Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76503
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.503 “DUARTE NORMA VICTORIA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión anulatoria deducida por la señora Norma Victoria Duarte contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se deje sin efecto la baja dispuesta a su respecto, se disponga su reincorporación al cuerpo del Servicio Penitenciario Bonaerense y el pago de los salarios caídos con más sus accesorios.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, la Cámara interviniente indicó que la actora pretendía sustentar la nulidad del acto de cese en la necesidad de un dictamen previo de la Junta Médica Psiquiátrica y su notificación a la agente como requisitos ineludibles antes de disponer la medida segregativa, haciendo así referencia a lo previsto en el art. 173 del decreto reglamentario n° 342/81.
Por el contrario, el Tribunal de Alzada coincidió con la solución brindada por el magistrado de grado en cuanto entendió que el procedimiento adoptado por la Administración fue correcto y acorde con la normativa aplicable, en el caso, el art. 122 inc. c del decreto ley 9578/80 en cuanto prevé que la baja del personal penitenciario podrá producirse por agotamiento de los términos de la disponibilidad simple y a su vez los arts. 172 y 174 del decreto reglamentario n° 342/81 que disponen a su tiempo que en caso de enfermedad de larga evolución, el agente podrá ser pasado a la condición de disponibilidad simple hasta setecientos veinticinco (725) días corridos en forma continua o alternada previendo para ello disminución progresiva de los haberes y que cuando el dependiente hubiere agotado ese plazo máximo y no se reintegre a sus tareas será declarado de baja.
Sentado ello expresó que en el caso en estudio, claramente el lapso superó el previsto en la mencionada norma, por lo que no caben dudas acerca de la atribución de la Administración para disponer el cese de la agente al no haberse reintegrado a sus tareas una vez extinguido tal período.
Refirió que la cuestión radicaba en dilucidar si ante la situación descripta la Junta Médica Psiquiátrica debió emitir un dictamen y notificar a la actora como paso previo a cualquier decisión administrativa.
En ese objeto entendió que tal requisito no se desprende de la normativa analizada ya que el citado art. 173 contempla el supuesto en que la agente que se encuentra bajo examen puede ser evaluada; de lo contrario resulta de imposible cumplimiento.
Ponderó a su vez que en el supuesto de autos, se trata de una patología de larga data, y que la decisión que dispuso el cese se adoptó luego de convocar a la actora a sucesivas citaciones a junta médica con resultado infructuoso y sin que constara en las actuaciones que aquélla se hubiera presentado fehacientemente a justificar sus inasistencias y peticionado la realización de un examen o expresara voluntad de trabajar en aquella oportunidad.
Agregó que frente a los hechos del caso, cualquier interpretación favorable al trabajador, exigiendo una previa intimación antes de adoptar la decisión de cese no podía prosperar, como tampoco el supuesto vicio de falta de dictamen de la Junta Médica, ya que ésta habría podido emitirlo únicamente si se hubiera concretado la presentación de la actora ante las sucesivas convocatorias.
Concluyó de ese modo confirmando la sentencia apelada y rechazando el recurso interpuesto (v. sent. de 20-IV-2020).
II. Frente a ello, la actora vencida, mediante presentación electrónica de fecha 29-V-2020 a las 17:42, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual esgrime que el fallo atacado ha interpretado incorrectamente la normativa aplicable al caso omitiendo a su vez tratar los vicios del acto conforme al principio de legalidad.
Asimismo aduce que el Tribunal de Alzada incurre en una errónea valoración tanto de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas, resultando una sentencia infundada y equívoca.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
La recurrente en su embate cuestiona el encuadre con que la Administración dispuso la baja de la agente argumentando que su inconducta, al no presentarse frente a las citaciones de la Junta Médica Psiquiátrica ni justificar tales inasistencias, debió decidirse a través de los carriles disciplinarios bajo la normativa que refiere al abandono de servicio sin causa justificada, ajeno al cuerpo legal aplicado.
Resulta evidente que los fundamentos traídos por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y omiten desarrollar de manera adecuada una crítica a los argumentos fundantes dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, los que de este modo permanecen incólumes.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
Es que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011, A. 73.960, cit. y A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento, como el que aparece apenas esbozado en autos, autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su criterio al de los magistrados de mérito.
IV. 3. No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada respecto de la violación de la doctrina emanada del precedente que cita (causa B. 56.550), en tanto en aquél mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:25:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:32:11 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:06:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:05:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 10:53:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia