Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 74960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para continuar interviniendo en el asunto (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Póngase en conocimiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, de lo que aquí se resolvió.
B.74.960 “LOLLI FABRICIO C/ MINIST.DE PRODUCCION-DIRECC. DE COMERCIO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS”
La Plata, 17 de octubre de 2018.
I. 1. El señor Fabricio Lolli impugnó la sanción de multa impuesta por la Dirección Provincial de Comercio de la Provincia de Buenos Aires por infracción a la ley 22.802 y su reglamentación, que conforman el régimen de Lealtad Comercial (disposición N° 110/2012, fs. 5/6). A fs. 9 presentó un escrito de apelación que fue concedido, elevándose las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (fs. 9/17).
Este órgano jurisdiccional, con remisión a lo resuelto en otro caso sustancialmente análogo, por mayoría, se declaró incompetente y devolvió el expediente a la autoridad local de aplicación para que canalice la impugnación de acuerdo a las normas que regulan la competencia de los tribunales locales (fs. 30/38).
Contra esa decisión, el Director Provincial de Comercio del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, patrocinado por el Fiscal de Estado, dedujo un Recurso Extraordinario Federal (fs. 41/51).
El remedio fue concedido y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los fundamentos y conclusiones vertidos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, declaró formalmente admisible el recurso y confirmó la sentencia apelada (fs. 53, 59 y 61).
Las actuaciones fueron entonces devueltas a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y ésta, a su vez, las remitió a la Dirección Provincial de Comercio (fs. 63/65).
I.2. El Director Provincial de Comercio, ante lo resuelto por la jurisdicción federal, envió el expediente al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata, en la inteligencia de que los arts. 1 y 2 de la ley 12.008 establecían la competencia del fuero especializado para entender en la impugnación de un acto administrativo sancionatorio de alcance particular dictado en ejercicio de la policía administrativa (fs. 66).
El juez a cargo de ese órgano devolvió el expediente a la Dirección de Comercio, informándole que debía ser ingresado a través de la Receptoría General (fs. 67).
Ante ello, el titular de esa Dirección requirió a la Asesoría General de Gobierno que le informe si a su entender debía conferirse al impugnante un plazo para que adecue su presentación a las reglas de la ley 12.008 o si debía adoptarse otro temperamento, dado que en esa dependencia se encontraba un gran número de expedientes en igual situación, por lo que urgía darles una salida procesal adecuada (fs. 68/69).
La Asesoría General de Gobierno dictaminó que, en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 12.008, que incluye expresamente en la materia contencioso administrativa a la impugnación de actos administrativos sancionatorios dispuestos en el ejercicio de la policía administrativa, correspondía remitir las actuaciones a la Receptoría General para que efectúe el sorteo del juzgado contencioso administrativo que habría de intervenir, sin que ello implique que el interesado encauce su recurso como demanda impugnatoria en los términos de la citada ley (fs. 70).
Las actuaciones pasaron luego a la Fiscalía de Estado. El Fiscal de Estado Adjunto opinó que resultaba necesario promover ante el Fuero Contencioso Administrativo la impugnación en tratamiento, destacando que en el Código Procesal Contencioso Administrativo existían regladas dos vías que podrían servir a esa finalidad y que ambas opciones tienen las características propias de los juicios de conocimiento, que difieren sensiblemente de las de los denominados "recursos directos" previstos en normas como la que regula este caso. Se refirió así al proceso sumario de ilegitimidad previsto en los arts. 67 y sigs. de la ley 12.008 y al proceso especial reglado por el art. 74 de esa ley, que incluye la impugnación de sanciones dictadas en ejercicio de competencias de policía administrativa. En cualquier supuesto, opinó, sería pertinente que, previa intimación, los recurrentes adecuen, formal y sustancialmente, sus impugnaciones a fin de poder presentarlas en la Receptoría General de Expedientes del Poder Judicial (fs.72).
Se proyectó, por parte de la Dirección de Comercio, un modelo de disposición para aplicar a todos los casos, que la Asesoría de Gobierno -llamada nuevamente a intervenir- consideró innecesario ante lo dispuesto por el art. 22 de la ley 22.802, insistiendo en su anterior postura en punto a que las actuaciones debían ser remitidas a la Receptoría General de Expedientes para que, mediante sorteo, se designe el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo que iría a intervenir, sin que ello implique que el interesado deba adecuar su impugnación (fs. 73, 75 y 76).
Finalmente, el expediente fue enviado a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata y resultó adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 (fs. 78/79).
II.1. El titular del referido órgano jurisdiccional, luego de dictar una providencia que aparece agregada a fs. 80 firmada solo digitalmente, por medio de la cual se intimaba al demandante a adecuar su presentación de acuerdo a los arts. 12 y 27 del Código Procesal Contencioso Administrativo, decidió declararse incompetente mediante la resolución agregada a fs. 81/82, que también carece de firma ológrafa.
Allí, el magistrado en cuestión, sobre la base de considerar que toda determinación de competencia debe efectuarse atendiendo, especialmente, a la exposición de los hechos y al derecho que se invoca en la demanda; y en virtud de lo dispuesto por el art. 22 de la ley 22.802 -texto según ley 26.993- que transcribe, decidió que el caso correspondía a la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad. Consecuentemente, se declaró incompetente y remitió los autos a dicha alzada.
El Presidente de la Cámara devolvió el expediente al juez de grado, argumentando que el caso, tal como llegaba, no registraba trámite abierto que amerite su intervención (fs. 83).
Ante ello, el juez de primera instancia dictó una providencia en la que explicó que, en tanto había declinado su competencia en favor de la de la Cámara, ésta debía pronunciarse al respecto y, eventualmente, plantear un conflicto negativo (fs. 84).
II.2. Al tomar intervención, la Cámara declaró -mediante una resolución que se apoya en lo resuelto en otro caso- que la impugnación de sanciones impuestas por la administración pública provincial (Dirección de Comercio) como autoridad de aplicación de leyes nacionales -en el caso, la ley 22.802 de Lealtad Comercial- corresponde al fuero contencioso administrativo.
También decidió que, con arreglo a las normas que regulan las atribuciones de los tribunales locales, la cuestión no correspondía a su esfera de competencia originaria, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 166 de la Constitución provincial; 1, 2 y concs. del Código Procesal Contencioso Administrativo y 1, 2, 11 y concs. de la ley 12.074.
Por consiguiente, dejó sin efecto la declaración de incompetencia del juez de grado, a quien devolvió la causa a los fines de que asuma su conocimiento y decisión en forma originaria (fs. 88/88 vta.).
II.3. Al retomar el expediente, el juez de primera instancia no aceptó lo resuelto por la Cámara.
Destacó que el tribunal superior no planteó el conflicto de competencia, que su jurisdicción no se hallaba abierta atento a no encontrarse apelada la resolución dictada a fs. 81/82, ni tampoco declaró la inconstitucionalidad de la ley 22.802.
Teniendo en consideración los límites a los que está sujeta la competencia de los tribunales de alzada, le pareció claro que en este caso la Cámara desconoció el principio de congruencia establecido en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y excedió sus facultades al expedirse sobre una cuestión que no había sido sometida a su decisión por las partes, concluyendo que su actuación resultaba desprovista de todo sustento normativo en tanto no existe disposición legal alguna que la autorice a proceder como lo hizo.
Para lo que aquí interesa, señaló que las reglas atributivas de competencia por razón de la materia y del grado tienden fundamentalmente a asegurar la eficacia de la administración de justicia y responden a necesidades de interés general y de orden público que no pueden ser dejadas sin efecto por la voluntad de los particulares, debiendo los jueces velar por su estricto cumplimiento, aún de oficio; siendo absoluta la incompetencia del órgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión o una petición cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia, del valor o del grado.
Puso de relieve que la competencia del Fuero Contencioso Administrativo resulta incuestionable, en tanto el acto administrativo impugnado ha sido dictado por un órgano estatal provincial en ejercicio de funciones administrativas pero, no obstante ello, el art. 22 de la ley 22.802 le asigna competencia para decidir el punto a las "cámaras de apelaciones competentes", sin inmiscuirse en la ámbito material de esa atribución, por lo que no es pasible de reproche constitucional.
Por tales razones, planteó el conflicto negativo y remitió las actuaciones a esta Corte, para que lo dirima de acuerdo a lo dispuesto por el art. 161 inc. 2 de la Constitución provincial (fs. 89/91).
III.1. Este Tribunal ha venido sosteniendo invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrua González", res. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", res. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", res. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", res. de 6-V-2009; B. 71.336, "Aguero", res. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", res. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", res. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", res. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", res. de 22-II-2017; B. 74.716, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", ambas res. de 14-VI-2017; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", res. de 6-IX-2017).
III.2. Bajo tales premisas y en virtud de lo reglado en el art. 31 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, es evidente que la declaración de incompetencia formulada por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata a fs. 81 y vta. fue intempestiva, en tanto se produjo luego de aceptar plenamente su jurisdicción y haber ordenado a la accionante adecuar su demanda de conformidad con los arts. 12 y 27 del código que rige en la especie (doctr. causa B. 75.025, "Barreyro", res. de 29-VIII-2018 y sus citas).
Siendo así, corresponde que sea ese mismo órgano que previno el que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para continuar interviniendo en el asunto (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Póngase en conocimiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, de lo que aquí se resolvió.
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 482
Fin de la sentencia