Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.682, "Schwarz, Maximiliano Esteban Ariel c/ Hospital Municipal Ramón Santamarina s/ Pretensión anulatoria —otros juicios—. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso interpuesto por la Municipalidad de Tandil y, de ese modo, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró el derecho del actor a ser reincorporado en su cargo y a cobrar una indemnización en concepto de daño material y moral (v. sent. de 24-XI-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la comuna demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-XII-2022, 11:41:07 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 21-III-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Maximiliano Esteban Ariel Schwarz y, en consecuencia, anuló el decreto 1.430 de fecha 15-V-2014 que declaró su cesantía —por abandono del cargo—, condenando a la Municipalidad de Tandil a reincorporarlo en él.
Asimismo, le reconoció una indemnización por daño material en una suma equivalente al 40% de los salarios dejados de percibir, computados desde el acto que clausuró la vía administrativa hasta el momento de la reincorporación, tomando en cuenta el salario actual. Adicionó la suma de $25.000 en concepto de daño moral, con más los intereses establecidos para cada ítem indemnizatorio (v. sent. de 14-VI-2022).
II. Recurrido el pronunciamiento por la demandada, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia (v. sent. de 24-XI-2022).
II.1. Tras repasar los argumentos esgrimidos y la prueba recolectada, el Tribunal de Alzada reconoció que existieron en el procedimiento de abandono de cargo irregularidades con entidad suficiente como para colocar en situación de indefensión al agente.
Para así decidir, consideró que el sumario breve había sido indebidamente actuado, en tanto la Administración había tomado como inasistencias injustificadas períodos en los que el actor se encontraba legalmente dispensado de prestar servicios por hallarse en uso de licencias médicas y, con posterioridad, de licencia por descanso anual otorgada por la propia empleadora, circunstancia que impedía configurar el presupuesto objetivo del abandono de cargo.
A eso sumó que la intimación cursada al agente no cumplía con los recaudos exigidos por la norma aplicable, al omitir la individualización concreta de los cinco días consecutivos de inasistencia sin aviso que se le atribuían. Señaló que dicha omisión impedía al trabajador conocer con precisión los hechos que sustentaban la imputación, afectaba el ejercicio adecuado del derecho de defensa y constituía un vicio sustancial que contaminaba todo el procedimiento y el acto sancionatorio dictado en su consecuencia.
En ese marco, la Cámara concluyó que los defectos señalados —tanto el erróneo cómputo de las ausencias como la falta de determinación específica de los días de inasistencia en el acto de intimación— tornaban ilegítima la aplicación de la figura prevista en el art. 65 de la ley 11.757 —entonces vigente— y justificaban la nulidad del decreto de cesantía.
II.2. En cuanto a los rubros indemnizatorios, el a quo confirmó la procedencia del daño material, fijado en un porcentaje de los salarios dejados de percibir tomando como base el sueldo actual, con más un interés del 6% anual desde el cese hasta la sentencia de grado y de allí en más la tasa pasiva más alta. Entendió que esta pauta se ajustaba a la doctrina legal vigente de esta Suprema Corte.
Por otro lado, mantuvo el reconocimiento del daño moral, cuya existencia consideró debía presumirse en los supuestos de cesantía ilegítima, juzgando razonable el monto establecido.
II.3. Sobre tales bases, la Cámara rechazó los agravios articulados por el municipio y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia en su contra.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Municipalidad de Tandil interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-XII-2022, 11:41:07 hs.).
Denuncia que el fallo atacado padece de los siguientes vicios: i) errónea aplicación de los arts. 32 y siguientes y 65 de la ley 11.757 y del decreto municipal 3.305/13; ii) violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia y iii) arbitrariedad por vulnerar el principio de congruencia.
III.1. En primer lugar, manifiesta que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada incurre en una errónea aplicación de la ley que rige el caso. En tal sentido, dice que la lectura normativa realizada por la Cámara revela la exigencia de requisitos no previstos en la ley, la cual era clara y precisa al respecto.
En concreto, cuestiona que se haya declarado la nulidad del procedimiento sólo porque en la intimación no se detallaron los días exactos de inasistencia, argumentando que el art. 65 de la ley 11.757 no impone esa condición. Explica que se cumplieron las condiciones legales de la figura del abandono del cargo, a saber: cinco inasistencias consecutivas injustificadas y la intimación fehaciente.
Además, señala que la Cámara omitió considerar normas vinculantes a los arts. 32 y 34 de la ley 11.757 y el decreto 3.305/13, sobre junta médica.
Argumenta que no hubo afectación del derecho de defensa, pues el agente no impugnó el contenido de la intimación. Afirma que el acto administrativo es legítimo y se dictó bajo facultades regladas.
III.2. En segundo lugar, sostiene que el a quo ha violado la doctrina legal que cita, por omisión de aplicar precedentes jurisprudenciales directamente vinculados al abandono del empleo estatal. Entiende que no explicó las razones para apartarse de esa doctrina, incumpliendo así la carga de fundamentación.
III.3. Por último, sostiene que la sentencia apelada incurre en violación del principio procesal de congruencia, con afectación del debido proceso y del derecho de defensa.
Apunta a que el actor promovió demanda con el objeto de obtener la nulidad del decreto 1.430/14, por el cual se dispuso su cesantía, fundando su pretensión exclusivamente en la supuesta omisión de instrucción de un sumario administrativo previo. Destaca que tanto el juez de primera instancia como la propia Cámara reconocieron que, en los supuestos de abandono de servicio, no resulta exigible la sustanciación de dicho procedimiento sumarial.
No obstante, asegura que se declaró la nulidad del decreto con sustento en un argumento distinto al introducido por el actor, al cuestionar de oficio la validez de la intimación cursada para que el agente se reincorporara a sus tareas, exigiendo requisitos no previstos legalmente ni invocados en la demanda.
Asevera que tal proceder importó una indebida ampliación del objeto litigioso, al fundar la decisión en una cuestión no planteada por las partes. En consecuencia, aduce que el pronunciamiento recurrido excedió el marco de la controversia, por lo que solicita su revocación.
IV. El recurso no prospera.
IV.1.a. La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 78.114, "Ortega", sent. de 9-X-2023; e.o.).
Como se tiene dicho, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir todos los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho y que —independientemente considerados— le dan sustento bastante (conf. doctr. causas A. 70.763, "Chaves", resol. de 29-VI-2016; A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023; e.o.).
IV.1.b. Siendo así, se advierte que la sentencia recurrida se apoya en dos fundamentos, centrales y autónomos, ambos —en su lógica— con virtualidad para concluir en la invalidez del sumario.
Por un lado, la Cámara consideró que el procedimiento disciplinario breve fue indebidamente activado, en tanto la Administración computó como inasistencias injustificadas —y fijó como punto de inicio de la irregularidad— períodos en los que el agente se encontraba legalmente dispensado de prestar servicios —por hallarse en uso de licencias médicas y, con posterioridad, de licencia anual otorgada por la propia empleadora—, circunstancia que impedía tener por configurado el presupuesto objetivo del abandono de cargo.
Dicho eso, sostuvo además que la intimación cursada no cumplía con los recaudos supuestamente exigidos por la normativa aplicable, al omitir la individualización concreta de los cinco días consecutivos de inasistencia sin aviso que se le atribuían al agente, lo que implicó una afectación del debido proceso y del derecho de defensa.
IV.1.c. Según puede apreciarse, aun si a la recurrente le asistiese la razón en torno al "plus" de requisitos que la Cámara consideró que la notificación debía contener —y que esto importó una innovación indebida—, eso no le alcanza para lograr la revocación del fallo atacado pues, como se dijo, el primer fundamento para la invalidación fue la detección de un vicio originario, consistente en que todo el procedimiento expedito se había motorizado sin motivo aparente, apuntando a circunstancias fácticas que evidentemente no lo justificaban.
En consecuencia, el remedio articulado no satisface las exigencias técnicas propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, por ello, no puede prosperar.
IV.2. En otro orden de ideas, aunque ligado a lo anterior, no es de recibo el agravio referido a la violación de doctrina legal.
Es que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causa A. 78.938, "Tonil", sent. de 25-IV-2025; e.o.).
Esa tarea no se ha cumplido en la especie.
IV.3. Por último, cabe desestimar el agravio planteado respecto a la violación del principio de congruencia. Aquí la Municipalidad alega que los magistrados, para fulminar el acto de cesantía, acudieron a argumentos que no fueron sugeridos ni insinuados por la parte actora.
Al respecto, esta Corte tiene dicho que la pretendida transgresión al principio de congruencia requiere de la denuncia y acreditación del vicio de absurdo, puesto que interpretar el contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, solo revisable en casación frente a aquel excepcional supuesto. El cual, es útil recordar, no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017 y A. 75.093, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-V-2021).
Por sobre ello, cabe indicar que la congruencia se predica respecto de las pretensiones, los hechos introducidos al debate y el objeto del proceso, pero no generalmente respecto de las calificaciones jurídicas o de los fundamentos normativos esgrimidos por las partes. El juez, de ordinario, no se encuentra atado a la construcción argumental propuesta por los litigantes, sino únicamente al marco fáctico y a las peticiones concretas sometidas a su decisión.
Bajo esas premisas, no se advierte que el abordaje de la Cámara hubiese incurrido en tamaño vicio.
El a quo , en línea con las alegaciones del actor en torno a la invalidez del sumario administrativo, no ha trastocado drásticamente el equilibrio del contradictorio, surgido espontáneamente con puntos que en modo alguno formaron parte de la litis , o de lo contrario procedido oficiosamente con medidas de ultima ratio (conf. art. 272, CPCC; doctr. causas A. 75.429, "Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.", sent. de 30-V-2024 y A. 72.290, "Galland", sent. de 18-VI-2025).
Máxime cuando lo dicho en torno a la notificación de la intimación y sus requisitos tuvo carácter suplementario en la decisión del caso.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:27:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:40:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 17:52:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:03:06 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 12:37:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 12:42:19 hs. bajo el número RS-62-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia