Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.597 “ADROGUE TENNIS CLUB C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El Adrogué Tennis Club promueve pretensión anulatoria contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se deje sin efecto el acta de fecha 9 de diciembre de 2020 y la resolución dictada el 23 de noviembre de 2021 por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, mediante la cual se le impuso una multa de pesos setecientos sesenta y nueve mil setecientos tres con 22/100 ($769.703,22) por la presunta infracción al art. 20 de la ley 12.297.
Al respecto, alega que en aquella institución no se presta servicio de seguridad privada alguno y que el vínculo que une al club con el señor Mario Domingo Olguin –quien fuera identificado en el acta de infracción como personal de vigilancia- se encuentra regido por un Convenio Colectivo de Trabajo de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC), sin precisar su número.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuya titular se inhibió de conocer en el asunto luego de evaluar que tanto el acta de comprobación como el acto administrativo cuestionado fueron dictados en el marco de la ley 12.297 y que el art. 19 de su decreto reglamentario 1.897/02 (art. 60) remite a lo dispuesto en el art. 5 del decreto 3.707/98, por lo que no cabía su intervención (v. resol. de 26-X-2022).
De tal manera, las actuaciones recayeron en el Juzgado en lo Correccional N°1 departamental. No obstante, su magistrado también se rehusó a entender en el pleito por considerar que al haber optado la parte actora por la interposición de los recursos administrativos previstos en el art. 19 inc. "a" del decreto 1.897/02 (art. 60), la controversia se hallaba excluida del ámbito de su conocimiento (v. resol. de 10-II-2023).
Al decidir de ese modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. En primer lugar, y tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, cabe recordar que -en principio- si una determinada normativa sectorial determina un canal específico de impugnación, la competencia quedará de ese modo fijada y sólo habrá de ceder si del relato de los hechos surge, de modo indubitable, que la cuestión debatida excede el ámbito propio de esa regulación singular (doctr. causas B. 75.485, "Sciocia", resol. de 21-XI-2018; B. 75.542, "Moto Club Mercedes", resol. de 10-VII-2019; B. 74.646, "Ameztoy", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.264, “Enciso”, resol. de 15-IV-2020; B. 78.197, “Longobardi”, resol. de 27-X-2022 y B. 78.433, “Ministerio de Asuntos Agrarios”, resol. de 7-XII-2022, e. o.).
III.2. Sentado esto, deviene necesario señalar que el decreto 1.897/02 establece en el art. 19 del Capítulo IV –“Resolución del sumario y recursos” (art. 60) que “los actos administrativos finales podrán ser impugnados, a opción del sancionado, mediante: a) recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, conforme las disposiciones previstas en el Decreto Ley 7647/70; b) recurso de apelación, con los alcances establecidos en el Decreto 3707/98” y, seguido a ello, especifica que “efectuada la opción por el recurrente, el recurso no interpuesto, decae de pleno derecho”.
Así pues, la norma específica que regula el procedimiento y control jurisdiccional de la aplicación y ejecución de sanciones, conforme lo previsto en el art. 60 de la ley 12.297, prevé dos vías alternativas y excluyentes para obtener la revisión de los actos administrativos finales dictados en el marco de los sumarios contravencionales que se inicien por las infracciones cometidas por los prestadores de servicios de seguridad privada.
De la simple lectura del referido precepto se advierte que, escogido un carril recursivo, el otro “decae de pleno derecho”. De esta manera, no corresponde hacer extensiva la remisión contenida en el inciso "b" de dicha norma, en tanto por aplicación del decreto 3.707/98 se contempla un régimen que asigna una competencia específica a los órganos del fuero penal en aquellos supuestos en donde el recurrente o “sancionado” elige acudir de manera directa a una instancia judicial de revisión del asunto. Este entendimiento, vale decir, luce respetuoso de la voluntad del legislador.
IV. Bajo tales premisas, toda vez que de las constancias obrantes en la causa surge que la actora ha deducido un recurso de revocatoria ante la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -el que fuera denegado mediante un acto que aquí también se cuestiona- y, por tanto, ha optado por la vía del art. 19 inc. "a" del decreto 1.897/02 (art. 60) –decayendo de pleno derecho el recurso de apelación no interpuesto-, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe entendiendo en el litigio (conf. arts. 2 inc. 1 y 12 inc. 1, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado en lo Correccional N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:05:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2023 11:13:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2023 19:05:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 10:35:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 12:05:19 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 12:15:25 hs. bajo el número RR-123-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia