Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 44947 2023
Expte. Nº 44947 .-
Autos:"GALANES MADONIA CARLA AGUSTINA C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AR
Estos autos caratulados "GALANES MADONIA CARLA AGUSTINA C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 44947, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 10/5/2023 en sede administrativa, se presenta el Sr. Carlos Alberto Galanes, representante de la Sra. Carla Agustina Galanes Madonia -titular de la firma ECO MAGIC AUTOWASH- por derecho propio y posteriormente con el patrocinio letrado de la Dra. Romina Laura Belén Alfaro Romero, iniciando demanda contra la Municipalidad de Luján, pretendiendo la nulidad de la Resolución de fecha 23 de Abril del año 2023, dictada por el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana -Dirección de Defensa al Consumidor- en el marco del Expte. N° 2022-00038969, caratulado: "BATTEL MARIANO GASTON C/ GALANES MADONIA CARLA AGUSTINA".-
En el relato de los hechos explica que, en la primera audiencia, la denuncia estaba incompleta, hecho que no le permitió ejercer el derecho de defensa o conocer la pretensión del denunciante, afirmando que la misma se cerró inmediatamente y que mediante acta, se consignó nueva audiencia para el día 2 de junio del año 2022.-
Explica que en la segunda audiencia, la fecha de la denuncia difería de la anterior, entendiendo que podía ser un error de tipeo posiblemente, pero que siguiendo la lectura también observa que no era la misma a la cual le faltaba una parte, sino que era una nueva denuncia con la misma exposición de los hechos.-
Ante tal circunstancia, manifiesta que le expresan que estaba ejerciendo una maniobra harto dilatoria y con mala fe en llegar a un acuerdo conciliatorio en aquella instancia, señalando que solo preguntaba para saber cuál de las dos denuncias debía tener en cuenta para poder adjuntarla a la compañía de seguro del negocio -Federación Patronal-.
Continúa relatando que, en esta segunda audiencia, el acta se cierra nuevamente de manera intempestiva y sin oportunidad de defenderse, de exponer un descargo o de ofrecer al denunciante la póliza del seguro vigente, para que realizara la correspondiente denuncia del siniestro.-
Alega que su parte, realizó la correspondiente denuncia bajo el número 4252203, siendo asegurado con el número 476828 y el número de póliza de Federación Patronal vigente a la fecha era 798922.-
Aduce que desde el mes de diciembre del año 2022, su aseguradora ha estado tratando de comunicarse con el damnificado para ofrecerle un acuerdo y nunca pudo contactarse, indicando que ha enviado correos y realizado llamadas al contacto que dejó el Sr. Battel en la denuncia, sin tener una respuesta positiva.-
Por otro lado, comienza explicando el funcionamiento del comercio habilitado por la Municipalidad de Luján, refiriendo que el cliente ingresa su vehículo en un espacio dedicado exclusivamente para él, se arrima hasta la ventanilla de expendio de fichas y decide la compra de las mismas -de acuerdo a lo que solicita realizar-.
Manifiesta que, una vez que el cliente tiene sus fichas, las coloca todas juntas o de a una y para que la maquina funcione, indica que se debe oprimir uno de los cinco botones que existen en el tablero de comando.
Continúa explicando que cada botón de comando, tiene un tiempo de proceso de acuerdo al paso a realizar, siendo que desde su parte nunca oprimen los botones.
Remarca que nunca, sin antes de oprimir el botón de cualquiera de los pasos la máquina arranca, indicando que todo esto es controlado internamente por un PLC que da las ordenes a los electroimanes para su apertura o cierre del paso de agua de todos los boxes.
Asimismo, afirma que cuando un cliente asiste por primera vez al negocio de autolavado, o haya concurrido varias veces pero no recuerda los pasos de procedimiento al momento de lavar, se le explica con detenimiento la función de cada uno de ellos y se le dice claramente que, por ser una manguera de alta presión, debe primero tener en la mano la lanza antes de apretar el botón.-
Señala que existen 4 pasos que se realizan con la lanza de alta presión -100Bar- y un paso con baja presión con agua caliente, shampoo y cepillo, indicando que su parte nunca interviene en el proceso de lavado, por lo que únicamente el conductor del auto es el que realiza la tarea o la persona que él designa.-
Por lo expuesto, afirma que es el cliente el que decide como va a lavar el vehículo y con qué va a lavarlo, cuando aprieta el botón de cualquiera de los pasos está aceptando el servicio tal cual esta, y que en caso de no estar conforme, manifiesta que deberá reclamar a la persona del turno lo que le falta o necesita para iniciar su proceso personal de lavado.-
Arguye que cada 4 o 5 vehículos que ingresan al box, se realiza una supervisión del estado del mismo, donde se reemplaza de ser necesario el cepillo de lavado, se quita los excesos de barro que dejaron los autos anteriores y se reponen los elementos que se llevaron prestados.-
Entiende que, lo que pasó con el Sr. Battel, sucede cuando se confían y no tienen con la mano -antes de apretar el botón- la lanza y se produce el efecto látigo de la misma.
Aclara que 100bar, es una presión mínima para lavado y que en todos los boxes están los instructivos en letra grande y clara, donde uno de los puntos es muy claro y dice que paro de emergencia paso 3.
Sobre ello indica que, en el paso 3, se corta automáticamente la lanza, cosa que todos los clientes como el Sr. Battel lo saben, porque lo usan para cortar el exceso de tiempo en un paso y pasar al otro ahorrándose las fichas, señalando que así bien lo dice Battel en su denuncia.
Explica que en casi 11 años, nunca han tenido inconveniente con nadie mas allá de que le pueda gustar o no la forma de lavar el vehículo.-
Por otro lado, señala que le causa un agravio a su mandante la supuesta reprochabilidad del art 5º de la Ley 24.240, manifestando que si bien su parte en el momento oportuno no pudo exponer su descargo, en esta instancia indica como es el funcionamiento de la maquinaría con todo lo que ello implica, por lo que queda por demás demostrado -a su criterio- que las condiciones de uso eran las normales y sin ningún peligro para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.-
En segundo lugar, se agravia de la reprochabilidad del art 23º de la L.D.C. -deficiencias en la prestación del servicio-, refiriendo que queda claro que el servicio no es deficiente o tiene defectos, sosteniendo que hay un gran cartel con las instrucciones de uso y de funcionamiento y en este caso en particular, el señor Battel era cliente habitual.
Asimismo, alega que esta situación en ninguna audiencia se explicó y tampoco concurrió ningún agente inspector comercial municipal a labrar un acta y corroborar la defectuosidad.
Advierte que el acta está presentada en el expediente, señalando que su parte nunca tuvo acceso a ella, por lo que la infracción no está para nada demostrada en estas actuaciones.
Arguye que en cuanto al resarcimiento económico, brindó los datos de número de siniestro de su aseguradora -Federación Patronal-, manifestando que la intención en solucionar el inconveniente estaba y estuvo siempre.-
En cuanto al art. 8 bis de la L.D.C. -trato digno-, aclara que jamás se demostró desinterés en solucionar el problema del consumidor, indicando que se cerró el acta sin dejar que su parte ofrezca ningún tipo de arreglo conciliatorio.
En ese sentido, manifiesta que nunca se pudo acordar una respuesta, ni a corto ni a largo plazo, insistiendo en los cierres intempestivos y mal trato de la secretaría para con su persona.-
Afirma que se agravia de la aplicación del art. 47 de la Ley 13.133, señalando que no se arribó a un acuerdo conciliatorio, pero que el mismo no fue una actitud de su parte, considerando que en la segunda audiencia se proporcionaba como denuncia un hecho nuevo, señalando que si bien el hecho reclamable era el mismo, indica que no pudo discernir cual era la pretensión.-
Finalmente, solicita que se arbitren los medios necesarios para rever la resolución administrativa y que de continuar la reprochabilidad, peticiona que se reduzca al mínimo la imposición de las multas.-
II. Que en fecha 10/6/2023, se presenta la Sra. Carla Agustina Galanes Madonia -titular de la firma ECO MAGIC AUTOWASH- ampliando demanda en virtud de lo dispuesto en el art. 331 del CPCC, solicitando la inconstitucionalidad respecto de la exigencia de pago previo, contenido en el art. 70 de la Ley 13.133. Cita jurisprudencia.
Asimismo, ratifica todas las actuaciones realizadas en el expediente administrativo abierto ante OMIC.-
En cuanto al auto de imputación, refiere que quedó fehacientemente notificada el día 22/12/2022, afirmando que su parte contestó en plazo legal mediante CD 175380115 de Correo Argentino, en fecha 30 del mismo mes y año.-
Explica que a la fecha en que se imputa el supuesto siniestro, el comercio se encontraba debidamente habilitado por el Municipio de Luján, sin actas de infracciones y reitera lo ya expuesto, que su servicio es poner a disposición las máquinas para que el cliente realice el autolavado, lo que está expresamente señalizado como se debe realizar el proceso para que el cliente no incurra en un error y si así lo hiciere, indica que seria por su exclusiva culpa, como así también los espacios habilitados según la función, manifestando de esta manera que no se debe permanecer en un sector donde el servicio concluyó, como fue el caso del denunciante -a su criterio-, afirmando que se encontraba con las alfombras (cuando hay otro espacio para esa función) en el sector de lavado de automóviles toda vez que el servicio ya había concluido.-
En este sentido, entiende que claramente fue un error del denunciante, ajeno a la calidad de servicio, afirmando que la maquinaria se encontraba y encuentra en perfectas condiciones, y por ello no aplicaría entonces lo que refiere al art. 5 de la ley 24.240.-
Aduce que ante la ausencia de pericia previa, solicita para justificar la aplicación de las multas pretendidas, realizar pericia correspondiente sobre la maquinaria en cuestión, siendo en consecuencia -a su criterio- que tampoco encuadraría la aplicación del art. 23 y 8 bis. de la Ley 24.240.-
III. Que en fecha 17/8/2023 se presenta contestando demanda la Dra. Yanina Victoria Quevedo, en carácter de apoderada de la Municipalidad de Luján.-
En primer lugar, por imperio procesal, niega todas y cada una de las alegaciones de hecho y de derecho contenidas en la acción de inicio.-
Refiere que, la aquí actora, comienza su relato haciendo referencia a que en la primera audiencia no contó con la denuncia completa, indicando que por tal motivo, solicitó que se la remitieran, situación que ella misma reconoció cuando aduce que: ".comunico, en esta segunda audiencia, que la fecha de la denuncia difería de la anterior, podía ser un error de tipeo posiblemente, pero siguiendo la lectura también observo que no era la misma a la cual le faltaba una parte, sino que era una nueva denuncia con la misma exposición de hecho".
En razón de ello, afirma que la parte actora, antes de la audiencia del 2 de junio del 2022, conocía el reclamo en su totalidad y se presentó a la audiencia sin ofrecer ninguna propuesta conciliatoria, dilatando la situación.-
Agrega que, la actora, realizó la denuncia del siniestro en su compañía aseguradora adjuntando la misma como prueba y de la cual surge que la denuncia habría sido efectuada el 23/12/2022, es decir más de 6 meses después de anoticiada de la denuncia del Sr. Battel en su contra y de la realización de la segunda audiencia.
Señala que, tal situación, contradice lo sostenido por la actora durante la segunda audiencia que habría querido ".ofrecer al denunciante la póliza del seguro vigente, para que realizará la correspondiente denuncia de su siniestro.".
Alega que si la intención de la aquí apelante hubiera sido proponer que su compañía de seguro afrontará los reclamos pecuniarios del Sr. Battel, conociendo a la fecha de la segunda audiencia la totalidad de la denuncia, entiende que podría haber denunciado ella misma el siniestro ante la compañía de seguro dentro de un plazo razonable, no más de 6 meses después.-
En ese sentido, señala que es evidente la verdadera dilación que la actora efectúo, a quien -a su criterio- no le interesó resolver la situación y el reclamo del perjudicado.-
Continúa relatando que la actora, señala como sería el procedimiento para el lavado de vehículos en su comercio, pretendiendo desligarse de la responsabilidad que la ley le atribuye, indicando que es un proceso de auto lavado activado por un PLC y que se le dan instrucciones al cliente respecto de su utilización, manifestando que pretende aún siendo ella quien suministra el lugar, los elementos, maquinaria e insumos para el auto lavado, trasladar la responsabilidad por el mal funcionamiento de los mismos al consumidor, pero sin prueba alguna, simplemente con meras alegaciones.
Arguye que la actora hace referencia especifica en el caso del Sr. Battel, manifestando que debió haber habido un error en el proceder del cliente, afirmando que se le han suministrado las instrucciones correctas para el funcionamiento del servicio. Sobre ello, destaca nuevamente, que no se prueba, ni se ofrece prueba alguna para acreditar.-
En cuanto los agravios planteados por el apelante, indica que se agravia por la "reprochabilidad del artículo 5° de la Ley 24.240", entendiendo su parte que la aquí actora pretende demostrar sólo con sus dichos que no es responsable por una prestación deficiente del servicio que ofreció al consumidor, que le habría ocasionado un perjuicio y podría haberle causado un daño a su salud.-
En segundo lugar, afirma que se agravia por la aplicación del art. 23 de la Ley de Defensa del Consumidor, aclarando nuevamente que no aporta ni ofrece prueba alguna al respecto, solo afirmaciones.-
Pone de relieve que la actora, manifiesta la reprochabilidad al art. 8 bis de la Ley de Defensa al Consumidor como tercer agravio, indicando que aquella afirma que jamás demostró desinteres en solucionar el problema del consumidor. Sobre ello, aduce que la actora conoce desde la primer audiencia el monto que reclamaba el consumidor por los daños sufridos ($30.000), alegando que podría haber realizado una oferta o mínimamente efectuar la denuncia a su seguro, señalando que lo hizo 6 meses después.
Finalmente, refiere que la apelante pretende agraviarse por la sanción aplicada en cuanto al art. 47 de la Ley 13.133, entendiendo que entra en una contradicción cuando narra: "Siempre consideré que en la segunda audiencia se me proporcionaba como denuncia un hecho nuevo. Si bien el hecho reclamable era el mismo no pude discernir cual era la pretensión.". Explica que, no obstante a ello, la pretensión del consumidor había quedado clara desde la primera audiencia, siendo el pago del resarcimiento por el arreglo de los daños ($30.000), por el servicio prestado por la actora.-
En cuanto al procedimiento ante la OMIC, refiere que tal como lo prevé la normativa vigente, ante la denuncia del consumidor respecto de un hecho que vulneraría sus derechos como tal (prestación deficiente de un servicio, ausencia de información que implique un peligro para las cosas o salud de las personas), se cita al proveedor involucrado a una audiencia de conciliación.-
Pone de manifiesto que, la primera, fue celebrada de manera remota en fecha 12/05/2022 a las 10:00 hs., indicando en la misma que habiendo tenido la actora representación suficiente, se plasmó en el acta que el denunciante ratificaba la denuncia en todos los términos incoados y solicitaba un resarcimiento económico por la suma de $30.000, suma que le costó el arreglo del auto.
Refiere que el Sr. Carlos (representante de la actora), solicitaba que se le envíe copia de la denuncia y la documental, todo ello, tal como surge del acta agregada al expediente administrativo, siendo que la documental -a su criterio- no ha sido desconocida por la actora, entendiendo que la pretensión indemnizatoria que solicitaba el consumidor fue conocida por la actora desde la primera audiencia.-
Señala que, en fecha 19 de mayo de 2022, vía correo electrónico al mail constituido en las actuaciones, se le remitió a la aquí actora el reclamo completo del consumidor (v. expediente administrativo).
Alega que, conforme lo acordado durante la primera audiencia, el 02/06/2022 se celebró la segunda audiencia conciliatoria, a la cual la aquí actora asistió con pleno conocimiento de la denuncia en su contra.
Explica que ello surge, no sólo del correo electrónico de fecha 19/05/2022, sino también del reconocimiento que efectúa la actora al inicio de su escrito de apelación, indicando que reconoce que la denuncia que se le remitió era diferente y que posiblemente por un error de tipeo, la fecha difería de la anterior.-
Afirma que dicha audiencia, tal como luce del acta agregada a las actuaciones administrativas, concluyó con el cierre de la etapa conciliatoria "Atento a la falta de respuesta por parte del denunciado".-
Señala que habiendo asistido a la segunda audiencia conciliatoria con el conocimiento integro de la denuncia y de la pretensión pecuniaria del consumidor, la actora permitió que se cerrará la etapa conciliatoria, sin realizar ninguna propuesta o denunciar a su compañía aseguradora el siniestro.-
Seguidamente, refiere que tal como lo prevé el procedimiento, a través de la Resolución RESOL-2022-8-MUNILUJAN-SGCP, se imputó a la actora la infracción a los artículos 5°, 8° bis y 23° de la ley N° 24.240 y 47° de la ley provincial N° 13.133, siendo notificada en fecha 22/12/22 y en la misma se otorgaba el plazo de 5 días para ejercer su derecho de defensa, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Destaca que la actora en lugar de efectuar algún tipo de presentación ante la OMIC, en fecha 30 de diciembre -luego de vencido el plazo-, remite CD 175380115 rechazando la cédula de notificación de la Resolución, y rechaza la denuncia de fecha 11/03/2022 y las actas de audiencias conciliatorias, sin mayores argumentos.-
Finalmente, aduce que el 21/04/2023, se dicta la Resolución RESOL- 2023-4-MUNILUJAN-SGCP que da origen a la presente apelación, conforme la cual se impone a la aquí actora una multa de 6 canastas básicas para el hogar 3, por cada infracción comprobada.-
Explica que, puede observarse como durante el procedimiento ante la OMIC fue resguardado el debido proceso, manifestando que la actora tuvo varias oportunidades de ejercer su derecho de defensa y/o presentar alguna propuesta para satisfacer la pretensión del consumidor denunciante.
Resalta que no fue hasta luego de notificada la Resolución de imputación, que la actora realizó la denuncia del siniestro a su compañía aseguradora, mostrando un total desinterés por resolver el conflicto suscitado.-
Por último, teniendo en consideración lo expuesto, solicita el rechazo de la demanda con costas.-
IV. Con fecha 23/8/2023 se resuelve pasar los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal facultad la parte demandada en fecha 28/8/2023 y la parte actora en fecha 31/8/2023, siendo que finalmente con fecha 25/9/2023 se llaman autos para sentencia;
1. Previo a analizar las circunstancias de hecho y de derecho en el que se plantea el fondo de la pretensión, corresponde referirme a la falta de firma letrada en el escrito originario -recurso de apelación en sede administrativa-. Sin dejar de advertir tal extremo, lo cierto es que la aquí actora en su escrito ampliación de demanda ratifica lo actuado (v. escrito con patrocinio letrado de fecha 10/6/2023) y que habiéndose conferido traslado a la Municipalidad de Luján, no ha cuestionado de modo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.