Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 14273 2020
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Expte. Nº 14273.-
Autos: CANCELA TEDESCO GEORGINA PAMELA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/PRETENSION ANULATORIA - PREVISION.-
Mercedes, de Marzo de 2020.-cc
Estos autos caratulados "CANCELA TEDESCO GEORGINA PAMELA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/PRETENSION ANULATORIA - PREVISION", expediente Nº 14.273, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 25/33 se presenta el Dr. Roberto Eduardo Hygonenq, en carácter de letrado apoderado de Sra. Pamela Georgina Cancela Tedesco, iniciando acción anulatoria contra la Municipalidad de General Rodríguez, solicitando se declaren nulos los Decretos N° 606/2011 y 841/2011 dictados por el Intendente Municipal interino de la Comuna demandada, por el cual se dispuso su cesantía.-
Conjuntamente con ello, peticiona como medida cautelar que la Municipalidad de Gral. Rodríguez deje sin efecto su cese, con la reposición de salarios caídos y el mantenimiento de la obra social.-
En cuanto a los hechos en particular, relata que su mandante comenzó a trabajar en la Municipalidad de General Rodríguez como personal de planta permanente el 16 de agosto de 2005, siendo su categoría la XXV (veinticinco) del escalafón Municipal.-
Expone que en su trabajo de planta permanente recorrió distintos puestos, empezando en Secretaría Legal y Técnica, luego en Secretaría Privada, luego en Despacho y finalizando en Secretaria Privada.-
En relación a ello, señala que en éste último lugar entablo una relación sentimental con el Intendente Sr. Jorge Marcelo Coronel.-
Indica que como fruto de esa relación y ante el constante ataque por parte de la prensa y sus propios ex -aliados en el Concejo Deliberante, decidieron casarse el 13 de febrero de 2010, el que fue blanco de difamaciones infundadas hacia la pareja que se hicieron públicas por medios de prensa locales y provinciales.-
Expresa que dichas difamaciones en la prensa fueron creciendo después del matrimonio, y los rumores sobre la suspensión de su esposo al cargo de intendente hicieron que la actora entre en un cuadro depresivo, razón por la cual fue atendida por la psiquiatra Dra. Laura Castro el día 02 de marzo de 2010, entregando el certificado médico en la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de General Rodríguez y comenzando su licencia por enfermedad.-
Afirma que su salud se agravo, presentado síndrome depresivo, con personalidad dinámica y trastornos adaptativos de índole laboral, con lo cual continuo la licencia médica, acompañando -según indica- cada certificado a la Oficina de Personal de la Municipalidad.-
Manifiesta que ante la continuidad de la enfermedad, la comuna armó una carpeta médica y la comunico al Ministerio de Salud de La Plata.-
Relata que fue citada a Junta Médica ante la Dirección de Medicina Ocupacional de la Pcia. de Bs.As., a la que concurrió el día 13 de diciembre de 2010, donde fue examinada y los médicos que la evaluaron le comunicaron que continúe con el tratamiento hasta la próxima citación, cosa que -según refiere-, nunca ocurrió.-
Aclara que existieron citaciones anteriores para concurrir a dicha Junta, pero las mismas no llegaban a la accionante por ser maliciosamente notificadas a su domicilio de soltera, cuando -según dice- había actualizado su domicilio en la declaración jurada de 2010, ante la oficina de recursos humanos.-
Aduna que era de público y notorio que la misma vivía en el domicilio de su cónyuge desde su casamiento, habiendo agregado la fotocopia de certificado de matrimonio a su legajo y habiendo declarado como familiar a cargo a su esposo y al hijo menor de éste que vivía con ellos.-
Expone que a fin de marzo de 2011, recibió por carta documento el contenido del Decreto 606/2011 el cual dispuso su baja como empleada de la municipalidad, originada en haber agotado el máximo de licencias por razones de enfermedad, respecto del cual, interpuso recurso de revocatoria el que fue rechazado mediante el Decreto N° 841/2011.-
En un acápite por separado referido a la ilegalidad y arbitrariedad de los decretos 606/2011 y 841/2011, indica que los mismos son contrarios a la ley 11.757 y a las garantías de los empleados públicos, como así también arbitrarios, por ser consecuencia de una persecución política.-
Al respecto, manifiesta que es conocido, de público y notorio para los habitantes de General Rodríguez que la enfermedad psico-física que afectó a la accionante se originó por situaciones en las que algunos de los funcionarios políticos de confianza del intendente municipal en ese momento, y esposo de la misma, se separan del bloque de concejales oficialistas para dar quorum a la oposición en el Honorable Concejo Deliberante y destituir al intendente electo.-
Señala que lo que agrava su estado de ánimo no fue solo la traición política, sino el hecho de quienes irrumpen en la escena y los difaman en forma pública ante la prensa local, eran personas de su más estrecha confianza, con quienes además de la vida política, compartían su vida privada durante los últimos 6 años.-
Aduna que en ambos decretos, se intenta dar argumento de legalidad jugando entre las normativas de derecho laboral público y derecho laboral privado en total violación de los derechos que le corresponden por su situación de empleada pública, y a su vez, a los derechos que les corresponderían si le fuera aplicada por analogía la normativa laboral privada.-
Por otro lado, con relación al procedimiento seguido por la Municipalidad para dejarla cesante en forma definitiva, expresa que el inicio de la enfermedad fue con anterioridad de la suspensión de su esposo como intendente municipal, la que está certificada por la profesional Médica Psiquiatra que la asistió, como así también por la Junta Médica de la Dirección de Medicina Ocupacional de la Pcia. de Bs.As., de la ciudad de La Plata.
Afirma que en su legajo se observa que al momento de contraer matrimonio denunció los familiares a cargo, quedando su esposo como beneficiario del seguro de la misma, siendo público y notorio el domicilio donde residía el matrimonio.-
Postula que igualmente, llenó la planilla de declaración jurada en el año 2010, que se encuentra en su legajo, donde indicó su cambio de domicilio a la calle Rafael Obligado n° 142, de la localidad de Gral. Rodríguez.-
Al respecto, dice que en los considerandos del Decreto 606/2011, se reconoce que al estar citada a la junta médica de La Plata con fecha 22 de julio 2010, la misma, se hallaba debidamente notificada mediante las cartas documento de fechas 08 de julio de 2010 y 19 de julio de 2010, ambas sin ser recibidas, y cursadas al domicilio de Independencia 838.-
Notificaciones éstas que -según indica-, fueron maliciosamente enviadas a su domicilio de soltera, para que pierda el derecho a asistir a la junta médica.
Agrega que recién existió constancia de recepción en el domicilio de la misma con fecha 20 de julio de 2010, o sea, con dos días de antelación, cuando se encontraba cumpliendo el reposo que se le ordenara por estricta indicación del profesional médico.
Expone que concurrió a la Junta Médica de la Dirección de Medicina Ocupacional de la Pcia. de Bs. As. de La Plata, la que constató su enfermedad y recomendó mantener la licencia hasta una nueva evaluación por dicha Junta Médica. Adunando al respecto, que la municipalidad tomó conocimiento de su concurrencia.
Reitera asimismo, que en los considerandos del Decreto 606/2011, dice que se encuentra debidamente notificada, y constituída en mora con fecha 08 de julio de 2010, 14 y 15 de julio de 2010, 19 de julio de 2010, reconociendo que las mismas fueron al domicilio de Independencia 838 de General Rodríguez, indicando recién, que la carta del 19 de julio de 2010, fue dirigida al domicilio real de la actora en calle Rafael Obligado 142, de General Rodríguez.
Hace hincapié, que la notificación a la Junta Médica tiene fecha 26 de noviembre de 2011, como surge de la carta documento que acompaña.
Por otra parte, agrega que en el ámbito del empleo público existen derechos como el de la estabilidad del agente, y que para proceder a la aplicación de la cesantía por enfermedad es necesario el dictamen definitivo de la Junta Médica, cosa que aquí -según dice- no se solicitó.-
Postula que se insinúa en los considerandos del Decreto 841/2011 que rechaza el recurso de revocatoria contra el Decreto 606/2011, la existencia de una excelsa doctrina de la Asesoría General de Gobierno que habla sobre la reserva del puesto una vez vencido el período de licencia por enfermedad, sin citar ni siquiera un solo expediente o dictamen.-
Expresa que no solo el municipio no pidió la Junta Médica Provincial que se expida sobre su enfermedad, sinó que tampoco hizo la consulta ante la Asesoría General de Gobierno sobre el caso puntual, siendo que la misma evacúa consultas y emite dictámenes únicamente a organismos del gobierno provincial y a los intendentes municipales.-
Arguye que en caso de que correspondiera la reserva del puesto sin goce de haberes, para el derecho privado comienza a correr desde la notificación fehaciente al empleado de que entra en dicho período y siempre y cuando dicha reserva no sea impugnada por éste.
Expresa que en este caso, nunca se le notificó de que ingresaba en reserva de puesto alguno y es más, luego de argumentarlo en los considerandos del Decreto 841/2011, la misma no le es otorgada como una solución transitoria, resultando contradictorios, los considerandos de la "ordenanza" con la parte resolutiva.
Cita el art. 32 de la Ley 11.757, y concluye que, no habiéndose expedido en forma definitiva la Junta Médica Provincial y no habiendo la Municipalidad de General Rodríguez elevado los antecedentes del caso antes de disponer la cesantía de la agente, la misma no corresponde, ya que como dice la norma, si no hay pronunciamiento de la Junta al cabo de seis meses, el agente continuará gozando del cien por ciento de los haberes hasta tanto se produzca dicho pronunciamiento.
En otra parcela solicita el otorgamiento de una medida cautelar y luego de citar jurisprudencia y doctrina relativa al caso de autos, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que a fs. 241/246 se resuelve la cautelar peticionada, haciendo lugar y suspendiendo los efectos de los Decretos N° 606/2011 y 841/2011, y al mismo tiempo rechazando la petición de reconocimiento de salarios caídos solicitados por la accionante en razón que recién podrá determinarse al momento de la sentencia definitiva.-
III. Que a fs. 307/312, se presenta la Dra. Mirta Gladys Gomez en representación de la Municipalidad de General Rodríguez y procede a contestar demanda.-
Inicia su descargo negando pormenorizadamente cada uno de los hechos que no merezcan un expreso reconocimiento.-
Así, señala que es cierto que la actora presta servicios en la Municipalidad de Gral. Rodríguez y que perteneciendo a planta permanente fuera designada a cargo de la Secretaría Privada de Intendencia, siendo en esa época intendente el Sr. Jorge Marcelo Coronel, habiéndose decretado el cese de éste en dicho cargo con fecha 15 de marzo de 2010, mediante Decreto 237/10, cuando la actora ya estaba de licencia por enfermedad, y luego que el Sr. Coronel fuera suspendido del cargo y asumiera interinamente el Sr. Juan Pablo Anghileri.-
Al respecto, aclara que esos cargos son cargos políticos que habitualmente ante el cambio de autoridades también cambian los funcionarios, razón por la cual, la actora volvería a ocupar su puesto en Planta Permanente.-
Manifiesta que no es cierto que la accionante hubiera sido víctima de ataques periodísticos y/o perseguimiento político y que como consecuencia del ello, hubiere padecido la dolencia que motivo la licencia al trabajo.-
Dice que ninguna prueba documental aporto al respecto, limitándose solo a mencionar distintos hechos que pretende probar mediante prueba testimonial.-
Arguye que la actora falta a sus tareas a partir del 2 de marzo del 2010, presentando un certificado médico de fecha 2/3/2010 expedido por la Dra. Claudia Castro quien diagnostica "síndrome depresivo" e indica reposo por 180 días, habiendo el médico laboral justificado las inasistencias a partir del 17 de marzo de 2010, fecha en la cual tuvo conocimiento del mismo.-
Aduna que continuó su licencia hasta que el 02/09/2010 presentó nuevos certificados en forma mensual, emitidos por la Dra. María Laura Ducca, especialista en Psiquiatría.
Indica que en el mes de julio de 2010, se le notifica para que concurra a Junta Médica a fin de evaluar su estado de salud, habiendo remitido cartas documento a su domicilio sito en calle Rafael Obligado N° 142 de Gral. Rodríguez.
Remarca que como se desprende de las cartas documentos, con fecha 8 de julio de 2010 se le remitió la primera, comunicándole que debía concurrir el día 22 de julio de 2010 a Junta Médica a la ciudad de La Plata, y como no la recibió por no responder a los llamados del cartero, se le remitió otra de igual tenor con fecha 19 de julio de 2010, la cual tampoco fue recibida por "no responder" a los llamados del cartero.-
Sostiene que la actora pretende justificarse en la demanda diciendo que le avisaron con dos días de anticipación, y que no puedo concurrir a la Junta Médica debido a que se encontraba haciendo reposo.-
En virtud de ello, afirma que lo cierto es que no asistió a la Junta Médica señalada para el 22 de julio de 2010, no siendo cierto lo que manifiesta en la demanda cuando sostiene que maliciosamente se la notificaba en el domicilio de soltera con intención de perjudicarla.-
Reconoce que, si bien antes de esa fecha se le remitían las notificaciones a otro domicilio, era porque no habían denunciado aún el nuevo domicilio, indicando que ello surge de las constancias del legajo.-
Agrega que con el fin de evaluar el estado de salud, el 13 de diciembre de 2010, nuevamente es citada a Junta Médica, habiendo emitido informe por el cual determinó "incapacidad total y transitoria" por el término de 120 días, lo que no quiere decir -según entiende-, que correspondiera otorgarle licencia por dicho período.-
Dice que transcurridos los meses, y llegado al mes de marzo de 2011, al haberse cumplido un año de licencia y, consecuentemente vencido el plazo máximo otorgado por ley 11.757 (vigente en ese momento actual Ley 14.656) se resuelve la baja de la actora mediante Decreto N° 606/11, habiendo la Sra. Cancela Tedesco interpuesto revocatoria, la cual fue rechazada mediante Decreto n° 841/11.
Por otro lado, señala que con fecha 17 de octubre de 2014 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante, resolviendo suspender los efectos de los Decretos n° 606/11 y n° 841/11.-
Refiere que notificada esta resolución a su poderdante, la oficina de Recursos Humanos citó a la actora para que se presente a fin de notificarle la misma y requerirle el ingreso a sus tareas.-
Aduna que la acccionante antes de notificarse formalmente, pero teniendo conocimiento de lo resuelto, el 30 de diciembre de 2014 presenta una nota solicitando estado de excedencia por el término de tres meses, acompañando certificado de nacimiento de su hija.-
Expone que frente a éste pedido, se dictó el Decreto N° 42 del 13 de enero de 2015, por el cual se rechazó el pedido de estado de excedencia, y en virtud a lo aquí resuelto se ordenó intimar a la Sra. Cancela Tedesco para que se presente a prestar servicios, habiéndose notificado con fecha 26 de enero de 2015.-
Por otro lado, dice que "reintegrada la Sra. Cancela Tedesco a sus tareas, solicitó el rechazo de los salarios caídos por el período que no prestó servicios. Ello en razón, que el Decreto 606/11 por el cual se dispuso su cese fue debidamente fundado en la interpretación dada al art. 11 inc. d) de la Ley 11.757 y en los plazos previstos en el art. 33 de la citada norma legal".-
Manifiesta que en el caso de autos, el informe de la junta médica realizado el 13 de diciembre de 2010 no dice que se trate de una incapacidad permanente, como sería el caso de determinar una incapacidad para acogerse al beneficio jubilatorio, el dictamen expresa "incapacidad total y transitoria".
Al respecto agrega que la administración al disponer el cese entendió que el mismo se ajustaba a derecho fundándolo únicamente en los arts. 11 inc. d) y 33 de la ley 11757, no teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 32 el cual se refiere al supuesto de una incapacidad permanente.-
En síntesis, habiendo su mandante dado cumplimiento con la resolución por la cual se ordenó la reincorporación de la actora y teniendo en cuenta que tuvo motivos suficientemente fundados para dictar el acto administrativo por el cual dispuso el cese, entiende que no corresponde le sean abonados los salarios caídos por el tiempo que no prestó servicios.-
Ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
IV. Que transitada la etapa de prueba y agregados los alegatos presentados por las partes, se llama autos para sentencia y;
I. Que se demanda en autos la anulación de los Decretos N° 606/2011 y 841/2011 dictados por el Intendente Municipal interino de la Comuna demandada, por medio del cual se declaró la cesantía de la Sra. Pamela Georgina Cancela Tedesco del Municipio de la ciudad de General Rodríguez, por considerar que la misma agotó el máximo de licencias por razones de enfermedad en los términos de los arts. 33 y 11 inc d) de la ley 11.757.-
Asimismo, se solicitó el resarcimiento por percepción de salarios caídos causados por la decisión adoptada por el Intendente Municipal interino del Municipio mencionado.-
Que la actora canaliza su embate, respecto de los actos administrativos cuestionados, alegando que "no habiéndose expedido en forma definitiva la Junta Médica Provincial y no habiendo la Municipalidad de General Rodríguez elevado los antecedentes del caso antes de disponer su cese, la misma no corresponde, ya que como dice la norma si no hay pronunciamiento de la Junta Médica al cabo de seis meses, el agente continuará gozando del cien por ciento de los haberes hasta tanto se produzca dicho pronunciamiento (art. 32 de la ley 11.757)".-
II. Demarcados los límites sobre los cuales habré de expedirme, me dedicare liminarmente a la cuestión relativa a la normativa establecida en los arts. 11 inc "d", 32 y 33 de la ley 11.757 -por entonces vigente-, lo que entiendo es el meollo principal de la cuestión, por ser el encuadre legal utilizado en el dictado del decreto en crisis.-
III. En esta dirección, el articulo 11 inc. "d" del Estatuto de Empleo Público Municipal, dispone que se producirá el cese del agente en caso de "haber agotado el máximo de licencia por razones de enfermedad o antes cuando, en este caso, el grado de incapacidad psico-física permita encuadrar al agente en los beneficios jubilatorios" (art.11 inc.d).
A su turno, en relación al régimen de licencias, el art. 32 establece que el agente tiene derecho a licencia cuando exista enfermedad de corta o larga evolución que ocasione impedimento para prestar normalmente las tareas asignadas. Agrega luego que, "...cuando la Junta Médica comprobare la existencia de incapacidad permanente, que alcance el límite de reducción de la capacidad laboral prevista por la ley específica de fondo para el otorgamiento de jubilación por esta causa, aconsejará su cese para acogerse a dicho beneficio...".-
Continua diciendo que la autoridad municipal deberá elevar en un plazo no mayor de treinta (30) días los antecedentes de cada caso a la Junta Médica Provincial que deberá expedirse a la mayor brevedad. En los casos en que la misma no se hubiere pronunciado al cabo de los seis (6) meses, el agente continuará gozando del cien (100) por ciento de los haberes hasta tanto se produzca dicho pronunciamiento.
Finalmente el art. 33 expresa que, cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del agente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.