Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 9465 2019
Expte. Nº 9465.-
Autos: UNILEVER DE ARGENTINA S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/PRETENSION ANULATORIA.-
Mercedes, de Junio de 2019.CS
Estos autos caratulados "UNILEVER DE ARGENTINA S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 9465, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 83/113 se presenta el Dr. Rodrigo Lema, como apoderado de UNILEVER ARGENTINA S.A., iniciando demanda contra la Municipalidad Alberti, con el objeto de obtener la nulidad del Decreto N°0334/08 dictado por el Intendente de la mencionada comuna, que le fuera notificado a su mandante con fecha 26/05/2008, mediante la cual, se le determino a su mandante una deuda en concepto de "Derechos de Publicidad y Propaganda" -en adelante DPP, por el período 2007.
Asimismo, peticiona la anulación por inconstitucionalidad del acto administrativo de alcance general consistente en la ordenanza fiscal municipal, en tanto se interprete que dicha norma ordena el pago de derechos de publicidad y propaganda en las condiciones exigidas por la demandada.
Liminarmente refiere que, su representada recibió por parte de la comuna demandada, una cedula de notificación, "...acompañada por liquidaciones de derechos de publicidad y propaganda"(Sic) que supuestamente habrían sido remitidas por la Municipalidad de Alberti, y por la cual se lo intimaba al pago de la suma de $1.890,00 en concepto de publicidad por el período 2007.-
Que frente a dicha intimación, su mandante presentó la impugnación correspondiente en sede administrativa, donde se puso en conocimiento del municipio que su representada jamás realizó publicidad en el ejido municipal, planteando, asimismo, la nulidad de todo lo actuado, atento no haberse respetado el procedimiento contenido en la Ordenanza General n°267/80 y en la Ordenanza Fiscal Municipal.-
Relata que la intimación efectuada por el Municipio no expresaba las razones fácticas y jurídicas que motivaron dicha intimación, lo que torna el resultado de las actuaciones, viciado desde un principio haciendo que su mandante deba responder las intimaciones sobre la base de suposiciones.-
Agrega a lo expuesto, que su mandante jamás recibió las actas referenciadas en las liquidaciones.-
Sostiene que el acto que se impugna, fue dictado en el marco de un procedimiento nulo de nulidad absoluta y que posee vicios manifiestos en la causa, en la motivación y en la finalidad, que lo invalidan en su integridad.-
Deja planteada la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la pretensión municipal de fondo, por entender que la misma resulta jurídicamente inadmisible.-
Refiere que la causa se encuentra contemplada en el artículo 108 de la Ordenanza 267/80, que se traduce en una "relación de los hechos y fundamentos de derecho".-
Al respecto, expresa que la pretendida determinación de deuda se efectuó sin justificativo suficiente y sin notificación a su mandante de los pretendidos motivos.-
Sostiene que su mandante no ha realizado ningún tipo de publicidad en la comuna demandada que se encuentre alcanzada por los pretendidos derechos, motivo por el cual resalta que el reclamo es infundado e improcedente.-
Señala que el Municipio, en un acto que comporta un grave ataque al derecho de defensa, nunca lo ha notificado de las supuestas actas o de las constancias sobre las cuales afirma que se deben abonar Derechos de Publicidad y Propaganda. -
Luego, alega que el expediente administrativo se inicia y finaliza con las presentaciones efectuadas por su mandante, rechazando las intimaciones remitidas por el municipio demandado.-
Manifiesta que su mandante nunca tuvo la oportunidad de verificar a que supuestas publicidades aludía el Municipio en su intimación, menos aún en el decreto impugnado.-
Plantea que la determinación de deuda se encuentra viciada de modo absoluto y manifiesto, ya que no contiene fundamento alguno y carece de todo sustento factico y normativo que la justifique, resaltando que, tratándose de DPP, el municipio mínimamente debió haber notificado a su mandante testimonios gráficos de los supuestos avisos en cuestión, ubicación del local de la supuesta publicidad, etc.
En otra parcela, denuncia vicio en la finalidad y desviación de poder. Expone que el acto que se impugna, incumple la manda del art. 103 de la Ordenanza 267/80, vulnerando el debido proceso, el principio de legalidad administrativa y la garantía de razonabilidad.-
Luego denuncia vicio en el procedimiento, diciendo que el camino seguido por la administración ha estado signado de numerosos vicios procedimentales que derivan en la nulidad de todo lo actuado.
Al respecto, destaca que desde el origen del reclamo se advierte dicha nulidad, ello ante la falta de notificación a su mandante de las actas confeccionadas en forma deficiente, no pudiendo constituirse en antecedentes válidos para una determinación de derechos de publicidad y propaganda, resaltando que, el supuesto procedimiento determinativo, no ha respetado la garantía constitucional del debido proceso.-
En capítulo aparte y en estricta relación con los vicios vinculados a la cuestión de fondo, plantea que la pretensión municipal es improcedente por diferentes razones: 1) porque su representada no resulta ser un administrado respecto del Municipio de Alberti, por no poseer sede ni actividad en el Municipio, 2) por inexistencia del poder de imperio municipal respecto de su mandante e inoponibilidad de la Ordenanza Fiscal, en virtud de no resultar ser un administrado, por lo que las normas municipales no pueden serle oponibles, toda vez que carecen de efecto vinculante, implicando todo ello violación al principio de legalidad; en este apartado alega la falta de publicidad. En efecto refiere que no existe presunción ni ficción legal que permita sostener que se debe presumir el conocimiento de las normas y con ello su obligatoriedad, puesto que no son publicadas en el Boletín Oficial de la Nación ni en ningún otro con cobertura en el domicilio de mi representada. 3) por la falta de configuración del hecho gravado, en virtud de no haber sido nunca notificada de las supuestas actas de relevamiento, donde constaría además del detalle de los medios liquidados en base a los cuales se pretenden los DPP, los datos pertinentes a la individualización tributaria.-
Luego, plantea la improcedencia de la multa y los intereses, y repotenciación de capital. Al respecto, dice que sin perjuicio de la improcedencia de la pretensión municipal, la aplicación de la multa resulta en manifiesta violación del derecho de defensa, afectando el debido proceso, sin posibilidad de ser oído y omitiendo la promoción y sustanciación del sumario correspondiente.-
Denuncia la inconstitucionalidad de la pretensión municipal de exigir los derechos de publicidad y propaganda, exponiendo que los fiscos municipales, no poseen la potestad impositiva para gravar la "publicidad" que se efectúe en el interior de los comercios, resaltando que no existe facultad municipal para establecer un derecho sin que se encuentre afectado el espacio público.-
Señala que los DPP no son un impuesto -porque no gravan capacidad contributiva-, ni una tasa -porque no existe prestación alguna de servicio público individualizable ni actividad de la administración que justifique su cobro- ni menos una contribución especial - puesto que no existe de modo alguno obra pública ni incremento en el valor de un bien de su mandante.-
Por otra parte, denuncia la afectación de las leyes convenio, diciendo que aún en el caso de que pueda admitirse una potestad para gravar los hechos que la comuna pretende, esa potestad no corresponde a los Municipios por cuanto ello le está vedado en virtud de la Ley de Coparticipación Federal, el Pacto Fiscal Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento y la Ley de Coparticipación Municipal de la Provincia de Bs. As.-
Por último, refiere que la pretensión fiscal del Municipio lesiona el comercio interjurisdiccional y que afecta la seguridad jurídica.-
Concluye sus planteos, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que a fs. 214/225 se presenta a contestar demanda, el Dr. Daniel Oscar Palazzo, en su carácter de apoderado del Municipio de Alberti.-
Luego efectuar la respectiva negativa de hecho y de derecho, da inicio a su responde, respecto de cada uno de los puntos que la actora expone.
Liminarmente refiere a la nulidad acusada por la actora respecto a los procedimientos determinativos llevados a cabo por su representada, que concluyeran en el dictado del Decreto que se pretende poner en crisis.
Principia la cuestión, señalando que su mandante procedió a la apertura de actuaciones administrativas respecto de la actora, con relación a los derechos de publicidad y propaganda contemplados en la Ordenanza Fiscal vigente, refiriendo que es la Ordenanza Fiscal la que regula el proceso de determinación de tributos municipales de oficio.
En tal sentido, manifiesta que ante la ausencia por parte de la actora, de presentación de las declaraciones juradas previstas en el artículo 12 inciso a) de la Ordenanza Fiscal, su mandante se vio obligado a efectuar un relevamiento en todos los comercios existentes en el Partido, con el objetivo precisamente de determinar hechos imponibles omitidos por los Contribuyentes, en lo que al derecho de Publicidad y Propaganda se refiere.
En consecuencia, indica que, a raíz de dicha verificación se emitió el Decreto 540/06, el cual determinaba el monto que debía abonarse conforme Ordenanza Tarifaria.
Refiere que la actora, hizo ejercicio de su derecho de defensa mediante la presentación de los recursos respectivos, los que fueron fundadamente rechazados dando origen al Decreto cuya anulación se pretende.
Indica que las liquidaciones no constituyeron el acto administrativo del tributo, el cual solo fue dictado previo descargo de la accionante.
Señala que, ante la omisión de presentar las declaraciones juradas, pretender la notificación de manera previa a efectuar los relevamientos, tornaría inviable cualquier determinación de oficio.
Asimismo indica que las actas de constatación siempre estuvieron a disposición de la actora.
A continuación se refiere a la inexistencia de Poder de Imperio Municipal - Inoponibilidad de la Ordenanza Fiscal - Falta de Publicidad, señalando que en base al art. 78 de la OF, no cabe duda que la actora se encuentra comprendida como contribuyente del tributo, resultando ser un sujeto necesario para que la Municipalidad otorgue la autorización expresa y/o tácita respectiva, al permisionario que pretenda efectuar la publicidad de cualquier tipo de aquellos productos cuyo titular, reitero, de marca, colores o logotipos sea Unilever.
Asimismo, indica que resulta conocido que las firmas como la recurrente por la entrega de exhibidores, banderas, cartelería, etc., otorgan a sus distribuidores y comerciantes importantes bonificaciones en la compra de sus productos; por lo que no resultan ser construcciones "caseras" de los comerciantes sino resultan material publicitario finamente confeccionado.
Da nota que en ningún caso podrá alegarse la falta de territorialidad del sujeto pasivo para repeler su obligación tributaria.
Respecto a la publicidad, refiere que todas las Ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas por el Municipio, han sido publicadas conforme las exigencias de la normativa vigente aplicable en la especie, por lo que la defensa carece de sustento fáctico y jurídico.-
En lo atinente a la inconstitucionalidad de los DPP pretendida por la actora, resalta que la Ordenanza Fiscal mantiene coherencia con la normativa de toda la pirámide Kelsiana y su constitucionalidad resulta incuestionable.
Indica que los DPP son el tributo que se debe abonar por el hecho de obtener una autorización.
Finalmente en cuanto a la irrazonabilidad del servicio relacionado con el derecho que se pretende cobrar, menciona que no existe afectación del comercio interjurisdiccional puesto que el hecho de hacer o no publicidad, sea en la vía pública o en el interior de los locales comerciales, es facultativa de la actora y no tiene relevancia dentro del esquema comercial.
Culmina el planteo ofreciendo prueba, fundando y peticionando el rechazo de la demanda.-
III. Transitada la etapa probatoria, y habiéndose agregado el alegato presentado por la parte actora en fecha 19/12/2018, con fecha 25/02/2019 se llama autos para sentencia, y
1. La accionada aduce que el Decreto N°334/08 dictado el 9 de mayo de 2008 por el intendente de la Municipalidad de Alberti, adolece de vicios en la causa, motivación y procedimiento, y que se ha violentado la garantía de defensa. Asimismo aduce que el citado acto administrativo fue dictado basándose en normas que no han sido publicadas.-
2.-De las actuaciones administrativas (Expte- Nº 4002-3079/2008) surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
a) A fs. 1/29 Se encuentran glosadas actas de constatación que fueran labradas durante el año 2006.-
b) A fs.30/31 obra liquidación N°1185 correspondiente al período 2007 y cedula de notificación intimando al pago de la misma, recibida por UNILEVER DE ARGENTINA S.A con fecha 26/02/2007.-
c) A fs. 32/44 obra el descargo efectuado por la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. con fecha 13 de Marzo de 2007, en referencia a la liquidación n° 1185 de 2007, señalando en sus agravios, que las liquidaciones detalladas no resultan conforme a derecho ni a la realidad de los hechos acaecidos, presentando graves vicios que determinan su arbitrariedad e ilegitimidad, y con ello su nulidad absoluta.-
d) Luego a fs. 51/92, obran liquidaciones y descargos correspondientes a otros períodos que no se ventilan en las presentes actuaciones.
e) Posteriormente, a fs. 93/95 obra cedula recibida por la empresa con fecha 26/05/2008, por la cual se notifica el contenido del decreto N°334/08 suscripto por el Sr Intendente Municipal y por el cual se intima al pago de la suma de $1.890,00 correspondiente a los DPP, con mas el interés que a Mayo de 2008 ascendía a la suma de $368,55.
3. Que el fuero Contencioso Administrativo provincial, registra antecedentes en los que juzgó en casos análogos al presente, que el procedimiento determinativo de oficio de la tasa en cuestión resultaba inválido.-
En oportunidad de resolver en los autos "SKF Argentina S.A. c/ Municipalidad de Moreno s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" (causa 10.217 sent. del 24/08/2010), la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, puso de resalto que el procedimiento administrativo "...se inicia con la impugnación de la empresa demandante a la liquidación ya efectuada por la Municipalidad de Moreno y en respuesta a la intimación de pago que esta última le cursara en consecuencia. Esa sola circunstancia es suficientemente demostrativa de la ausencia de intervención de parte interesada en el trámite de determinación tributaria de oficio, relativo a la constatación de espacios de publicidad atribuidos a la actora" (CCALP causa 10217 cit).
Dijo también aquel tribunal, que la falta de constancia idónea referida a la individualización suficiente de lugares y/o espacios en los que se constataran los actos de publicidad, potencia el vicio de procedimiento, pues solo a partir de la correcta y precisa indicación puede el contribuyente hacer posible su réplica, pues de otro modo, aquel se ve impedido de su cabal ejercicio de defensa, pues carece del conocimiento de los antecedentes que habilitan la labor a la que tiene derecho.
Tal ausencia -siguió afirmando- "...quita fuente causal al acto administrativo, de manera que aquel que sobrevenga resulta perjudicado de manera plena e insanable. De allí en adelante no existe variable posible para purgar un acto que, nacido irregular y nulo, sólo se reporta para su total extinción".
Continuó señalando, en cuanto a las atribuciones del municipio para establecer el monto del gravamen, que esa posibilidad, como variante del estado para ejercer su deber de policía tributaria, frente a la renuencia del obligado a satisfacer sus declaraciones juradas regulares y aportar elementos suficientes de determinación, no significa sin más que ese procedimiento pueda llevarse a cabo sin intervención ninguna del afectado. Expresó asimismo, que la presunción de legitimidad de los actos jurídicos, como principio general, cede en el caso frente a las carencias causales y de procedimiento que de manera manifiesta ha expuesto un trámite administrativo desarreglado a la citada garantía constitucional (art 18 CN) y a los principios sobre los cuales se vértebra el acto administrativo, entre los cuales la causa como relación de antecedentes fácticos, ha quedado desprovista de presencia reinante (v. CCALP causa 10217 "SKF Argentina S.A" sent. 24/08/2010, voto Dr. De Santis).-
La solución precedentemente expuesta registra similares pronunciamiento de la misma Alzada recaídos en casos similares (CCALP Nº 9800-M "RAYOVAC ARGENTINA S.R.L c/ Municipalidad de Berazategui s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" del 12/08/2010; CCALP Nº 9853 "OSRAM ARGENTINA SACI c/ Municipalidad de Moreno s/ pretensión anulatoria" del 28/10/2010 y demás allí citadas) lo que conforma una doctrina ya consolidada.
4. Como ya se adelantó, los extremos fácticos y jurídicos del presente caso resultan análogos a los indicados en el considerando que antecede.
Sobre el particular, se advierte -tal como se desprende del relato efectuado y de las constancias allegadas- que el procedimiento administrativo que informa el caso se inicia con el descargo de la empresa accionante a las liquidaciones de deuda efectuadas por la Municipalidad demandada, verificándose la falta de previa intervención de parte interesada en el trámite de determinación tributaria de oficio, relativo a la constatación de espacios de publicidad y propaganda.-
Que tal como se anticipara, del expediente administrativo pre citado, surgen actas que aluden a supuestas constataciones y verificación, de donde surgiría la existencia de la publicidad que diera origen a la pretensión fiscal.
Sin embargo, de las actuaciones administrativas y en lo que concierne a estos autos, solo surge la liquidación por DPP N°1185, de la cual se desprende un relevamiento de los sitios en los cuales se detectaron los DPP, remitidos al contribuyente, pero no surgen agregadas en todas las actuaciones, actas de relevamiento y/o constataciones, suscriptas por funcionarios públicos, ni declaraciones juradas, ni tampoco participación previa del contribuyente afectado.
En consecuencia, es esa falta de intervención de parte interesada en el trámite de determinación tributaria de oficio, la que habilita la aplicación de la doctrina elaborada por la Alzada, por ser el caso bajo análisis de idéntico tenor a lo allí resuelto.
Mas aún, del examen de las constancias iniciales del proceso, no se verifica que en la primer notificación efectuada a la actora, se le halla llegado copia alguna de las actas que, aparentemente, sustentaron la liquidacion cuyo monto final se le reclama.
Asimismo, he de destacar que, a ojos vista, las actas obrantes a fs. 1/29, sobre las cuales la demanda pretende ejercer su derecho de cobro de los DPP, no solo carecen de sello indentificatorio en relación al funcionario con competencia para ello, sino que además, resulta imposible su vinculación con la ya referida liquidación de fs. 30.
Nótese también que, al momento de la realización de la audiencia de prueba, le fue requerido a la demandada -conforme notificación de fecha 14/08/2018 la totalidad de los antecedentes y expedientes administrativos vinculados a los actos impugnados ( punto VIII de la prueba documental en poder de la demandada); requerimiento que no mereció de responde alguno por el Municipio, lo cual motivó a que la actora solicitara se haga efectivo el apercibimiento previ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.