en cuanto a la verosimilitud en el derecho, el actor esgrime que la decisión del Consejo -ésta última con basamento en la disposición normativa del art. 177 de la Constitución Provincial (y particularmente en cuanto al requisito de contar con menos de 70 años)- le cercena la posibilidad actual y futura de ser nombrado Juez.
En ese camino, el accionante expresa además, que aquella voluntad injusta afecta los derechos consagrados por la Constitución Nacional, especialmente los previstos por los arts. 14 y 16; invocando entonces, un palpario desfasaje entre lo normado por la Carta Magna de Nación y la Constitución Provincial.
Asimismo y en cuanto al periculum in mora, logra desprenderse de sus alegaciones que el mismo echa raíces en todo aquello atinente a la pendiente -y por el momento en trámite- revisión de su examen. En otras palabras, de no concederse la cautelar perseguida, el peticionante quedaría excluido del concurso, perdiendo la oportunidad -en su caso- de avanzar a últimas instancias.
4. Ahora bien, abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por el actor, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega aquel, adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie" tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22° inciso 1° a) C.P.C.A.).
Y así lo entiendo, en orden que por el momento, no existen elementos de juicio suficientes que permitan otorgar el auxilio cautelar. Ello, sin que implique prejuzgar sobre el fondo del asunto y quedando entonces la cuestión sujeta a lo que pueda concluirse una vez transitada la etapa plena de debate y prueba..
Al solo efecto de este despacho cautelar, advierto en primer lugar, que el art. 177 de la Constitución Provincial, aun con regulación propia, se encuentra en principio dentro a los parámetros exigidos por la Ley Suprema de la Nación, a los fines de ser designado como magistrado. Por ello, no aparece en forma evidente una flagrante contradicción que me lleve a concluir en que el convencional constituyente provincial, se apartara de los cimientos estatuidos en la materia por la ley fundamental.
De modo tal que en el cuerpo normativo en discusión -prima facie- el constituyente provincial no ha limitado irrazonablemente, ni mucho menos fulmina, el derecho a cualquier ciudadano -que reúna las restantes condiciones exigidas- para acceder a cargo de Juez de Cámara.
Por lo demás, como bien ilustra María Angélica Gelli al abordar las atribuciones de las Provincias, "La autonomía provincial se constituye con las atribuciones de naturaleza política, en virtud de las cuales eligen las modalidades propias del sistema democrático y republicano que escojan ... Tal como lo sostuvo la Corte Suprema, la Constitución Nacional garantiza a cada provincia -cumpliendo estas las obligaciones impuestas por el art.5º- el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades, sin intervención del gobierno federal. En otros términos, los entes locales diseñan sus poderes y el acceso a ellos por parte de los ciudadanos, según sus particulares opciones, respetando el sistema republicano" (......). (v. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta edición ampliada y actualizada Tomo I pág. 55).
Resaltando, al tratar la razonabilidad y el estado de derecho -en cuanto a principios aplicables al caso- que "... el artículo 28 de la Constitución Nacional fija los lindes a la competencia reglamentaria del Congreso establecida en el art.14, en tanto esta norma declara que los derechos allí enumerados se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. De ambas disposiciones constitucionales resulta claro que los derechos no son absolutos en su ejercicio; que tal como lo sostuvo la Corte Suprema, lo contrario, implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales; que, en consecuencia, existen múltiples razones para limitar aquel uso, pero que la capacidad reglamentaria no es ilimitada, tiene bordes: las leyes no deben alterar los principios, los derechos y garantías" (v. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta edición ampliada y actualizada Tomo I pág. 420 y ss.).
Y es bajo ese escenario interpretativo, que no se advierte en forma patente la extralimitación constitucional denunciada por el peticionante, que abastezca la verosimilitud en el derecho que active el remedio cautelar pretendido.
5. De esta manera, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y lo dispuesto en los arts.22, 23 y su doct. CPCA, 161 del CPCC y demas citas constitucionales y legales dadas;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
2. Con costas por su orden (art. 51 inc. 2º del C.P.C.A,).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.-
R
Fin de la sentencia