Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40440 2023
Expte. Nº 40440 .-
Autos:"FORD MOTOR ARGENTINA SCA Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-ACB /Ra
Estos autos caratulados "FORD MOTOR ARGENTINA SCA Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 40440, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. En fecha 06/05/2022 se presenta el Dr. Martín Nicolás Badalucco en su carácter de apoderado de Alberto Logarzo S.A., promoviendo formal demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Mercedes a los fines de obtener la nulidad de la resolución dictada en el expediente "Pereyra María Verónica c/Ford Motor Argentina y Otro s/Ley 24240" (Expte. Causa 1635/2018).
Abocado al relato de los hechos antecedentes de la acción intentada, manifiesta que su mandante cumplió todas y cada una de las obligaciones en tiempo y forma, en relación con la denunciante en el expediente administrativo.
Refiere que la Sra. Pereyra llevó voluntariamente su vehículo a la concesionaria que representa luego de un accidente vial (supuesta colisión con un perro según sus propios dichos, Siniestro N° 90982826 conforme se desprende de la documentación que acompaña de la compañía Zurich-Orion). Colige de ello que la concurrencia al taller tuvo origen en un siniestro, totalmente ajeno a la garantía legal de fabricación del automóvil.
Sostiene que le fueron explicadas a la Sra. Pereyra todas las circunstancias de reparación ante la Compañía de Seguros interviniente, y que luego de ello, la referida dejó en pleno consentimiento su vehículo a los fines de ser reparado. Afirma que por más que el vehículo se haya encontrado en garantía, tanto su representada como Ford Argentina no son responsables de un siniestro, ni están obligadas a reparar la unidad dañada por dicha causa hasta que la Compañía de Seguros abonara los repuestos.
Informa que, ante la entrada de un auto en reparación y conforme los más altos estándares de calidad en la materia, la agencia oficial toma el caso y de inmediato realiza una inspección técnico-mecánica para posteriormente solicitar a la fábrica todos los repuestos necesarios para dar solución definitiva al caso. Ofrecidos los mismos al cliente, prosigue, es él quien decidirá por continuar con los arreglos en el taller oficial de la concesionaria elegida o bien llevarlo al lugar que voluntariamente decida. Afirma que sería altamente irresponsable por parte de su mandante mentir con el único fin de conseguir el trabajo y después no poder realizarlo.
Refiere que se tuvo que esperar la aprobación de la Compañía de Seguros para poder arreglar el vehículo de la denunciante, remitiéndose a la inspección del Perito Inspector de Daños Materiales Alexis Bernardez. Ello, sigue su relato, toda vez que en los casos en donde interviene un tercero como la Compañía Aseguradora ante el siniestro ocurrido, existe un proceso de verificación y confirmación de presupuestos tendiente a comprobar fehacientemente todas las variables de riesgo, por lo que se debe esperar la confirmación de la Compañía de Seguros y del cliente.
Manifiesta seguidamente que luego del proceso descripto, la Sra. Pereyra no quiso retirar la unidad de las instalaciones del demandante, lo que llevó a que se le enviara una carta documento a fin de constituirla en mora.
Afirma también que la denunciante en sede administrativa ha cobrado la reparación de su vehículo de parte del Seguro por un accidente en que se desconocen las circunstancias, por lo que, concluye, ahora intenta aventurarse en otro reclamo al sólo efecto de enriquecerse sin causa.
Sostiene que no existe razón para que Alberto Logarzo S.A. sea parte en las actuaciones administrativas en tanto no existe prueba alguna de una reparación insatisfactoria como entiende el juzgador en sede administrativa, y mucho menos que los denunciados sean responsables de un hecho totalmente ajeno como un accidente de tránsito.
Apunta que era la denunciante quien debía probar un vicio o defecto de fabricación existente al momento de la adquisición del vehículo, como para que fuera procedente la imputación en sede administrativa por supuesta violación a los arts. 8 bis, 10 bis, 12, 40 y 40 bis de la ley 24.240, cosa que, sostiene, no hizo, de donde colige que la sentencia recaída deviene arbitraria, por no existir prueba alguna que concluya que su representada ha incumplido con los deberes a su cargo.
Destaca que la Municipalidad de Mercedes, a través del Juzgado de Faltas, ha resuelto imponer una multa de $780.000 cuyo fundamento se basa en hechos que no han sido probados en el expediente, basándose únicamente en los dichos de la denunciante, dejando de lado las constancias presentadas por las partes de las cuales, entiende, surge la ausencia de infracción a la ley 24.240, convirtiendo el decisorio en una resolución carente de fundamento y motivación válida, y por ende nula por arbitrariedad manifiesta.
Sostiene que la resolución impugnada carece de la motivación que requiere todo acto administrativo para ser considerado válido, lo que importa su nulidad tal cual solicita sea declarada. Imponer una multa, continúa, omitiendo acreditar la exteriorización por parte del infractor de la supuesta conducta violatoria permite tachar al decisorio de arbitrario por encontrarse desprovisto de todo apoyo legal.
Explica que la ley 24.240 sanciona conductas (activa u omisivas) que contravienen los deberes por ella interpuestos y que, verificadas que fueran, constituyen el injusto merecedor de la sanción. Luego, refiere que para que se verifique la existencia de una conducta violatoria, la misma debe haber sido probada, todo lo cual, manifiesta, no ha sido cumplido en las actuaciones administrativas.
Reitera que el actuar de la Administración constituye una arbitrariedad manifiesta pues, en su entendimiento, ha dictado una resolución totalmente desprovista de un marco jurídico y fáctico que la sustente, por lo cual debe ser declarado nulo el acto administrativo, revocándose así la multa impuesta a su representada.
Sostiene que Alberto Logarzo S.A. no ha violado el art. 8 bis de la ley 24.240 toda vez que el mismo cuenta con la organización y personal idóneos para la atención del consumidor, contando con capacidad operativa para dar respuestas en tiempo razonable, cuidando la calidad del servicio y cuidando además que en la atención y prestación del servicio se considere la situación de los consumidores más vulnerables. Refiere que el trato propinado por su mandante y el servicio brindado en forma previa y durante el desarrollo del servicio ha sido indiscutiblemente cuidadoso y atento a las necesidades del denunciante, y conforme los más altos estándares de calidad requeridos por el fabricante a la vez que afirma que, de no haber sido así, la denunciante no hubiera concurrido a sus instalaciones, firmado y consentido el servicio.
Continúa manifestando que su mandante no violó el art. 10 bis de la ley 24.240, en atención a que no existió incumplimiento de la oferta, en función de que después de todo el proceso aprobatorio por parte del Seguro del Automotor, se reparó normalmente la unidad. Afirma seguidamente que en los casos de accidentes donde interviene el seguro del automotor el proceso de reparación resulta más prolongado porque hay que esperar a los inspectores y la aprobación de un tercero ajeno a la concesionaria.
Seguidamente sostiene la inexistencia de violación al art. 40 de la ley 24.240 en atención a que no se ha infringido ningún daño a la denunciante. Afirma que no ha existido daño por el vicio o riesgo de la cosa ni por la prestación del servicio, habiéndose seguido todos los procedimientos indicados por el fabricante para la reparación de un vehículo ingresado dañado por un accidente de tránsito.
A su turno cuestiona la aplicabilidad del art. 40 bis de la ley 24.240 en que se apoya la multa impuesta, por cuanto a su entender el juzgado ha omitido especificar cuál sería la conducta reprochable al respecto de tal norma, y en atención a que no ha existido daño alguno sufrido por el denunciante que pueda ser acreditado y/o atribuido al accionar de su mandante, toda vez que no existió incumplimiento alguno en su conducta.
En subsidio de lo expuesto, solicita la revisión de la multa por considerarla alta, entendiendo que en su graduación han sido desconocidos absolutamente los parámetros establecidos por la ley aplicable.
Aduce inexistencia de perjuicio para el consumidor que pueda haber ocasionado su representada, en función de haber actuado conforme las condiciones contractuales vigentes, siendo la propia actora quien teniendo pleno conocimiento de las mismas quien ha decidido incumplirlas. De allí que entiende que no ha existido perjuicio alguno para el denunciante, motivo por el cual, concluye, el monto de la multa resulta desproporcionado, máxime si se tiene en cuenta que la motivación de la misma fue la errónea interpretación de los dichos de Alberto Logarzo S.A. por parte de la administración y del denunciante.
Concluye su escrito sosteniendo que el rechazo de la imposición de la multa se justifica, además, en la inexistencia de ganancia o beneficio económico alguno para su mandante que pueda derivarse de la infracción que se le atribuye, y que, de haberlo entendido de otro modo la Dirección sancionante, debió haber sido expuesto claramente en la resolución cuestionada, como fundamento de la naturaleza y monto de la sanción que impuso.
II. A fs. 258/266 de las actuaciones administrativas allegadas mediante presentación electrónica de fecha 03/05/2022, se presenta el Dr. Carlos E. Laborde, en su carácter de apoderado de Ford Argentina S.C.A., interponiendo acción de nulidad del acto administrativo en los términos del art. 67 y ccts. del CPCA.
Plantea la nulidad de la notificación, la inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133, y la falta de ejecutoriedad de la disposición cuestionada, en función de lo previsto por el art. 60 de la Ley 13.133, de donde deriva que la resolución carece de ejecutoriedad hasta tanto la misma adquiera firmeza.
Luego de dicha presentación, a escasos minutos, remite mail mediante el cual hace llegar una nueva demanda, esta vez firmada por la Dra. Yesica P. Magallanes. La cual es la que se digitaliza en fecha 30/08/2022 en estos autos. Y sobre la cual me referiré.
III. Es así, que a fs. 290/309 de las actuaciones administrativas allegadas mediante presentación electrónica de fecha 03/05/2022, se presenta la Dra. Yésica Pilar Magallanes en su carácter de apoderada de Ford Argentina S.C.A. a los fines de interponer pretensión anulatoria de acto administrativo contra la Municipalidad de Mercedes, para que se proceda a la anulación de la Disposición dictada por el Sr. Juez de Faltas el día 23/06/2021 en cuanto impuso una multa a su mandante, sin fundamento legal alguno conforme su entendimiento, por un monto de $600.000 por supuesta infracción a los arts. 8 bis, 10 bis, 12, 40 y 40 bis de la ley 24.240 junto con la suma de $180.000 en concepto de daño directo a favor de la denunciante Sra. María Verónica Pereyra.
Inicialmente plantea la nulidad de la notificación que le fuera cursada a su representada en el domicilio previamente constituido por ella, por cuanto la misma fue dirigida a Ford Argentina S.A., razón social que difiere de la de su instituyente, la cual es Ford Argentina S.C.A.
Afirma que la notificación intentada con irregularidades graves o que impidan al que se pretende notificar cumplir oportunamente con los actos procesales vinculados a la notificación que se notifica, deviene nula en función de lo establecido por los arts. 67 del Dec. Ley 7647/70 y 149 del CPCC.
Seguidamente inicia el raconto de los hechos que sirven de antecedente refiriendo que la denunciante se había presentado ante la Oficina de Defensa del Consumidor municipal solicitando que su representada cumpliera el contrato en cuanto a la provisión de repuestos y reparación del vehículo de su propiedad.
Luego de hacer una breve reseña de las audiencias celebradas en sede administrativa, refiere la presentación efectuada por su mandante en donde manifestaba que la unidad de la denunciante se encontraba reparada, y que la Sra. Pereyra se hubo negado a retirarla, rechazando lo expuesto y alegando un presunto daño sufrido por la demora en la reparación del vehículo, requiriendo la suma de $100.000 en concepto de daño directo.
Frente a tal solicitud, continúa, su mandante realizó una propuesta al solo efecto conciliatorio, sin reconocer hechos ni derechos, por la cual se le ofrecía a la denunciante la bonificación de cuatro servicios de mantenimiento del vehículo, los cuales fueron rechazados por la reclamante.
Seguidamente comenta que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo dada la postura de la parte denunciante, la administración procedió al dictado del auto de imputación contra su representada por la presunta infracción a los arts. 8 bis, 10 bis, 12, 40 y 40 bis de la ley 24.240 con fecha 05/11/2020.
Seguidamente, sigue su relato, refiriendo que el juez de faltas de la Municipalidad de Mercedes con fecha 23/06/2021 dispuso "(.) a) imponer a la firma Alberto Logarzo S.A. y a la firma Ford Argentina S.A. en su carácter de proveedores de un servicio, la sanción de multa, que se establece en la cantidad de pesos seiscientos mil ($600.000), art. 73 inciso b) de la Ley 13.133, por infracción a los artículos 8 bis, 10 bis, 12, 40 y 40 bis de la 24.240. b) Fijar, con cargo al proveedor y en beneficio del consumidor, la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000) en concepto de daño directo, artículo 40 bis de la 24.240 incorporado por la 26.361. c) Ordenar la publicación de esta resolución en el seminario El Cronista de Mercedes, con costas al infractor (.)".
Menciona que la resolución en crisis carece de una adecuada relación de los hechos denunciados y de la más mínima fundamentación sobre la aplicabilidad de la normativa mencionada al supuesto incumplimiento atribuido a su representada.
Sostiene la inexistencia de un incumplimiento a lo establecido por el art. 8 bis de la Ley 24.240, mencionando que no se argumenta en la resolución cuál sería el fundamento, limitándose a reiterar los motivos expuestos en el auto de imputación.
En cuanto a lo expuesto en la resolución cuestionada atinente a la presunta infracción del concesionario por cuanto no habría brindado al consumidor el trato y la atención adecuada ni buscado una solución al problema planteado por el presunto faltante de repuestos, sostiene que no es cierto, toda vez que el rodado fue reparado y entregado a la denunciante, quien se negaba a retirarlo en tiempo y forma, razones que llevaron a Alberto Logarzo S.A. a remitir una carta documento intimando al retiro de la unidad bajo apercibimiento de consignación judicial.
De allí que insiste sobre la falta de fundamentos fácticos y jurídicos de la resolución en cuestión, que concluye equivocadamente que su poderdante habría violado el trato digno que se le encomienda a través de la Ley de Defensa del Consumidor.
Insiste en que su mandante no ha brindado un trato indigno a la reclamante como así tampoco ha ocultado información alguna que pueda presuponer un ardid o engaño, ni ha puesto a la consumidora en una situación desventajosa.
En conexión con ello, afirma que no surge de la denuncia ni de las actas que su mandante hubiera desplegado una conducta en el sentido indicado por la resolución apelada, la cual, remarca, carece de total fundamento legal y no toma en consideración lo manifestado por su representada en la instancia conciliatoria ni cuenta con prueba alguna que acredite un trato tal como para reputar infracción al art. 8 de la normativa consumeril.
En lo que a este punto respecta, insiste en que no surge de las actuaciones administrativas indicio alguno de que el trato de su representada no fuera en un marco de respeto y dignidad, ni se ha colocado a la consumidora en una situación de subordinación o indefensión, por lo que concluye no se ha desplegado conducta indigna alguna de su parte.
Continúa destacando que, en relación a la presunta infracción al art. 10 bis de la ley 24.240, la Dirección no efectúa ningún tipo de desarrollo ni fundamentación que permita a su representada ejercer válidamente su derecho de defensa respecto al incumplimiento alegado, por cuanto se limita a enunciar que la reclamante se habría mostrado abierta a la posibilidad de solución del inconveniente por el cual se reclama, agregando que no se habría brindado solución alguna, lo que considera falso.
Señala que habría existido una falta de voluntad a la posible solución del conflicto, aunque la resolución omite ponderar que su representada ha realizado ofrecimientos a la denunciante aún cuando el inconveniente reclamado se encontraba resuelto. Insiste seguidamente en que la conducta descripta en la disposición dista de la realidad de los hechos, destacando que la misma no menciona cuáles serían las omisiones de Ford Argentina S.C.A. por las cuales se infringiría la normativa en cuestión, lo que torna nulo el acto sancionatorio por falta de causa y motivación.
A su vez, refiere que se efectúa una aplicación incorrecta del art. 10 bis de la ley de defensa del consumidor, toda vez que el mismo está dirigido al consumidor, facultándolo a efectuar posibles planteos solo para el caso de incumplimiento de la oferta o del contrato, sin configurar una conducta que al ser infringida pueda determinar una sanción. En su entendimiento, por el artículo mencionado, frente al incumplimiento de la oferta o del contrato por parte del proveedor, se faculta al consumidor a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, a aceptar un producto equivalente, o a rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos.
De allí concluye que, de acuerdo con lo estipulado por el mencionado artículo, no corresponde la delimitación de una conducta pasible de ser sancionada a través de la ley de defensa del consumidor, a la vez que afirma que no existe una conducta tipo que al ser infraccionada configure una transgresión a la norma. En su consecuencia, sostiene que no determina sanción alguna ante el incumplimiento del proveedor, como pretende la administración, y en función de ello solicita que la imputación efectuada sea dejada sin efecto.
A continuación menciona que la resolución que se impugna considera que Ford Argentina S.C.A. no habría asegurado el servicio técnico adecuado y el suministro de las partes y repuestos, negando la posibilidad de un servicio técnico idóneo y la posibilidad que les suministren los repuestos necesarios, lo que sostiene no se encuentra debidamente motivado.
Afirma que "Mi mandante no ha cumplido con el deber de asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos" (sic) y que, no habiendo reglamentación alguna al respecto, mal puede inferir la dirección que se habría omitido prestar un servicio técnico adecuado o que habría una demora en la provisión de repuestos. Sostiene que se realiza un juicio sin fundamento alguno, máxime cuando se denota que solo se consideran los dichos de la parte reclamante y no se tienen en consideración las actividades llevadas a cabo por su representada para la solución del reclamo.
Llegado su turno, sostiene la inexistencia de un incumplimiento a lo establecido por el art. 40 de la ley 24.240, toda vez que el artículo en cuestión establece la solidaridad de todos los sujetos intervinientes en la relación jurídica cuando de la misma se derive un daño al consumidor, sin que se observe una conducta que infiera una infracción, por lo que no se puede considerar que exista una violación al régimen consumeril por parte de Ford Argentina S.C.A.
Insiste en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.