Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 19710
Expte. Nº 19710.- Autos: CHIMINELLI HORACIO ALEJO JESUS C/ PROCURACION GENERAL DE LA S.C.J.B.A. S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Abril de 2019.-GP
Estos autos caratulados “CHIMINELLI HORACIO ALEJO JESUS C/ PROCURACION GENERAL DE LA S.C.J.B.A. S/ PRETENSIÓN ANULATORIA”, Expte Nº 19.710, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs. 14/32 se presenta el Dr. Horacio Alejo J. Chiminelli, en causa propia, e interpone pretensión anulatoria contra las Resoluciones de fecha 30 de diciembre de 2014 y 9 de abril de 2015 dictadas por la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del sumario administrativo N°87/07.- Refiere que, con la Resolución de fecha 30 de diciembre del 2014 le aplican una sanción correctiva de reprensión (art.6 inc.
“a” Ac.3354), haciéndolo responsable de algunos actos funcionales, como: a) apartarse del cumplimiento de las normas de forma que regulan el procedimiento para la conformación de actas (art.99 del C.P.P), al haberle requerido, a la entonces encargada de recepción de denuncias Agustina Cerisoli, que consignara como fecha de la denuncia recepcionada al señor Diego Martínez el día 24 de agosto del 2007 cuando en realidad la misma fue el día 27 de agosto de ese año; dar instrucciones a la empleada sobre los hechos a exponer, controlar e interrumpir la audiencia de manera permanente, exhibir un borrador, interesarse sobre la marcha, admitir que Martínez estuviera acompañado por otro Funcionario Policial, que autorizara su intervención en la exposición de Martínez, que permitiera que se comunicara con una futura testigo como "aviso de esta circunstancia" y a viva voz le indicara a Martínez que a continuación tomaría una declaración testimonial; b) Parcialidad manifiesta en favor de la denuncia, asesorando al denunciante en punto a la estrategia a seguir (art.56 segundo párrafo); c) No fundar debidamente la resolución mediante la cual concluye su actuación sobre la base de "supuesta" conexidad subjetiva y objetiva con la IPP 225.861 en contradicción de lo normado en el art. 56 del CPP; d) Dar curso en forma parcial a la denuncia de Martínez IPP 226.082 sin haberse tomado las medidas pertinentes respecto a las revelaciones del funcionario policial, en cuanto a su involucramiento en negociaciones dinerarias con los dos letrados que menciona, referidas a diligencias policiales como lo señalara la Cámara de Apelaciones y Garantías, incumpliendo el art.56 primera parte del CPP, que fija como una de sus funciones practicar la investigación penal preparatoria; e) No haber realizado ninguna actividad administrativa tendiente a deslindar responsabilidades en el traspapeleo de la IPP 200.196 informado por la Actuaria durante el mes de agosto del 2006 hasta el mes de abril del 2007 conforme las facultades que le acuerda el art.1° de la Res.515/98.- A continuación, argumenta las razones por las cuales sostiene que no ha cometido falta administrativa en los cinco puntos de cargo que forjaron la resolución que cuestiona.- En relación al primero de ellos - apartarse del cumplimiento de las normas de forma que regulan el procedimiento para la conformación de actas (art.99 del C.P.P)-narra que: un policía que se desempeñaba en la Seccional 50 de Moreno -Paso del Rey- de apellido Martínez, se presentó en la Fiscalía entonces a su cargo, los días 22, 23 y 24 de agosto del 2007 -semana que estaba de turno-, requiriendo una entrevista personal con el Fiscal y dado que los interlocutores no le notificaron el motivo de su presencia -ya que no la brindaba- entendió que no era urgente, y por ello la postergó en razón del enorme caudal de trámites del turno que excedían lo humanamente posible.- No recuerda que se le haya avisado su presencia los tres días, pero si tomó conocimiento que había estado en el edificio.- El día viernes 24 de agosto del 2007, en horas de la tarde, encontrándose fuera del establecimiento de la Fiscalía -en las instalaciones del Club del Sindicato de Seguro de Moreno- atendió circunstancialmente a Martínez junto con su entonces Secretario -Dr.
Vieiro- denunciando en ese momento que estaba siendo víctima de amenaza y de agresiones con armas de fuego, por parte de una banda de delincuentes vinculados al narcotráfico.- Que frente a la noticia delictiva, acuerda con el denunciante Martínez que se presentara al día siguiente -sábado 25 de agosto del 2007- para dejar asentada la denuncia en horas de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía, ello conforme los arts. 118 y 286 del CPP.- La realidad –continúa- es que Martínez se presentó recién el día 27 de agosto cuando entregó el turno.- Pone de resalto, que podría haberse desligado del caso, dejar que se asentara la denuncia como noticia de un delito con fecha 27 de agosto y así pasar el caso al entonces Dr.
Navarro quien era titular de la Fiscalía N°9, pero había algo que le exigía moral y reglamentariamente continuar al mando de la pesquisa, evitando al mismo tiempo un sumario, por no hacerse cargo de cuestiones relacionadas a hechos producidos durante su turno.- Por tal motivo, afirma que previo a consultar con la Jefa de Mesa de Entradas, si ello no generaba algún inconveniente en la tramitación del expediente en el sistema informático, y comunicárselo a quien estaba encargada de recibir denuncias, con el instructivo que volcara los motivos de tal forma y paralelamente alertando a la Fiscalía General mediante llamado telefónico, decidió consignar como fecha de recepción de la denuncia el día 24 de agosto de 2007.- Pone de relieve lo dispuesto en el art. 286 del C.P.P., en cuanto a la posibilidad que brinda la mencionada norma de que la denuncia pueda hacerse verbalmente, debiendo en este caso labrarse acta posterior conforme art. 117 y sgtes. del mismo cuerpo legal.- Es decir, si la ley habilita la denuncia informal verbal, y a la postre realizar el acta, quien debe llevarla a cabo conforme la ley, es la encargada abogada de tal proceder, en el caso la Dra.
Cerisoli, a quien se le brindó toda la secuencia fáctica, los motivos por lo que no se formalizó en el momento de brindarla la víctima, y no se hizo. Ello llevo también a ampliar la misma ya frente a este Fiscal una vez cumplido aquel trámite.- Agrega que, si Cerisoli hubiese entendido que la instrucción particular dada, resultaba arbitraria o existía algún impedimento, lo hubiese hecho saber aplicando el mecanismo del art.31 de la ley del Ministerio Publico, circunstancia que no realizó, por lo que entendió que era legítimo este proceder.- Es cierto que cuando Martínez comenzó a explicar los motivos por los cuales no se presentó el sábado 25 y si el lunes 27, la situación eclipsó.- En cuanto a la acusada parcialidad manifiesta en favor de la denuncia y asesorando al denunciante en punto a la estrategia a seguir relata que: Martínez les dice “que el sábado 25 de agosto no pudo asistir en razón de haber tomado conocimiento que aquella banda de narcotraficantes que lo amenazaba y amedrentaba lo había denunciado en la Fiscalía General mediante escrito del abogado Nogueira de la ciudad de Moreno.
Denuncia por la que se preocupó en razón de la inestabilidad funcional que sufren los policías -según sus dichos- y por esta denuncia ese sábado tuvo la presencia de un letrado en la Comisaria para hablar del tema. El mentado abogado resulto ser de apellido Torres Aguera -socio en algunos temas de Nogueira-, quien tras dialogar con Nogueira, usando un aparato de comunicación de la empresa Nextel, en alta voz, confirma la denuncia realizada ante la Fiscalía General, sin embargo da una solución para que ella no prospere, debía de entregar una suma de dinero, si mi memoria no falla eran 50.000 pesos”.- En razón de lo expuesto, dice que comenzaron -junto a su secretario Vieiro- a investigar en el sistema informático donde estaba radicada la denuncia y paralelamente dice haberse comunicado con la Fiscalía General para poner en conocimiento lo que estaba sucediendo, siendo atendidos por el Dr.
Illanes quien les confirma la existencia de la denuncia y que estaba radicada en la Fiscalía N° 10 a cargo de la Fiscal Dra. Pontecorvo.- Afirma que con el aval del Dr. Illanes, comenzaron a trabajar, buscando la causa en el sistema informático, pero al no lograr ubicarla en el Sistema integral del Ministerio Público, el Dr. Vieiro se comunica directamente con el Secretario de Pontecorvo -Dr. Freydier- quien le dice que la causa la llevaba personalmente la Dra. Pontecorvo y estaba caratulada como IPP 225.861 “De oficio /su denuncia”.- Continúa relatando que al tomar conocimiento Pontecorvo de que poseían la información, ella se dirigió al auxilio del entonces Fiscal General Adjunto Dr. Pablo Merola, instalando que la denuncia de Martínez era “la contra prueba de su causa”.- Agrega que no caben dudas, de que se trataba de dos denuncias delictivas independientes, y que deberían haberse investigado sendos delitos totalmente independientes uno de otro.- Explica que siendo Martínez denunciante y víctima, le caben los derechos y facultades del art. 83 del CPP, a recibir trato digno y respetuoso, a obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, a la protección de su seguridad, la de su familia, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada.- Puntualiza que la Ley 12.061 –ley Orgánica del Ministerio Público bonaerense- en su art. 35 obliga a los Fiscales a atender y asesorar a la víctima, comunicándole periódicamente los avances de la investigación.- En cuanto a la imputación de no fundar debidamente la resolución mediante la cual concluye su actuación sobre la base de supuesta conexidad, refiere: Manifiesta que entre la IPP 225.861 -en trámite en la Fiscalía de Pontecorvo- y la IPP 226.030 bajo su mando, existía una conexidad objetiva y subjetiva, pero que el caso importaba su investigación en forma paralela, porque salpicaba la imputación a la nombrada, su pareja y otros abogados.- Pero el martes 28 de agosto de 2007 en horas de la mañana, recepcionó un llamado telefónico del Dr.
Illanes “aconsejándole” que ambas pesquisas tramitaran con Pontecorvo y si bien se opuso a ello, Illanes insistió y no tuvo otro remedio que remitirla, obedeciendo a la Fiscalía General y utilizando un simple decreto como la praxis en el Poder Judicial lo impone.- Aclara, que no está prohibido legalmente esta modalidad (art. 19 de la C.N), en la inteligencia que el Ministerio Publico Fiscal es un solo cuerpo cuya organización es jerárquica y está regido por los principios de unidad, indivisibilidad, flexibilidad y descentralización, tal como reza el art.2° de la ley 12.061.- Pone de resalto que la demandada invoca como infracción, no haber fundado debidamente la resolución que sustenta la conexidad subjetiva y objetiva, según entiende que lo ordena el art. 56 del CPP.- Dice que le asombra la falta de criterio, porque el art. 56 ap.2 es de aplicación a los requerimientos y conclusiones, mas no los simples decretos de pase a otro fiscal en aras a la mejor y más pronta administración de justicia.- En relación a la cuarta imputación -dar curso en forma parcial a la denuncia de Martínez IPP 226.082 sin haberse tomado las medidas pertinentes respecto a las revelaciones del funcionario policial - dice: Dice que lo alarma la imputación de la Procuración General, por la ligereza con la que adopta sus acciones represivas, con marcado tilde subjetivo.- Refiere que en el marco de la mentada Investigación y en el acotado tiempo que la tuvo en sus manos (48 hs), recepcionó varias declaraciones testimoniales, e incluso una bajo reserva de identidad, motivo por el cual mal puede afirmarse que no adoptó medidas pertinentes cuando Martínez anotició ser víctima de una extorsión por parte de dos abogados, donde una Fiscal estaba involucrada.- En cuanto al último hecho que se le imputa -no haber realizado ninguna actividad administrativa, tendiente a deslindar responsabilidades en el traspapeleo de la IPP 200.196 informado por la Actuaria durante el mes de agosto del 2006 hasta el mes de abril del 2007- manifiesta que: Los fiscales no tienen autoridad de designación del personal, sea jerárquico o no.
Todas las designaciones son realizadas por el Fiscal General, restándoles una ingenua protesta si les resulta inconveniente la designación.- En este cause -continúa- carecen de poder sumariante, y salvo aquellos que gozan de la íntima simpatía del Fiscal General podrán lograr revertir alguna designación o promoción de sumario.- Agrega que no era su caso, y fiel a su personalidad de no quejarse ante el Superior, le quitan sin explicación alguna a su ladero, el entonces Secretario Dr. Pablo Vieiro, trasladándolo a las nuevas Fiscalías descentralizadas de Lujan, nombrándole en reemplazo a funcionarios desconocidos. Si a ello se le suma el caos que es trabajar en Moreno, está más que claro que resulta ser una medida destructiva. – Sigue relatando, que así fue como le designan a dos funcionarias, una que venía de trabajar en el Departamento Judicial de Morón, lugar que por su personalidad conflictiva tuvo que emigrar hacia otro departamento judicial, recayendo en el de Moreno, y la otra funcionaria, una profesional con mucha energía y ganas de aprender, empero, el caudal de expedientes, y las investigaciones latentes no le permitían una tregua, y en ese gran desorden del que se iba y los que llegaban, se generó el extravío circunstancial, sin voluntad maliciosa del mentado expediente, que por otra parte tampoco ocasionó perjuicio alguno.- Dice haber informado a la Fiscalía General un sinnúmero de situaciones irregulares que se suscitaron en la Fiscalía a su cargo, en especial en lo que respecta a la actuación de la Dra.
Morales, a la que había solicitado el cambio, pero jamás le respondieron. Por ello, mal pueden afirmar que no realizó tareas para deslindar responsabilidades. Cita jurisprudencia.- Por último ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.- II.- A fs.52/63 se presenta a contestar demanda el Dr. Ricardo Gerónimo Uncal, en carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado.- En primer término, aclara que esta demanda ha sido promovida por la actora con la finalidad de que se anule la Resolución N° 996/14 y su similar N°268/15, ambas emanadas de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.- Señala que en el marco del expediente administrativo de marras se logró acreditar que el actor, en su condición de agente fiscal, incurrió en una serie de irregularidades (que llegaron a motivar un examen en sede penal y la intervención del Jurado de Enjuiciamiento), respecto de la recepción y trámite de una denuncia de cohecho formulada contra personal policial y letrados del fuero.- Pone de resalto que el propio Jurado de Enjuiciamiento, si bien descartó un mal desempeño digno de remoción, sí consideró configuradas las irregularidades administrativas que serán detalladas, señalándose al respecto "...Que el 14 de noviembre de 2012 el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios resolvió, por mayoría, disponer el cierre y archivo de las actuaciones y remitir copia de las mismas a esta Procuración General, en virtud de surgir de los considerandos del voto de la mayoría, que existía la comisión de una falta por parte del Agente Fiscal, no obstante no reunir la entidad suficiente para ser abordada en el ámbito de remoción de un magistrado ...".- Señala, que sin cuestionar la materialidad de las circunstancias reprochadas, el actor pretende impugnar la sanción de reprensión aplicada ensayando diversas defensas: i- que el antedatado del acta de instrumentación hizo honor a la fecha de la denuncia verbal efectuada; ii- que no existió interés parcial de su parte en la denuncia señalada; iii- que tuvo conformidad de la superioridad para seguir entendiendo en la causa; iv- que no debió exigirse fundamentación al pase de la causa hacia otro funcionario, pero ninguna de las razones invocadas, resultan ajustadas a derecho, ni tienen entidad para revertir las faltas disciplinarias que fueran constatadas en el sumario y sancionadas mediante la reprensión aplicada.- En este sentido, refiere que de la demanda surge que el actor reconoce haber hecho constar en el acta de denuncia labrada el día 27/08/2007 la fecha 24/08/2007; que dio consejos e instrucciones al oficial de policía Martínez al momento de efectuar la denuncia, interviniendo activamente; que la nota mediante la cual se dispuso el pase de la I.P.P. 225.861 no fue fundada y solamente dispuso la remisión del expediente a la Agente Fiscal Pontecorvo por haber conexidad subjetiva y objetiva con una causa previa bajo investigación de esta última; y finalmente que no realizó ningún tipo de actividad administrativa tendiente a deslindar la responsabilidad del personal de la UFI por el extravío de la I.P.P. 200.196 desde el mes de agosto de 2006 hasta Abril de 2007 -según expresa- por no contar con facultades disciplinarias.- Dice que lo anterior resulta de vital importancia, toda vez que dichas circunstancias fácticas dan sustento a la sanción aquí atacada y, en definitiva, el actor no las discute en cuanto a si sucedieron o no, apoyando su defensa en diferentes razones que justificarían su accionar en cada uno de los hechos endilgados.- Resalta, que resulta indiscutido que el actor consignó para la diligencia del labrado del "acta" una fecha que no fue la del momento de su confección, no siendo excusa para justificar esa "alteración temporal" de la fecha de un instrumento público el supuesto de hacer coincidir la fecha del "acta formal" con la fecha del "acto material" (denuncia verbal), pues en todo caso, si existió un descalce entre una y otra diligencia, tal diferencia temporal debió dejarse asentada, de modo que quedara reflejada la fecha de la denuncia (acto) y la fecha de su instrumentación (acta).- En primer lugar, la norma dice que "...se extenderá en acta...'', dando a entender una inmediatez entre la recepción verbal de la denuncia y su plasmación en un acta escrita, pero de ningún lado surge que ello pueda hacerse tres (3) o más días después como pretende el actor.
Si así fuera, entonces no habría plazo para volcar las denuncias por escrito como manda la norma, lo que permitiría que el acta se redactara una semana, un mes, tres meses o cuando le pareciera adecuado al agente fiscal o funcionario que tomara conocimiento de dicha denuncia.- Por otra parte, los agentes fiscales y funcionarios que tomaran conocimiento de situaciones potencialmente delictivas podrían especular con las mismas, rompiendo la lógica del sistema de turnos semanales, y asignando en los hechos las denuncias a las fiscalías amigas una vez que entraran de turno o arrogándoselas ellos para cuando ellos entraren de turno. Estas son las situaciones que se busca evitar con el sistema de turnos y que el actor pretendió desconocer con su accionar.- Que el actor pretende confundir lo que es "la recepción de la denuncia" que podrá serlo de manera verbal o escrita, con la configuración de la misma en los términos que exige el Código.
Así, la denuncia verbal queda formalmente configurada y con aptitud para dar inicio a una Investigación Penal Preparatoria (I.P.P.) una vez que se extienda en acta. Esta es la manera correcta de entender las normas que regulan el procedimiento penal, y así lo ha entendido la Procuración General al momento de imponer la sanción.- En resumen, tales resguardos en orden a la certificación temporal de los escritos judiciales no resultan simplemente ritualistas, sino que cumplen distintas finalidades, como evitar el manejo informal de las fechas de las actuaciones judiciales; garantizar la fidelidad de un dato que resulta decisivo para definir aspectos tales como la competenc
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