Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 36906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
Estos autos caratulados: "RAMIREZ GUADALUPE C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº36906, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y,
I. Que a fs.57/67, se presenta la Sra. Guadalupe Ramirez, con el patrocinio letrado del Dr. Gerardo Pisoni, iniciando una pretensión anulatoria contra la Municipalidad de San Antonio de Areco, a fin de que se disponga la anulación de la resolución N°57 de fecha 15/2/2019 que dispuso el cese, dictada por el Secretario de Jefatura de Gabinete e Ingresos Públicos que consta a fs.47 de estas actuaciones, y que a su vez se le reconozca el derecho que le corresponde para su incorporación en planta permanente, conforme al art.70 inc.2° de Ley 14656.-
Asimismo, solicita como medida cautelar la reincorporación, con asignación de tareas, pago de salario y beneficios sociales.-
Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
Manifiesta que fue designada por el Departamento Ejecutivo municipal, mediante Decreto de fecha 14 de diciembre de 2011 y que desde el ingreso realizó tareas de prensa para el Intendente Municipal.-
Indica, que desde el momento que comienza a prestar servicios, fue dependiendo funcionalmente de varias areas, como la Secretaria de Planificación, el Corralón Municipal, Parque Criollo y Museo, Servicios Sanitarios, Turismo y Cultura.-
Explica que en el año 2016 pasó a la Coordinación del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiralde hasta el 29/12/2017, fecha en que el Departamento Ejecutivo firma el Decreto nº1820; continua su relato refiriendo que por Decreto nº26/2018 la designan como Coordinadora de Limpieza, y en fecha 22 de enero de 2018 por Decreto nº60 se dispone su traslado de la Secretaria de Planificación a la Secretaria Jefatura de Gabinete e Ingresos Públicos.-
Refiere que permaneció en ese puesto -en la Secretaria Jefatura de Gabinete e Ingresos Públicos- aproximadamente 20 días, luego toma licencia por vacaciones y a partir de los primeros días de febrero licencia médica la cual se extendió hasta enero de 2019, fecha en la que vuelve a tomar vacaciones -aproximadamente 30 días-; finalmente refiere que el día 15 de febrero del corriente año concurre a la Oficina de Personal con certificado médico, el cual no le es aceptado.
Manifiesta que por resolución nº57 del 15 de febrero de 2019, el Secretario de Jefatura de Gabinete e Ingresos Públicos A/C de la Secretaria de Gobierno resuelve dejarla sin efecto, dentro de esa Secretaria.-
Concluye manifestando que mediante el mecanismo de prórrogas por los Decretos N°78 de fecha 4/2/2013,N°858 de fecha 5/9/2014, N° 014 de fecha 7/1/2016, de la contratación del personal temporario durante todos estos años se mantuvo la relación de empleo, hasta el dictado de la resolución que se impugna.
Afirma que se encuentran reunidos en autos los requisitos que hacen a la procedencia de la medida cautelar: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y no afectación de interés publico.-
II. Con fecha 12/06/2019 se ordena que la autoridad administrativa accionada, presente el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art.23 inc 1° del CPCA- como asimismo, que acompañe las actuaciones administrativas que dieron origen al presente reclamo.-
III. Que mediante presentación electrónica de fecha 13/08/2019, se presenta el letrado apoderado de la comuna accionada - Daniel Emilio Bruno Iglesias Berrondo- acompañando el informe y solicitando el rechazo de la medida cautelar requerida, manifiesta que el acto administrativo dictado goza de presunción de legalidad y legitimidad propia por su genero, que la resolución atacada es autosuficiente y se ajustá a derecho, e indica que el accionante no ha acreditado de que forma el cumplimiento de la resolución nº57 del 15 de febrero de 2019 le provoca la "posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho" como exige el art. 22 1.b) de la Ley 12008.-
Sostiene que corresponde al Departamento Ejecutivo la aplicación de las resoluciones sancionadas por el cuerpo y que las mismas rigen durante el tiempo que las mismas establezcan o las que no fijen tiempo de duración regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen (citando en sustento al art. 281 del DL 6769/58).
IV. Atento el estado de autos, con fecha 29/08/2019 pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega la actora adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. ( Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.
En atención a lo expuesto, las alegaciones vertidas por la reclamante, en cuanto a que el cese fue dispuesto por una autoridad incompetente, diferente a la del Departamento Ejecutivo, que la administración no presenta datos que permitan verificar el cumplimiento de los porcentajes del art. 70 inc 2º de la ley 14656, y que la resolución carece de fundamentos de hecho y de derecho, no tienen -en este estadio liminar- en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad.-
Examinadas las constancias colectadas en la causa no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en este examen preliminar y periférico- adolezca prima facie de una invalidez, que permita descalificarlo como tal, pues los vicios que se le imputan no revisten ese carácter.-
Lo cierto es, que prima facie se advierte, que la relación de empleo transitó siempre bajo la modalidad prevista en la planta temporaria. Así, el ultimo Decreto que establece el periodo de tiempo de la relación contractual, es el N°014 dictado en fecha 7/1/2016, que obra a fs.18/22 de estas actuaciones. De ello, y en lo que aquí respecta, se desprende que al ser la actora contratada como personal temporario, no posee mas estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación; vease que los posteriores decretos que se encuentran agregados al legajo personal N°2184, -reservado en esta Secretaria-, establecen los traslados de dependencia, o al cambio de tareas siempre en la planta temporaria.-
Me permito recordar que ya en las causas "Hermosilla" (B 56457 del 2/8/2000), y en "Portillo", al decir en esta última el Superior Tribunal Provincial, fijó el alcance de esta relación laboral: ".El cese de los empleados de planta temporaria puede efectuarse cuando razones de servicio lo aconsejen, en tanto, conforme las pautas legales que rigen el caso . este personal se encuentra excluído del Estatuto del personal de . y por consecuencia puede ser mantenido en el servicio renovando su designación o, por el contrario, darse por finalizadas sus funciones sin que tal decisión se torne ilegítima ante la ineptitud física del actor para el cumplimiento de sus tareas.( SCBA B 57551 S 19/09/2007)".
En ese sentido advierto, que el examen de la situación de hecho propuesta por la actora, requiere de mayor debate y prueba, para determinar la existencia del requerido "fumus bonis iuris" invocado, el cual para este acto procesal, resulta insuficiente.
4) .- Así, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado que precede, y al advertir que no se halla configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.), ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05); y en consecuencia, no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia