Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76741
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
A.76.741 “Y.P.F. S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I.1. En las presentes actuaciones la firma YPF S.A. dedujo demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredón persiguiendo la declaración de nulidad del decreto 1595, de fecha 29-VII-2016, mediante el cual se le determinó -en concepto de deuda- la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística por una suma $ 24.781.269,70 con más el 10% en concepto de Fondo para la Promoción Turística, correspondiente a los periodos fiscales 06/2012 y 01/2013 a 08/2014.
El juez de grado con fecha 7 de abril de 2020 hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la determinación tributaria efectuada por el municipio demandado, por no resultar Y.P.F. S.A. sujeto pasivo de aquella obligación, con base en precedentes de la Corte nacional y de la Cámara del fuero que determinaron que "al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente".
En este sentido, el sentenciante expuso que no existía en autos constancia alguna que permitiera verificar que la mencionada comuna hubiera efectuado una inspección de seguridad en las estaciones de servicio YPF durante los períodos 6/2012 y 4/2013 a 8/2014.
I.2. Recurrida tal decisión por la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata la confirmó entendiendo la sentencia atacada brindaba acabada respuesta a las cuestiones planteadas.
En lo que aquí interesa, el tribunal de Alzada entendió que la crítica vertida por la accionada procurando demostrar el error de juzgamiento en el fallo impugnado, no lograba superar el umbral de suficiencia exigido por las normas de rito.
En tal sentido recordó que el señor juez de grado había expresado fundadamente las razones y puntualizando la prueba de informes realizada en las actuaciones, elementos por los cuales a su juicio la determinación y consecuente pretensión de cobro de la tasa cuestionada en relación a la empresa actora resultaban ilegítimas.
Señaló que la Municipalidad de General Pueyrredón, en su recurso, solo postulaba la legitimidad de la percepción del tributo determinado en los actos impugnados, arguyendo que no resultaba necesaria la efectiva prestación del servicio para que la tasa se tornara exigible, bastando, a su juicio, una prestación meramente potencial.
Así, juzgó que los escasos argumentos de la defensa –que ya habían sido esgrimidos en la instancia inicial- en modo alguno alcanzaban para torcer la construcción racional que se hizo en la sentencia atacada, en tanto la apelante no efectuó un examen crítico de la cuestión, ni explicó las razones por las cuales –frente a la valoración probatoria y los fundamentos brindados por el juez de la causa- la solución de mérito que brindó para el caso resultaría contraria a derecho.
Más aun, advirtió la a quo que la accionada ni siquiera mencionaba en su escrito impugnativo los precedentes del máximo Tribunal Nacional y de la propia Cámara ("Quilpe S.A." y "Capaccioni", respectivamente) en los que se había apuntalado el magistrado de grado al esbozar sus conclusiones e invalidar el acto determinativo de la deuda.
Puntualizó que la mentada causa C-4299-BB1 "Capaccioni" resultaba a su juicio directamente aplicable a estos autos, en razón de la materia abordada y la analogía que presentaba con la discusión de marras, sobre todo en lo atinente al tipo de gravamen enjuiciado, los elementos fácticos configurativos del caso y los regímenes normativos que –con similar alcance- delineaban los aspectos esenciales del tributo.
Al sentenciar allí la Cámara concluyó que no podía considerarse al actor sujeto pasivo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene si no resultaba acreditado, a su respecto y en relación a los períodos reclamados, la efectiva realización de las prestaciones de Inspección a cargo del municipio relacionadas con la seguridad y salubridad públicas. Al mismo tiempo subrayó que, por regla, la autoridad municipal necesariamente tenía que brindar -con relación al sujeto obligado al pago- el servicio por el cual gravaba la actividad constitutiva del hecho imponible descripto en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declamativa de la Administración (tal como sería postular que el servicio se encuentra organizado, sin ninguna constancia que acredite la efectiva prestación respecto del contribuyente reclamante).
Concluyó así el Tribunal de Alzada que las consideraciones citadas, que fueron tomadas como propias por el fallo de grado, tenían directa incidencia en el caso aquí en estudio, no obstante la apelante ningún argumento levantó contra ellas, ni explicó por qué no resultarían aplicables a estos autos.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. resolución de fecha 20 de agosto de 2020).
II. Frente a ello, la demandada vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado desoye cierta doctrina legal de esta Corte que menciona (v. presentación electrónica de fecha 9-IX-2020 a las 08:12:54 p.m.).
III. 1. El art. 31 bis de la ley 5827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados por el Tribunal en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
2. Los agravios esgrimidos en el recurso extraordinario deducido en autos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en la causa A. 73.508, "Capaccioni", sent. del 24-II-2021, que recoge los fundamentos adoptados recientemente en la causa B.63.745 "Automóvil Club Argentino", sent. del 29-XII-2020, por los cuales esta Corte se expidió determinando, como condición obligatoria para percibir la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, la efectiva prestación del servicio por parte de la Administración con una regularidad determinada, por lo que cabe remitir a los argumentos allí expuestos para rechazar el medio revisor interpuesto (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, debe rechazarse el recurso extraordinario articulado (arts. 279 del C.P.C.C. y 31 bis, citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 16:31:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 16:32:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 19:26:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2021 13:29:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 20:51:10 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia