Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29341 2023
Expte. Nº 29341 .-
Autos:"LA POMME S.A. GANADERA, AGROPECUARIA Y COMERCIAL C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-NG
Estos autos caratulados "LA POMME S.A. GANADERA, AGROPECUARIA Y COMERCIAL C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 29341, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 15/12/2017, se presenta el Dr. Ángelo Colombo Mosetti, en su carácter de apoderado de la firma La Pomme SAGAyC, promoviendo demanda contra la Municipalidad de San Antonio de Areco, pretendiendo la anulación de las tasas y aumentos normados por las Ordenanzas N°4164/16 y N°4165/16 (Ordenanza Fiscal 2017 y Ordenanza Impositiva 2017 de esa comuna).
En particular, pretende la anulación del aumento que considera exorbitante e ilegítimo de la Tasa por Servicios Rurales y la devolución de los importes indebidamente cobrados por tales conceptos.
Reclama la anulación de las Tasas por "Servicios de Salud", "Servicios de Seguridad", "Servicios Educativos", "Fondo Master Plan" y su exclusión de la boleta de pago de la Tasa por Servicios Rurales; en tanto entiende que las mismas han sido impuestas por el solo hecho de ser titular de un establecimiento rural, sin mediar prestación de servicios concretos y divisibles que justifiquen legalmente su aplicación. En ese sentido también peticiona el reintegro de los importes indebidamente cobrados.
Asimismo, achaca que las Tasas por Habilitación de Comercios, Industrias y Actividades Agropecuarias y la Tasa de Seguridad e Higiene, impuestas ilegalmente, sin mediar competencia tributaria ni prestación de servicios concretos y divisibles que justifiquen legalmente su aplicación; por ello pretende su anulación y la devolución de los importes indebidamente cobrados por la demandada.
En ese orden, solicita se decrete la nulidad de los artículos 20, 23, 27, 35, y 36 de la Ordenanza Impositiva y de los artículos 98, 111, 213, 235, 255, 283 y 286 de la Ordenanza Fiscal, y de todos los actos administrativos de aplicación resultantes de las normas impugnadas.
Relata que el actor es propietario de las parcelas rurales individualizadas en el anexo III de la demanda, y, como consecuencia de ello, es contribuyente de la Tasa de Servicios Rurales y la que ha sido incrementada en forma exorbitante, arbitraria e ilegal durante los años recientes, pero especialmente en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2017.
Indica que se ha visto ilegalmente forzado por la demandada a pagar Tasas por Seguridad, Educación, Salud y Fondo Master Plan, tales tasas fueron incluidas en todas las boletas de pago de Tasas por Servicios Rurales, Tasas por Servicios Urbanos y Tasa por Seguridad e Higiene (ver arts. 23, 27, 35, y 36 de la Ordenanza Impositiva).
Por otro lado, menciona que el actor en su inmueble rural desarrolla su actividad comercial como haras de caballos y criadero equino y no recibe ningún servicio relativo a tasa de Seguridad e Higiene, ya que los establecimientos rurales -como el del actor- no son susceptibles de habilitación municipal y la demandada carece de facultades constitucionales para controlar la actividad agropecuaria.
Particularmente, en relación a LA TASA DE SERVICIOS RURALES (TSR), menciona que las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2017, han impuesto a los contribuyentes aumentos mayores al 280% respecto del año anterior.
Explica que esta Tasa está destinada a solventar el servicio de conservación y mejora de caminos rurales municipales e hidráulica rural y se cuantifica en función de la superficie de cada inmueble rural, debiendo ser pagada por los propietarios, usufructuarios poseedores o explotadores de dichos inmuebles (art. 217 Ordenanza Fiscal).
Que conforme un convenio del año 2014 -que adjunta- suscripto entre el Municipio y la Asociación Regional de Productores de Areco (ARPA), este servicio es prestado por ARPA a través de empresas contratadas al efecto y, como contrapartida, la Municipalidad destina el 70% de lo recaudado por la TSR a ARPA.
Achaca que tanto ARPA como las empresas contratadas para la provisión del servicio han estimado que el costo del mismo aumentaría entre un 30% y un 35% para el año 2017 (ver Constancia de aumento estimado por ARPA en ANEXO VI), empero la comuna impuso una suba del 280%, lo que no se condice tampoco con la inflación proyectada para dicho periodo. -
Expone que el nivel de aumento impuesto a los contribuyentes de la TSR constituye una clara afectación del derecho de propiedad y la libertad de comerciar y trabajar.
Menciona que al ser la TSR una contribución basada en la prestación de un servicio concreto -conservación y mejora de caminos rurales e hidráulica rural-, efectivo e individualizado, relativo a un bien del contribuyente -la vía de acceso a su establecimiento rural- el monto de la TSR debe ser razonablemente equivalente al costo de la prestación de dicho servicio y es claro que un aumento del 280% no cumple con esta premisa legal.
En definitiva, la pretensión confiscatoria del Municipio instrumentada en el art. 20 de la Ordenanza Impositiva, aumentando de manera exorbitante la TSR para el ejercicio 2017, no solamente viola el derecho de propiedad, sino también las libertades de trabajar y comerciar garantizadas en nuestra Constitución Nacional (arts. 14 y 17, CN).
A continuación, se ocupa de las tasas asociadas a la TSR -las Tasas de "Servicios de Salud", "Servicios de Seguridad" y de "Servicios Educativos".
En ese orden, explica que, en la misma boleta de la TSR, el Municipio incluye el pago de otras tasas, fijadas por la Ordenanza Impositiva 2017, en función de un porcentaje de la TSR, y no con relación a la efectiva prestación de los servicios que se pretenden retribuir.
Ellas son: i) Tasa por Servicios de Salud (art. 235 y siguientes) equivalente al 30% de la TSR, ii) Tasa por Servicios de Seguridad (art. 283 y siguientes) equivalente al 25% de la TSR, iii) Tasa por Servicios Educativos (art. 286 y siguientes) equivalente al 20% de la TSR, iv) Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial (art. 255) equivalente al 20% de la TSR.
En cuanto a la Tasa por Servicios de Salud, indica que responde a los servicios de salud y equipamiento, mantenimiento, funcionamiento, insumos y bienes o servicios que demanden el funcionamiento del Hospital Municipal "Emilio Zerboni", Unidades Sanitarias de Villa Lía y Duggan, Salas de Primeros Auxilios, Centros de Atención Primaria de la Salud y por el Servicio de Ambulancias, a cada uno de los usuarios.
La Tasa de Servicios de Seguridad, responde a los servicios de Seguridad Ciudadana, puesta en funcionamiento, equipamiento y administración, así como los recursos humanos y materiales del Centro de Monitoreo del sistema de cámaras de seguridad y personal de control ciudadano.
La Tasa por Servicios Educativos (o "Fondo Educativo", según la Ordenanza Fiscal), comprende la construcción, funcionamiento, equipamiento y administración de los establecimientos educativos en general, así como los recursos humanos y materiales que requiera.
En ese sentido, concluye que el Municipio ha establecido una serie de tasas para solventar funciones básicas de gobierno (tales son la salud, la seguridad y la educación en el ámbito municipal) y ha concebido dichas tasas como indivisibles y generales y no son más que impuestos disfrazados de tasas, lo cual las invalida per se.
Remarca que la posibilidad de sancionar este tipo de tributos no ha sido delegada a los Municipios por la Provincia de Buenos Aires, ya que Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) en su artículo 226, al enumerar los recursos municipales, se refiere específicamente a distintos impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas, pero ninguno confiere la facultad de establecer tasas retributivas de servicios generales en materia de Seguridad, Salud y Educación, lo cual es lógico ya que estas materias son de indiscutible competencia provincial.
Por otra parte, asegura, que el hecho de que la base imponible de estas tasas se determine en función de un porcentaje de la de la Tasa de Servicios Urbanos, de Servicios Rurales (TSR) y de Seguridad e Higiene, significa no solamente que estas no guardan relación alguna con la prestación de un servicio divisible, concreto e individualizado, sino que, en realidad, lo que gravan es simplemente es la titularidad de un inmueble (en el caso, un predio rural) y ello produce una doble imposición prohibida por la ley 23.548 (art. 9 inc. b).
Entiende que aun cuando la Constitucional Provincial otorgue a los municipios autonomía tributaria (no impositiva), el poder tributario que ejercen es derivado de la autonomía provincial (CN, arts. 5 y 123) y por lo tanto, los municipios no pueden establecer tributos que sean de competencia tributaria federal, pues ningún ente puede delegar el ejercicio de un poder mayor que el que tiene (García Vizcaíno, C., "Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. Abeledo Perrot, 2009).
En cuanto al "Fondo Master Plan"- Cloacal y Pluvial-, releva que la Ordenanza Fiscal 2017, define el hecho imponible del Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial como ".los trabajos de relevamiento, estudios, mediciones, proyectos, seguimiento, control, mantenimiento, equipamiento y administración de los planes de ampliación de las redes de agua potable y servicio cloacal y del sistema pluvial en actual ejecución y que están orientados a lograr la cobertura universal en el Partido de San Antonio de Areco."
La misma Ordenanza define a este fondo como una tasa (art. 227) y establece su base imponible en un valor porcentual de la Tasa de Servicios Urbanos, de Servicios Rurales (TSR) y de Seguridad e Higiene.
En ese aspecto, advierte que no es una tasa que retribuye un servicio, sino que se trata una contribución o impuesto general e indivisible, tendiente a solventar un plan de infraestructura hídrica.
Entiende absurdo gravar el "Fondo Masterplan", cuyo objeto es una obra civil urbana, al titular de una parcela rural que nunca será beneficiario de dicha obra, dado que en los inmuebles rurales no hay agua corriente ni cloacas.
Discute que es claro que no existe servicio concreto, actual, efectivo, divisible e individualizado que justifique la imposición de una tasa, y mucho menos puede advertirse que su importe sea razonablemente equivalente a la prestación efectiva del servicio.
Prosigue su embate refiriéndose a la TASA POR HABILITACIÓN DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, Y LA TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Explica que se trata por un lado de la Tasa por Habilitación de Comercios, Industrias y Actividades Agropecuarias (en adelante, la TH) que el Municipio percibe por concurrir a un local determinado, verificar sus condiciones de seguridad, salubridad e higiene y, si corresponde, otorgar la correspondiente habilitación.
Luego, a partir de dicha habilitación, corresponde a los establecimientos habilitados pagar periódicamente la Tasa de Seguridad e Higiene (en adelante, la TSH). Es decir que la función del municipio no finaliza con la percepción de la TH inicial, sino que continúa con el pago de la TSH como una obligación periódica.
Afirma que estas dos tasas retribuyen la prestación de servicios que efectivamente el Municipio presta con relación a oficinas, locales y establecimientos comerciales e industriales existentes en el ejido urbano o suburbano. Sin embargo, se han incluido dentro del hecho imponible las "actividades agropecuarias" (OF art. 98) y más específicamente en la Ordenanza Impositiva 2017, se incorporan como obligados al pago a los criaderos equinos.
Alega que existen diversos motivos por los cuales esta imposición es ilegal y por ello insanablemente nula: 1) No existe prestación concreta y efectiva de los servicios relativos a la TH y la TSH, en tanto no existe el ámbito rural a la habilitación de campos o establecimientos agropecuarios, ni tampoco, por obvia consecuencia, servicios municipales vinculados a la seguridad e higiene. 2) Los establecimientos rurales no son susceptibles de habilitación municipal, ya que La Ley Orgánica de Municipalidades (art. 226) se refiere a locales, oficinas y establecimientos urbanos o suburbanos, con acceso al público, en el que se desarrollan actividades comerciales, industriales, de servicios, científicas, etc., pero no es aplicable a un campo en el que se desarrollan actividades de producción primaria, cuyo control es ajeno a la potestad municipal, y que no tiene acceso al público.
Así, argumenta que, al no ser un establecimiento rural susceptible de habilitación, es evidente que las tasas en tratamiento, carecen de un elemento vital para su exigibilidad, cual es el sustento territorial como presupuesto integrativo del hecho imponible (Cfr. CSJN, "Laboratorios Raffo S.A v. Municipalidad de Córdoba ", 23/6/2009, e "Ivax Argentina S.A v. Municipalidad de Río Cuarto").
Finalmente, alega que de los artículos 98 y 111 de la OF, en los que se describe de manera casi idéntica el hecho imponible de la TH y la TSH y que estas tasas no están retribuyendo la prestación de un servicio concreto de habilitación o de inspección de seguridad e higiene vinculado a un lugar físico determinado, sino que están gravando el mero ejercicio de una actividad de producción primaria que -no menos importante- es completamente ajena al control municipal. Por lo tanto, no estamos frente a una tasa sino a un impuesto, inválido por donde se lo mire.
3. El Municipio no tiene facultades constitucionales para controlar la actividad agropecuaria, en tanto a actividad agropecuaria respecto de la cual el Municipio de San Antonio de Areco ha intentado imponer las TH y TSH, se encuentra regulada por normas nacionales y provinciales, y por ello es materia ajena a la potestad regulatoria municipal.
4. Las TH y TSH violan el sistema de coparticipación federal de impuestos ya que los municipios no pueden establecer impuestos que sean de competencia tributaria federal, pues las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (Fallos 7:373).
A continuación, ofrece la prueba de que intenta valerse y por último peticiona. II.- Que con fecha 20/05/2021, se presenta el Dr. Daniel Iglesias Berrondo, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco y contesta demanda.
En primer lugar, efectúa una negativa particular y pormenorizada de las circunstancias afirmadas en la demanda.
A continuación, refiere que con fecha 19 de diciembre de 2016, el Concejo Deliberante de San Antonio de Areco sancionó la "Ordenanza Fiscal para el año 2017", la que fue registrada bajo el número 4.164/16 y la "Ordenanza Impositiva para el año 2017", la que fue registrada bajo el número 4.165/16.-
Asegura que las precitadas ordenanzas municipales, fueron debidamente publicadas en el Boletín Municipal, conforme surge de los ejemplares del boletín municipal que acompaña.
Menciona que posteriormente, los accionantes recurrieron erráticamente las ordenanzas aludidas ante el Departamento Ejecutivo, a fin de que se las revoque, de acuerdo a sus planteos.
Indica que los aludidos recursos administrativos de los accionantes fueron rechazados mediante Decretos Municipales N°0749/17 y N°834/17, junto a los presentados por otros contribuyentes y que también fueron interpuestos en forma improcedente.
Con cita del artículo 95 de la Ord. Gral. 267/80, achaca que los accionantes incumplieron con el procedimiento administrativo municipal, y pretendieron mediante la interposición de un recurso administrativo ante un órgano distinto al que dictó el acto, en el caso "el Departamento Ejecutivo", revocar y/o modificar las ordenanzas emanadas del cuerpo legislativo.
Sintetiza que el Departamento Ejecutivo carecía de facultades para resolver los puntos y planteos introducidos en los recursos administrativos de los actores, estándole impedido por ley expedirse válidamente sobre las ordenanzas en cuestión, pues de otra forma podría dar lugar al conflicto de poderes previsto en el artículo 196 de la Constitución Provincial, vulnerando el principio de división de poderes y la distribución de competencias prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Y por ello, que no habiendo los actores impugnado válidamente las ordenanzas municipales N°4164/16 y N°4165/17 dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley 12008 para los actos administrativos de alcance general, el cual a la fecha de interposición de la presente acción se encontraba en extremo vencido desde la publicación en el boletín municipal de la ordenanzas en cuestión, las mismas gozan de las presunción de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad propia de todos los actos administrativos, no quedando otra posibilidad que su aplicación por encontrarse vigentes.
Citas antecedentes de similar contenido y de este mismo juzgado en los que se resolvió el rechazo de la demanda.
Por último, ofrece prueba y peticiona.
V. Producidas las pruebas ordenadas en la audiencia de fecha 18/02/2022, y agregado el alegato presentado por la actora, asi como el formulado por la demandada -el que, pese al llamamiento de autos para sentencia de fecha 09/03/2023, ha sido formulado en término-, se llama autos para sentencia, y;
I. Que la cuestión a resolver estriba en determinar si mediante las tasas cuestionadas -establecidas en las Ordenanzas Fiscal 4164/2016 y Ordenanza Impositiva 4165/2016- la comuna accionada se ha excedido en su poder tributario, de modo que implique menoscabo en los derechos del contribuyente aquí reclamante.
II. A fin de encuadrar la cuestión conviene recordar que:
Los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, disponen que las provincias deben asegurar un régimen municipal autónomo, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 190 a 197, establece el régimen municipal, disponiendo en su art. 191 que la Legislatura deslindará atribuciones y responsabilidades confiriendo las facultades necesarias para atender a los intereses y servicios locales.
El art. 192, establece como potestades inherentes al régimen municipal, la de dictar ordenanzas y reglamentos; que comprenden entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc.5 Const. Prov.).
De ello se desprende entonces, que en la organización constitucional, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación, y sobre esa base, el ordenamiento legal y constitucional de la Provincia de Buenos Aires, confiere a los municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos, incluido el tributario, referentes al desenvolvimiento de diferentes actividades y siempre con el interés general de la comunidad local.-
Por su lado, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Dec. Ley 6769/1958) en sentido coincidente, reconoce los poderes locales para crear impuestos, tasas, derechos, contribuciones etc., consagrando un conjunto de normas que, al decir nuestro Máximo Tribunal, no revisten el carácter de enunciados taxativos (L.O.M., arts. 226 y 227; causa I. 1992, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 7-III-2005 y sus citas).
En cuanto a las tasas, como especie de los tributos, su nota distintiva radica "en la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público. La imposición de una tasa supone que la actividad involucrada responda al ejercicio de una atribución inherente a la municipalidad, pues el monto recaudado debe ser en retribución de la prestación de un servicio local (conf. art. 52, L.O.M.)" SCBA: "Conciencia Ciudadana de Campana ONG c/ Municipalidad de Campana s/ Inconstitucionali
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.