Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79599
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas a la recurrente (arts. 296, 298, CPCC; 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
A.79.599 "BLASI RAMIRO DANIEL Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE DOLORES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD"
I. 1. Los actores, invocando su condición de residentes y contribuyentes -señores Diestro y Pio- y el resto de concejales del Partido de Dolores, promovieron pretensión anulatoria contra la Municipalidad homónima respecto de la Ordenanza Municipal Impositiva (sancionada el 27-XII-2021) y la Ordenanza Municipal de Presupuesto y Cálculo de Recursos (sancionada el 16-III-2022), por concebirlas consecuencia de un fallo estructural, insalvable y sostenido en la constitución del Concejo Deliberante.
También solicitaron que " se restablezca el derecho quebrantado y se ordene la pérdida del valor jurídico de las ordenanzas indicadas como viciadas, así como la reintegración legal del Órgano Deliberativo de la Municipalidad de Dolores que las generó, conforme las previsiones de la ley 14.848 ", ello con el fin de que " se pueda producir ordenanzas, resoluciones, comunicaciones, decretos y actos administrativos de su competencia en forma respetuosa del marco legal que lo rige ".
Sostuvieron que no persiguen un control de legalidad formal, sino un vicio estructural en la conformación del órgano deliberativo, ya que toda constitución del cuerpo colegiado que se aleje de la dispuesta por la ley les impediría cumplir con legalidad las funciones para las que han sido elegidos.
I.2. En ese marco, peticionaron el dictado de una medida cautelar que ordene la inmediata reasunción de los concejales titulares habilitados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires -señoras Andrada, Fontana, Ibarguren y Metz-, según corresponda por mandato vigente, removiéndose en forma inmediata cualquier otra ocupación no legal de una banca que haya ingresado por su reemplazo y que, una vez cumplido ello, cualquier edil podrá ejercer su derecho a licencia por justa causa y ser reemplazado por el suplente legal (v. present. electr. de 4-VII-2022).
II. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Dolores rechazó la solicitud de medida cautelar efectuada por los demandantes (v. resol. de 27-X-2022).
Para así decidir, consideró el carácter accesorio de las medidas cautelares y entendió que el requerimiento preventivo desborda los contornos y límites fijados en la demanda, porque en esa oportunidad procesal no se peticionó la inmediata reasunción de los concejales titulares habilitados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la nulidad solicitada.
III. Apelado dicho pronunciamiento por la parte actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por los demandantes y, en consecuencia, confirmó -por los fundamentos por ella brindados- el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada las impuso en el orden causado al no mediar contradicción (conf. art. 51 inc. 1, 2da. parte, CCA; v. sent. de 27-XII-2022).
III.1. En primer lugar, señaló que le asiste razón a los apelantes al postular que en la resolución impugnada se realiza una inexacta determinación del pedimento sustancial contenido en el escrito de demanda, en cuanto éste también porta una pretensión de reconocimiento de derechos, concerniente a la reintegración del Concejo Deliberante (v. apar. I, párraf. segundo). Ello, sin desatender que el escrito de apelación carece de la claridad expositiva que se sugiere en el memorial de agravios (conf. present elec. de 31-X-2022).
III.2. Sentado ello, y en lo que aquí interesa, señaló que no se observa, en cabeza de los ediles demandantes, la aptitud procesal para instar en autos la acción judicial.
Entendió que carecen de legitimación para proponer la demanda, en la medida que los reemplazos de las bancas de concejales que supuestamente habrían acaecido -según la posición blandida- de forma contraria a lo dispuesto por la ley 14.848, en modo alguno les afecta un interés concreto y directo a su respecto, ni resultan vulneradas sus prerrogativas legislativas.
Destacó que, concretamente, no fue denunciado por los concejales demandantes -ni tampoco surge de las constancias de la causa- una afectación o limitación a su actuación como tales en el ámbito de aquel cuerpo colegiado y que importe un cercenamiento de las funciones y privilegios a ellos reconocidos por la Constitución y la ley. Las críticas solo se direccionan a sugerir que los reemplazos materializados en las bancas en cuestión debieron haberse efectuado en favor de terceras personas ajenas al presente litigio, por lo que no es posible admitir que los impugnantes exhiban -en la especie- suficiente legitimación para promover una pretensión como la que porta el escrito de inicio (conf. doctr. causa B. 68.343, "Anselmino", sent. de 20-IX-2006, en sentido contrario).
Por otra parte, refirió a las alegaciones formuladas en relación a la supuesta compulsión a la que se verían expuestos a participar en un órgano de integración que denuncian como antijurídica y a gestar -con su presencia y firma- ordenanzas, resoluciones y declaraciones ilegales, derivando ello en una posible responsabilidad personal ante la validación de eventuales actos nulos frente a los perjuicios que se podrían generar a futuros reclamantes (conf. present. electr. de 31-X-2022, apado. 3).
Respecto a esta parcela, sostuvo la falta de aptitud del caso propuesto. Ello, al entender que no se propuso un verdadero conflicto entre partes, sino más bien que sea la jurisdicción la que proceda a pronunciarse sobre hechos futuros o contingentes que pueden o no ocurrir tal como se los describe o que bien pueden no ocurrir directamente.
III.3. Por otro lado, desde la perspectiva de los codemandantes que actúan en calidad de residentes y contribuyentes de la ciudad de Dolores, tampoco avizoró la existencia de un "caso" o "causa" que autorice la intervención jurisdiccional.
Entendió que los referidos actores prescinden de alegar lesión concreta y particular alguna, ello al no precisarse -siquiera- cuáles serían aquellas "nuevas tasas, contribuciones y aumentos" que se habrían generado, ni -mucho menos- su efectiva incidencia negativa sobre su situación particular a partir de la vigencia de las ordenanzas impugnadas, constituyendo dicha ausencia un valladar infranqueable para habilitar la revisión jurisdiccional del derrotero formal que lo precedió.
IV. Disconformes con dicho pronunciamiento, los demandantes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. present. electr. de 10-II-2023), siendo concedido por la Cámara el segundo de los nombrados (v. resol. de 11-VII-2024).
V.1. En la vía de nulidad planteada, la parte actora funda su agravio en los términos de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Afirma que el Tribunal de Alzada, al denegar el incidente cautelar puesto bajo su jurisdicción y conocimiento -con sustento en la falta de legitimación activa e inexistencia de caso o controversia-, resolvió de manera oficiosa, incongruente, discrecional, extra petita e incurriendo en una reformatio in pejus, omitiendo el tratamiento de cuestiones esenciales introducidas por las partes para la defensa de la medida cautelar solicitada y vaciando de toda argumentación suficiente o pertinente al sub examine.
Agrega que la Cámara, al rechazar por “anticipada eliminación" su carácter de parte interesada, no sólo ha denegado un resultado cautelar, sino toda posibilidad en el proceso mismo, violando el debido proceso causándoles un perjuicio irreparable.
V.2. Al respecto, cabe señalar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (doctr. causas A. 75.390, "Cornejo", resol. de 10-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020; A. 78.060, "Fideicomiso San Martin", resol. de 15-XI-2022; A. 79.434, "Fisco", resol. de 19-VIII-2024).
V.2.a. En el recurso en abordaje, si bien se denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, no se observa una argumentación basada en los términos señalados desde que los agravios traídos, referidos a supuestos errores de juzgamiento así como también a la transgresión del principio de congruencia -decisión extra petita -, del debido proceso y de la defensa en juicio por parte del Tribunal de Alzada, resultan temas ajenos al medio de impugnación intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (doctr. causas C. 123.041, "Sosa", resol. de 7-III-2019; C. 123.398, "Horane", resol. de 6-XI-2019; C. 123.932, "Amestico", resol. de 17-XI-2020; A. 74.561, "Allegro", resol. de 8-III-2020; A. 78.332, "Hurtado", resol. de 2-III-2023), que en este caso fue interpuesto por los demandantes, mas su concesión fue denegada por la Cámara.
Cabe recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión tal por descuido o inadvertencia del tribunal y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas A. 73.443, "Bentaberry", resol. de 17-XII-2014; A. 71.558, "Gonzalez", sent. de 4-VIII-2016; A. 74.732, "González", resol. de 28-VI-2017; Q. 76.859, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bingo Mar de Ajó S.A.", resol. de 22-III-2021; Q. 76.464, "Lyla Productores SA", resol. de 22-III-2021, A. 76.448, "Pinamar Golf Club", resol. de 27-V-2021).
Por último cabe añadir que el fallo impugnado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (art. 171, Const. prov.; doctr. causas A. 73.765, "Yell Argentina SA", resol. de 14-X-2015; A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018 y A. 77.063, cit.).
V.3. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por las manifestaciones de la recurrente de que existiría en el caso "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221; doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.131, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas a la recurrente (arts. 296, 298, CPCC; 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2024 12:41:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 13:48:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 16:40:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:21:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 08:39:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 08:50:16 hs. bajo el número RR-1058-2024 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia