Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 5719 2020
Expte. Nº 5719.-
Autos: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION ANULATORIA.-
Mercedes, de junio de 2020.-ES
Estos autos caratulados "MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 5719, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 152/194 se presenta la Dra. Karina A. Moavro Aita, en carácter de letrada apoderada de UNILEVER DE ARGENTINA S.A., con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo Lema, iniciando demanda contra la Municipalidad de Moreno, con el objeto de obtener la nulidad del Decreto Nº 3383/05, dictado con fecha 29 de diciembre de 2005, por el cual se le imputa a su mandante la liquidación de deuda contenida en las actas Nº DPP-000085, DPP-000930, DPP-001698, en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda- en adelante DPP-, y derechos de ocupación o uso de espacios públicos, correspondientes a los años 2002 a 2004.-
Refiere la actora en su relato inicial, que sin contar con establecimientos, ni realizar actividad publicitaria ni comercial alguna en el partido de Moreno, en fecha 23 de febrero de 2005, fue notificado de una "intimación de pago de ultimo aviso" por la cual se pone en su conocimiento que habrían quedado firmes supuestas actas identificadas como DPP N° 000085, 000930 y 001698 por los periodos 2002, 2003 y 2004 respectivamente.-
Manifiesta que la deuda contenida en las liquidaciones se encuentran sustentadas únicamente en un detalle de medios que obra adjunto a cada liquidación, que solo consigna una serie de direcciones y de características de los medios liquidados, sin distinción alguna de los productos supuestamente publicitados ni por qué motivo se lo hace, como así tampoco ningún otro elemento que permita identificar por cuales avisos se le pretende exigir los DPP.-
Dice que ante la cédula de notificación recibida, su parte presentó un escrito rechazando la misma, presentación a la cual el municipio le otorgó el carácter de recurso cuando su presentación no era mas que un descargo.-
Expone que el acto administrativo aquí impugnado posee vicios manifiestos en el objeto, la motivación y la finalidad.-
Relata que, no existe ningún elemento que justifique la pretensión municipal, en cuanto no existe normativa legítima y oponible que justifique el acto impugnado, no existe descripción concreta de la publicidad y propaganda, como tampoco constancia de relevamiento alguno, o mención de la circunstancia por la cual se le pretende atribuir dicha propaganda, entre otras.-
En otra parcela, refiere que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado en cuanto a la causa y su motivación, la que se encuentra prevista expresamente en el artículo 108 de la OG 267/80, que se traduce en una "relación de los hechos y fundamentos de derecho". Que en la presente causa, la determinación de deuda se encuentra viciada de modo absoluto y manifiesto, ya que al momento de su emisión no contenía fundamento alguno y carecía de todo sustento fáctico y normativo que la justificara, y que los elementos aportados con posterioridad carecen de aptitud para motivar y causar la mentada pretensión municipal.-
Asimismo refiere que las actas o liquidaciones son inhábiles, careciendo totalmente de sus elementos esenciales, como ser la firma de terceros ajenos al municipio, la identificación correcta del comercio, de su titular, la descripción de la supuesta publicidad y su fecha de colocación y la firmas del funcionario que concurrió al comercio, entre otras.-
Por otra parte, denuncia desviación de poder. Expone que la pretensión municipal de cobro aquí impugnada manifiesta una finalidad persecutoria y principalmente recaudatoria, y que de efectivizarse, se estaría convalidando un pago sin causa y consecuentemente un enriquecimiento ilícito.-
Plantea que las normas municipales tienen efecto dentro del territorio en el cual las autoridades que las dictan tienen imperio, mas no fuera de el, resultando lógico que sean normas obligatorias para los ciudadanos del Municipio, pero que para aquellos que no habitan ni ejercen actividades en la Comuna, no se encuentran alcanzados por dichas normas, por lo cual y no habiendo sido puestas nunca en conocimiento de su parte, no les resultan oponibles.-
Desarrolla los artículos 197 y 198 de la ordenanza fiscal del año 2002 del Municipio demandado, los presupuestos determinantes que configuran el hecho imponible y el sujeto pasivo obligado al pago en relación a los DPP.-
Dice que dentro del artículo 197 de la OF se establecen las excepciones respecto de lo considerado DPP y expone que la excepción prevista en el inc. b), es plenamente aplicable, atento que las supuestas publicidades detalladas se encuentran dentro de los locales o establecimientos y no ocupan espacio público, por lo que el cobro pretendido resulta improcedente, ya que la publicidad ha sido realizada dentro del local y sin ocupación del espacio público.-
En cuanto al planteo respecto del art.198 de la Ordenanza Fiscal del año 2004, que consagra la responsabilidad solidaria a los fines del pago del tributo de publicidad y propaganda, dice que su parte no puede resultar alcanzada por la misma, toda vez que responsable resulta ser quien realiza el "hecho imponible". Por ello y siendo que el Municipio pretende ir directamente contra su parte invocando una responsabilidad solidaria que no se encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el art. 198 de la OF, su parte no puede ser alcanzada.-
Refiere que sin perjuicio de la inexistencia de responsabilidad solidaria en cabeza de su mandante, debe advertirse que prescindir de la participación del comerciante en el procedimiento administrativo y pretender exigirle la obligación directa y exclusivamente a su mandante es inadmisible, puesto que la solidaridad solo puede nacer luego de la determinación y exigibilidad de la obligación principal a su responsable, o a lo sumo en forma concomitante, pero nunca sin ella.-
Se refiere a la improcedencia del reclamo administrativo retroactivo, por parte del Municipio, diciendo que esta pretensión es inconstitucional, toda vez que pretende un pago sin causa, en atención a que el Municipio no cuenta con elemento de prueba alguno que justifique su reclamo por cada uno de los periodos cuyo cobro pretende.-
Denuncia la inconstitucionalidad de la pretensión municipal de exigir los derechos de publicidad y propaganda, exponiendo que ello es exorbitante a las potestades municipales.-
Continúa diciendo que no puede sostenerse que los DPP tengan naturaleza tributaria como pretende sostener el municipio. Dice que los derechos no son tributos, que si así lo fueran, hubiesen sido denominados por el legislador bajo alguna de las especies tributarias - impuestos, tasas y contribuciones-, y que las potestades municipales en modo alguno son ilimitadas, sino que se encuentran regladas por la totalidad de los principios y garantías federales, provinciales y municipales, debiendo reunir las pretensiones municipales los requisitos de legalidad que le resulten aplicables.-
Por otra parte denuncia la afectación de las leyes convenio, diciendo que la pretensión municipal, de la manera que es exigida contraviene numerosas normas federales y provinciales de jerarquía superior, lo que provoca la inconstitucionalidad acusada.
Por último, concluye que la exigencia de los derechos de publicidad y propaganda viola la jerarquía legislativa establecida en la Constitución Nacional, la distribución de las potestades tributarias, las leyes convenio y el Régimen de Coparticipación Municipal de la Provincia de Bs. As., afectando de esta manera también la jerarquía constitucional de la Pcia. de Bs. As. y entre muchísimas otras garantías, principios y derechos constitucionales, afecta inadmisiblemente el derecho de propiedad, de defensa, de legalidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y seguridad jurídica.-
Finalmente, denuncia la improcedencia de la Tasa de protección civil y la Tasa de Salud y Asistencia Social.-
Asimismo, solicita como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto impugnado, ofrece prueba y peticiona.-
II. A fs. 216/219 se rechaza la medida cautelar solicitada, medida que es apelada y luego resuelta por la Alzada, rechazando el recurso interpuesto.- ver fs. 244/245-
III. A fs. 256/264 el actor, en los términos del art. 32 de la Ley 12.008, amplia demanda.-
Al respecto, dice que de la compulsa del expediente administrativo allegado, se advierte que el Decreto respecto del cual se pretende la anulación, es un acto manifiestamente nulo por surgir de un procedimiento viciado de nulidad y carecer de los elementos de causa y motivación, requisitos propios y esenciales de los actos administrativos.-
Refiere asimismo, que dentro del expediente administrativo no surge en ningún momento la existencia de declaraciones juradas que sustentan la existencia de los DPP, ni las actas de constataciones labradas por los Inspectores de este Municipio, entre otras faltantes que alega.-
Afirma que en toda la extensión del expediente administrativo en traslado, no advierte elementos probatorios que permitan tener por acreditada la existencia de los supuestos elementos publicitarios que se reclaman a su mandante.-
Concluye que la pretensión determinativa municipal, es arbitraria pues el Fisco Municipal prescindió de toda prueba, o se funda en hechos inexistentes, como es el Decreto Municipal cuestionado.-
IV. Que a fs. 300/307 se presenta a contestar demanda la Dra. Silvina Ledesma, en carácter de apoderada de la Municipalidad de Moreno.-
En primer lugar, relata que la Municipalidad de Moreno, luego de relevar en su territorio la existencia de avisos publicitarios de productos cuyas marcas pertenecen a la actora (Cocinero, Lira, Gallo, Don Vicente, Matarazzo, Lucchetti, Nobleza Gaucha, Vitina, Granja del Sol, Exquisita, Canale, Favorita, Arlistán, Minerva, entre otros), en vidrieras de comercios sin que respecto de las mismas se hayan presentado las declaraciones juradas exigibles, notifica tal hecho a la empresa con copia de actas de constatación individualizando los domicilios donde se observó la citada publicidad, intimándola a presentar las declaraciones juradas correspondientes.-
Expone que la empresa se presentó ante su mandante e impugna lo actuado peticionando el archivo del expediente administrativo, fundando su petición en el hecho que no es contribuyente de la Municipalidad y en errores formales del procedimiento.-
Dice que a pesar de haber sido respetado su derecho de defensa, otorgándose un plazo para que presente sus declaraciones juradas o instrumentos que permitieran probar que la publicidad no existía, se limitó a peticionar se dejen sin efecto las liquidaciones de derechos de publicidad y propaganda impugnadas y el cierre del expediente, y por ello se procedió a la determinación de oficio de la Tasa, conforme está previsto en la Ordenanza Fiscal vigente.-
En cuanto al detalle de los domicilios donde la actora realizó publicidad, obra en los listados adjuntados a la cédula de notificación oportunamente diligenciada y la empresa no ha desvirtuado las verificaciones llevadas a cabo; aun cuando se presume la legitimidad de los actos emanados de la administración pública, los contribuyentes tienen derecho a su impugnación pero deben fundar esa impugnación en pruebas fehacientes, pruebas que no se han presentado en sede administrativa ni ante esta causa.-
Niega especialmente que no se haya respetado el derecho de defensa de la actora, exponiendo que se le notificaron todos los domicilios donde se encontró propaganda de sus productos exhibida al público en comercios y se le otorgó un plazo de diez días para presentar las declaraciones juradas o efectuar los descargos que considerare corresponder, no presentó declaraciones juradas, ni adjuntó documentación que probara que en los domicilios relevados no existían avisos publicitarios de sus marcas exhibidos al público.-
Aclara que es cierto que debió realizarse una determinación de oficio de la Tasa, pero explica que debió realizarse así, porque la empresa no presentó declaraciones juradas y al otorgársele un plazo para ejercer su derecho de defensa, no adjuntó instrumentos probatorios sobre la inexistencia de las publicidades que se le adjudican.-
Niega que resulte improcedente, el cobro de Tasa por Publicidad y Propaganda, pues esta Tasa corresponde por la exhibición al público del logotipo e imágenes de los productos de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. en los comercios en territorio del Municipio y cuyos domicilios surgen de las DPP adjuntas en autos.-
En relación a los vicios del acto administrativo que la actora refiere, se niegan todas y cada una de las afirmaciones vertidas en la demanda.-
Explica que en virtud de la potestad tributaria originaria del Municipio, conforme los arts. 1 y 5 de la Constitución Nacional y 192 inc. 5 y 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Moreno procede a gravar los llamados derechos de Publicidad y Propaganda con sustento en el art. 226 inc. 8 de la Ley Orgánica de la Municipalidades.-
Ese derecho, continúa diciendo, no es más que la contraprestación que recibe el Municipio por el hecho de un permiso para efectuar Publicidad y Propaganda dentro en el territorio del Partido.-
La actora no está obligada a efectuar Publicidad y Propaganda dentro del Partido de Moreno, pero si ejerce esos derechos, debe pagar por el permiso que se le otorga. Es una actividad optativa y en nada afecta la comercialización de los productos de la actora ya que cuenta con otros medios (radio, televisión, gráfica, etc.) por los que puede dar a conocer sus productos y que no tributan en el Municipio.-
En cuanto al vicio en la causa y la motivación que esgrime la actora, dice que se debe tener en cuenta que el Decreto 3383/2005 cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para su validez: fue dictado por autoridad competente, tiene sustentabilidad en las actas DPP n° 000085, 000930 y 001698 en las que se detallan los medios liquidados y los domicilios de los locales donde se llevó a cabo la publicidad y propaganda de los productos de la actora; se encuentra fundado en la legislación vigente; las razones que inducen a emitir el acto se encuentran expresadas en forma concreta.-
En cuanto a la inexistencia de poder de imperio municipal alegada por la ahora accionante, dice que se debe tener en cuenta que, como propietaria de las marcas expuestas en los comercios cuyos domicilios constan en las actas, no puede abstraerse de su obligación de pago de la tasa cuestionada. Cita jurisprudencia.-
Afirma que la actora es beneficiaria directa de la publicidad de sus productos, de lo contrario no entregaría material de propaganda a los comercios para ser exhibido a la vía pública.-
Continúa relatando, que no es cierto que la municipalidad no pueda exigir el cumplimiento de obligación alguna en cabeza de la actora por falta de publicación de las Ordenanzas Fiscales en cuestión: la Ordenanza Fiscal que rige el funcionamiento de la Municipalidad de Moreno se publica anualmente en el Boletín Oficial Municipal, pudiendo ser consultada además en la página web del Municipio.-
Agrega que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Se trata de una presunción legal, iuris et de iure, sin la cual sería imposible reglar la vida en sociedad; esta ficción se aplica a las leyes, y a los decretos, resoluciones u ordenanzas, reiterando aquí que la Ordenanza fiscal es publicada anualmente en el Boletín Oficial Municipal.
En cuanto a la inconstitucionalidad de los derechos de Publicidad y Propaganda, sostiene que el derecho que tiene este Municipio de percibir la Tasa por Publicidad y Propaganda, es indiscutible, pues se justifica por la actividad municipal de policía de la publicidad, por estar facultados para controlar su contenido, en cuanto al decoro de la publicidad y a las buenas costumbres.-
Sostiene que todos los municipios bonaerenses, cuentan entre sus ingresos con recursos provenientes de distintas fuentes y estos están regulados por el marco jurídico establecido por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley, N° 6.759/58 y modificatorias), de donde emergen las facultades y atribuciones tributarias de las comunas.-
La Ordenanza Fiscal Municipal-en sus artículos 297 y siguientes, rige todo lo concerniente al cobro de la Tasa por Publicidad y Propaganda.-
Por otro lado, sostiene que el Decreto 3383/2005 no viola la legislación provincial y nacional que rigen la materia, ya que fue dictado en el marco de la Constitución de la Nación Argentina (Arts. 5 y 123), de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (Art. 192 Inc. 5 y 6), de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Art. 226 inc.8, de la Ordenanza Fiscal vigente (Art. 197 y ss.) e incluso es compatible con la Ordenanza Fiscal 3445/08 por la que el Municipio adhirió a la ley Provincial 13850. Está respetando en todos sus términos la legislación provincial y nacional sobre Coparticipación vigente.-
Continúa exponiendo, que la ley de coparticipación provincial citada por la actora, nada dice respecto de la tasa aquí cuestionada: Se refiere a los gravámenes que no puede crear la municipalidad determinados sobre los ingresos brutos o netos, gastos o inversiones de la industria, el comercio y los servicios. Claramente no se refiere a los derechos de publicidad y propaganda porque los mismos fueron regulados en la Ley orgánica de las municipalidades DL 6759/58, no se grava el gasto que pudiera haber realizado la empresa en materiales de propaganda, se grava la publicidad que se hace de sus productos en vidrieras y portones exhibida a la vía pública dentro del territorio de la Municipalidad, generando a la actora un incremento en sus ganancias.
En cuanto a la improcedencia de las multas expuestas, dice que el municipio notificó a la empresa con copia de los relevamientos llevados a cabo, los domicilios donde se generó el derecho del municipio a percibir la cuestionada tasa. La empresa tuvo diez días para probar que esas publicidades no existían o que había presentado las declaraciones juradas correspondientes.-
Al no presentar pruebas que demostraran la inexistencia de los avisos publicitarios, la Municipalidad liquidó la tasa que debía pagar con más las multas correspondientes por no haberlo hecho en tiempo y forma, conforme lo determina la Ordenanza Fiscal.-
En cuanto a la inspección y los relevamientos de los establecimientos informados en las actas, pone de resalto que el municipio respeta en todos sus términos lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en su Resolución 717/2011 de fecha 22 de diciembre de 2011 que en su art.1 se determina la posibilidad de los municipios de realizar a través de terceros, el recupero del crédito por tasas, contribuciones, derechos y todo otro recurso propio impuesto a los contribuyentes, cuyo vencimiento se haya producido en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta las pautas y restricciones establecidas en la citada resolución.-
Finalmente ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
IV.-Que una vez transitada la etapa de prueba conforme lo ordenado en la audiencia obrante a fs.308 y agregado el alegato presentado por la parte actora en fecha 14/06/2019 y la parte demandada en fecha 22/06/2019, se llama con fecha 05/07/2019 autos para sentencia. En virtud de lo informado en fecha 05/03/2020, los presentes actuados pasan a despacho, y;
1. La accionada aduce que el Decreto N° 3383/05 dictado por el intendente de la Municipalidad de Moreno, adolece de vicios en la causa, motivación y procedimiento, y que se ha violentado la garantía de defensa. Asimismo aduce que el citado acto administrativo fue dictado basá
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.