Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 45314
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar peticionada por la actora.-
2Imponer las costas de la presente incidencia cautelar a la actora vencida (cfme. art. 51 inc. "1" Ley 14.437).
3Firme o consentida que se encuentre la presente, confiérase, respecto de las actuaciones administrativas remitidas en sendas presentaciones electrónicas de fecha 11/12/2023 y 12/12/2023 respectivamente -presentadas por la comuna accionada- vista a la parte actora, para que dentro de los quince (15) días de notificada, amplíe o transforme la demanda. Todo ello, de conformidad a lo previsto en el art. 32 del C.P.C.A..
Estos autos caratulados "EDUCATIO MUNDO SPES SRL C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" Expte. Nº 45314, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y;
1. Que con fecha 1° de septiembre de 2023 se hizo lugar a la medida cautelar inicialmente solicitada por la actora, ordenando -previo cumplimiento de la caución real allí fijada- suspender parcialmente los efectos de la Resolución N° 0494/2023, dictada por la titular de la Secretaría de Economía Municipal, Señora Mariela Bien, únicamente en cuanto disponía: "(...) artículo 8°: Procédase a la clausura del establecimiento comercial ubicado en la calle Carola Lorenzini S/N, esquina Victor Hugo, localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, a nombre de EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. (CUIT N°: 30-70833136-4) una vez vencido el plazo de (15) días mencionado en el artículo 6°" ello, hasta tanto se dictare acto definitivo y, en su caso, se resuelva la cuestión de fondo e imponiendo las costas de la incidencia cautelar a la comuna vencida.
Que con fecha 11 de septiembre de 2023, la mandataria de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento precedentemente indicado y con expresión de fundamentos, en el cual se agravió únicamente por la imposición de costas a su representada.
Que con fecha 24 de octubre de 2023, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la accionada, confirmando, en consecuencia, la resolución dictada el 1° de septiembre de 2023 en cuanto fuera materia de agravios.-
2. Que con fecha 22 de noviembre de 2023 y continuando las presentes actuaciones radicadas en la Alzada, el letrado apoderado de EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. procede a ampliar la demanda y, en idénticos términos, la medida cautelar requerida en su presentación inaugural (cfme. arts. 22 inc. 2° y 32 "in fine" del CPCA y art. 230 del CPCC).
En relación a la primera de ellas, alega que, en el interín en que las presentes actuaciones se encontraban en la Alzada en estado de resolver el recurso de apelación planteado por la demandada, el Municipio continuó hostigando a su mandante, labrando nuevas actas de fiscalización.
Luego, comenta que, con fecha 15 de noviembre de 2023, le es notificado a su representada el Decreto N° 4279/2023, el que fuera dictado el día 30 de octubre de 2023 por la Sra. Intendente Municipal, Sra. Melina Mariel Fernández, en el marco del Expte. Adm. N° 4078-239656-D-2022. Adjunta en archivo digital, la citada documental.
Seguidamente y por una cuestión de economía procesal, ratifica en todos sus términos los agravios incorporados al escrito de inicio, los que entiende resultan aplicables al decreto contra el cual embate. Deja así, planteado el pedido de nulidad del acto administrativo por vicios insalvables respecto del Decreto N° 4279/2023.
En relación a la segunda de ellas, alude a que, aún cuando la demandada en el cuerpo del Decreto N° 4279/2023 deja sin efecto la clausura del establecimiento en virtud de la cautelar oportunamente dictada en autos, ante la existencia de un peligro real, grave e inminente de que la Municipalidad de Moreno ejecute la deuda vía juicio de apremio, dada la delicada situación económica que circunda la actividad de la educación privada, procede a reiterar los fundamentos ya esgrimidos en el escrito de inicio y a considerar que, un cobro coactivo del tributo pretendido por el Municipio, importaría una grave afectación del servicio que presta su mandante, asemejándose ello, a las consecuencias de una clausura.
Por dicha razón, solicita se amplíe el auxilio cautelar originario, es decir, se dicte medida cautelar de prohibición de innovar contra la Municipalidad de Moreno, a fin de que se deje sin efecto el artículo 4° del Decreto N° 4279/2023 el cual dispuso: "(...) artículo 4: Intímese por este acto a EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. CUIT N° 30-70833136-4 para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, abone la deuda detallada en los artículos 2° y 3° bajo apercibimiento de realizar el cobro por la vía de apremio" peticionando además, se abstenga la comuna de iniciar y/o continuar con juicios de dicha naturaleza contra su representada hasta tanto exista resolución definitiva sobre el fondo de la presente cuestión, es decir, una vez dilucidado si su mandante resulta o no ser sujeto pasivo de la obligación reclamada por aquella.
En ese piso de marcha y en lo que respecta a los requisitos cautelares, no solo remite a lo expuesto en cuanto a la pretensión de fondo y a la documental arrimada junto al escrito de inicio, sino que procede -brevemente- a fundamentar los mismos.
Así pues, acerca de la verosimilitud del derecho, entiende resulta evidente. Al efecto, refiere que funda la petición cautelar en la protección del derecho humano a la educación, que debe ser satisfecho en la mayor medida de lo posible porque es el que define las oportunidades del desarrollo de una persona. Cita normativa para fundamentar su postura.
Repara en que cualquier medida que se pueda tomar contra su mandante y, en definitiva, contra cualquier entidad educativa, pone en real peligro su continuidad; ya sea una clausura como la inicialmente perseguida por el municipio, como así también una medida cautelar en el ámbito de un juicio de apremio que, de manera hostil, intente procurar un crédito por demás ilegítimo.
En lo que hace al peligro en la demora, refiere que resulta palmario dada la agresividad de la comuna, quien -dice- no pierde oportunidad en perturbar e intimar a su mandante constantemente y como denunciara, el juicio de apremio ya ha sido iniciado en el mes de diciembre de 2022, restando -aduce- únicamente agregar el título ejecutivo y trabar medidas cautelares contra su mandante.
Pone especial énfasis en que, dichas medidas, podrían conducir al definitivo cierre del establecimiento educativo, máxime teniendo en consideración el escenario económico que atraviesa el país.
Sostiene que resulta a todas luces irrazonable que el Municipio, en su afán recaudatorio, impida a los estudiantes a concurrir al claustro educativo y a los docentes y demás personal a ejercer sus labores. Actitud que -entiende- se condice con una clara desviación de poder y violatoria de los derechos que enumera.
3. Que con fecha 27 de noviembre de 2023 se requiere a la Municipalidad de Moreno accionada, remita las actuaciones administrativas -atento encontrarse el trámite (en esta oportunidad) finalizado- y el consecuente informe sobre todo lo relacionado con la ampliación de la cautelar pretendida (cfme. art. 23 inc. 1° del CPCA).-
4. Que mediante presentaciones electrónicas de fecha 11 y 12 de diciembre de 2023, la letrada apoderada de la comuna accionada -Dra. Eliana Carolina Tolosa- procede a contestar el informe previo requerido y acompaña las actuaciones administrativas N°: 4078-239656-D-2022.
En primer lugar, realiza un relevamiento pormenorizado del expediente administrativo, el que se originó -dice- como consecuencia del procedimiento de determinación de oficio iniciado por su mandante con fecha 07 de julio de 2022 y contra la firma accionante.
Seguidamente y en otro apartado, solicita el rechazo de la medida cautelar de no innovar pretendida.
Liminarmente, solicita se atienda la actitud de la actora en sedes administrativa y judicial.
Respecto de la primera de ellas, refiere que habiendo tenido a su alcance todos los remedios administrativos a fin de atacar el o los actos lesivos de sus derechos, ha dejado abandonada tal instancia, dicha actitud -entiende- se encuentra distante al argumento financiero caótico que postula pues, a su entender, cualquier persona en dicha situación recurriría a todos los remedios para evitar tal debacle.
Asimismo, no ha demostrado disposición alguna en oportunidades de serle exigida la documentación requerida por los agentes municipales.
Respecto de la segunda de ellas, manifiesta que la actora ha construido el relato de una hipotética catástrofe económica sin haber arrimado a estos autos, documental contable que demuestre las consecuencias que dicho pago le irrogaría.
Posteriormente, hace alusión a un hipotético adelanto de opinión de sentencia.
Al efecto, sostiene que, de hacer lugar a la ampliación cautelar, se estaría adelantando la resolución de las presentes actuaciones, por cuanto la pretensión cautelar no debe confundirse con la cuestión de fondo. De esa forma -dice- se correría el riesgo de rozar el prejuzgamiento al tener que merituar sobre la procedencia de una medida de dicha naturaleza, cuyo objeto coincide absolutamente con la acción de fondo.
Sin perjuicio de ello, apontoca que no se encuentran acreditados los presupuestos para proceder a su auxilio. Cita normativa para fundamentar su postura.
A tal conclusión arriba, por entender que el art. 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, faculta al Municipio para inspeccionar lugares de atención al público sin distinción del ramo que se explote y/o servicio que se preste, lo que se corresponde con el art. 192 inc. 4° de la Constitución Provincial. Cita jurisprudencia para fundamentar su postura.
Manifiesta entonces, que por el sólo hecho de tener un establecimiento comercial, la Municipalidad de Moreno debe garantizar y poner a disposición de la aquí actora, los servicios de inspección tendientes a preservar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de dicho local.
Alega que la Ley de Educación Provincial no contiene disposiciones que prohíban el poder de policía concurrente entre la DIEGEP y el Municipio. Dice que EDUCATIO MUNDO SPES S.R.L. no se encuentra alcanzado por la eximición prevista en el art. 119 inc. "j" de la Ordenanza Fiscal N° 6893/2022.
Alega que la verosimilitud en el derecho invocada por el peticionante no resulta atendible pues, la actora, únicamente se limita a indicar que el municipio no posee poder de policía y, en cuanto al peligro en la demora, infiere que el pago de las tasas en forma compulsiva por parte del municipio podría generar el cierre de la institución sin adunar documental respaldatoria que sustente tal afirmación.
Dice que las sumas adeudadas, las que ascienden a $ 11.985.672,52 podrían ser cubiertas tan sólo con el pago del arancel mensual de 65 alumnos; pues, tal y como surge de los aranceles de la firma accionante, la cuota educativa ronda entre $ 143.900 y $ 176.500.
Por lo expuesto, solicita se rechace el pedido de ampliación de la medida cautelar de no innovar recaída en autos el día 1° de septiembre de 2023, por cuanto entiende, no se hallan acreditados los presupuestos para su procedencia.-
5. Atento el estado de autos, con fecha 13 de diciembre de 2023, pasan las actuaciones a despacho para resolver y;
1. La accionante solicita la ampliación de la medida cautelar de no innovar dictada en estos autos el día 1° de septiembre de 2023 contra la Municipalidad demandada a fin de que se ordene dejar sin efecto el artículo 4 del Decreto N° 4279/2023; peticionando además, se abstenga el municipio accionado de iniciar y/o continuar con juicios de apremios contra su mandante, ello hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Su fundamento principal, radica en evitar poner en peligro la prestación del servicio educativo que su mandante desarrolla.
2. Que tal como se pusiera de relieve en oportunidad de resolver la medida cautelar originaria, he de reiterar en la presente, que el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfme. art. 22 C.P.C.A.).
Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (cfme. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pág. 1163).
3. En tal sentido, he de anticipar que no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Ello asi, aun cuando en orden a la verosimilitud del derecho invocado por la actora, debo reconocer que la situación jurídico-fáctica originada tras el dictado del Decreto N° 4279/2023, no ha modificado ni alterado la esencia de los fundamentos dados en el despacho cautelar del día 1° de septiembre del año en curso.
En efecto, recuerdo que en aquella ocasión, sostuve "que aun cuando la pretensión municipal aparece con suficiente respaldo normativo -con basamento en las normas tributarias locales- lo cierto es que, en la materia, también juegan normas constitucionales y legales que revelan que, como mínimo, en la especie juegan facultades concurrentes de la Provincia y el Municipio, tal como lo advierte el actor en su escrito inaugural. En este sentido, no pueden pasar desapercibidas las normas constitucionales que tutelan el derecho a la educación (cfme. art. 198 y ss. CP) ni las demás disposiciones que rigen en la especie (cfme. art. 128 y ss. de la Ley N° 13688 y el Anexo Único del Decreto N° 552/2012) en las que, claramente, el legislador ha establecido facultades provinciales respecto del funcionamiento de los establecimientos de gestión privada. Conjunto de normas, me permito decir, que ponen en discusión el alcance de las facultades tributarias que pretende ejercer la comuna, abasteciendo así, un mínimo umbral en cuanto a la verosimilitud en el derecho invocado por la accionante".
Y es aquél estado de situación el que no ha cambiado con el dictado del mencionado acto. De allí es que puede afirmarse, que un mínimo grado de humo de buen derecho puede reconocerse a la pretensión cautelar intentada.
4. Sin embargo, pese a ello y apoyándome en lo dicho por calificada doctrina precedentemente citada, cierto es que, el relato con el que pretende abastecer -en este nuevo requerimiento- su petición el actor, lejos se encuentra -al menos con lo actuado en autos- de impactar positivamente en esta instancia cautelar, pues el peligro en la demora luce huérfano de toda presencia.
Y así lo entiendo pues, la circunstancia contemplada para fundamentar el auxilio cautelar, en aquella oportunidad concedido, resultaba mas que evidente y escapaba de aquella apariencia de buen derecho. Es así, que la circunstancia determinante a la hora de resolver, resultó ser la indudable presencia de un interés amenazado como lo es el servicio esencial de la educación, ante el manifiesto peligro en la demora acreditado por el accionante, recaudo que se encontraba sustentado en la necesidad de desvanecer un daño inminente, como lo era una posible clausura del establecimiento educativo.
No obstante lo dispuesto en aquella oportunidad y aún -reitero- cuando se haya verificado una mínima apariencia de verosimilitud, cierto es que la situación concluyente antes relevada, hoy día -me permito decir- ha quedado zanjada con el dictado del Decreto N° 4279/2023. En ese orden de ideas y para así sustentarlo, lo que aquí se advierte, es que la comuna no sólo ha consentido el resolutorio cautelar inicial sino que ha receptado el mismo, tal y como surge de la letra del citado decreto, en cuanto dispone: "artículo 5°: Suspéndanse los efectos del art. 8 de la Resolución de Economía N° 0494/2023 (clausura del establecimiento comercial) en cumplimiento de la medida de no innovar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes (...)".
Tal tesitura, pone en evidencia que esa prioridad de evitar la clausura que dio andamiaje al auxilio cautelar inicialmente pedido, tal y como anticipara, ya no existe.
5. Y en cuanto a las nuevas alegaciones vertidas por la accionante, traídas para ser contempladas en esta nueva instancia cautelar, las que giran en rededor a la gravosa situación en la que se pondría al establecimiento educativo ante una eventual ejecución vía apremio y/o -en su caso- la traba de medidas cautelares en cabeza de la citada institución -circunstancia que asemeja la actora a los efectos que hubiera tenido una potencial clausura de la misma- aquellas no han de prosperar en esta oportunidad.
En esa inteligencia entiendo que, la efectivización de las mismas, sólo afectarían a las finanzas del Colegio y no al normal desenvolvimiento del servicio educativo. Y mas allá de todo reproche que pueda emplearse contra esta conclusión, no puedo dejar pasar por alto -circunstancia no menor- que quien dice verse perjudicado, no ha aportado -en grado mínimo- elementos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial, que ameriten tener por convalidados los extremos argüidos por la actora.
En suma, no encontrándose en esta etapa procesal, configurados todos los requisitos que hacen a la obtención del recaudo cautelar y no permitiendo a su vez, hacer valer la regla hermenéutica referenciada en el considerando 2 in fine, por lo menos con la fuerza de probabilidad requerida por el orden jurídico para fundamentar la convicción de quien suscribe y habiendo cesado el peligro que suponía una posible afectación del interés comprometido, entiendo que la ampliación de la medida cautelar requerida no ha de prosperar.
5. Finalmente, toda vez que se han remitido las actuaciones administrativas requeridas en la providencia inicial, corresponde -firme o consentida que se encuentre la presente- a los fines de la prosecución de la presente causa, conferir vista a la parte actora para que, dentro de los quince (15) días de notificada, amplíe o transforme la demanda. Todo ello, de conformidad a lo previsto en el art. 32 del C.P.C.A., lo que se hace saber.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el art. 166 último párrafo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 22 y 23 y concordantes de la ley 12.008 y sus modificatorias, arts. 161 y concordantes del CPCC y demás normas citadas;
1. No hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar peticionada por la actora.-
2. Imponer las costas de la presente incidencia cautelar a la actora vencida (cfme. art. 51 inc. "1" Ley 14.437).
3. Firme o consentida que se encuentre la presente, confiérase, respecto de las actuaciones administrativas remitidas en sendas presentaciones electrónicas de fecha 11/12/2023 y 12/12/2023 respectivamente -presentadas por la comuna accionada- vista a la parte actora, para que dentro de los quince (15) días de notificada, amplíe o transforme la demanda. Todo ello, de conformidad a lo previsto en el art. 32 del C.P.C.A..
Hágase saber al letrado de la parte actora, que el expediente administrativo inserto en aquellas, se encuentra a disposición en la MEV y vinculado a la presente como "trámite adjunto".
NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.-
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.