Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78006
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA —texto según ley 13.101—; 68 inc. 1 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.006, "Barrio Privado Lomas del Carmen S.A. c/ ARBA s/ Pretensión Anulatoria - Otros Juicios- Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de las disposiciones delegadas 082D000.724/2016 y 337/2018, dictadas respectivamente por el Jefe de Departamento de Coordinación de Atención Presencial Pergamino y por el Gerente General de Técnica Tributaria y Catastral, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante ARBA), que denegó el pedido de la actora de ser eximida del pago del impuesto sobre los ingresos brutos en los términos del art. 207 inc. "g" del Código Fiscal, respecto al cobro de las expensas que abonan mensualmente los propietarios para los gastos comunes del barrio.
Disconforme con dicho pronunciamiento la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, en lo que aquí interesa, declaró la nulidad de las disposiciones SEFSC 082D0007242016, de fecha 12 de septiembre de 2016 y su confirmatoria disposición SEAJ 337-2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, dictadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Dispuso que la entidad que promueve la demanda, en razón de su actividad, ingresos obtenidos y destino de estos, circunstancias acreditadas en la causa, se encuentra alcanzada por la dispensa que establece el art. 207 inc. "g" del Código Fiscal.
Sostuvo que la ARBA desconoció en el caso la exención objetiva respecto del impuesto que la propia norma tributaria dispone en su art. 207, en el que determina "Están exentos del pago de este gravamen: g) los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades que establezca la ley impositiva, incluidos los provenientes del cobro de cuotas sociales y otras contribuciones voluntarias, que sean realizadas por asociaciones civiles y fundaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones obreras, reconocidas por autoridad competente —todas sin fines de lucro—, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, actas de constitución o documento similar y en ningún caso se distribuya directa o indirectamente suma alguna de su producido entre asociados o socios...".
Indicó que la prueba pericial contable acreditó que, pese a la forma jurídica de sociedad anónima, la actora no distribuye dividendos ni abona honorarios al directorio. Por el contrario, los excedentes obtenidos en los distintos ejercicios económicos se reinvirtieron en activos o en mejoras de los servicios del barrio. Asimismo, se constató que su única fuente de ingresos proviene del cobro de expensas comunes y extraordinarias a los propietarios.
Bajo dichos parámetros entendió que la actora cumple los presupuestos de la exención objetiva prevista en el art. 207 inc. "g" del Código Fiscal, ya que los ingresos provenientes del cobro de expensas se destinan conforme los términos de su estatuto social, art. 3 incs. "e", "f", "i" y "j", al mejoramiento del barrio.
Afirmó que la autoridad administrativa abordó erróneamente la solicitud como una exención subjetiva, cuando debía ponderarse como una exención objetiva basada en la actividad realizada y el destino de los ingresos.
Aclaró, sin embargo, que la exclusión del hecho imponible por base material, no alcanza a eventuales ingresos ajenos al cobro de expensas o no comprendidos por otra exención legal.
Pues, lo que la ARBA desconoció en este caso es una exención objetiva respecto del impuesto sobre los ingresos brutos.
II. Apelada la sentencia por la Fiscalía, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de San Nicolás, rechazó el recurso y confirmó lo decidido en la instancia previa.
En primer término, indicó que no era necesario declarar la inconstitucionalidad de la norma —como pretendía el apelante— para resolver del modo en que lo hizo el juez de grado, pues bastaba con interpretarla adecuadamente.
La cuestión central, señaló, consiste en determinar si una asociación civil que adopta la figura de sociedad anónima —conforme lo permite el art. 3 de la Ley de Sociedades n° 19.550— puede quedar comprendida en el supuesto del art. 207 inc. "g" del Código Fiscal.
La Cámara destacó la similitud entre la entidad actora y otras organizaciones que la ARBA considera no gravadas, como los consorcios de propiedad horizontal. Y que en autos quedó acreditado que la actividad de la sociedad actora es el cobro de expensas no como contraprestación comercial, sino para cumplir las funciones de mantenimiento del barrio establecidas en su reglamento.
Añadió que esta interpretación se ve reforzada por el origen de estas figuras jurídicas, creadas para otorgar un marco legal a los countries que, antes de regulaciones específicas, solían constituirse como sociedades anónimas y eran aprobadas por Personas Jurídicas.
Se señaló también que el Código Civil y Comercial, en su título VI, regula los conjuntos inmobiliarios, y el art. 2.075 —que ordena la readecuación de clubes de campo preexistentes— motivó la resolución 25/2020 de la Inspección General de Justicia, dirigida a los barrios cerrados organizados como sociedades anónimas.
En la Provincia de Buenos Aires, los decretos 8.912/77 (Ordenamiento Territorial) y 9.404/86 (Clubes de Campo) remarcan la necesidad de una regulación diferenciada para estas urbanizaciones. A partir de dichas normas, los desarrolladores optaron por las denominadas "asociaciones bajo forma de sociedad", una figura híbrida admitida por el art. 3 de la ley 19.550.
Con base en ello, la Cámara confirmó la sentencia al concluir que la actora, como asociación civil constituida como sociedad anónima, y en función de su actividad, el origen de sus ingresos y el destino de estos —mientras tales extremos se mantengan— no debe ser alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos.
III. Disconforme con el pronunciamiento, la Fiscalía interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando una errónea interpretación del art. 207 inc. "g" del Código Fiscal, al concederse la exención al Barrio Privado Lomas del Carmen pese a no cumplirse el recaudo subjetivo, ya que se trata de una sociedad anónima.
Alega que la Cámara vulneró el principio de interpretación restrictiva de las exenciones tributarias, que exige verificar con extrema prudencia los requisitos que el ordenamiento establece para conceder tales beneficios.
Denuncia también que existe un apartamiento de la doctrina sentada en el precedente A. 76.116, "Los Lagartos Country Club S.A.", sentencia de 26-XI-2021, en donde se rechazó una solicitud de exención similar bajo el art. 207 inc. "g".
Afirma que la Cámara desinterpretó el art. 207 inc. "g" del Código Fiscal, que contempla una única exención sujeta a dos requisitos: uno subjetivo y uno objetivo. Señala que la interpretación del tribunal inferior vacía de contenido el recaudo subjetivo y extendería injustificadamente la exención a prácticamente cualquier tipo societario.
Agrega que la enumeración de sujetos exentos es taxativa y que las sociedades comerciales fueron excluidas deliberadamente por la ley 14.333 (2011), por lo que no corresponde ampliar la exención a sujetos no contemplados expresamente.
Finalmente sostiene que la Cámara debió declarar la inconstitucionalidad del inciso si pretendía prescindir del requisito subjetivo, lo cual no ocurrió ni fue solicitado.
IV. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. El Tribunal de Alzada consideró acertada la sentencia de primera instancia, que concluyó que la actora —pese a estar constituida bajo la forma de sociedad anónima— reviste en realidad la calidad de asociación civil y no desarrolla una actividad alcanzada por el impuesto a los ingresos brutos.
Para ello, señaló que el informe pericial incorporado a la causa acreditó que el barrio actor obtiene ingresos únicamente en concepto de expensas ordinarias o extraordinarias, destinadas al cumplimiento del objeto previsto en el art. 3 de su estatuto social, sin que exista distribución de dividendos entre los miembros del directorio.
Esta circunstancia, aun frente a la forma jurídica de constitución del barrio, no debía neutralizar la naturaleza objetiva de la exención solicitada.
Dicho esto, advierto que el recurso debe ser rechazado, pues sus agravios expresan solo una mera disconformidad con lo resuelto y omiten rebatir los fundamentos centrales de la sentencia impugnada.
Esta Corte ha sostenido que el recurrente, en instancia extraordinaria, debe replicar en forma concreta, directa y eficaz los fundamentos estructurales de la sentencia, ya que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión cuestionada. Esta deficiencia se configura, entre otros supuestos, cuando no se controvierten de manera idónea los conceptos o fundamentos en los que se sustenta el fallo, con prescindencia de su acierto o error (conf. doctr. causas A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015 A. 76.116, "Los Lagartos Country Club S.A.", sent. de 26-XI-2021; e.o.).
Respecto de este argumento —eje de la decisión atacada— la recurrente nada ha dicho, por lo que arriba firme a esta instancia extraordinaria.
IV.2. La facultad revisora de esta Corte se encuentra limitada al contenido de la sentencia, según la concreta impugnación formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006 y L. 87.394, "V. de C"., sent. de 11-V-2005). Por ello, el éxito del recurso depende de que sea autosuficiente, de modo que de su sola lectura surja el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004 y L. 73.381, "Nespeca", sent. de 4-IV-2001).
Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz respecto de las conclusiones definitorias y los argumentos en que se funda la sentencia recurrida (causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003 y L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008).
IV.3. Por otra parte, también resulta inatendible la alegada vulneración de doctrina legal.
Debe recordarse que la doctrina legal mencionada en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que emana de los fallos de esta Suprema Corte, y no de otros órganos jurisdiccionales (conf. doctr. causas Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006; C. 106.767, "González", sent. de 22-XII-2010; C. 105.776, "Juárez", sent. de 18-IV-2011; C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014; e.o.).
En cuanto a la cita de la causa A. 76.116, "Los Lagartos Country Club", sentencia de 26-XI-2021 —que la recurrente considera violada— debe señalarse que allí se desestimó la solicitud de exención del impuesto sobre los ingresos brutos porque, conforme el estatuto y reglamento interno, la contribuyente estaba autorizada a desarrollar actividades distintas a las declaradas en la solicitud de exención, entre ellas "servicios inmobiliarios". A ello se sumó que las actividades deportivas y otras que promueve se limitaban exclusivamente a sus socios, únicos destinatarios de su gestión.
Finalmente, cabe destacar que —más allá de que los presupuestos fácticos del presente caso difieren de los tratados en el precedente "Los Lagartos"— en aquella oportunidad este Tribunal rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, sin establecer doctrina legal alguna sobre la cuestión de fondo (v. causas L. 126.437, "Bonopera", resol. de 26-V-2021; L. 127.177, "Milone", resol. de 1-XI-2021; L. 123.497, "García", resol. de 21-X-2022; e.o.).
V. Lo expuesto resulta suficiente para rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de acompañar el rechazo del recurso.
I.1. A pesar de cierta invitación a la confusión —pues el juez de grado habló de la verificación de una situación de "exención objetiva" e incluso por momentos abordó la cuestión desde el prisma de la exención contemplada en el art. 207 inc. "g" del Código Fiscal (t.o. 2011)—, resulta claro en su sentencia que la sola razón para anular lo actuado por la ARBA fue la convicción de que la actora —una sociedad anónima administradora de un country — directamente no configuraba el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos.
Lo anterior, en la inteligencia de que este grava "El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios..." (art. 182), algo que el magistrado consideró extraño al giro de la demandante, ya que la prueba pericial contable acreditaba que todos sus ingresos eran reinvertidos para cubrir los costos de mantenimiento del barrio cerrado.
I.2. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo, explorando fundamentos más vinculados con la evolución de los barrios privados en el país y su tratamiento jurídico antes y después de diversas legislaciones, incluido el Código Civil y Comercial. De ello surgiría que la adopción de la figura societaria obedeció simplemente a la ausencia de un ropaje legal más adecuado, revelador de su verdadera naturaleza.
Y si bien anticipó que el interrogante que se le planteaba era "...la posibilidad que una asociación civil, adoptando la figura de una sociedad anónima, pued[a] quedar subsumida dentro del artículo 207 inciso 'g' del Código Fiscal", finalmente resolvió que "...la actora resulta ser, conforme lo autorizara el artículo 3 de la ley n° 19.550, una asociación civil constituida con la forma de una sociedad anónima, que no realiza una actividad gravada por el Impuesto a los Ingresos Brutos , y que —en tanto realice exclusivamente tal tipo de actividad— no debe abonar el IIBB" (el destacado me pertenece, v. sent. de Cámara, pág. 17).
I.3. En definitiva, aunque las decisiones resulten ambiguas en ciertos tramos y se filtre en la discusión la noción del "fin de lucro", incorporando elementos de análisis más bien propios de la compatibilidad del presupuesto de incidencia del impuesto provincial con los criterios de armonización previstos en la Ley Federal de Coparticipación de Recursos Fiscales 23.548 (conf. art. 9 inc. "b" apdo. 1, cit.; v. causa A. 76.396, "Asociación Vecinal Puertos del Lago S.A.", sent. de 5-IX-2022), lo cierto es que la ratio decidendi de ambos pronunciamientos se basó en una cuestión preliminar: la falta de configuración del hecho imponible.
El debate en cuanto a la subsunción en la exención del art. 207 inc. "g" del Código Fiscal quedó relegada a un segundo plano (y, en rigor, con independencia de la coherencia del andamiaje teórico utilizado, fue prácticamente descartada por el juez de origen).
II. No obstante lo cual, en su recurso extraordinario ante esta Sede, la Fiscalía de Estado parte de un escenario en el cual lo sucedido en autos habría sido precisamente aquello. Por eso, plantea la errónea aplicación del citado precepto, la violación de la tradicional jurisprudencia —restrictiva— sobre la interpretación de las exenciones tributarias y el apartamiento de una supuesta doctrina legal fijada en un caso aparentemente análogo.
Sin embargo, aun cuando los fallos pudieron ser menos esquivos respecto de la causal de anulación, de su primera lectura ya se advierte que la decisión transitó otro camino ( i.e., el de la falta de configuración del hecho imponible).
Por lo tanto, al centrarse en cuestiones ajenas a lo efectivamente resuelto, el intento casatorio fracasa. Ello, básicamente, porque resulta técnicamente insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental del pronunciamiento impugnado y se limita a confrontarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; A. 75.578, "Berardozzi", sent. de 5-VIII-2022; A. 77.531, "Pérez", sent. de 4-VI-2025; e.o.).
III. Lo expuesto permite distinguir el presente de la causa A. 76.116, "Los Lagartos Country Club S.A.", sentencia de 26-XI-2021, invocada por el Fisco, en la cual el eje de la decisión adversa a la administradora del barrio privado estuvo fundado —exclusivamente— en su imposibilidad de beneficiarse de la exención del art. 207 inc. "g". No así en la generación misma del hecho imponible, aspecto que quedó inexplorado.
Como fuere, por la naturaleza del argumento que condujo allí a la desestimación, ese antecedente fue resuelto sin sentar doctrina legal al respecto.
IV. Por lo expuesto, a falta de una impugnación eficaz, la sentencia de la Cámara de Apelación debe mantenerse, más allá de su acierto o error (arg. art. 279 in fine , CPCC). Se rechaza el recurso, con costas (arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Comparto los fundamentos y la decisión que propone el señor Juez doctor Soria.
He de añadir que lo aquí decidido armoniza con lo señalado por la Corte Suprema de la Nación en tanto que para configurar la cabal intención del contribuyente se debe atribuir preeminencia a la situación económica real con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas, que pueden ser inadecuadas por no responder a esa realidad económica (CSJN Fallos: 318:637; causas A. 76.118, "Akzo Nobel Argentina S.A.", sent. de 2-VIII-2024 y C. 122.213, "Fisco de la Provincia", sent. de 4-VIII-2023).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA —texto según ley 13.101—; 68 inc. 1 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/04/2026 09:59:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 15:25:19 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/04/2026 12:39:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/04/2026 10:29:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.