Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 41846 2023
Expte. Nº 41846 .-
Autos:"BENITEZ EUFEMIO CIRILO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.- FC
Estos autos caratulados "BENITEZ EUFEMIO CIRILO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA", Expte. Nº 41846, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 22 de febrero de 2021 se presenta -por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Isidro- el Sr. Eufemio Cirilo Benitez, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Miguel Masetti, promoviendo formal demanda contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se declare la inconstitucionalidad en el caso concreto, del art. 6 de la Ley 12.006 (texto según Ley 13.324) en cuanto estableció el límite para el pago de retroactivos para los beneficios previsionales allí previstos -Pensión Honorifica de la Provincia de Buenos Aires en Reconocimiento de los Ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas- desde la fecha de presentación de la solicitud de esa pensión, hasta un máximo de dos años.
Consecuencia de ello, solicita se disponga judicialmente que corresponde computarse -como límite para el pago de los mentados retroactivos- el plazo quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil vigente al momento de peticionarse la pensión en sede administrativa. Tomándose a los fines del cómputo del retroactivo, la fecha de inicio del reclamo administrativo, cinco años antes de la misma.
Peticiona, se condene a la accionada al pago de los haberes devengados entre el 10/05/2005 al 04/12/2009 [sic] con más intereses, capitalización, costos y costas.
Consecuentemente, peticiona la declaración de nulidad de la resolución -en la parcela que resulta alcanzada por la pretensión aquí enarbolada- que otorgara el beneficio resuelto en el Expediente Administrativo N° 021557-143511-0-09-000.
Finalmente, solicita que, al momento de fallar, se resuelva la capitalización de intereses conforme surge del art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, desde la mora hasta la efectiva notificación de la demanda, convirtiéndose los mismos en capital y, en adelante, se capitalicen en forma mensual y/o en el plazo que se estime corresponder.
Principia por mencionar que la accionada, en fecha 3 de septiembre de 2010, ha reconocido y otorgado a su parte, la denominada "Pensión Honorifica de la Provincia de Buenos Aires en Reconocimiento de los Ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas" Ley 12006 -Texto según Ley 13324-.
Refiere que, al otorgarla, aplica una limitación en la retroactividad del beneficio, puesto que en el art. 6° de la ley 12006 establece que la pensión otorgada: "... comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo acto administrativo, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos (2) años." lo que sería -dice- hasta el día 4/12/2009 [sic] implicando dicha norma, una renuncia pura y simple a derechos adquiridos a tenor del art. 4027 del Código Civil en su inciso inc. 3 -vigente al momento del reclamo-.
Entonces, solicita que el art. 6 de la Ley 12.006 se declare inconstitucional y, en consecuencia, se extienda el retroactivo a los 5 años anteriores al inicio del trámite, o sea desde el día 10/05/2005 al 04/12/2009 [sic] conforme el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, art. 2560 CCCN.
En cuanto a la crítica concreta y razonada para dictar la inconstitucionalidad, referida al límite para el pago de retroactivos, expone que se torna inconstitucional a la luz de los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia correlacionado con el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, máxime cuando los derechos que se debaten en la especie, cuentan -según refiere- en nuestra Carta local, con especial protección en los términos de los arts. 36 inc. 10 y 39 inc. 3.
Por dicha razón, solicita se declare que corresponde computarse -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el art. 4027 inc. 3 del Código Civil, desde la fecha de inicio del reclamo administrativo que se solicita el beneficio. Cita jurisprudencia a los fines de fundamentar su postura.-
Finalmente, contesta "un eventual planteo de prescripción" [textual].
Al respecto, dice que de los apartados anteriores se desprenden dos consecuencias.
Por un lado, la legitimidad del derecho invocado, el que solo encuentra la valla para su efectivo cumplimiento del beneficio de pensión, con la retroactividad pretendida, en la existencia del inconstitucional artículo art. 6 de la Ley 12.006.
Por el otro, una vez declarada la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, nacería el derecho a la retroactividad y, a partir de ese instante, comenzaría a correr el plazo de la prescripción de los beneficios en la extensión peticionada (Retroactividad al 10/05/2005) computando -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, desde la fecha del reclamo administrativo por el que se solicita el beneficio.
Acto seguido y los fines de acreditar los extremos vertidos, funda en derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba y peticiona.-
2. Que con fecha 14 de diciembre de 2021 se presenta por Fiscalía de Estado, el Dr. Alejandro Enrique Carlos Bustamante, oponiendo excepción de incompetencia territorial, inadmisibilidad de la pretensión y prescripción.
3. Conferido el traslado de las excepciones opuestas y contestadas que fueron, en fecha 25 de marzo de 2022 la Jueza previniente, hizo lugar a la excepción de incompetencia en razón del territorio opuesta por la parte demandada y se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones; ordenando remitir electrónicamente la presente causa a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Martín, a fin de que procediera al sorteo de un Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo que por turno correspondiera.
4. Que con fecha 22 de abril de 2022, se radicaron las actuaciones por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, cuyo Titular se declaró incompetente para entender en las actuaciones en razón del territorio, procediendo a la devolución de aquellas al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Isidro.
5. Que habiendo sido nuevamente radicado el Expediente Digital en el Juzgado aludido, la Jueza a cargo del mismo, ordenó -considerando el domicilio del actor- remitir el mismo a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Mercedes, a los fines ordenados en la resolución de incompetencia de fecha 25 de marzo de 2022.
6. Transcurrido dicho derrotero, con fecha 06 de junio de 2022, se radican las actuaciones por ante este Juzgado, asumiéndose la competencia del suscripto para la presente causa.-
7. Que con fecha 21 de junio de 2022, pasan los autos a despacho para resolver las restantes cuestiones planteadas por el representante Fiscal en el Juzgado previniente, resolviéndose -en fecha 4 de julio de 2022- hacer lugar a la excepción interpuesta por la Fiscalía de Estado y, en su consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la pretensión.
8. La resolución es apelada por la parte actora en fecha 6 de julio de 2022, siendo resuelta por la Alzada en fecha 22 de noviembre de 2022, revocando la misma.-
9. Habiendo sido devueltas las actuaciones por la Alzada, con fecha 9 de febrero de 2023 contesta demanda el Dr. José Martín Torres, en su carácter de apoderado de Fiscalía de Estado.-
Al respecto, señala los principales antecedentes administrativos que precedieron a esta instancia judicial que entiende resultan de utilidad para demostrar que la pretensión incoada por el actor no es atendible.
Luego de ello, basamenta su postura en torno a dos circunstancias que considera sustanciales a los fines de lograr el rechazo de la acción intentada.
En primer lugar, sostiene que la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el actor, no produciría ningún efecto jurídico concreto, ni resultaría idónea para acordar los efectos patrimoniales con el alcance retroactivo solicitado. En efecto, dice que el actor comenzó a percibir la pensión en el año 2011 -alta del beneficio- por lo que resulta evidente que tomó conocimiento del mismo en dicho año.
Destaca además, que el Señor Benitez percibió el retroactivo en los términos acordados por el I.P.S. (es decir, a partir del 4/12/2009) y que la demanda se inició específicamente para modificar el plazo por el cual se reconocieron las retroactividades y que, más de diez años después, intenta cuestionar.
Sostiene que el demandante pretende extemporaneamente la revisión judicial del plazo de prescripción aplicable, sin formular -oportunamente- reparo o reserva alguna. Entiende entonces, las diferencias reclamadas con la promoción del presente litigio, se encuentran holgadamente prescriptas.-
En segundo lugar, aduce que la demanda entablada por el actor resulta infundada, por lo que solicita el rechazo de la pretensión en todas sus partes.
Así las cosas, señala que no merece ningún reproche el art. 6 de la Ley 12.006, dado que ha sido dictado por el Legislador provincial en uso de facultades que le son propias, no adoleciendo de vicio alguno que habilite la declaración de inconstitucionalidad, puesto que se encuentra expresamente reconocida la supremacía de las leyes especiales locales en materia previsional sobre cualquier otra genérica del Código Civil vigente en el período aquí cuestionado, toda vez que dicha disposición emana del poder reservado a la Provincia de Buenos Aires y no delegado al Estado Nacional. Fundamenta su postura citando jurisprudencia del cimero Tribunal de Justicia Provincial.
En otro apartado, refiere que, si hipotéticamente se considerara que el precepto en cuestión -art. 6 de la ley 12.006- se encuentra en pugna con alguna norma constitucional (lo que insiste, no acontece en autos) resultaría pertinente la aplicación del régimen general para la seguridad social vigente en la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 9.650/80) cuyo art. 62 regula el plazo general a tenerse en cuenta en materia previsional y no al Código Civil como pretende el actor.
Concluye entonces, que estando expresamente reconocida la supremacía de las leyes especiales locales en materia previsional, es que el art. 6 de la Ley 12.006 resulta plenamente constitucional.
Por último, reitera que, aún en la hipótesis más favorable al actor, es decir, en caso de declararse la inconstitucionalidad de la norma, igualmente ha operado la prescripción total de las retroactividades reclamadas en la demanda.
Ahonda en tal sentido, diciendo que la parte actora pretende que la demandada sea condenada ".al pago de los haberes devengados entre el 10/05/2005 al 04/12/2009." [textual]. Resulta indudable que aun en caso de estimarse aplicable el plazo quinquenal pretendido, las diferencias reclamadas se encuentran prescriptas, puesto que las diferencias retroactivas, recién han sido reclamadas con la promoción de este juicio en fecha 22 de febrero de 2021.
En otro acápite, plantea la improcedencia de la actualización monetaria solicitada para el caso de que se haga lugar a la demanda.
Así, refiere que la presente pretensión, no obstante la terminología utilizada, implica una solicitud de actualización que resulta a todas luces improcedente, toda vez que la Ley 23.928 -de desindexación y convertibilidad- derogó todo tipo de actualización monetaria legal o convencional y, a la fecha, se encuentra vigente en ese aspecto. Fundamenta su postura citando jurisprudencia del cimero Tribunal de Justicia Provincial.
Finalmente, sostiene el planteo eventual de inaplicabilidad de los artículos 15 inciso d), 24, 54 incisos a) y b) de la Ley 14.967, el que fuera formulado en ocasión de oponer las excepciones.
Acto seguido y los fines de acreditar los extremos vertidos, ofrece prueba y peticiona.-
10. Habiendo quedado fijado con fecha 06 de marzo de 2023, que la única prueba a los fines de resolver la pretensión, se trataba de las constancias del expediente administrativo ya agregado -v. presentación electrónica de fecha 17 de febrero de 2022- el que no fuera cuestionado, en idéntica fecha pasan los autos a despacho para alegar.-
11. Vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 19 de marzo de 2023) y por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 21 de marzo de 2023) pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 12 de abril de 2023 y;
1. La pretensión del actor se dirige a que se declare la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, que establece que la "Pensión Honorifica de la Provincia de Buenos Aires en Reconocimiento de los Ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas" otorgada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el acto administrativo que otorgue el beneficio, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos (2) años.
Denuncia agravio constitucional por la frontera de retroactividad fijada por el legislador, solicitando se reconozca que corresponde computarse -como límite para el pago de los mentados retroactivos- el plazo quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil vigente al momento de peticionarse la pensión en sede administrativa.
Asimismo, respecto de las sumas adeudadas que reclama, solicita la capitalización de intereses en la forma pretendida.
Por su parte, la demandada alega que la decisión cuestionada resulta ajustada a derecho, diciendo que la normativa ha sido dictada por el Legislador Provincial en uso de facultades que le son propias, no adoleciendo de vicio alguno que habilite la declaración de inconstitucionalidad.
En la especie, el acto administrativo mediante el cual se le otorgó al Sr. Benitez el derecho a la pensión (Res. 11321 N° 200) -dictado en fecha 03 de septiembre de 2010- dispuso en su artículo 1°: "Acordar el beneficio de Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento a los ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas establecido por la Ley 12.006 y modificatorias, a los peticionantes que se indican expresamente en el Anexo I parte integrante de la presente que consta de 1 foja, la que será devengada a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte la resolución, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos años" [textual] (véase fs. 26 vta. y 27 del Expediente Administrativo agregado en archivo digital adjunto al escrito electrónico de fecha 17 de febrero de 2022).
2. Que de conformidad con las postulaciones de las partes, la cuestión requiere resolver acerca de la eventual inconstitucionalidad de la norma cuestionada, esto es el art. 6 de la Ley 12006 y si, en su caso, corresponde aplicar -una vez invalidada dicha norma- el plazo quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil vigente al momento de peticionarse la pensión en sede administrativa.
Para ingresar en su análisis, es del caso recordar que los jueces provinciales ejercen una doble función de control de constitucionalidad. La primera consiste en controlar las normas aplicables -nacionales, provinciales o locales- para cotejar su validez con la Constitución Nacional y la otra, en fiscalizar las normas y actos locales, con la respectiva Constitución Provincial.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los jueces están facultados para ejercer este control indirecto o difuso de constitucionalidad, correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia local decidir, finalmente, en instancia extraordinaria, por vía del recurso de inconstitucionalidad, si la disposición impugnada es o no contraría a la Constitución Provincial (arts. 57, 161 inc. 1, Constitución Provincial; arts. 299 a 303 CPCC; art. 3 CPCA).
3. Ahora bien, en cuanto al examen de constitucionalidad, la Suprema Corte Provincial ha trazado las líneas respecto de las exigencias a las que el mismo queda sometido.-
Reiteradamente, ha afirmado el Máximo Tribunal local que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico. La atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable. (cfr.: SCBA, I 1496 S 23-12-1997, "Caussanel"; SCBA, I 2169 S 3-12-2003, "Almirón"; SCBA, I 2223 S 4-6-2008, "Medipharma S.A."; SCBA, Ac 87787 S 15-3-2006, "Codarín", entre otras).-
También, nuestro cimero Tribunal Provincial ha expresado que: "...La tacha de inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe indicar, con precisión, de qué modo la disposición impugnada habría quebrantado los derechos, principios o garantías constitucionales cuya tutela se procura, y en caso de deficiencia argumental, ésta no puede ser suplida por el tribunal, debiéndose rechazar el planteo...." (Conf. SCBA, B 60192 S 5-4-2006, "Massuh S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (EPRE) s/ Demanda contencioso administrativa).-
Conforme estos lineamientos, para que un planteo de inconstitucionalidad sea procedente, se requiere que el interesado demuestre cabalmente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio, basándose en un sólido desarrollo argumental con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (SCBA 109962, sent. Del 23/02/2011).
Esta postura, se ve reflejada en el antecedente "López", Causa I. 1494 de la SCBA (sent. del 23-XII-1997) en el cual se ha dicho "... De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma impugnada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa...".
4. Que el art. 6 de la Ley 12.006 que aquí se tacha de inconstitucional, establece que "La pensión será otorgada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dicho beneficio comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo acto administrativo, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos (2) años".
A respecto, el actor expone que tal norma resulta inconstitucional, por entender que colisiona con los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, correlacionados con el art 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, máxime cuando los derechos que se debaten en la especie, cuentan -según refiere- en nuestra Carta local, con especial protección en los términos de los arts. 36 inc. 10) y 39 inc. 3).-
5. Bajo tales lineamientos, adelanto que la declaración de inconstitucionalidad pretendida no puede prosperar.
Ello, en atención a que el actor, no ha abastecido el valladar formal al que se encuentra sujeto el planteo de inconstitucionalidad, el que fuera relevado en forma pormenorizada en el punto 3) de estos considerandos.
En este sentido, no logro advertir que la demanda incoada por el Sr. Eufemio Cirilo Benitez, contenga un desarrollo argumental suficiente, toda vez que no explica -junto con la cita de los
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.