Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 42972 2023
Expte. Nº 42972 .-
Autos:"IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-EEL
Estos autos caratulados "IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 42972, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 28/9/2022, se presenta el Dr. Aníbal Pontieri, apoderado de Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora, interponiendo demanda contra la Municipalidad de Mercedes, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 12 de agosto de 2022, dictada por el Juzgado de Faltas de Mercedes, en el marco de las actuaciones 293968/2021 (causa N° 4649/2021 OMIC) caratulada "Ghiglione Stella Maris C/ Iberia Líneas Aéreas de España S.A y otros S/ Infracción Ley 24.240", en la cual se impuso una multa a su poderdante.
En primer lugar, relata que las actuaciones administrativas que dieron origen a la acción está vinculada a la denuncia iniciada en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la ciudad de Mercedes, realizada por la Sra. Stella Maris Ghiglione.
En ese orden, el apoderado de la firma Iberia plantea la nulidad de dicha resolución por incompetencia de la OMIC-Mercedes, incompetencia de toda autoridad local para intervenir en controversias regidas por el derecho aeronáutico y ilegitimidad del obrar administrativo.
Reitera que, el procedimiento local que concluyó con el dictado del acto administrativo impugnado se inició por denuncia notificada a la empresa actora en el mes de julio de 2021, alegando resultar damnificada por la violación a sus derechos como consumidora de los servicios brindados por IBERIA LAE S.A.
Frente a ello, la OMIC solicitó a la empresa actora que presente el descargo fijando audiencia por videollamada, a la cual, el representante de la accionante compareció al solo efecto de trasladar la información sobre el billete reclamado por la denunciante.
Destaca que, siempre se remarcó la incompetencia de la oficina administrativa para entender en cuestiones estrechamente vinculadas al marco regulatorio del contrato de transporte internacional aéreo, por el derecho aeronáutico.
Continúa su relato manifestando que, al tratarse de un reclamo fundado en la celebración de un contrato de transporte aéreo, ninguna autoridad local tiene competencia para dirimir controversias fundadas en él.
Por los motivos expuestos, señala que la firma IBERIA LAE S.A se encontraba excluida de la obligación legal de comparecer ante la OMIC, ello en virtud, de la falta de competencia material que posee el organismo local para entender en la controversia.
Bajo tales lineamientos, alega que al carecer de competencia, el acto administrativo impugnado es nulo.
En esa dirección, cita doctrina y jurisprudencia indicando que su poderdante no tenía obligación de comparecer ante una autoridad incompetente y ésta, por lo tanto, carecía de facultades para imponerle la sanción de multa que aquí se impugna, pues la misma involucra el conocimiento de cuestiones o controversias que le son ajenas por estar regidas por normas de carácter federal o internacional.
Continúa su relato, indicando que la jurisdicción federal en razón a la materia es de orden público y, por lo tanto, no puede ser delegada, ni atribuida a ninguna autoridad local como aquí pareciera pretenderse en pretexto de una alegada infracción a una ley de derecho común como es la ley 24.240 o una de carácter procesal y local como es el caso de la ley 13.133.
Capítulo aparte, advierte que la competencia del órgano del cual proviene un acto administrativo es requisito, al igual que las formas esenciales, por lo que hace a la validez de dicho acto. Asimismo, denuncia que el acto atacado fue realizado a través de una interpretación totalmente sesgada y fuera de todo ámbito de la normativa de aplicación que merecía el reclamo presentado por la denunciante.
Denuncia que, el acto en cuestión es manifiestamente ilegítimo al tiempo de carecer de motivación, debiendo hacer lugar a la pretensión sumaria de ilegitimidad promovida y disponerse la anulación del acto con costas a cargo del Municipio de Mercedes.
Acápite siguiente, refiere que la resolución recurrida considera que la devolución de la totalidad de lo abonado por el pasaje y equipaje, es punible por la pérdida del valor adquisitivo.
Cuenta que, no existe norma alguna que obligue a tener que dar un nuevo pasaje o el valor actual de los pasajes con impuestos que no fueron abonados por la consumidora.
Asimismo, pone en conocimiento que en realidad se trataba de un vuelo que operaba desde Santiago de Chile a Madrid y que la causa de fuerza mayor es indiscutible.
Indica que, la empresa IBERIA LAE SA ante la cancelación de vuelo original en el mes de julio de 2020, autorizó la reprogramación sin costo ni penalidad, siendo el mismo reprogramado para el día 15 de mayo de 2021.
En esta dirección, expone que desde la cancelación del vuelo originariamente contratado, era obligación de la agencia a través de la cual contrató el billete reprogramarlo dentro del plazo de vigencia o, en su caso, procesar el reembolso.
En consecuencia, la denunciante no procedió a reprogramar su billete en tiempo y forma y habiendo tomado conocimiento que los vuelos habían sido cancelados y el billete estaba vencido para la reprogramación, sólo correspondía el reembolso total de lo abonado. Circunstancia que, según la accionante en todo momento le fue explicado a la Sra. Ghiglione.
Aclara que, se le explicó a la consumidora que estaba a su disposición el valor abonado por los billetes, lo cual fue rechazado.
Reitera que, estamos frente a un contrato de transporte aéreo internacional, el cual está regulado por normativa internacional específica y con jerarquía supraconstitucional.
Argumenta que, las circunstancias que imposibilitaron la concreción del vuelo contratado son ajenas a su representada y como ya se le ha informado, las cancelaciones de los vuelos fueron consecuencia directa de la política sanitaria de los Estados. Por dicho motivo, es que al no poder darse cumplimiento con el contrato de transporte aéreo, solo queda la posibilidad de procesar el reintegro total de las sumas abonadas por los pasajes.
Agrega que, en relación a la fuerza mayor, atento las restricciones a los vuelos regulares dispuestas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaración de la pandemia del SARS CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud, fueron cancelados todos los vuelos que estaban autorizados. Dichas resoluciones no han podido ser previstas, ni evitadas por su representada, es por ello que, no se podría considerar responsable a la aerolínea, ya que existía una restricción de vuelo impuesta por el gobierno.
Insiste en que, su poderdante tomó conocimiento de la pretensión de la denunciante cuando el contrato de transporte se encontraba resuelto y no era susceptible de reprogramación. Los billetes ya se encontraban vencidos.
Señala que, a la fecha de la audiencia celebrada ante la OMIC, al encontrarse ya expirado el contrato, solo se podía proceder al reembolso, ofreciendo dicha opción a la denunciante en todo momento.
Seguidamente, manifiesta que encontrándose el contrato de transporte resuelto y reembolsado, solicita se revoque la sanción impuesta.
Por otro lado, indica que las actuaciones revisten naturaleza penal. Ello en virtud de que, resultan plenamente aplicables los principios sustantivos del derecho penal entre los que se encuentra el principio de legalidad. Desatendiendo dicho principio, se sanciona a IBERIA sin que se encuentren configurados en estas actuaciones, los elementos objetivos y subjetivos de la norma, ni que se haya acreditado afectación al bien jurídico protegido por el régimen de defensa del consumidor.
Finalmente, expresa que la disposición no puede prosperar ya que el órgano administrativo que la dictó, no cumple con las características de independiente e imparcial, viola la prohibición que dispone el art. 109 de la Constitución Nacional, las facultades exclusivas encargadas al Poder Judicial por el art. 116 de la Constitución Nacional, la garantía del juez natural establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, es que solicita se declare la nulidad del acto y se archiven las actuaciones.
II. Según consta de las actuaciones administrativas, con fecha 19 de septiembre de 2022, el Dr. Roberto Mariano Andriotti Romanin, en carácter de apoderado de Almundo.com SRL, se presenta ante el Juzgado de Faltas N° 2 de Mercedes, con el fin de plantear la revocatoria, formular planteo de insconstitucionalidad e interponer acción de impugnación.
Liminarmente, plantea la nulidad de la notificación de la citación a las audiencias de conciliación y del auto de imputación.
Manifiesta que según surge de la resolución atacada, la autoridad administrativa habría notificado a su mandante la citación a las audiencias de conciliación a un domicilio registrado en AFIP (Florida 977 PB UF 58 CABA), resultando dicha notificación negativa con el anuncio "se mudo". Expone que desconoce el lugar físico a donde se pretendió notificar, ya que desde el año 2018 la empresa a la cual representa tiene sus oficinas en Sanchez de Loria 2395. Asimismo aclara que, a dicho domicilio se notifico el acto sancionatorio.
Advierte que la propia resolución reconoce que su mandante no ha sido debidamente notificada, por lo que no corresponde sancionarla en virtud de la infracción al articulo 48 de la ley 13.133.
Puntualiza que, al no encontrarse debidamente notificada y habiéndose impedido el ejercicio del derecho de defensa que le corresponde a su poderdante, solicita se declare la nulidad de lo actuado y se realice el procedimiento correspondiente.
Cuenta que, esta parte no ha tenido acceso al auto de imputación, ni a la denuncia, ni a la documentación presentada por la pasajera a efectos de acreditar su reclamo, ignorando el contenido del auto de imputación labrado en contra de Almundo.com.
Expone que si bien los actuantes no pudieron notificar el auto de imputación y así asegurar el debido derecho de defensa, sí pudieron notificar la imposición de la sanción al domicilio real de su representada.
Plantea la existencia de un claro prejuzgamiento previo de las acciones de su poderdante que haría innecesario la presentación de defensa y de pruebas, ya que resultaba manifiesto que la Autoridad entendía que su defendida debía ser sancionada, violándose, de esta forma las garantías de debido proceso y de defensa en juicio.
Persiste en la impugnación de la resolución de fecha 12 de agosto de 2022, en caso que no se haga lugar a los planteos precedentemente dispuestos.
Reitera que, Almundo.SRL no ha tenido acceso al contenido del auto de imputación, razón por la cual refiere a las infracciones imputadas de acuerdo a lo que surge de la resolución que se impugna.
En esta dirección, manifiesta que a los fines de la contratación de servicios turísticos, una agencia de viaje es una mera intermediaria entre la proveedora de servicios y el pasajero, tal como lo dispone el articulo 1 de la ley 18.827.
En consecuencia la responsabilidad de su representada se limita a realizar las reservas necesarias, gestionar los pagos entre las partes, remitir los vouchers para su utilización por parte del pasajero y realizar los pagos al proveedor que es quien será el responsable del transporte del pasajero. Agrega que, conforme surge de la denuncia efectuada por la Sra. Ghiglione, la tarea de intermediación de Almundo.SRL fue debidamente cumplida, ya que la reserva estaba efectuada, el pago realizado y la denunciante tuvo acceso a los pasajes adquiridos.
Al efecto detalla que ante la declaración de pandemia, su mandante informó a la pasajera las opciones otorgadas por la línea aérea, basadas en las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, arbitró los medios de reprogramación, informando los plazos de vencimiento de los pasajes.
A su vez plantea que los pasajes adquiridos por la denunciante no permitían cambios ni devolución pero a pesar de ello, ante la emergencia, la aerolínea flexibilizó dichas condiciones permitiendo su reprogramación. Ante el recrudecimiento de los contagios la aerolínea canceló nuevamente los vuelos, por lo que su representada informó a la pasajera las opciones con las que contaba: reprogramar antes de la fecha de vencimiento los pasajes o proceder a su devolución.
Por lo expuesto precedentemente, manifiesta, que la información brindada por Almundo.SRL fue en todo momento cierta y clara.
Aclara que su mandante al no ser quien provee por sí mismo los servicios aéreos en cuestión, carece de facultades para modificar las condiciones de los mismos, ya que como lo ha señalado anteriormente, su intervención es de "intermediario".
Expresa que, no surge que su representada haya violado la obligación de informar en ningún momento de la relación de intermediación entre la pasajera y la aerolínea, por lo que solicita que tal sanción sea revocada.
Capítulo aparte se agravia de la sanción impuesta por la infracción al artículo 8 bis de la ley 24.240, expresando que no consta que la denunciante haya sido atendida en condiciones indignas o inequitativas, tampoco consta que su representada haya desplegado conductas que coloquen a la denunciante en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias respecto a la adquisición de los servicios ofrecidos, ni se ejerció diferenciación alguna sobre los bienes y servicios que su representada comercializa.
Por otro lado, expresa su agravio respecto a la sanción impuesta por la infracción al artículo 19 de la ley 24.240.
En consonancia de ello reitera que Almundo.com ha revestido el carácter de intermediaria en la adquisición del pasaje aéreo, siendo responsabilidad de la aerolínea y de las autoridades nacionales, la autorización para la partida del vuelo.
Pese a estas circunstancias, su representada cumplió con su obligación de informar las diferentes condiciones y modalidades que atravesaba el servicio contratado.
Agrega que la función de su mandante fue la intermediar en la operación de compraventa del pasaje, por lo que su responsabilidad y la extensión de ésta, tendrá que ver con el servicio de efectiva reserva y de la información de las modificaciones derivadas de la emergencia sanitaria.
Indica que con la normativa vigente para el particular momento (COVID-19), se ha reembolsado a la pasajera el monto abonado por los pasajes en cuestión.
Por otro lado, plantea la incompetencia del actuante para aplicar el daño directo previsto en el artículo 40 bis de la ley 24.240. Expresa que, se implementó una instancia de conciliación de carácter previo y obligatoria por medio del servicio de conciliación previa de las relaciones de consumo (COPREC), el mismo consiste en un procedimiento de medicación en el cual el conciliador intentará lograr un acuerdo entre partes.
Alega que, el daño directo solo podrá ser valorado por los organismos creados en virtud de las instancias establecidas por la ley 26.993, esto es, la auditoria de las Relaciones de Consumo y por la Justicia en las relaciones de Consumo y no por las autoridades de aplicación local de provincia que no hayan adherido expresamente a ese régimen.
Continua manifestando que la ley 13.133 y sus reglamentarias no le ha concedido facultades al actuante para resolver conflictos entre particulares, ni la nulidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad especialmente tomando en consideración que no se ha notificado a esta parte, ni la celebración de las audiencias de conciliación, ni el auto de imputación, por lo que aún cuando consideremos que la aplicación de dicho instituto no resulta competencia del actuante, tampoco surge del acto la forma en que el mismo ha sido calculado.
Es así que no surge fundamentos de la Resolución, ni los parámetros tomados en cuenta a los efectos de establecer el daño directo.
Por último, solicita se disponga la reducción del quantum de la multa aplicada al mínimo legal por resultar aquella desproporcionada en función de la presunta infracción que se dice que cometió su poderdante.
Aduce que el quantum de las multas debe responder a ciertas pautas de significación, tales como una apreciación objetiva de la trascendencia del derecho lesionado, junto con la magnitud o gravedad de la lesión que se reprocha, así como una ponderación que atienda lo subjetivo, lo que no ha ocurrido en las presentes actuaciones, razón por la cual solicita, en caso de considerar que la sanción es procedente, esta se reduzca al mínimo legal.
Finaliza planteando el caso federal y su petitorio final.
III. En fecha 26/4/2023, se presenta -espontáneamente- en carácter de denunciante, la Sra. Stella Maris Ghiglione, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Antonio Portesi, a tomar intervención y, al solo efecto de solicitar se haga efectivo el apercibimiento de disponer el pase al órgano de contralor por el incumplimiento, pese a la intimación cursada, del pago de la sobretasa de justicia.
IV. Con fecha 06/06/2023 se ordena correr traslado de demanda a la Municipalidad de Mercedes, notificándose en ese mismo acto a la coadyuvante previamente presentada.-
V. Con fecha 18/8/2023, se presenta el Dr. Luis Alberto Costilla, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de Mercedes, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Eduardo Flores, contestando demanda.
Liminarmente, niega todos y cada uno de los hechos articulados por la empresa Iberia Lineas Aereas de España S.A Operadora y continúa su negativa con aquellos respecto a la empresa Almundo.com SRL.
Asimismo, niega la documental aportada por la parte actora que no sea expresamente reconocida, solicitando el rechazo de la acción promovida con expresa imposición de costas.
Capitulo aparte, en cuanto a la realidad de los hechos, principia en mencionar que el acto administrativo que las empresas actoras pretenden anular, deviene inatendible pues se encuentra suficiente y debidamente motivado en tanto el mismo tuvo en cuenta la conducta asumida por las infractoras durante la sustanciación del procedimiento conciliatorio y aún en el momento del descargo.
Acápite siguiente refiere que el presente caso se encuadra en el marco de una relación de consumo, ya que la Sra. Ghiglione se encuentra comprendida en el concepto de consumidora del art. 3 de la ley 24.240 por ser persona física que contrató los servicios de Iberia Líneas Aéreas de España S.A Operadora, sucursal Argentina, con el fin de adquirir un pasaje de avión por intermedio de la empresa ALMUNDO.COM S.R.L.
En el mismo sentido, relata que las firmas actoras cumplen con las características de proveedor en los términos del art. 2 de la referida norma.
Concluye entonces que, resultan acreditadas las calidades de usuario y proveedor y en consecuencia, las partes se encuentran dentro de ese vínculo jurídico denominado relación de consumo (art. 42 Constitución Nacional y art. 3 de la ley 24.240).
Establecido lo anterior, cuenta que la usuaria efectuó una denuncia ante la OMIC manifestando haber adquirido en la aerolínea actora, por intermedio de la firma Almundo.com SRL, un pasaje desde Santiago de Chile a Barcelona en el mes de diciembre de 2019, el mismo fue abonado en un solo pago, incluyendo diferencia por maletas.
Manifiesta que, la fecha de partida del vuelo de origen era el día 25 de julio de 2020 y que a través de correo electrónico se le informa que el vuelo fue cancelado por la aerolínea IBERIA LAE, atento la situación epidemiológica que estaba atravesando el mundo.
Así las cosas, dicho vuelo fue reprogramado para el día 15 de mayo de 2021 pero un mes antes de dicha fecha, la aerolínea
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.