Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76947
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.76.947 "MACHADO ERNESTO MIGUEL C/ MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I.1. Por resolución de fecha 26 de abril de 2019, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Dolores, hizo lugar a la excepción previa deducida por la demandada y declaró la inadmisibilidad de las pretensiones intentadas por el actor dada su improcedencia formal (arts. 12 inc. 1º, 2º y 3º; 18 y 31 inc. 3º, CCA).
I.2. A su turno, el 30 de junio de 2020, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en Mar del Plata, confirmó la sentencia de grado.
Para así decidir, luego de relatar en detalle la normativa aplicable al caso, sostuvo que si bien el Código Contencioso Administrativo autoriza la interposición de una acción resarcitoria con carácter independiente, lo cierto es que ello está sujeto a la condición de que, previa e indefectiblemente, se haya procurado la anulación del acto administrativo del cual derivan los perjuicios reclamados, o que la pretensión indemnizatoria se encuentre totalmente desligada del contenido de una decisión dictada por el sujeto estatal demandado.
En ese marco, señaló que la indemnización que perseguía el señor Machado por los daños y perjuicios derivados del accionar comunal, resultaban consecuencia directa de la ilegitimidad que inocultablemente endilgaba a los actos administrativos dictados en uso de sus atribuciones. Dentro de esta lógica, si a partir de tales actos el actor pretendía derivar la responsabilidad contractual del municipio y, así, obtener el resarcimiento de los perjuicios que tal accionar le hubo irrogado, necesariamente debía obtener su anulación previa.
Afirmó que ello no se desprendía de las actuaciones y que, en consecuencia, tampoco correspondía hacer lugar al planteo esgrimido en cuanto a la autonomía del planteo indemnizatorio. Asimismo, rechazó el agravio referido a la denuncia subsidiaria de enriquecimiento sin causa, en razón de que no se había tratado de una omisión del juzgador, sino de la consecuencia lógica de considerar incumplida la carga exigida por el artículo 18 del Código Contencioso Administrativo.
En resumen, concluyó que la firmeza de los actos administrativos impugnados no permitía ingresar a la consideración de una cuestión que, a todo evento, no constituía más que un mero argumento en procura de obtener el resarcimiento buscado. Es que, la revocación de la habilitación no fue motivada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia, supuesto en el cual el señor Machado podría haber demandado los perjuicios derivados de ese actuar lícito de la Administración sin necesidad de atacar el acto que la dispuso, sino que a tenor de lo consignado en los considerandos del decreto municipal, la decisión encontró su fundamento en una serie de conductas irregulares que se le imputaran al actor en el manejo del crematorio, por lo que cualquier intento de obtener una compensación pecuniaria debía encontrarse precedido de una pretensión anulatoria tempestivamente articulada que hiciera caer por ilegítimo ese acto revocatorio.
II. Disconforme con ese pronunciamiento, reiterando argumentos ya vertidos ante el Tribunal de Alzada, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, denunciando la violación de los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de propiedad, amparados por la Constitución nacional (arts. 17 y 18) y la Constitución provincial (arts. 15 y 31); así como la violación del art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8.1 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 10, 1941 y 1794 del Código Civil y Comercial de la Nación; junto a la doctrina de la Corte Federal y de este Tribunal que cita (v. la presentación electrónica de 14-VII-2020).
La Cámara lo concedió con fecha 4 de marzo de 2021.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Ha dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y fundadamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso, circunstancia que conlleva al rechazo de los agravios desplegados (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018).
En efecto, resulta claro que los argumentos traídos por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de las razones esgrimidas por los sentenciantes de grado a la hora de considerar que, en el caso, cualquier intento de obtener una compensación pecuniaria, debía encontrarse precedido de una pretensión anulatoria, tempestivamente articulada, que hiciera caer por ilegítimo el acto revocatorio atacado.
IV.2. Tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal, que la recurrente intenta fundar con la transcripción genérica de sumarios jurisprudenciales de esta Corte, pues para demostrar su existencia no basta con identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 75.729, "Fuentes", resol. de 25-IX-2019; A. 76.277, " Transportadores Unidos de Quilmes S.A.", resol. de 19-II-2020).
Para más, este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, e.o.).
IV.3. Asimismo, es dable recordar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. doctr. causas A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 76.498, "Prats", resol. de 23-XI-2020, entre muchas otras).
IV.4. A mayor abundamiento, en el entendimiento de que el requisito de admisibilidad del art. 18 inc. "a" del Código Contencioso Administrativo deba ser evaluado a la luz del principio in dubio pro actione de raíz constitucional -tal como reiteradamente lo expone la parte recurrente-, a fin de evitar la adopción de decisiones que incurran en acentuado formalismo en claro desmedro de garantías (arts. 15 y 166, Const. prov. y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; doctr. causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 62.799, "Albornoz", sent. de 16-IX-2009) se señala que, en el caso particular, no se advierte mérito alguno que permita reputar inaplicable el aludido término perentorio (confr. doctr. causas A. 73.212, "Berison", sent. de 23-VIII-2017; A. 75.653, "Alvarez", resol. de 18-IX-2019; A. 76.001, "Ruiz", resol. de 30-X-2019, e.o.).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2021 15:56:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2021 18:13:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 23:44:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 08:31:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 11:55:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia