Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 22425
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 70 de la ley 13.133 -cfr. ley 14652, con costas de la incidencia a la demandada vencida (art. 51 inc. 1 CPCA).-
2Declarar admisible la pretensión por cumplir los recaudos establecidos en los arts. 14, 27 y 28 del C.P.C.A. -
3Declarar inoficioso el tratamiento de la medida cautelar solicitada, en razón de que la interposición de la presente demanda, ha suspendido de pleno derecho los efectos del acto administrativo impugnado (cfr.art.60 de la ley 13133).
4No dándose el supuesto del art. 10 inc. 1° del CPCA, como tampoco lo previsto en el art. 94 del CPCC, a la citación de tercero solicitada por el accionante, no ha lugar.-
5Correr traslado de la demanda interpuesta a la Municipalidad de Lujan, a quien se cita para que dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días la conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia y de lo previsto en el art. 37 inc.2º C.P.C.A. (arts. 33 inc. 2º, 38 inc.1º y 77 inc.1º del C.P.C.A.; 59 del C.P.C.C.), el que se tiene por respondido conforme seguidamente se provee.-
6Habiendo contestado demanda en la presentación electrónica de fecha 2/11/2018 a las 10:54 hs. y sus adjuntos, paso a proveer la misma;
Tiénese al peticionante por presentado, por parte en el carácter invocado, con domicilio legal y por constituido el domicilio electrónico (arts. 27 inc. 1º y 37 inc.1º C.P.C.A.; art 40 -texto según ley 14.142- y art. 47 C.P.C.C.).- …
I. Que a fs. 8/21 se presenta el Dr. German Alberto Stopiello, apoderado de Federación Patronal Seguros S.A., interpone demanda solicitando la nulidad de la Resolución de fecha 13/06/2016, emitida por el Organo de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones de la Municipalidad de Lujan en las actuaciones administrativas N° 40692664/2015, mediante la cual se le impuso una multa por infracción a lo previsto en el art. 4 de la ley 24.240.-
Plantea también, la inconstitucionalidad del art. 70 de la Ley 13.133, refiriendo que el mismo, lesiona principios constitucionales tales como el debido proceso, el principio de legalidad, inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, citando al respecto doctrina y jurisprudencia.-
II. También solicita que, se disponga con carácter cautelar la suspensión de los efectos del acto impugnado, a efectos de que la autoridad administrativa demandada se abstenga de proseguir o llevar adelante cualquier actuación administrativa o judicial tendiente a perseguir su cumplimiento.-
III. Con fecha 4/12/2017, se dispone dar traslado por el plazo de cinco (5) días a la contraria, a los fines de resolver en autos el planteo de inconstitucionalidad articulado y la medida cautelar peticionada.-
IV. Que con fecha 2/11/2018 se presenta por la Municipalidad de Lujan, la Dra. Florencia Sandra Noemi Larralde, contestando el traslado y el pedido de informes requeridos, y acompañando el expediente administrativo N° 4069-002664/2015.-
V. Que con fecha 28/11/2018, pasan los autos a despacho para resolver, y ;
I. Respecto del pedido de inconstitucionalidad, el art. 70 de la ley 13.133 dispone que "En todos los casos, para interponer la acción judicial contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito junto con el escrito de demanda sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al impugnante.."
De esta manera, el pago de la multa constituye un requisito de admisibilidad de la demanda, que determina que, si pretende el peticionante eximirse del mismo, deba probar que el cumplimiento de aquel, le ocasiona un perjuicio irreparable.-
II. Que respecto a las sanciones de multa, la Corte Suprema Nacional ha sostenido reiteradamente la naturaleza penal de las sanciones impuestas por la administración, en uso de su potestad sancionatoria en el ejercicio del poder de policía.-
En la especie, el Máximo Tribunal Nacional afirmó que la sanción de clausura aplicada por el ente fiscal, comporta una medida de índole estrictamente penal. Precisando que "... no cabe hablar de 'juicio' -y en particular de aquel que el art. 18 de la Constitución Nacional exige como requisito que legitime una condena- si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente; ni de 'juicio previo' si esta instancia no ha concluído y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma" (CSN in re "Dumit" del 08/11/1972 (Fallos: 284:150), doctrina reiterada en "Lapiduz, Enrique c/ D.G.I. s/acción de amparo" del 28 de abril de 1998).
En esos precedentes, la Corte reitera su admisión de que órganos administrativos ejerzan funciones "jurisdiccionales" -conforme las pautas esenciales trazadas en "Fernández Arias c/ Poggio" (Fallos 247-646)-, pero siempre bajo condición de que quede abierta la posibilidad de revisión judicial posterior (ver también "Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ resol.71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. Nº 750-002119/96)" sentencia del 5 de abril de 2005).
Por su parte, la Suprema Corte Provincial, también registra pronunciamientos en que ha calificado la imposición de multas en materia de infracciones provinciales como actividad administrativa punitiva (cfme. SCBA causa B68838 "Mayed S.A." sentencia del 13/06/2007).
A partir de esos antecedentes, la doctrina ha entendido que una multa tributaria no puede exigirse sin juicio previo, ya que tal exigencia viola la presunción de inocencia. Adelanta -se ha dicho- la condena sin proceso (Tozzini, Gabriela Inés, en Revista de Derecho Publico, Ed. Rubinzal-Culzoni, Tº 2011-1, Pág. 219; ver también: Mammoni, Gustavo Antonio, "La inconstitucionalidad del solve et repete en materia de multas administrativas", en LL 2013-C, Sup. Adm. 2013 -junio-, 3).
Sin embargo -dice Cassagne- el ilícito penal administrativo tiene en común con el delito criminal la aplicación de los principios del Derecho Penal sustantivo, poniendo de relieve, a su vez, el carácter represivo de las sanciones cuando estas no tuvieren carácter resarcitorio (v. Cassagne, op. cit.).
En autos, del mismo modo que en las causas de mención, se trata el caso de una impugnación judicial respecto de una multa impuesta en ejercicio del poder de policía en materia de Derecho del Consumidor que asiste a la comuna, multa que, hasta tanto no medie sentencia judicial que resuelva respecto de la ilegitimidad de la que se la acusa, no se encontrara firme y en condiciones de ser ejecutada.-
III. En definitiva, en tanto se esté discutiendo la procedencia de la multa impuesta, por aplicación de los principios de inocencia y debido proceso contenidos en el art. 18 de la Constitución Nacional, no aparece constitucionalmente válido pretender ejecutoriar una sanción, hacerla cumplir efectivamente, sin el debido control judicial previo.
Es que ".el art 18 de la C.N. establece el principio de inocencia, que se vería quebrantado ante la posibilidad de ejecutar la multa impuesta antes que recaiga sentencia definitiva en la causa; el cual, además, lleva a impedir que una persona, a quien se le formuló una imputación penal en el curso de un procedimiento no judicial y cuya culpabilidad no ha sido probada ante el juez natural de la Constitución, deba cumplir una pena sin que medie declaración judicial con fuerza de Ley de la existencia misma de la infracción que se le imputa..." (cfme. JCA n° 2 SI, Causa 6337 "Peugeot Citroën Argentina S.A. c/ Municipalidad de Vicente Lopez s/ Proceso Sumario de Ilegitimidad ", de 22/03/2016, con cita de causas de ese mismo juzgado n° 4870, del 27/4/15 y n° 4867, del 30/4/15, 6172 del 10/02/16 ).-
Por dichos motivos, entiendo que el requisito de pago previo para el acceso a la justicia exigido por el artículo 70 -segundo párrafo- de la Ley 13133 importa una lesión al principio de inocencia, a la tutela judicial efectiva, al acceso irrestricto a la justicia y al derecho de defensa en juicio , por lo que no puede exigirse válidamente al impugnante su cumplimiento como recaudo de admisibilidad de la demanda.
Todo ello, junto con los lineamientos que justifican el solve et repete en materia tributaria -cfr. art. 19 CCA y art. 119 CF - impiden tener por válido que la sanción de multa -de naturaleza penal- sea ejecutada vía pago previo, antes de que exista un control judicial adecuado a las decisiones de la administración.
En similar sentido se han pronunciado otros Juzgados del Fuero (Juzgado C.A. n° 2 de San Isidro, causas "Peugeot" de 22/03/2016 -citada precedentemente-, "Telecom" de 17/10/2016, J.C.A. n° 1 de Mar del Pata, en causa "Telefónica de Argentina" de 10/04/2016, y las Excmas. Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata y Mar del Plata, respectivamente, en las causas "GALIA S.A." (Expte. Nº 32577) del 9/6/15 y Telecom (C-6194) del 10/12/15.
Por todo lo expuesto anteriormente, no cabe mas que declarar la inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133 en su segundo párrafo, en cuanto exige el depósito previo de la multa como condición de admisibilidad, por su contradicción con los art. 18 CN y 15 CPBA.-
IV. En cuanto a la medida cautelar solicitada; De conformidad a lo dispuesto por el art.60 de la ley 13133, la interposición de la presente demanda ha suspendido los efectos del acto administrativo impugnado, en su mérito, el tratamiento de la pretensión cautelar articulada deviene inoficioso, lo que así habre de declarar.-
V. Estando los autos para ello, procedo a analizar sobre la admisibilidad de la demanda entablada;
Que el Suscripto resulta "prima facie" competente para intervenir en la presente causa según lo establecido en los arts.166 -últ. párrafo- de la Const. Pcia. Bs. As.; 1, 2 inc.1º y 5 inc. 2º "a" del C.P.C.A..-
VI. Que la instancia administrativa resulta agotada con el dictado de la resolución 097/2016 de fecha 13 de Junio de 2016, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, por emanar del órgano con competencia delegada del municipio demandado (Conf. art. 14 inc. 1º "a" C.C.A.).-
VII. Que la demanda se ha interpuesto dentro del plazo establecido por el art. 70 de la ley 13.133, toda vez que el acto administrativo que causa estado fué notificado a la recurrente el día 18 de julio de 2016 (ver fs. 74/75 Expte. administrativo).-
VIII. Asimismo la demanda cumple con los recaudos exigidos en el art. 27 del C.P.C.A., siendo la acción procedente por sus formas extrínsecas.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Arts. 166, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 60 y 70 Ley 13.133, arts. 18, 27 y ss CPCA) y doctrina legal citada;
1. Declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 70 de la ley 13.133 -cfr. ley 14652, con costas de la incidencia a la demandada vencida (art. 51 inc. 1 CPCA).-
2. Declarar admisible la pretensión por cumplir los recaudos establecidos en los arts. 14, 27 y 28 del C.P.C.A. -
3. Declarar inoficioso el tratamiento de la medida cautelar solicitada, en razón de que la interposición de la presente demanda, ha suspendido de pleno derecho los efectos del acto administrativo impugnado (cfr.art.60 de la ley 13133).
4. No dándose el supuesto del art. 10 inc. 1° del CPCA, como tampoco lo previsto en el art. 94 del CPCC, a la citación de tercero solicitada por el accionante, no ha lugar.-
5. Correr traslado de la demanda interpuesta a la Municipalidad de Lujan, a quien se cita para que dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días la conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia y de lo previsto en el art. 37 inc.2º C.P.C.A. (arts. 33 inc. 2º, 38 inc.1º y 77 inc.1º del C.P.C.A.; 59 del C.P.C.C.), el que se tiene por respondido conforme seguidamente se provee.-
6. Habiendo contestado demanda en la presentación electrónica de fecha 2/11/2018 a las 10:54 hs. y sus adjuntos, paso a proveer la misma;
Tiénese al peticionante por presentado, por parte en el carácter invocado, con domicilio legal y por constituido el domicilio electrónico (arts. 27 inc. 1º y 37 inc.1º C.P.C.A.; art 40 -texto según ley 14.142- y art. 47 C.P.C.C.).-
Téngase por contestada la demanda y por ofrecida la prueba de la que intenta valerse el accionado (arts. 27 y 37 del CPCA).-
Téngase por cumplido el pago del Bono Ley 8.480 y el Anticipo Previsional ley 6.716.
De los documentos acompañados, córrase traslado por cinco días al actor bajo el apercibimiento previsto en el art. 37 inc. 2ª del C.P.C.A. Notifíquese personalmente o por cédula ( arts. 356 C.P.C.C. , art. 77 C.P.C.A, Ac. 3540/11 y Res. 1827/12 SCBA).
Téngase presentes las autorizaciones conferidas en los términos y con el alcance de la Resolución Nº 854/73 SCBA.-
7. Firme o consentida que se encuentre la presente, continúen los autos según su estado.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Resolución Interlocutoria registrada bajo el Nº .........../18.-
Fin de la sentencia