Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 45314
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Previo cumplimiento de la caución real fijada en el apartado II de los considerandos, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, ordenando suspender parcialmente los efectos de la Resolución N° 0494/2023, únicamente en cuanto dispone: "(...) artículo 8°: Procédase a la clausura del establecimiento comercial ubicado en la calle Carola Lorenzini S/N, esquina Victor Hugo, localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, a nombre de EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. (CUIT N°: 30-70833136-4) una vez vencido el plazo de (15) días mencionado en el artículo 6°", hasta tanto se dicte acto definitivo y, en su caso, se resuelva la cuestión de fondo.
2Con costas de la incidencia cautelar a la demandada (art. 51 inc. 1 Ley 14.437).
3Consentida o firme que se encuentre la presente, continúen los autos según su estado.-
Estos autos caratulados "EDUCATIO MUNDO SPES SRL C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" Expte. Nº 45314, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
1. Que con fecha 27 de junio de 2023, se presenta el Dr. Fernando Enrique González Godoy, en su carácter de letrado apoderado de EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L., solicitando como pretensión de fondo, la anulación de la Resolución N°: 0494/2023, dictada por la Secretaria de Economía de la Municipalidad de Moreno con fecha 18 de mayo de 2023 -la que fuera notificada el 01 de junio de 2023- y recaída en el marco del Expte. Adm. N°: 4078-239656-D-2022.
La citada resolución rechaza el descargo presentado por la actora, determinando de oficio las obligaciones tributarias del contribuyente EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L., conforme las fiscalizaciones efectuadas en el procedimiento de determinación de la "Tasa Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene", "Tasa por Protección Civil" y "Tasa de Salud y Asistencia Social" previstas en la Ordenanza Fiscal del Municipio de Moreno, respecto de los períodos fiscales comprendidos entre 01/2017 y 06/2022 e intimándola al pago por un monto total de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 52/100 CENTAVOS ($ 11.985.672,52), bajo apercibimiento de proceder a la clausura del establecimiento ubicado en calle Carola Lorenzini S/N, esquina Víctor Hugo, localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno.
Luego relata la actora los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
2. A su vez, solicita se ordene en los términos del art. 22 inc. 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo y del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial, medida cautelar de prohibición de innovar contra la Municipalidad demandada a fin de que "... ante la existencia de un peligro real, grave e inminente de que la Municipalidad de Moreno clausure el establecimiento educativo de mi mandante (...) evitar cualquier acto del Municipio respecto de mi representada que pueda poner en peligro la prestación del servicio educativo que mi mandante desarrolla" [textual].
En cuanto a los requisitos cautelares, remite a lo expuesto en cuanto a la pretensión de fondo y a la documental arrimada con el escrito inicial.
Asimismo, en lo que respecta a la verosimilitud del derecho, entiende resulta evidente Al efecto, refiere que funda la petición cautelar en la protección del derecho humano a la educación, que debe ser satisfecho en la mayor medida de lo posible porque es el que define las oportunidades del desarrollo de una persona.
Entiende que cualquier medida que pueda tomar la comuna contra su mandante y, en definitiva, contra cualquier entidad educativa, pone en real peligro su continuidad, ya sea una clausura como la aquí denunciada, como así también una medida cautelar en el ámbito de un juicio de apremio que, de manera hostil, intente procurar un crédito -dice- por demás de ilegítimo [sic].
Manifiesta que el municipio pretende accionar contra su mandante a efectos de percibir tasas que no le corresponde abonar, dada la actividad que desarrolla.
Consecuentemente, dice no surgir -en materia de educación- competencia directa de los municipios. En definitiva, sostiene que, quien resulta autoridad de aplicación en materia de seguridad, salubridad e higiene en cuanto al servicio de educación que se presta, es la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Cultura y Educación y, en particular, a través de sus órganos especiales: la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) -conforme art. 133 de la Ley 13.688-. Dice acompañar documentación respaldatoria.
Por ende, arguye que la Municipalidad de Moreno no posee poder de policía respecto de la actividad educativa.
En tal sentido, considera que la pretensión del Municipio implica lisa y llanamente, impedir el ejercicio de una actividad lícita en su ámbito, aspecto que resulta violatorio de derechos contemplados en nuestra Carta Magna (arts. 5 y 14) en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 35, 198, 199, 200 y 201) y diversos tratados internacionales con raigambre constitucional, los que cita.
Sostiene que resulta gravísimo que, en la resolución determinativa, no sólo se pretendan ajustar los montos reclamados y calculados de modo nada claro, sino también, intimar a su mandante a cancelar el monto ajustado bajo apercibimiento de clausurar el establecimiento, sobre todo, tratándose de un colegio.
Funda la aludida gravedad, en que su mandante ha tomado conocimiento del inicio de un juicio de apremio en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a saber: ("MUNICIPALIDAD DE MORENO C/ EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. Y OTRO/A S/ APREMIO" Expte. N° MG-24392-2022 -el que fuera iniciado el día 29 de diciembre de 2022-). Arguye entonces, la autoridad local se encontraba ejecutando a su mandante previo a cualquier tipo de notificación de ajuste.
Por último, dice que la conducta de la comuna ha vulnerado el principio de legalidad, dada la inexistente prestación de servicios por parte de aquella. En ese camino, considera que no existió una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio que dé fundamento al cobro exigido. Cita doctrina.-
En lo que respecta al peligro en la demora, refiere que resulta palmaria dada la agresividad de la Resolución atacada, cuando en su art. 8° ordena: "Procédase a la clausura del establecimiento comercial ubicado en la calle Carola Lorenzini S/N, esquina Víctor Hugo, localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, a nombre de EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. CUIT N° 30-70833136-4, una vez vencido el plazo de quince (15) días mencionado en el artículo 6" [textual].
Sostiene que resulta a todas luces irrazonable que el Municipio, en su afán recaudatorio, impida a los estudiantes a concurrir al claustro educativo y a los docentes y demás personal a ejercer sus labores. Actitud que entiende, se condice con una clara desviación de poder y violatoria de los derechos ya enumerados.
Como colofón, y a fin de que se le otorgue la cautelar peticionada, propone se tome como contracautela, caución juratoria, la que presta en nombre de su representada.
3. Con fecha 12 de julio de 2023 se requiere a la Municipalidad de Moreno accionada, que remita las actuaciones administrativas que dieron origen al reclamo y el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art. 23 inc. 1° del CPCA-.
4. Que mediante presentación electrónica de fecha 4 de agosto de 2023, se presenta la letrada apoderada de la comuna accionada -Dra. Eliana Carolina Tolosa- a contestar el informe previo requerido y procede a acompañar las actuaciones administrativas N°: 4078-239656-D-2022.
En primer lugar, afirma que la Resolución impugnada carece de ejecutoriedad, toda vez que la vía administrativa no se encuentra agotada.
Luego, realiza un pormenorizado racconto de las actuaciones administrativas en pugna, y respecto de la medida cautelar peticionada, entiende que corresponde sea rechazada por cuando no se ha suscripto aún un dictamen definitivo.
Entiende además, que en las presentes actuaciones no se encuentran acreditados los presupuestos para el otorgamiento cautelar.
Manifiesta al efecto, que la verosimilitud del derecho no se encuentra cumplido, puesto que el establecimiento educativo se encuentra al día de la fecha en funcionamiento. Sostiene que la accionante hace meras afirmaciones, no observando debidamente las constancias del expediente administrativo -el que reitera- se encuentra en trámite.
Peticiona se rechace la medida cautelar peticionada, con expresa imposición de costas.-
5. Atento el estado de autos, con fecha 16 de agosto de 2023 pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
6. Que, encontrándose las actuaciones en estado de resolver, en fecha 31/08/2023, el apoderado de la parte actora se presenta nuevamente, acompañando el acta N° 329378, labrada en idéntica fecha por personal de la Dirección General de Inspecciones de la Municipalidad de Moreno, manifestando que la aquí demandada "intima a mi mandante al cese de sus actividades bajo amenaza de clausura otorgando para ello un plazo de 24 horas, sin ningún miramiento a pesar de tratarse de un establecimiento educativo". Asimismo, acompaña la notificación de la Res. de Economía N° 0645/2023 la que dispuso "Rechácese el recurso de revocatoria interpuesto por EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. CUIT N°30-70833136-4, con fecha 15/06/2023 y confírmese lo resuelto en la Resolución de Economía N° 0494/2023. Elévense las presentes actuaciones a efectos de dar tratamiento del jerárquico en subsidio interpuesto por el Contribuyente en forma subsidiaria" [textual].
I. En cuanto a la medida cautelar pedida:
1. La accionante solicita una medida cautelar de no innovar contra la Municipalidad demandada, a fin de que se abstenga de clausurar el establecimiento educativo ubicado en calle Carola Lorenzini S/N, esquina Víctor Hugo, localidad de Francisco Álvarez -partido de Moreno- y evitar así, poner en peligro la prestación del servicio que su mandante desarrolla.
2. Que el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfme. art. 22 C.P.C.A.).
Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (cfme. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pág. 1163).
3. Fijados dichos extremos y considerando el derrotero procesal de las actuaciones administrativas arrimadas por la comuna al contestar el informe cautelar, reparo en que no surge controvertido -en lo sustancial- el estado procedimental en el que se está desarrollando el vínculo entre las partes, ello en cuanto a la Resolución N°: 0494/2023, dictada por la Secretaria de Economía de la Municipalidad de Moreno con fecha 18 de mayo de 2023, la que determinó de oficio y de conformidad con la normativa comunal, las obligaciones tributarias del contribuyente por los conceptos en aquella discriminados; determinación que actualmente se encuentra recurrida -cfme. recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio glosado a fs. 61/71 del Expte. Adm. 4078-239656-D-2022- (véase presentación electrónica de fecha 31/08/2023 y documental allí arrimada).
En ese camino, cabe señalar que, tal como alega la administración, no se evidencia, en todo este derrotero procedimental, un vicio patente en el procedimiento previo llevado a cabo.
4. Dicho esto, y entrando de lleno al análisis de los recaudos que hacen a la procedencia o no del remedio cautelar peticionado, en lo que respecta al "fumus bonis iuris" invocado por la actora, aun cuando la pretensión municipal aparece con suficiente respaldo normativo -con basamento en las normas tributarias locales- lo cierto es que, en la materia, también juegan normas constitucionales y legales que revelan que, como mínimo, en la especie juegan facultades concurrentes de la Provincia y el Municipio, tal como lo advierte el actor en su escrito inaugural.
En este sentido, no pueden pasar desapercibidas las normas constitucionales que tutelan el derecho a la educación (cfme. art. 198 y ss. CP) ni las demás disposiciones que rigen en la especie (cfme. art. 128 y ss. de la Ley N° 13688 y el Anexo Único del Decreto N° 552/2012) en las que, claramente, el legislador ha establecido facultades provinciales respecto del funcionamiento de los establecimientos de gestión privada. Conjunto de normas, me permito decir, que ponen en discusión el alcance de las facultades tributarias que pretende ejercer la comuna, abasteciendo así, un mínimo umbral en cuanto a la verosimilitud en el derecho invocado por la accionante. Todo ello, claro esta, sin que tal provisoria conclusión importe un adelanto sobre el fondo.
En otro orden, no puedo soslayar hacer mención al recurso impetrado por la actora contra la resolución en crisis, proceder que favorece la concesión cautelar; pues, aun cuando la resolución en pugna se encontraba recurrida, la administración no ejerció las facultades suspensivas que prevé la norma (cfme. art. 98 inc. 2 Ord. Gral. 267/1980).
En ese sentido, como bien ilustra Carlos A. Botassi al abordar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, "el recurso "faculta" pero no obliga a suspender la ejecución material de lo decidido" pero resaltando que, "la suspensión de la ejecutoriedad del acto recurrido debe actuar como regla general (...) en aquellas situaciones en que la ejecución afecte el interés público o amenace con causar perjuicio irreparable al recurrente" (v. Carlos A. Botassi, Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Ley 7647 y Ordenanza General 267 comentadas, anotadas y concordadas, pág. 355 y ss.).
Ello, sumado a la indudable presencia de un interés publico amenazado, como lo es el servicio esencial de la educación, que justifica el despacho cautelar requerido para desvanecer un daño inminente, el cual requiere de inmediata tutela.
Y este perjuicio latente, se evidencia aun mas, teniendo en consideración la postura de la Municipalidad de Moreno, al rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la accionante, el cual también dispuso la elevación de las actuaciones administrativas a fin de dar tratamiento al jerárquico en subsidio, conforme la Res. de Economía N° 0645/2023 -la que fuera notificada a la actora con fecha 31 de agosto de 2023-.
Todo ello, sin dejar pasar por alto el acta N° 329378 labrada en misma fecha, la que intima a la sociedad a presentarse por Ventanilla Única a fin de realizar los trámites exigidos, bajo apercibimiento de imponer las sanciones legales vigentes según Ord. Mpal. N° 5640/16, incluida la clausura preventiva del lugar.
De allí que el peligro en la demora se revela actual y patente, lo que permite colegir que el mismo, resulta palmario del examen de los distintos efectos que podría provocar la aplicación de la disposición impugnada.
Y como bien he expresado, entender de otro modo, sería susceptible a tenor de ese estado de cosas, de provocar perjuicios que pueden considerarse irreversibles o, al menos, de dificultosa reparación ulterior, en el caso de avanzar -formal y materialmente- la ejecución de aquella, sobre todo, cuando se encuentran involucrados derechos de raigambre constitucional y rango legal (v. art.35 Const. Pcial.; arts. 1, 16, 88 y cctes. ley 13688).
Y es esta circunstancia la que permite habilitar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando 2; sellando así, la suerte favorable del auxilio cautelar.-
II. En cuanto a la caución juratoria ofrecida:
Atento la naturaleza tributaria de los derechos involucrados -ingresos fiscales de la comuna accionada- corresponde fijar la contracautela exigida por el art. 24 inc. 1 del C.P.C.A.. a cuyo fin y de acuerdo a las circunstancias del caso, queda establecida en la caución real que deberá proponer la accionante hasta cubrir la suma involucrada en autos.-
Por ello, atento a las consideraciones precedentemente vertidas, encontrándose configurado uno de los requisitos normativos que permiten la procedencia de la medida cautelar solicitada, es que el remedio analizado en la presente, ha de tener acogida favorable para la peticionante. Consecuentemente, de conformidad con lo normado en los arts. 22 y ccdes. del C.P.C.A. y demás citas constitucionales y legales;
1. Previo cumplimiento de la caución real fijada en el apartado II de los considerandos, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, ordenando suspender parcialmente los efectos de la Resolución N° 0494/2023, únicamente en cuanto dispone: "(...) artículo 8°: Procédase a la clausura del establecimiento comercial ubicado en la calle Carola Lorenzini S/N, esquina Victor Hugo, localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, a nombre de EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. (CUIT N°: 30-70833136-4) una vez vencido el plazo de (15) días mencionado en el artículo 6°", hasta tanto se dicte acto definitivo y, en su caso, se resuelva la cuestión de fondo.
2. Con costas de la incidencia cautelar a la demandada (art. 51 inc. 1 Ley 14.437).
3. Consentida o firme que se encuentre la presente, continúen los autos según su estado.-
NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.-
R
Fin de la sentencia