Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado de la Municipalidad de Mercedes, ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-). Con costas a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA - texto según ley 13.101- 68, primer párrafo, y 303 in fine, CPCC).
A.76.697 “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El recurso de inconstitucionalidad articulado por el apoderado de la Municipalidad de Mercedes (v. presentación electrónica de fecha 2-IX-2020, 16:34:21 p.m. en el sistema Augusta) ha sido insuficientemente fundado, motivo por el cual debe ser desestimado (art. 31 bis, primer párrafo, ley 5827, texto según ley 13.812).
II. La recurrente alega que, en el caso, el requisito del solve et repete no comporta una lesión al derecho constitucional de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y de control judicial suficiente (arts. 18 y 109, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Denuncia que la Cámara omitió analizar in totum el precepto en cuestión, toda vez que la ley 13.133 ofrece la posibilidad de eximir del pago a los peticionarios que acrediten la existencia de un perjuicio, lo que en el caso no ha ocurrido.
Señala que el principio de igualdad de la manera que ha sido concebido por el máximo Tribunal federal se encuentra garantizado por la norma tachada de inconstitucional (art. 70, ley 13.133 -cfr. ley 14.652-).
Indica que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, valida la razonabilidad y constitucionalidad del principio solve et repete para acceder a la instancia judicial, morigerando tal exigencia en aquellos casos en que la imposición del depósito fuese desproporcionada, con relación a la concreta capacidad económica del interesado, tornando por ello, ilusorio su derecho de defensa (CSJN causa "Villar Hnos. y Cía. SRL", sent. de 10-X-1985); o en los supuestos de monto excepcional, que traduzca una evidente desproporción con relación a la concreta capacidad económica del demandante, o por generarse un importante desapoderamiento, ante la falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, o cuando se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio, o de desviación de poder (cita sentencias de la CSJN, publicadas en Fallos: 205:208; 247:181; 256:238; 261:101; 288:287; 308:381).
Aduce que la parte actora no acreditó que se encontrara en uno de los supuestos excepcionales de atenuación de la exigencia legal.
Afirma que la inexigibilidad del pago previo de sanciones administrativas dispuestas en el ámbito del derecho del consumidor, tornaría ilusorios los instrumentos con los que cuenta el Estado para corregir las disfuncionalidades que el mercado presenta, ante la asimetría de poder existente en la relación de consumo.
Expresa que el a quo se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al omitir ponderar las condiciones y circunstancias patrimoniales de la actora ante la exigencia del pago de la multa.
Señala que el precedente de la causa I. 3.361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012, en el cual se basó la Cámara para declarar la inconstitucionalidad, no resulta análogo a la cuestión debatida en autos y, en consecuencia, la aplicación de la solución allí alcanzada resulta inadecuada.
Por último, solicita que se revoque el pronunciamiento impugnado, toda vez que en el caso no se encuentran comprometidos los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
III. El recurso de inconstitucionalidad deducido no resulta autosuficiente, no demuestra debidamente los errores jurídicos que -a juicio del recurrente- padece el fallo que se impugna (conf. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ La Rosa Pedernera", sent. de 30-XI-1984; Ac. 83.866, "Village Cinemas", sent. de 16-IV-2003; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; e.o.; art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Sabido es que resulta un requisito indispensable de una adecuada fundamentación de dicho remedio la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a anteponer una línea argumental distinta a la del juzgador, omitiendo desarticular el basamento primordial del auto atacado (causa A. 73.201, "Colegio de Escribanos", sent. de 24-IV-2019) como acontece en la especie.
IV. Por otra parte, cabe señalar que los fundamentos del recurso interpuesto por el apoderado de la Municipalidad de Mercedes son semejantes y quedan comprendidos en los agravios expuestos por el Fiscal General del Departamento Judicial de General San Martín en causas análogas tramitadas ante este Tribunal, por lo que corresponde remitirse a lo resuelto en ellas, toda vez que los argumentos allí expresados dan acabada respuesta a los agravios desarrollados en el punto II de la presente (v. causas A. 74.883, "Telecom Personal SA", sent. de 23-XII-2020; A. 74.885, "Telecom"; A. 74.886, "Telecom" y A. 74.906, "Telecom", todas sent. de 9-IV-2021 y A. 75.325, "AMX Arg. S.A.", sent. de 27-V-2021, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado de la Municipalidad de Mercedes, ante su insuficiente fundamentación (arts. 299 y 300, CPCC y 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-). Con costas a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA - texto según ley 13.101- 68, primer párrafo, y 303 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:42:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:21:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:57:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:36:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:39 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:07 hs. bajo el número RR-596-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia