Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 20611 2018
Expte. Nº 20611.-
Autos: GANDINI ROMINA C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PCIA. DE BS.AS. S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION.-
Mercedes, de Septiembre de 2018.-AC
Estos autos caratulados "GANDINI ROMINA C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PCIA. DE BS.AS. S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION", expediente Nº 20611, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 23/29 se presenta la Sra. Romina Gandini, junto al patrocinio letrado de la Dra. María Silvana Magagñotti, promoviendo demanda anulatoria contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación parcial del acto administrativo n° 100108 Acta n° 2156, del expediente n° 2138-242181, dictada por dicho organismo con fecha 23 de junio de 2015, que le fuera notificada con fecha 29/09/2015. Solicita las respectivas diferencias salariales (sic), el daño moral ocasionado, todo con más sus intereses y costas.-
II. Refiere que el Sr. Adrián Leandro Simarro, quien en vida fuera su cónyuge, era Teniente de la Provincia de Buenos Aires, y falleció el 3 de febrero de 2014 debido a una enfermedad terminal que tenía en el cerebro.- Comenta que la vida en común con quien fuera su esposo, no fue nada fácil, que ha tenido que soportar reiteradas infidelidades, y que si bien, tuvieron épocas en las cuales estuvieron distanciados, nunca dejaron de ser marido y mujer. Alega que el Sr. Simarro siempre colaboró económicamente con ella y con sus hijos, siempre mantuvo a todo el grupo familiar en la obra social (IOMA), diciendo en relación a ello, que su afiliación se mantuvo hasta el momento de la notificación de la resolución, cuya anulación solicita con la presente.-
Relata que en el año 2009 tramitaron un expediente ante el Juzgado de Paz de Alberti caratulado "Gandini Romina c/ Simarro Adrián Leonardo s/ Homologación" (expte n° 8477) a través del cual se fijaron los alimentos que el demandado - el causante- debía abonar. Luego dice que en el año 2011 inició otra causa, solicitando el aumento de cuota alimentaria.-
En relación a ello expresa que el demandado la tenía a su cargo y que nunca se rompió el vínculo matrimonial, no cesando el deber de cuidado y auxilio mutuo. Por todo ello, refiere que la decisión tomada por la demandada es arbitraria y contraria a derecho.-
Alega que la demandada decide negarle la pensión, por considerar que no cumple con los requisitos de la ley 13.236 y que se encuentra dentro del supuesto del art.47 inc c) de esa norma, es decir, cónyuge del afiliado que, al momento del fallecimiento estuviere separado de hecho, sin voluntad de unirse, y que no percibía del afiliado una cuota alimentaria reconocida judicialmente.-
Afirma que a contrario de lo resuelto por la demandada, el afiliado tenía una cuota alimentaria judicialmente homologada, que debía ser abonada a su cónyuge e hijos. Que no obstante ello, sostiene que quien fuera su cónyuge colaboraba económicamente, lo que queda demostrado desde el momento que nunca la dio de baja de la obra social, no denunciando la separación ante IOMA, teniendo por ello cobertura hasta el mes de septiembre de 2015.-
Refiere que la demandada basó su resolución en los dichos de un cuñado del causante -el Sr. Morales- y sin tener otra prueba en sostén de lo resuelto. En tal sentido, expresa que no obstante reconocer la separación de hecho, lo cierto es, que el Sr. Simarro continúo hasta el momento de su muerte ayudándola económicamente y la mantuvo con su estatus de cónyuge frente al IOMA y Servicio Sociales de la Policía Bonaerense.-
Sostiene que la accionada ha tomado una resolución de manera apresurada sin tener en cuenta datos que demostraban que, quien fuera en vida su cónyuge, cumplía con una cuota alimentaria homologada judicialmente y que además, le brindaba un estatus de cónyuge ante IOMA y Servicios Sociales de la Policía, demostrando con ello estar a cargo del Sr. Simarro.-
Luego en capítulo aparte peticiona el daño moral. Solicita la suma de pesos ochenta mil ($80.000), fundados en la angustia y las afecciones sufridas como consecuencia de la postergación a la que se vio sometida. Alega que fue una angustia constante pensar que sus hijos, luego de cumplir con la mayoría de edad podían quedar desamparados.-
Expresa que todo ello configura una indiferencia total por parte de la administración, configurativa del daño moral reclamado.-
A continuación ofrece prueba, y plantea en subsidio la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art.47 inc c) de la ley 13.236. En tal sentido argumenta que dicha norma vulnera el principio de legalidad y razonabilidad consagrados en los artículos 19 y 28 de C.N. Asimismo sostiene que vulnera el derecho de propiedad y los derechos consagrados en el art.14 bis de la C.N.-
III. A fs.51/57 se presenta a contestar demanda el Dr. Pablo Guidi, en representación del Fisco Provincial y de sus entidades autárquicas.-
Procede liminarmente, a exponer los fundamentos en que fue formulada la demanda y señalar los antecedentes administrativos relevantes para la causa.-
Seguidamente, sostiene que la decisión impugnada no se aparta de la normativa vigente (art. 47 inc c de ley 13.236) y que se encuentran configurados los extremos que la misma prevé. Al respecto, comienza aclarando que dicha norma, no exige el divorcio vincular ni la separación legal para no excluir al cónyuge de la pensión, sino que sólo requiere para su configuración, que se acredite la separación de hecho entre los cónyuges y que no exista cuota reconocida judicialmente.-
Sostiene que la actora en las declaraciones prestadas ante su representada desconoce encontrarse separada de hecho del causante, pero luego en su demanda utiliza términos ambiguos, diciendo: "estaban distanciados o nunca dejaron de ser marido y mujer" (textual), para luego reconocer la separación en forma expresa. Que no obstante ello, dice que la actora intenta demostrar que dependía económicamente del Sr. Simarro y que percibía una cuota alimentaria, y que ello la ubicaría en el supuesto de excepción previsto en el art. 47 inc c) de la ley 13.236.-
En esa dirección afirma que conforme fuera resuelto por el órgano administrativo, al momento de su fallecimiento, el Sr. Simarro se encontraba separado de hecho de la actora, sin voluntad de unirse, detallando en tal sentido la prueba que a su entender, acredita dicha circunstancia de hecho.-
Por otra parte, en relación al segundo extremo establecido por la norma citada, expresa que a los fines de la concesión del beneficio se requiere que el alimento haya sido fijado judicialmente, diciendo al respecto que ello no se asemeja a cualquier contribución o ayuda económica que el causante hubiera podido efectuar.-
Refiere que la actora en su escrito de inicio, manifiesta que existía una cuota alimentaria, judicialmente homologada ante el Juzgado de Paz Letrado, que el causante debía abonar, pero que tal circunstancia no ha sido acreditada en las actuaciones administrativas.-
En tal sentido indica que resulta indispensable, a los fines de la concesión del beneficio, que los alimentos hayan sido pactados a favor de la actora, diciendo que tal requerimiento no queda abastecido con una cuota alimentaria a favor de los hijos del matrimonio.-
Alega que resulta irrelevante el hecho de que la actora haya continuado utilizando luego de la separación, los beneficios de la Obra Social que el causante tuvo hasta el momento de su fallecimiento, diciendo en tal sentido, que la eventual utilización de la obra social que tenía el afiliado no encuadra en el requisito exigido por la ley previsional para acceder al beneficio de pensión.-
En definitiva sostiene que en el caso, no se encuentran acreditados los requisitos exigidos por la norma para poder acceder al beneficio solicitado por la actora y que la decisión de la Caja demandada, fue dictada con total apego a la normativa aplicable, resultando ajustada a derecho.-
En capítulo aparte sostiene que resulta improcedente la indemnización reclamada. En tal sentido, expresa que el daño moral reclamado no ha sido demostrado, limitándose la actora a reclamarlo alegando que la respuesta negativa de su representada, le ha ocasionado un daño moral que debe ser resarcido.-
En cuanto al planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo 47 inc. c) in fine de la ley 13.236, dice en primer lugar, que para que resulte procedente se requiere que el interesado demuestre acabadamente, de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución y le ocasiona un agravio.-
Que en el caso, la actora realiza un planteo genérico de inconstitucionalidad, y se limita a cuestionar el artículo de la ley por considerarlo contrario a los artículos de la Constitución Nacional, sin efectuar un desarrollo claro, conciso, concreto y fundado acerca de la manera en que la normativa involucrada afecta los derechos de raigambre constitucional.-
Ofrece como prueba las actuaciones tramitadas en sede administrativa y solicita en definitiva, el rechazo de la demanda.
IV. Finalmente transitada la etapa de prueba, y agregados los alegatos presentados por las partes, la actora con fecha 25/04/2018 y la demandada con fecha 05/06/2018, y estando el trámite para ello, pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 12/06/2018; y
1. Que tal como se señalara, peticiona la actora la nulidad del acto administrativo n°100108, Acta n° 2156 del expediente n° 2138-242181. En realidad, conforme las actuaciones administrativas, tratase de la Res. n°99625, Acta n° 2148, dictada con fecha 23 de junio del año 2015, por el Directorio de la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en las actuaciones administrativas n° 2138-242181/14, equívoco que no perjudica la resolución del pleito ni afecta el principio de congruencia (art.34 inc. 4 del CPCC), desde el momento que resulta claro y perfectamente identificable, el agravio de la accionante respecto del contenido de la última de las citadas resoluciones, al serle denegado el beneficio de pensión derivada del fallecimiento de quien en vida fuera su cónyuge, el Sr. Adrián Leandro Simarro.-
Puntualmente alega que al momento del fallecimiento de quien en vida fuera su cónyuge, no se encontraba separada de hecho, pero principalmente pone énfasis en que era sostenida económicamente por el causante, de quien recibía una cuota alimentaria judicialmente fijada.-
2. Por su parte la demandada defiende la legitimidad del acto impugnado, sosteniendo que la administración valoró razonablemente las pruebas colectadas en sede administrativa, concluyendo que se encontraban reunidos los extremos que configuran el supuesto del art.47 inc. c) de la ley 13.236, que excluye a la actora en el beneficio de pensión, por encontrarse separada de hecho sin voluntad de unirse y sin percibir del afiliado cuota alimentaria judicialmente reconocida.-
3. Fijada las postulaciones de las partes, la cuestión se reduce entonces a determinar si el acto administrativo cuestionado luce ajustado a derecho, es decir si se encuentran configurados los presupuestos que prevé la norma, o bien, por el contrario, si se verifica alguna circunstancia fáctica, que habilite el otorgamiento de la pensión a la actora, en calidad de cónyuge supérstite de quien en vida fuera Adrián Leandro Simarro, en concurrencia con el beneficio de pensión acordado a sus hijos.-
El acto administrativo cuestionado en su parte pertinente resuelve: ".Artículo 1°: Acordar el beneficio de pensión móvil a Mateo, Livio, Benjamín, y Felipe José Simarro, en su carácter de hijos del causante, con un porcentaje del 18,75% del 100% del haber para cada uno de ellos, a partir del 04 de febrero de 2014 conforme lo normado por los artículos 25 inc d), 42, 43 inciso c), 44 y 46 de la ley 13.236. Dicho beneficio se liquidara en cabeza de la señora Romina Gandini en carácter de progenitora de los mismos. Artículo 2°: No hacer lugar a la solicitud de beneficio de pensión interpuesta por la señora Romina Gandini, invocando condición de esposa del Teniente Adrián Leandro Simarro, por hallarse incursa en la causal de exclusión prevista en la norma del art.47 inciso c) ley 13.236.".-
4. Ahora bien, a los fines de analizar el derecho de la actora, es preciso atender el marco normativo que rige el caso.-
Al respecto, el ordenamiento previsional vigente a la fecha del deceso del causante es la ley 13.236. Dicha norma en su artículo 43 establece: "El derecho a pedir pensión móvil corresponderá desde el día inmediato posterior al fallecimiento del afiliado y se otorgará en el siguiente orden y concurrencia, con las exclusiones que expresamente se mencionan: a) a la viuda o al viudo; b) a las personas de uno u otro sexo que se hubieran unido y mantenido vida marital de hecho con el afiliado durante un lapso de cinco (5) años, o de tres (3) años en caso de existencia de hijos fruto de esa unión, a la fecha del fallecimiento; c) a los hijos menores de edad y solteros, y a los mayores incapacitados laboralmente en más del sesenta y seis por ciento (66%) siempre que hayan estado a cargo del afiliado o de su cónyuge a la fecha del fallecimiento del primero o que resultaren hijos póstumos y carezcan de otro beneficio previsional; d)..."
A su vez, dicha norma se complementa con el artículo 44, que fija el porcentaje que le correspondería a cada beneficiario en caso de concurrencia y con el artículo 47, que enumera las exclusiones al beneficio.
Este último artículo establece que no tendrán derecho a pensión las siguientes personas: a) El cónyuge del afiliado que estuviere divorciado por su culpa o por culpa de ambos, excepto cuando tiene reserva de alimentos judicialmente reconocida; b) El cónyuge del afiliado que, al momento del fallecimiento, estuviere separado legalmente sin voluntad de unirse, siempre que no percibiere cuota alimentaria debidamente documentada; c) El cónyuge del afiliado que, al momento del fallecimiento estuviere separado de hecho, sin voluntad de unirse, siempre que no percibiere del afiliado cuota alimentaria judicialmente reconocida; d) los restantes derechohabientes en caso de indignidad para suceder (el subrayado es propio).-
5. De este modo, teniendo presente los términos de la norma, en particular, el supuesto de exclusión previsto en el art.47 inc. c) de la ley 13.236, cabe adelantar -conforme los hechos que quedarán fijados- que el acto administrativo aquí cuestionado, luce ajustado a derecho, ello toda vez, que se encuentran reunidos los extremos de exclusión que cita la norma, pues conforme su texto, el cónyuge supérstite que a la fecha del fallecimiento del afiliado estuviere separado de hecho y no percibiere una cuota judicialmente reconocida por parte del causante, queda excluido del beneficio.-
En tal camino, corresponde analizar por separado cada uno de los supuestos de excepción que prevé la norma, siendo en definitiva tales extremos los que excluyeron a la actora del beneficio de pensión.-
Así, la primer circunstancia fáctica que se encuentra acreditada, es aquella relacionada con aquel extremo considerado central, a los fines de analizar el derecho a pensión de la viuda o viudo, esto es, la existencia o ausencia de comunidad de vida al tiempo del fallecimiento del causante (v. doct. causa SCBA B.65.509 "Villalba Antonio") y sobre este aspecto -tal como resolviera el órgano previsional- no caben dudas al suscripto, que la accionante se encontraba separada de hecho, al momento del fallecimiento de quien en vida fuera su cónyuge.-
Dicha circunstancia quedó abonada conforme el conjunto de prueba colectada en sede administrativa, tal como se desprende del análisis que efectuara dicho órgano (ver fs. 64/68 expte n°2138-242181).-
Luego, la prueba producida en esta sede no logra conmover ese aspecto de la decisión, por el contrario, la prueba aportada por la propia actora en esta instancia, en particular, las causas judiciales sobre alimentos, tramitadas por ante el Juzgado de Paz Letrado de Alberti, refuerzan aquella solución.-
En tal sentido, si bien el objeto de dichas causas está relacionado con los alimentos que la actora reclamara para sus hijos, así en la causa caratulada: "Gandini Romina c/ Simarro Adrian s/ homologación de convenio" -expte n°8477- peticiona la homologación de un acuerdo respecto de la tenencia, alimentos y régimen de visitas, y en la otra causa caratulada: "Gandini Romina c/ Simarro Adrián Leandro s/ incidente" -expte n°9249- solicita el aumento de la cuota alimentaria fijada, lo cierto es, que de ambas actuaciones, en particular de la primera de ellas, surge declarada la separación de hecho entre los cónyuges.
Al respecto, en el convenio presentado en forma conjunta con fecha 20/05/2009, en la causa n°8477, ambas partes manifiestan que se encuentran separados de hecho desde octubre de 2006. (ver fs.3 de dicha causa).
Luego en el año 2011, al iniciarse la causa n° 9249 a través de la cual se peticiona un aumento de la cuota alimentaria fijada, no se denuncia otra situación que denote un cambio de las circunstancias de hecho que claramente se tuvieron en miras o motivaron el inicio de dichas actuaciones, es decir, que todo indica que la separación de hecho entre los cónyuges se mantuvo hasta entonces.-
Que sin perjuicio de la fuerza de convicción de dicho material probatorio, lo que considero que define la cuestión, es el reconocimiento efectuado por la propia actora al momento de iniciar esta acción. En tal sentido, luce determinante los términos empleados en su escrito inicial, donde expresamente reconoce la separación de hecho con quien en vida fuera su cónyuge (v. fs24 vta in fine).-
En definitiva, bien puede concluirse que esa separación de hecho denunciada en el convenio presentado en la causa de alimentos, y que data desde octubre de 2006, se mantuvo en el tiempo hasta la fecha de fallecimiento del causante. Con ello, se encuentra configurado el primer presupuesto de exclusión previsto por la norma, sin ninguna otra prueba producida en esta sede judicial que ilustre en contrario.-
6. Ahora bien, sin perjuicio de encontrarse acreditada la separación de hecho al momento de fallecimiento del causante, la actora tampoco ha logrado probar, a los fines de acceder al beneficio, que era sostenida alimentariamente por el causante, ya sea, a través de una cuota alimentaria fijada a su favor - tal como indica la norma- o bien de algún otro modo, que tuviera las mismas notas y que denotara por parte del causante una actitud de manutención activa.-
En cuanto a la cuota de alimentos, las actuaciones judiciales sobre alimentos y que tramitaran por ante el Juzgado de Paz Letrado de Alberti, son claras en tal sentido. Al respecto en la causa n°8477, surge que la cuota de alimentos convenida y homologada judicialmente, fue fijada exclusivamente a favor de los hijos menores del entonces matrimonio (v. fs.3 y 18 de esa causa).-
Luego, al requerir el aumento de la cuota alimentaria inicialmente fijada, (expte n°9249) la actora inicia dicho reclamo fundado siempre en necesidades puras y exclusivas de sus hijos menores, y al momento de hacerse lugar a la demanda, el aumento de la cuota también se fija exclusivamente a favor de los hijos menores (v. fs 9/11 y 43/44 causa citada)
En definitiva, el reclamo alimentario seguido por la actora, estuvo encausado con el fin de perseguir una cuota alimentaria a favor de sus hijos menores de edad, es decir, orientada siempre a la satisfacción de las necesidades de sus hijos y así fue fijada, sin que surja de dichas causas, algún reclamo encaminado a satisfacer sus necesidades de manutención.-
En síntesis, no surge de las constancias de la causa, la existencia de una cuota de alimentos fijada a favor de la actora y que el causante le debía abonar, como tamp
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.