Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 15437 2020
Expte. Nº 15437.-
Autos: ESTANCIA LA PELADA S.A. GANADERA Y COMERCIAL C/ AUTORIDAD DE AGUA S/ PRETENSION ANULATORIA.-
Mercedes, de Febrero de 2020.CS
Estos autos caratulados "ESTANCIA LA PELADA S.A. GANADERA Y COMERCIAL C/ AUTORIDAD DE AGUA S/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 15437, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. La pretensión anulatoria incoada en autos se dirige a obtener la declaración de nulidad de la Resolución N° 058/12, de fecha 02/02/2012, por la cual se sanciona a la actora a abonar una multa por la suma de $33.233,50 impuesta por la Autoridad del Agua de la Pcia. de Buenos Aires (ADA), por infracción a los arts 6° de la ley 5965 y 20 y 37 de su Reglamentación (Dec. 2.009/60 modif. por el N°3.970/90), por incumplimiento de la Res. ADA N°336/03.-
Que dicha resolución fue notificada a SA Estancia La Pelada Ganadera y Comercial mediante CD N°22792763 con fecha 22/02/2012, lo cual motivó la interposición del recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, presentado por la actora con fecha 01/03/2012, y que fuera resuelto mediante Resolución 233 de fecha 04/04/2012, donde se consideró la presentación como recurso de apelación en los términos de los art. 1, 5 y 6 del decreto 3707/98 concediéndolo con efecto suspensivo y ordenando su remisión por medio de la Cámara de Apelación y garantías en lo Penal del Dpto. Judicial Mercedes, para su posterior radicación en el juzgado correccional N°2, el cual, asimismo, declinó su competencia en favor de este Juzgado en lo contencioso administrativo.
II. Que radicadas las actuaciones ante este Juzgado a mi cargo, se resuelve otorgar a la actora el plazo de 15 días a fin de que readecue la presentación efectuada en sede administrativa bajo las formalidades del art. 27 y conc. CPCA.-
III. Cumplimentada la requisitoria precedentemente indicada, a fs. 171/175 se presenta el Sr. Roberto Raffa, en representación de SA Estancia Comercial La Pelada Ganadera y Comercial, con el patrocinio letrado de la Dra. Tamara N. Bezares, con el objeto de obtener la anulación de la Resolución N°258/12, emitida por la Autoridad del Agua de la Pcia. de Buenos Aires, solicitando asimismo, el restablecimiento de sus derechos patrimoniales y el reintegro de la multa que le fuera aplicada.
Para dar inicio a los antecedentes de su petición, refiere que el establecimiento de su mandante denominado Frigorífico Doina SA, fue adquirido por SA Estancia La Pelada Ganadera y Comercial a través de un proceso de licitación pública en los autos "DOINA SA S/ QUIEBRA".
Siendo así, manifiesta que a la fecha de adquisición, el criadero Doina SA y el Frigorífico Doina SA, compartían el uso de los pozos de agua, como las lagunas de tratamiento de vuelco de efluentes instalados en el predio perteneciente al Criadero Doina SA, por lo cual el frigorífico enviaba todos sus efluentes líquidos generados a través de una única cañería a un sistema compuesto por tres lagunas de tratamiento, estableciéndose un plazo de tres años a partir de la adjudicación (01/06/2010), para que los adquirentes tomaran las medidas necesarias a fin de que cada empresa cuente con esos servicios en forma independiente, por lo que refiere que SA Estancia La Pelada contaba con autorización judicial de no modificar el tratamiento de los efluentes hasta el 31/05/2013, pero no obstante ya había iniciado el proceso para construir su propia planta de tratamiento.
Aclara que, su mandante ha velado por el buen uso de su establecimiento, realizando en forma regular el análisis de los efluentes extraídos antes de su tratamiento en las lagunas.
Señala asimismo, que el Frigorífico contó con la habilitación de la municipalidad de San Andrés de Giles y el certificado de aptitud ambiental emitido por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.
Indica que así las cosas, el 17/11/2010 a raíz de una denuncia investigada por la Policía Ambiental se inició una serie de inspecciones a la planta de su mandante, que dieron origen a la sanción que hoy se impugna, informando que tal como puede observarse del Acta de Procedimiento, tal denuncia no pudo ser corroborada continuando con los diversos actos administrativos que también se impugnan.
Refiere que, la primer inspección tuvo lugar el 14/12/2010 (Acta 5531) y estableció un caudal de vuelco de 5m3/día, intimándose a la firma a presentar documentación técnica.
Manifiesta que el 14/12/2010 su poderdante efectuó descargo ante la Autoridad del Agua, señalando el plazo de tres años dispuesto por la justicia ordinaria.
Apunta que con fecha 15/11/11, mediante Acta 6489 se efectuó una nueva inspección que determinó la falta de presentación de la documental técnica y un caudal de 1 m3/día, la cual mereció descargo de su mandante en fecha 16/11/2011.
Señala que, respecto a la muestra de efluentes tomadas en dicha inspección, se destacó que las mismas fueron extraídas antes de ingresar los efluentes al sistema de tratamiento, es decir que se trata de muestras de líquido crudo, lo cual surge de la propia acta labrada en dicha oportunidad.
Asimismo, menciona que, atento el resultado de la inspección, con fecha 05/12/11, su mandante recibió notificación por lo que procedió a presentar un nuevo descargo, resaltando en particular el plazo de gracia otorgado por la autoridad judicial, demostrando que la empresa ha ido cumpliendo con las acciones pertinentes para alcanzar dicho objetivo en el menor plazo posible, dejando constancia que, la muestra de los efluentes líquidos obtenidos en la inspección de referencia, fue obtenida en el "desengrasador" antes de ser volcada a la planta de tratamiento, por lo que llamó la atención, los resultados de coliformes fecales, toda vez que, siempre los líquidos cloacales han sido derivados a pozos sumideros independientes.
Subraya que la Autoridad del Agua, ha obrado sin considerar los insistentes descargos y las pruebas aportadas por su mandante, omitiendo principalmente tener en cuenta que:
1. Las muestras obtenidas fueron tomadas sobre efluentes no tratados y debían ser tomadas en la tercera laguna.
2. Su mandante ha adquirido el Frigorífico Doina SA a través de licitación pública.
3. Su mandante continuó con el mismo sistema de tratamiento de efluentes aprobado por la Administración General de Obras Sanitarias el 21/03/1997.
4. En la municipalidad de San Andrés de Giles y en el OPDS, obra una auditoría ambiental que cuenta con aprobación y certificado de Aptitud ambiental 17/08/2011 y habilitación municipal definitiva 30/08/2011.
Por cuanto solicita, se anule la medida tomada y se restituya el monto de la multa aplicada y que fuera abonada.
En otro apartado refiere a los derechos lesionados tales como la vulneración al principio de igualdad ante la ley, el derecho a ejercer la industria lícita y el principio de razonabilidad, concluyendo en que la resolución ADA N°058/12, al no tener sustento legal valido y sin tener en cuenta los presupuestos reseñados, se constituye en un sofisma inconstitucional que la descalifica por arbitraria.
A continuación ofrece prueba y peticiona.
IV. Que, habiéndose agregado en autos el Expediente Administrativo N° 2436-21463/10, se procede a realizar el respectivo examen de admisibilidad y resultando agotada la instancia administrativa con el dictado de la resolución 233/12 del Sr. Director de la Autoridad del Agua, se ordena el respectivo traslado de demanda.
V. A fs. 194/204, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Buenos Aires, y tras contestar la demanda solicita el rechazo de la misma.
De tal forma refiere que, la presente causa contenciosa administrativa ha sido promovida con la finalidad de que se anulen las resoluciones 58/12 y 233/12 dictadas por la Autoridad del Agua en el Expediente administrativo N°2436-21463/10 en el cual se sanciona a la actora con la multa de $33.223,50.
A continuación, hace una reseña de los antecedentes en que se funda la demanda, y señala que la misma resulta infundada y que los actos administrativos cuestionados no merecen reproche de ilegitimidad alguno.
Señala que la decisión de aplicar la multa, así como el monto aplicado, encuentra fundamento en el régimen legal aplicable al caso.
A dicho efecto cita la ley 5965 que expresamente prohibió a las reparticiones del estado y a los particulares el envío de efluentes sólidos, líquidos o gaseosos de cualquier origen a la atmósfera, a canalizaciones, ríos y toda fuente curso o cuerpo de agua.
Asimismo, alude que dicha ley fue reglamentada por el decreto 2009/60, modificado por Decreto 3970/90.-
A fin de completar el marco normativo cita la ley 12.257 Código de Aguas y la resolución ADA 336/03.
Concluye que, de la normativa citada surge claramente la competencia y la correcta aplicación de las normas por parte de la Autoridad del Agua y que efectivamente, la Resolución 58 del 02/02/2012 que afectara a la firma SA La Pelada Ganadera y Comercial, se dictó con motivo de haberse acreditado en la inspección de fecha 15/11/2011 la falta de la documentación técnica aprobatoria de los sistemas de tratamiento de efluentes, sumado a ello, que en la muestra extraída de los efluentes de la empresa, se detectó la presencia de sustancias contaminantes, presentando parámetros que excedían ampliamente los valores admitidos.
En cuanto a los antecedentes facticos señala que, con fecha 17/10/10 el inspector de la Autoridad del Agua, se presentó en el establecimiento de la actora y labró el acta serie A 5531. En dicha oportunidad la planta dedicada a la elaboración de jamones y fabricación de chacinados evacuaba líquidos residuales con destino a laguna aeróbica N°1 (Pigs Ranch SA), caudal de vuelco detectado 5m3 por día.
Indica asimismo que se detectó en dicha ocasión la falta de documental técnica y de final de obra.
Refiere que ante ello, la Autoridad del Agua intimó a la firma a presentar la documentación correspondiente, observando que se encontraba en infracción al art. 6to. ley 5965.-
Menciona que el 15/11/11, nuevamente la Autoridad del Agua realiza una inspección labrando el acta 6489, en la que se hizo constar que la empresa continúa sin la documentación técnica y que se extrajeron muestras del efluente en la salida final del establecimiento para su traslado a laboratorio.
Hace saber que dichas muestras se tomaron en presencia de personal de la firma y se transportaron acondicionadas.
Finalmente refiere que, se les indicó, que la firma debía presentar la documentación técnica ante ADA y poseer sus propias instalaciones de tratamiento.
Manifiesta que a fs. 19 de las actuaciones administrativas obra la cadena de custodia de las muestras, las determinaciones solicitadas, como también el comprobante de la entrega de las muestras al laboratorio.
Señala que el resultado del análisis físico químico de la muestra identificada como LL24, arrojó parámetros objetables como coliformes fecales, demanda biológica de oxigeno (DBO) y demanda química de oxigeno (DQO), lo cual permite concluir que los líquidos extraídos se encontraban excediendo ampliamente los parámetros permitidos, en contradicción con las normas que prohíben el vertido de sustancias contaminantes que tengan como destino final los cuerpos de agua.
Refiere que en orden a lo expuesto, se observa que la actora incurrió en una clara infracción a las normas que rigen su actividad al violar lo prescripto por el art. 37 del Dec. 2009/60 (modif. por Dec. 3976/90), lo cual torna razonable la decisión de ADA de aplicar a la empresa una multa de $33.223,50, la cual resulta ajustada a las Res. ADA N°162/07 y N°444/08.-
Asimismo subraya que, la actora no puede oponer a esta parte el acuerdo arribado entre partes ajenas a su mandante en el marco de un proceso judicial donde no tuvo intervención alguna, como así tampoco, pretender invocar una autorización o permiso que implique dejar de lado normas legales que le son aplicables.
Finalmente, hace particular referencia a los análisis para caracterización del efluente realizado en noviembre de 2011 en un laboratorio privado "Laboratorio Científico Ambiental" contratado por la actora.
En tal sentido resalta que las muestras no fueron extraídas por personal de ADA, que no se presentó Certificado de cadena de custodia de las muestras analizadas por dicho laboratorio y que asimismo, para que dicho análisis reúna valor probatorio tendría que tener las mismas condiciones de lugar y tiempo que las analizadas por ADA.
VI. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.88, y agregados los alegatos presentados electrónicamente por ambas partes con fecha 03/09/2018, se llama autos para sentencia, y
1)Tal como quedó reseñado, la firma Estancia La Pelada SA Ganadera y Comercial persigue en autos la anulación de la Resolución N° 058/12, de fecha 02/02/2012, por la cual el Directorio de la Autoridad el Agua de la Provincia de Buenos Aires (A.D.A.) resolvió aplicarle una sanción de multa por la suma de $33.233,50 por infracción a los arts 6° de la ley 5965 y 20 de su Reglamentación (Dec. 2.009/60 modif. por el N°3.970/90) y al art 37 de dicha reglamentación, por incumplimiento de la Res. ADA N°336/03 (v. fs. 45/46 de las presentes actuaciones).-
Así, el acto administrativo sancionatorio encuentra apoyatura legal en la ley 5965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera.
Por lo cual, resulta ser este, el marco normativo -cuya aplicación al caso no ha sido cuestionada- y al que debe ajustarse la actuación administrativa para resultar legítima.
2. Establecido lo anterior, señalo que el hecho que diera origen al procedimiento sancionatorio que concluyó con la resolución aquí impugnada, es la inspección efectuada por el personal técnico de la Autoridad del Agua (A.D.A.) el 15 de noviembre de 2011 en el establecimiento de propiedad de la firma actora ubicado en ruta Nac. N°8 Km105 de la ciudad de San Andrés de Giles, constatándose que la actividad desarrollada poseía Nivel de Riesgo 3 y el caudal de vuelco de 1m3/día.
En la misma oportunidad se extrajeron muestras del efluente en la salida final del establecimiento (cámara de paso posterior al pozo de bombeo de líquidos industriales), en presencia de personal de la firma (F/Q, DBO,DQO y Bact.), muestra que luego fue trasladada al laboratorio designado por la ADA.
Toda esta reseña surge del acta de Inspección Serie A N°6489 (cuya copia luce agregada a fs. 15/18) que tampoco ha sido cuestionada por las partes y por ello, hace plena fe respecto de su contenido (conf. art. 64 del decreto 2009/60, modificado por el decreto 3970/90; SCBA, doct. causa B 59661, "Sidra La Victoria S.A.C.I. y A", sent. del 04-VI-2008).
Habiendo arribado a este punto del presente análisis, debe advertirse que la firma Estancia La Pelada SA Ganadera y Comercial, no ha discutido en estas actuaciones la existencia de los hechos que le imputó la autoridad demandada y que, se constituyera en la causa del acto administrativo por la cual se dispuso imponer la sanción.
En efecto, la empresa en todos sus descargos se limita a señalar, haber adquirido el frigorífico Doina SA, mediante proceso judicial de licitación, siéndole adjudicado el mismo con fecha 03/06/2010 y que desde entonces comparte el uso de los pozos de agua como las lagunas de tratamiento de vuelco de efluentes con el Criadero Doina SA, aludiendo que la autoridad judicial le otorgó un plazo de 3 años a partir de la adjudicación de bienes para administrar las medidas a fin de que cada empresa cuente con esos servicios en forma independiente.
Ahora bien, adelanto que dicha dispensa de tres años, en modo alguno puede implicar que la actora realice su actividad en infracción a lo dispuesto por la normativa legal, en el caso constituida por los arts. 6 de la ley 5965, 4 inc. "d", 20 y 37 del decreto reglamentario 2009/60, modificado por el decreto 3970/90, código de aguas Ley 12.257 y art. 41 Constitución Nacional y Art. 28 Constitucion Provincia de Bs. As.-
Adentrándonos en la arbitrariedad que se pretende adjudicar al acto administrativo ventilado en autos, la misma requiere que se haya prescindido de los hechos del caso, o de efectuar su motivación o fundamentación en aquellos, puesto que resulta primordial para que un acto no se encuentre viciado por la arbitrariedad, que el mismo se fundamente en hechos acreditados en las actuaciones.
En tal sentido, por imperio constitucional siempre debe existir un sustento factico suficiente y adecuado de la decisión que se adopta y de los motivos que fundamentan y justifican racionalmente dicha decisión. (Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo T°3, 5ta. Edición, Pag. IX35, Pto.8.3).-
En suma el acto debe ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que conducen a emitir el mismo, atento que si prescinden de fundamentación normativa seria, se constituyen en arbitrarios.
Sentados estos preceptos e introduciéndonos en el caso que nos convoca, he de advertir que no se desprende de autos que el acto administrativo dictado por la Autoridad del Agua pueda ser tildado de arbitrario, ilegitimo y/o irrazonable.
Veamos, la actora apoya su postura en el "Pliego de condiciones del llamado a Licitación pública, en los autos Frigorífico Doina SA", insistiendo que en el mismo se aclara que el criadero Doina SA y el Frigorífico Doina SA, comparten el uso de las lagunas de tratamiento de vuelco de efluentes instalados en el predio perteneciente al criadero Doina SA, y que en el mismo pliego, se les otorga el plazo de tres años a partir de la adjudicación, para que los adquirentes administren las medidas a fin de que cada empresa cuente con esos servicios de forma independiente.
Ahora bien, circunscripta la defensa de la actora -ante la multa aplicada-, al mencionado pliego, cierto es que del mismo, no surge expresamente el permiso para incumplir ley, ordenanza o reglamento alguno, por la única y verdadera razón de que no hay resolución ni causa de justificación que autorice a infringir el ámbito normativo vigente, que en la especie, prohíbe la descarga de todos los efluentes que importen una degradación o desmedro de las aguas y en directa consecuencia del medio ambiente.
Se impone así con rigor absoluto, la Carta Magna que tutela el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado lo cual trae in situ el deber de los poderes públicos a preservarlo.-
Es decir que, ante el imperio de derechos adquiridos de raigambre constitucional tales como el derecho a la vida y a la salud, no puede concebirse la concesión de un "permiso" y/o licencia que los ponga en riesgo y pueda vulnerarlos, imponiéndose por tanto la incólume preservación de medio ambiente y de dichos intereses custodiados (Art. 41CN, 4CPBA, ley 25675).-
3. Por otro lado, he de advertir que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (A.D.A.) se encuentra facultada para fijar -a través de su División de Control de Vertidos susceptibles de impactar en el ambiente, dependiente del Departamento de Inspección y Control del Recurso- las pautas para el envío de las muestras desde la toma de las mismas hasta la recepción por el encargado de efectuar los análisis físicos, químicos y biológicos de muestras de aguas superficiales, subterráneas y de vertidos (conf. Anexo 6 del decreto 266/02, mediante el cual se aprobó la estructura organizativa descentralizada de la Autoridad del Agua, de acuerdo al organigrama, objetivos, acciones, responsabilidades, tareas de los departamentos, tareas de las divisiones y nómina de las regiones, que como Anexos 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 forman parte del mismo).
Y es amparada en esta facultad, que efectúa la inspección a la firma Estancia La Pelada SA Ganadera y Comercial y tras la toma de muestra de efluentes líquidos evacuados de dicho establecimiento y su remisió
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