Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78894
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 289 in fine , CPCC).
A.78.894 "COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PCIA DE BS.AS. C/ MINISTERIO DE SALUD S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores jueces doctores Torres, Soria, Genoud y la señora jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires contra el Ministerio de Salud provincial, dejando sin efecto las disposiciones 2434/13 y 209/14; y -consecuentemente- el funcionamiento de la Farmacia Sindical de Empleados de Comercio de Zona Norte, situada en calle Arenales N° 1569, La Florida, Vicente López.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte que recoge favorablemente la aplicación del requisito de distancia mínima a las farmacias sindicales, en la medida que la distribución estratégica y racional contribuya a fortalecer el rol social de la oficina de farmacia y del farmacéutico, evitando asimismo su concentración en algunas zonas urbanas en perjuicio de las restantes y favoreciendo la instalación hacia los sectores periféricos, asegurando con ello una cobertura farmacéutica más homogénea y mejor repartida en todo el territorio, facilitando el acceso a los medicamentos en igualdad de condiciones.
Expresó la a quo que, sin perjuicio de ello, este Tribunal advirtió que, en tanto las restricciones geográficas y demográficas responden a tutelar situaciones distintas, a diferencia de lo que ocurre con la primera -distancia mínima-, el requisito demográfico -de densidad poblacional, en línea con el modelo de sistema de salud que se diseñó en la OMS-, no apunta a limitar la cantidad máxima de autorizaciones, sino a establecer que como mínimo deba existir un establecimiento que abastezca a un número de personas.
En tal marco se dijo que, atento los dos modelos de farmacias previstos en el texto del art. 14 de la ley 10.606 -los emprendimientos particulares, incs. "a", "b" y "c", y las entidades mutuales, gremiales, sindicales y hospitalarias, en los incs. "d" y "e"-, y siendo que el obstáculo en análisis se relacionó con la ecuación económico financiera que -al hacer rentable la actividad comercial- estimulaba la instalación del emprendimiento y de modo secundario, el expendio de medicamentos, tal rentabilidad no se hallaría presente en el segundo tipo de farmacias, en la medida que el incremento al precio básico del medicamento solo se destina a cubrir los gastos generales, bajo supervisión estatal, no pudiendo perseguir fin de lucro y debiendo destinar su actividad a sus afiliados o asociados, no resulta aplicable -por ende- a las farmacias descriptas en los incs. d) y e) del art. 14 de la ley 10.606, el concepto de densidad demográfica.
Rechazó asimismo el embate referido a una eventual incidencia o afectación económica causada por la posible reducción del universo de pacientes que provocaría un hipotético impacto en la ecuación económica de los restantes tipos de establecimientos; ello, en tanto la Cámara opinó que aquella afirmación debió haber sido materia de una seria actividad probatoria, lo que no había acaecido en el sub lite .
Descartó por último el acuse sobre la omisión del magistrado de grado de expedirse en relación a un cuestionamiento de constitucionalidad del art. 3 de la ley 10.606, ello por carecer de fundamento ante los sólidos argumentos desplegados en torno a la integral interpretación del régimen instaurado por dicha ley y su modificatoria, con respaldo en doctrina de este Tribunal.
Concluyó la Cámara que, no obstante lo resuelto en otros precedentes, bajo este nuevo análisis en el contexto jurisprudencial expuesto, los recursos de apelación articulados no resultaban de recibo, correspondiendo confirmar el decisorio de grado en cuanto había sido materia de agravios (v. sent. de 9-II-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 28-II-2023). Se agravia, básicamente, porque a su criterio el fallo atacado incurre en transgresión de la ley 10.606 al existir un ostensible apartamiento de la solución normativa que rige el caso. Denuncia asimismo la creación de un régimen ad hoc , nuevo, diferente y por fuera de la propia norma.
El recurso fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 22-VI-2023).
III. Pasando a analizar la procedencia de las impugnaciones, corresponde apuntar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a rechazar los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Sentado lo que antecede, es dable señalar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente.
En efecto, en las causas A. 72.032, "Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires", sentencia de 18-X-2017 y A. 71.625, "Rodríguez", sentencia de 22-XII-2017 (criterio reiterado en las causas A. 72.519, "Colegio de Farmacéuticos", sent. de 18-IV-2018; A. 73.944, "Colegio de Farmacéuticos", sent. de 3-V-2018; A. 73.022, "Colegio de Farmacéuticos", sent. de 27-VI-2018; entre otras), esta Suprema Corte decidió que el recaudo relativo a la densidad demográfica no resulta aplicable a las farmacias descriptas en los incs. "d" y "e" del art. 14 de la ley 10.606 y que, en cambio, sí cabe exigirles a esos establecimientos el requisito de la restricción geográfica para su instalación.
Por tal razón y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia de Cámara que decidió la anulación de los actos administrativos enjuiciados en cuanto eximieron a la farmacia sindical del cumplimiento del requisito de la restricción geográfica para su instalación (art. 31 bis, cit.; cfr. causa A. 75.393, "Colegio de Farmacéuticos", resol. de 14-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/11/2023 12:23:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/11/2023 20:13:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2023 15:02:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2023 10:31:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2023 12:08:14 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2023 12:11:14 hs. bajo el número RR-989-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia