Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 19837 2018
Expte. Nº 19837 .-
Autos:"AMX ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO-DIRECCION DEFENSA DEL CONSUMIDOR S/ PRETENSION ANULATORIA ".-
Mercedes, de Septiembre de 2018.PB
Estos autos caratulados "AMX ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE MORENO s/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 19837, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 140/156 se presenta el Dr. Mariano Pascual en carácter de apoderado de AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), iniciando demanda contra la Municipalidad de Moreno, pretendiendo impugnar la Sentencia N° 60726, dictada el 19 de febrero de 2015 por el Juzgado de Faltas N° 1 del partido de Moreno, por la cual se resuelve imponer una multa pecuniaria de $ 18.211 a su representada, por supuesta infracción a lo normado en el Art. 4 y 10 bis de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y un resarcimiento económico a favor de la usuaria Haydee Alfonso equivalente a 5 Canastas Básicas total Hogar 3, conforme lo estipula el art. 40 bis de la Ley 24.240.-
Como primera cuestión plantea la inconstitucionalidad del art.70 de la ley 13.133 por entender que el mismo resulta violatorio del derecho de propiedad constitucionalmente consagrado por el art.17 de la Constitución Nacional y un acto lesivo del derecho de defensa en juicio y debido proceso.-
Acto seguido procede a reseñar los antecedentes del procedimiento que precede al acto atacado y en ese sentido expresa que la Sra. Haydee Alfonso es titular de la cuenta N° 588872556 activada él 05.01.2011, a la que se encuentran asociadas 3 (tres) líneas: N° 011-1564232099 - N° 011-1564232397 - N° 011-1564232498.-
Manifiesta que las líneas en referencia se encuentran vinculadas al plan único PUBB1 de $245 más impuestos, el cual puede afectar como máximo a 5 líneas y que adquirir líneas con dicho plan le permite al cliente obtener un importe de subsidio de $1.300, para la compra de equipos.
Indica que el plan contratado por la señora Alfonso le otorgaba como beneficio el subsidio total de una terminal BLACKBERRY CURVE 8520 (GE.MINI) para la línea N° 011-1564232099, junto con la bonificación del servicio BlackBerry para dicha línea únicamente, siendo la misma entregada al cliente al momento de la activación.
Refiere que el 29 de marzo de 2011, mediante carta documento la señora Alfonso manifiesta que, el 5 de enero de 2011 contrato en forma telefónica con su mandante el servicio de telefonía móvil que consistía en una única línea y una terminal móvil BlackBerry 8520, pero en la facturación del servicio le incluyeron cargos que no habían sido contratados, como ser 2 líneas más y los gastos provenientes de las mismas, y por ese motivo solicita la cancelación del servicio.
Expone que para que la usuaria pueda cancelar el servicio (que reitera fue utilizado conforme las condiciones pactadas) el cliente debía abonar $220, más impuestos, por cada una de las 3 líneas en concepto de cargo de activación, y respecto a la línea N° 011-1564232099 abonar $75 más impuestos en concepto de subsidio remanente pendiente del equipo BlackBerry. Dicho requisitos no fueron cumplidos por la usuaria, por lo cual la empresa emite las facturas desde marzo de 2011 hasta enero de 2012, las que tampoco fueron abonadas por la señora Alfonso.-
Igualmente y más allá de eso, sin reconocer hechos ni derechos y con anterioridad a la recepción de la presente imputación es que se procede a cancelar las 3 líneas de la cuenta sin costo, efectuando un ajuste total en la cuenta de $4892,96 finales, correspondientes a la totalidad de los cargos generados en la cuenta, desde la fecha en que el cliente solicito mediante carta documento la baja del servicio, sin haber cumplido con los términos y condiciones descriptos.
Indica que resulta evidente entonces que, en el caso de marras el Juzgado de Faltas N° 1 del Municipio de Moreno, se limitó a sancionar a su representada, considerando únicamente los dichos de la reclamante, sin tomar en consideración los argumentos expuestos por CLARO, la documentación acompañada en las distintas instancias, ni la conducta desplegada a través del expediente de marras.
Sobre la improcedencia de la sanción por supuesto incumplimiento del art. 4 de la ley 24.240, indica que, en la Solicitud de Servicio (SDS) signada por el usuario se encuentran todos los datos de interés que deben estar a disposición del cliente desde el comienzo de la relación contractual. Y que dicha SDS cumple una doble finalidad, ya que por un lado, da cumplimiento íntegro al artículo 4 de la ley 24.240 y por otro lado, pone en conocimiento del cliente las condiciones y términos de contratación para su análisis y estudio, antes de contratar el servicio, entre los que constan entre otras cosas, las características y requisitos para la baja del mismo.-
Manifiesta que es contrario a derecho sostener el incumplimiento de determinada norma, sin efectuar un razonado análisis acerca de la manera y circunstancias en las cuales se habría incumplido dicha norma.-
Por lo que entiende que resulta improcedente la sanción impuesta por infracción al art. 4 de la ley 24.240.-
Respecto de la sanción por supuesto incumplimiento del art. 10 bis de la ley 24.240 refiere que, la señora Alfonso con fecha 29 de marzo de 2011 envía carta documento solicitando la cancelación del servicio, para efectuar dicha cancelación el cliente debía abonar las sumas adeudadas en concepto de cargo de activación y subsidio de equipo BlackBerry. Estos requisitos no fueron cumplimentados por la usuaria, por lo cual denota un incumplimiento de las condiciones pactadas en cabeza de la denunciante.-
Por lo expuesto, entiende que resulta improcedente la sanción impuesta por infracción al art. 10 bis de la ley 24.240.-
Seguidamente formula planteo de inconstitucionalidad del art.40 bis de la ley 24.240. Luego de caracterizar el instituto allí previsto, sostiene que no se ha demostrado en autos la existencia de un daño ni por parte de la Administración, ni por parte del reclamante y ello per se, debería resultar suficiente a los fines de dejar sin efecto la fijación de una indemnización.-
Agrega que, lo más importante es que el mentado art.40 bis de la ley 24.240 resulta inconstitucional en virtud de que asigna a la administración atribuciones que por la CN resultan reservadas al poder judicial. Considera que la Administración carece de competencia para juzgar cuestiones relativas a la responsabilidad civil entre particulares, y que la relación que se establece entre el consumidor y el proveedor, no deja de ser una cuestión particular entre privados y ello siempre es materia judicial.-
Con cita en jurisprudencia señala que la misma CN brinda la solución a la cuestión planteada en su art.109 y en los arts.99, 100 y 116. Destaca que resulta un principio fundamental de nuestro sistema político la división de poderes, independientes y soberanos en su esfera, por lo que sus atribuciones les son particulares y exclusivas, reservando la concurrencia de facultades únicamente a cuestiones excepcionales.
Tampoco resuelve la cuestión -prosigue- la posibilidad de que la indemnización que se imponga sea revisable judicialmente con posterioridad, puesto que lo que se cuestiona es la determinación de la indemnización por parte de la Administración per se.-
Finaliza diciendo que no debe olvidarse que la materia contravencional es un derecho penal especial, y la diferencia entre delito y falta es cuantitativa y no cualitativa, la falta o contravención es un "delito en pequeño", así lo han resuelto la Corte Nacional y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por tales consideraciones se impone que ese peculiar poder punitivo, deba respetar los principios y garantías del derecho penal y procesal consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.-
Seguidamente desarrolla los fundamentos por los que considera que el acto atacado carece de causa y motivación, formulando diversas postulaciones respecto de tales elementos y solicitando se considere, a todo evento, una reducción de la multa, en atención a la conducta diligente desplegada por su mandante, peticionando la aplicación del principio de insignificancia.-
Finalmente funda en derecho, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
II. Con fecha 3/07/2015 se corre traslado a la demandada del planteo de inconstitucionalidad del art. 70, 2° párrafo, de la ley 13.133 efectuado por la actora, y a fs. 182/186 se presenta la Dra. Silvina Ledesma en carácter de apoderada de la Municipalidad de Moreno contestando dicho traslado.-
III. A fs. 193/196 se resuelve declarando la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 70 de la Ley 13.133, resolución confirmada por la Alzada a fs. 209/213.-
IV. A fs. 219/224 contesta demanda la Dra. Silvina Ledesma por la Municipalidad de Moreno.-
Inicia su responde negando todos los hechos narrados por la actora, luego detalla el procedimiento llevado a cabo en sede administrativa conforme la denuncia efectuada por la usuaria.-
Manifiesta que la Sra. Haydee Alfonso el día 28 de julio de 2011, denuncia ante las oficinas de la Dirección de Defensa del Consumidor, que contrato con la firma AMX ARGENTINA S.A., un servicio de telefonía móvil que consistía en una línea y una terminal móvil marca BlackBerry Curve 8520, pero que en la facturación del servicio se le incluyeron cargos y gastos que no había contratado, como ser dos líneas más y los gastos provenientes de las mismas, lo que motivo que el 29 de marzo de 2011 remitiera a la empresa una carta documento rescindiendo el contrato.-
Informa que conforme se desprende del expediente administrativo N° 4078-117564-D-2011, se encuentra probado que AMX ARGENTINA S.A., jamás brindo, a la Sra. Alfonso, una información adecuada y veraz que resulta fundamental en la protección de los intereses económicos de los consumidores (art. 42 Const. Nacional).-
Destaca también, que es falso que la actora haya resuelto el problema antes de la prosecución del expediente administrativo, como afirma en su presentación.-
Indica que se celebraron audiencias desde la denuncia de la requirente y las partes no se acercaron, la Sra. Alfonso reitero su reclamo en cada audiencia, conforme las actas firmadas por la empresa, y no se satisfizo su reclamo y no se aclaró la cuestión.-
Alega que la facultad conferida a las autoridades administrativas a través del art. 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, tiende al resarcimiento de los daños sufridos por el consumidor o usuario, como consecuencia del obrar ilegítimo del proveedor de bienes o del prestador del servicio en la relación de consumo. Se trata una "indemnización" tendiente a "reparar los daños" sufridos por el consumidor, quedando claro que dicho instituto persigue -más que sancionar al proveedor de bienes o prestador de servicios- la reparación de los daños sufridos por el consumidor o usuario, como consecuencia del obrar ilegítimo de cualquiera de éstos.
Finalmente ofrece prueba y peticiona.-
V. Por último, con fecha 31/05/2018, se resuelve pasar los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal facultad ambas partes y finalmente, con fecha 27/06/2018, se llama autos para sentencia y;
1. Que en el presente litigio se ventila la impugnación por AMX ARGENTINA S.A. de la resolución N° 60.726, dictada con fecha 19 de febrero de 2015 por el Juez de Faltas de Moreno, en el marco de las actuaciones administrativas N° 4078-117564-D-2011, mediante la que se impusiera a la empresa accionante, la sanción de multa de $ 18.211 por infracción a los arts. 4 y 10 bis de la ley 24.240. Asimismo, fija el daño directo que la empresa debiera resarcirle a la usuaria, en la suma en pesos equivalente a cinco canastas básicas total para el hogar 3 que publica el INDEC.-
Que las actuaciones administrativas se formaron como consecuencia de la denuncia presentada por la Sra. Haydee Alfonso, por los perjuicios ocasionados por el cobro de dos líneas de telefonía celular y sus respectivos abonos, que ella no había contratado.-
2. Abordando ahora la evaluación del acto administrativo cuestionado, corresponde en primer lugar fijar los antecedentes que le sirvieron de fundamento y precisar las conductas que en aquella sede, han sido merecedoras de la sanción impuesta.-
a) Que a fs. 2 del expte. administrativo n° 4078-117564-D-2011 se presenta con fecha 28/07/2011 la Sra. Haydee Alfonso realizando denuncia ante la Municipalidad de Moreno -Dirección de Defensa al Consumidor- contra AMX ARGENTINA S.A., manifestando que habiéndole ofrecido la empresa un teléfono celular BlackBerry Curve 8520 con contrato por un año, al llegar la segunda factura se da cuenta que le quieren cobrar 3 líneas de teléfono, y al efectuar el reclamo en la sucursal de Claro de Morón, le informan que había contratado una flota de teléfonos.-
Refiere también que, al intentar dar de baja la línea telefónica mediante carta documento enviada con fecha 29 de marzo de 2011, no encontró respuesta de parte de la empresa.-
b) A fs. 37 obra agregada constancia de celebración de la primera audiencia conciliatoria a la que concurren ambas partes. La requirente manifiesta el motivo de su reclamo, el que dice "Aclara que le ofrecieron gratis un BlackBerry 8520 por ser cliente de la empresa, con el chip de regalo. El 05/01/2011 llega una encomienda y en dicha encomienda llegaron un chip para el BlackBerry y dos chips más ensobrados en otro pack (los cuales no uso). Ante la falta de facturas y al no saber su vencimiento llama y le dan un importe a pagar $211,17 que abona el día 02/02/2011 en Bapro sucursal 8156 terminal 0583 a las 15:54 hs., llega una segunda factura de $ 540,30 que vencía el 23/02/2011, pero no es lo acordado por la empresa y concurre a la sucursal Morón para pedir explicaciones y no le brindan ninguna, solo le dicen que tiene que abonar los tres chips, cosa que jamás le mencionaron. Envía carta documento el 29/03/2011 pidiendo la baja del servicio y la devolución de los cargos facturados y pagados", a lo que la parte requerida "luego de realizar gestiones" solicita un cuarto intermedio a fin de brindar una respuesta al reclamo. En ese acto, se fija una nueva audiencia a instancia de la requerida.-
c) A fs. 39 obra agregada constancia de celebración de la segunda audiencia de conciliación, a la que concurren ambas partes, reiterando la requirente su reclamo y la firma requerida hace un ofrecimiento el que no es aceptado por la requirente.-
d) A fs. 45/49 obra agregado el auto de imputación formulado por la administración, por presunta infracción a los arts. 4, 10 bis y 37 de la Ley 24.240 y sugiere aplicación del art. 40 bis de la ley 24.240, por daño directo a la requirente.-
e) A fs. 51/59 la empresa hace su descargo, solicitando se deje sin efecto la imputación efectuada, argumentando la falta de incumplimiento de los artículos a los que hace referencia el auto de imputación.-
Asimismo en el mismo descargo hace saber que el reclamo se encuentra solucionado.-
f) A fs. 81/83 se dicta el acto administrativo final -por el Sr. Juez de Faltas de la Municipalidad de Moreno- sancionando a la empresa AMX ARGENTINA S.A con una multa de pesos dieciocho mil doscientos once ($18.211,00) por haber infringido el 4 y 10 bis de la ley 24.240. Fija el daño directo a favor de la usuaria en la suma de pesos equivalente a cinco canastas básicas total para el hogar 3, el que deberá ser resarcido por la requerida conforme art. 40 bis de la ley 24.240 y finalmente, absuelve a AMX ARGENTINA S.A por presunta infracción al art. 37 de la ley 24.240.-
3. Que de manera preliminar, resulta oportuno determinar el marco normativo aplicable al caso. Es dable mencionar lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional, en el cual se estableció que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno...".-
Por su parte el art.4 de la Ley 24.240 t.o. según Ley 26.361 dispone: "Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión".-
Sobre el particular, la razón de esta normativa se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, permitiéndole efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio en relación al cual pretende contratar, otorgándole al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de la celebración del negocio.-
De esta manera el deber de información encuentra su fundamento en la desigualdad que presupone que solo una de las partes se encuentra informada sobre un hecho que puede gravitar o ejercer influencia sobre el consentimiento de la otra, de modo tal que el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo habría sido en condiciones más favorables. Así la protección en favor del consumidor se sustenta en una suerte de "presunción de ignorancia legitima" (Ley Defensa del Consumidor 24.240 Comentada; Jorge Mosset Iturraspe - Javier H. Wajntraub; Editorial Rubinzal-Culzoni, pág.64/74).-
Ha dicho la jurisprudencia que "El derecho de información que el art. 42 de la Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el deber impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 a los proveedores de bienes y servicios. La finalidad perseguida por el art.4 de la Ley 24.240 consiste en buscar la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto de las ventajas y desventajas de los servicios que contrata y encuentra su razón de ser en la necesidad de suministrar a aquél conocimientos de los cuales legítimamente carece, con la finalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio que pretende contratar. (CNFed.CAdm., sala II 4-11-97 "Diners Club Argentina S.A.c/ Secretaria de Comercio e Inversiones).-
Ahora bien, bajo tal contexto corresponde tratar el agravio del accionante dirigido a cuestionar la imputación que la autoridad administrativa le formuló, referida a la transgresión del art.4 de la ley 24.240, esto es el deber de información.-
Entendió el aquí actor, que no existió infracción al art.4 de la ley 24.240, argumentando que el denunciante acepto las condiciones del contrato suscripto, y hace mención a que en el contrato se encuentran todas las condiciones de contratación y de servicio adquirido por esta.-
Corresponde decir, que el deber de información que recepta el art.4 de la Ley de Defensa del Consumidor, otorga una tutela particular y amplia al usuario/consumidor, frente a esa asimetría que tiene frente al proveedor, quien se presenta como un "experto" y que conoce perfectamente su área comercial, durante todo el contrato. (NAGER, María Agustina, pub. En Revista La Ley (Febrero 2012).-
Así se ha dicho, que esa obligación de informar se extiende durante toda la relación de consumo, es decir, abarca todo el iter contractual y aún luego de la conclusión de éste. En la etapa precontractual persigue que el usuario sea correctamente instruido antes de concretar la operación para así poder prestar un consentimiento lúcido, pudiendo prever las vicisitudes del vínculo jurídico. Luego debe contribuir a la ejecución del contrato (utilización del producto o servicio) y/o la prevención de riesgos. (ARANCET, Alejandra, en Ghersi - Weingarten, Tratado de Daños Reparables, p.22).-
Considero que asiste razón a la autoridad administrativa cuando imputa a la aquí actora infracción al art
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.