Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 43431
Estos autos caratulados "GABOR SAIC C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" Expte. Nº 43431, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
1. Que con fecha 17 de noviembre de 2022, se presenta el Dr. Gustavo Grinberg, en su carácter de letrado apoderado de GABOR S.A.I.C., solicitando como pretensión de fondo, la anulación del Decreto Nº 1980/2022, dictado por la Intendente Municipal del Partido de Moreno con fecha 27 de junio del 2022 -el que fuera notificado el 27 de junio del 2022- recaído en el expediente administrativo Nº 4078-223950-D-2020, el cual hace lugar parcialmente al descargo presentado por la actora -admitiendo el pedido de prescripción respecto del período fiscal 2015- y rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por aquella y en consecuencia, dejar firme las diferencias detectadas por la fiscalización en el procedimiento de determinación de la "Tasa Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene", "Tasa por Protección Civil" y "Tasa de Salud y Asistencia Social" prevista en la Ordenanza Fiscal del Municipio de Moreno, respecto de los períodos fiscales comprendidos en los meses 01 a 06/2016, 01 a 06/2017, 01 a 06/2018, 01 a 12/2019 y 01 a 12/2020, intimándola al pago de la deuda global determinada de oficio por la Resolución de Economía N° 0005/2022 por la suma de $ 7.182.107,81.
Relata la actora los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
2. A su vez, solicita se ordene en los términos del art. 22 inc. 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo y del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial, medida cautelar de prohibición de innovar contra la Municipalidad demandada a fin de que "se abstenga de iniciar juicios de apremio y de exigir el pago de la Tasa y ejecutar la sanción de clausura y hasta que se resuelva la presente acción con carácter definitivo" [textual].
En cuanto a los requisitos cautelares, remite a lo expuesto en cuanto a la pretensión de fondo y a la documental arrimada con el escrito inicial.
En lo que respecta a la verosimilitud del derecho, entiende resulta evidente.
Al efecto, refiere que la Municipalidad de Moreno se atribuye en exceso de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires. Dice que el Municipio indica que toma como base imponible de la Tasa "los ingresos declarados en ARBA" [textual] conclusión -dice- no es cierta [sic] por cuanto sostiene, la Municipalidad toma mayor base imponible para el cálculo de la Tasa por Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene que el límite establecido por el tope provincial.
Consecuentemente, manifiesta que el Municipio excede el "tope provincial" de base imponible establecido por el artículo 35 del Convenio Multilateral, lo que torna irrazonable el cálculo elegido, desnaturalizando el carácter de Tasa. Cita jurisprudencia para fundamentar su postura.
En tal sentido, considera que la pretensión del Municipio implica lisa y llanamente, impedir el ejercicio de una actividad lícita en su ámbito, aspecto que resulta violatorio del art. 14 de la Constitución Nacional.
Asimismo, entiende que el acto administrativo, ha sido dictado con apartamiento del derecho vigente y en clara violación de los procedimientos esenciales, arribándose con ello a una decisión con arbitrariedad manifiesta, pretensora de una tasa ilegítima y conculcatoria de la garantía constitucional de defensa en juicio y las reglas del debido proceso adjetivo.
Por último, dice que la conducta de la comuna ha vulnerado el principio de legalidad, dada la inexistente prestación de servicios por parte de aquella. En ese camino, considera que no existió una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio que de fundamento al cobro exigido. Cita doctrina.-
En lo que respecta al peligro en la demora, refiere que de no decretarse la medida cautelar que se solicita y, en consecuencia, en caso que no se ordenara que el Municipio se abstenga de perseguir el cobro de las tasas cuestionadas, generaría un perjuicio grave e irreparable a su representada. Refiere que el accionar de la Municipalidad, en tanto reclama a su mandante el pago de una supuesta tasa cuyo monto no guarda una razonable proporción con el servicio que la misma dice retribuir e impide la realización de una actividad lícita en el ámbito municipal, provoca una grave inseguridad jurídica. Máxime cuando se encuentra imposibilitada de efectuar el pago previo, lo que obstaculizaría gravemente el acceso a la justicia.
Por último, hace mención a que el Fisco amenaza con la clausura si su mandante no abona la determinación realizada, actitud que se condice con una clara desviación de poder, violatorio de los derechos de defensa y de propiedad.
3. En segundo lugar y guardando relación con el acápite que precede, solicita la no exigencia del pago previo diciendo que -como surge de la certificación contable que en archivo pdf adjunta (véase Anexo III)- no puede satisfacer ni abonar la suma de $ 7.182.107,81 en virtud a los saldos contables de Caja y Bancos como, asimismo, el Pasivo Corriente negativo, relativos a los períodos 2017-2021, encontrándose así, imposibilitada de ingresar las sumas determinadas.
Aduce entonces, su mandante se encuentra imposibilitada de ingresar las sumas determinadas. Además, dicha circunstancia obstaculizaría gravemente el ejercicio del comercio de su representada, en el marco de competencia comercial.-
Así las cosas, entiende que exigirle a la empresa cumplir con el "depósito previo" se erige como un obstáculo insalvable al derecho de ocurrir ante la justicia en defensa de sus derechos e intereses.
Consecuentemente, propone en su reemplazo, un seguro de caución -acompañando documental al efecto- a efectos de cubrir las sumas objeto de la presente demanda. Cita jurisprudencia a efectos de fundamentar su postura.-
4. Con fecha 22 de mayo de 2023 se requiere a la Municipalidad de Moreno accionada, que remita las actuaciones administrativas que dieron origen al reclamo y el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art. 23 inc. 1° del CPCA-.
5. Que mediante presentación electrónica de fecha 01 de junio de 2023, se presenta la letrada apoderada de la comuna accionada -Dra. Laura Carolina Mercado- a contestar el informe previo requerido y procede a acompañar las actuaciones administrativas.
Peticiona se rechace la medida cautelar peticionada como; asimismo, la sustitución del pago previo por póliza de caución, con expresa imposición de costas.-
6. Atento el estado de autos, con fecha 06 de junio de 2023 pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
1. En cuanto a la medida cautelar pedida:
1.1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfme. art. 22 C.P.C.A.).-
1.2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
1.3. Abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega la actora, adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
En efecto, en cuanto al hecho alegado respecto de la determinación de oficio de la tasa y la atribución de la totalidad de la base imponible del impuesto sobre ingresos brutos, y analizada la resolución administrativa puesta en crisis, no se desprende prima facie que la decisión adoptada por el Municipio de Moreno sea contraria a derecho (transgrediendo, según expone el art. 35 del Convenio Multilateral) o aparezca -reitero- en principio, carente de suficiente sustento normativo.
Así, se desprende que la misma ha sido dictada con fundamento legal en el tercer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral del 18/08/77, dictada en una materia en la que la comuna cuenta con facultades legales propias.
En el acto, el Municipio funda también, el motivo de su aplicación, puesto que consigna que el 100% que la Comuna grava a GABOR SAIC, lo hace en virtud de que la empresa "posee habilitación comercial únicamente en el partido de Moreno" [textual] poniendo énfasis en que los tres locales habilitados por el accionante, se encuentran ubicados en el Municipio de Moreno.-
Por otra parte, la sustancia de los cuestionamientos efectuados por la firma peticionante, remiten indefectiblemente a conocer cuestiones que demandan un mayor debate y prueba, circunstancia que excede el marco provisorio y preliminar de esta instancia cautelar.-
En atención a lo expuesto, los vicios que alega la empresa accionante, no resultan de una magnitud tal que permitan sortear el valladar de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, presunción que se mantiene inalterable, en la medida que el peticionante no cumpla con su carga de demostrar la verosimilitud del derecho que alega.-
De esta manera, no se verifica con las constancias probatorias arrimadas a la causa, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- una demostración que evidencie, al menos en grado mínimo, que el actor no resulte ser el sujeto pasivo de los tributos cuestionados y exigidos por la comuna.-
1.4. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
2. En cuanto a la exigencia del pago previo (art. 19 del CPCA):
2.1. El requisito del pago previo en materia tributaria, constituye un requisito de admisibilidad formal de aquellas pretensiones anulatorias, que se articulen contra actos administrativos que imponen o determinan obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento el juez deberá verificar, antes de proseguir con el proceso.-
En orden a tal requisito de admisibilidad, el Código de la materia (Ley 12.008 y sus modificatorias) dispone: Artículo 19: (texto conf. Ley 13101): 1- Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero. 2- Antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro del plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión. 3- El pago previo no será exigible cuando: a) Su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia. b) Se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio.-
Es entonces, que la regulación del pago previo -exigencia legal fundamentada en la protección de las finanzas públicas- presenta limites que impiden la ruptura del equilibrio, entre aquella finalidad que contiene el instituto y el derecho constitucional de acceso a la justicia, en tanto y en cuanto, comprobados que sean los extremos del supuesto de excepción previsto en el inc. 3 apartado "a", el peticionante quedara habilitado para sortear el vadallar de marras.
En otras palabras, puede afirmarse que, la exigencia del recaudo, queda dispensado por la propia ley, cuando se verifique que su cumplimiento perjudica irremediablemente el derecho de acceso irrestricto a la justicia.-
2.2. Examinada la normativa cuestionada, encuentro que el caso de autos resulta alcanzado por el supuesto previsto en el inc. 3 del art. 19 del C.P.C.A.-
En primer término, se destaca que la norma establece que el recaudo no será exigible, cuando su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia (inciso 3) ap. "a" art. cit.).
Al respecto, deviene menester puntualizar que en el caso de marras, se pretende la nulidad del Decreto Nº 1980/2022 dictado por la Intendente Municipal del Partido de Moreno, el cual hace lugar parcialmente al descargo presentado por la actora -admitiendo el pedido de prescripción respecto del período fiscal 2015- y -en lo que en esta instancia preliminar incumbe- rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por aquella dejando en su consecuencia, firme las diferencias detectadas por la fiscalización en el procedimiento de determinación de la "Tasa Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene", "Tasa por Protección Civil" y "Tasa de Salud y Asistencia Social" prevista en la Ordenanza Fiscal del Municipio de Moreno, respecto de los períodos fiscales comprendidos en los meses 01 a 06/2016, 01 a 06/2017, 01 a 06/2018, 01 a 12/2019 y 01 a 12/2020 e intimándola al pago de la deuda global determinada de oficio por la Resolución de Economía N° 0005/2022 por la suma de $ 7.182.107,81.
2.3. En el supuesto presente, el actor, a los fines de probar la imposibilidad de afrontar tal requisito del pago previo, acompaña en archivo adjunto a su escrito de inicio, una certificación contable de ingresos y gastos, emitida por el Estudio Contable PICCARDO & CIA., certificada por ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cfme. Legalización N° 800543 y 966144).-
Esta, consigna los saldos contables de Caja/Bancos; el pasivo corriente como, asimismo, el saldo total correspondiente al cierre de cada ejercicio.
Así las cosas, el cálculo correspondiente arroja un saldo neto negativo de $ 24.988.628 inherente al último período certificado (hasta 06/2021).
Y es el resultado de dicha certificación el que me lleva a la conclusión que un déficit como el que presenta la empresa GABOR S.A.I.C., reviste suficiente entidad por si sola para presumir su imposibilidad de pago, enmarcando el presente en los términos del art. 19 inc. 3 "a" del C.P.C.A.-
Esta postura, se ve reflejada en el antecedente "Kurban, Alejandro", Causa A. 73920 de la SCBA (sent. del 13-III-2019) en el cual se ha dicho "... que si bien es cierto que la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha postulado que el pago previo del crédito tributario determinado constituye un requisito procesal que no implica de suyo la vulneración de los derechos de igualdad y defensa en juicio, esa directriz general merece ser sopesada en cada caso; y que una inteligencia funcional de su alcance, acorde con la salvaguarda del derecho a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva [...] permite abrir el cause a la consideración de un conjunto razonable de excepciones".
En el mentado fallo también se dijo que "... para su dispensa se requiere la demostración cierta y objetiva de una situación de compromiso de acceso a la jurisdicción".
Y así lo estimo, pues no hacer lugar a la exención solicitada por la firma GABOR SAIC conllevaría una obstaculización de la garantía constitucional de acceso irrestricto a la justicia (art. 15 de la Const. Prov.).
Así también, en el precedente "Gallo Llorente", causa A. 71.493 de la SCBA (sent. del 9-V-2018), el Dr. Daniel Soria expuso en su voto -en extremos aplicables en la especie- que: "... examinado el caso a la luz del principio de proporcionalidad (arg. art. 28, Const. nac.) tampoco se aprecia que el hecho de eximir al impugnante del ingreso de las sumas requeridas por aplicación del art. 19 inc. 1, ya citado, pudiera causar, dada su cuantía, un trastorno financiero para el Estado; en cambio, al actor la realización dicho pago le demandaría un esfuerzo considerable. Aún más: en vista de la comprobada promoción de actuaciones judiciales de ejecución fiscal, es claro que la dispensa referida no agota las posibilidades de cobro de las acreencias...".-
Poniendo de resalto en la misma oportunidad el Dr. de Lázzari que "... representan una excepción a la aplicación del solve et repete aquellos casos, en los que tal requisito legal por su desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente, tornaría ilusorio el derecho que le acuerda el legislador en razón del importante desapoderamiento de bienes que podría significar el cumplimiento de aquel... (Con cita de Fallos: 247:181; 250:208; 249:587, 312:1741, 319:3415 y 322:1284)".-
En consecuencia, dándose el supuesto previsto por el art. 19 inc. 3 "a" del C.P.C.A. corresponde eximir a la accionante del pago previo del tributo como requisito de admisibilidad.-
3. En cuanto al pedido de constituir un seguro de caución a los fines de dar cumplimiento a la exigencia que impone el art. 19 del CPCA, en atención a como se resuelve la cuestión, pronunciarme al respecto deviene innecesario.-
4. Finalmente, y toda vez que se han remitido las actuaciones administrativas requeridas en la providencia inicial -sin perjuicio de que aquellas se han acompañado como prueba de la medida cautelar requerida y no en los términos del art. 30 inc. 1º del C.P.C.A.- corresponde, a los fines de la prosecución de la presente causa, conferir vista a la parte actora, para que dentro de los quince (15) días de notificada, amplíe o transforme la demanda. Todo ello, de conformidad a lo previsto en el art. 32 del C.P.C.A., lo que se hace saber.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los art. 166 últ. párrafo, 171, 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. arts. 19 inc. 3 "a", 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.; y demás citas legales dadas,-
2. Eximir al actor del pago previo del tributo, como requisito de admisibilidad (art.19 inc. 3 "a" C.P.C.A.).
3. Atento a como se resuelve y la etapa que transita el proceso, imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 1º CPCA -texto según ley 14.437-).
4. Conferir, respecto de las actuaciones administrativas remitidas en sendas presentaciones electrónicas de fecha 01/06/2023 (7) -presentado por la comuna accionada- vista a la parte actora, para que dentro de los quince (15) días de notificada, amplíe o transforme la demanda. Todo ello, de c
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