Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39626
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
2Imponer las costas de la incidencia a la vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA; art.69 CPCC).
Estos autos caratulados "ALVAREZ FRANCISCO BALTASAR C/ DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROV. DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION", expediente Nº 39626, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y a los fines de resolver la medida cautelar peticionada por el accionante en su escrito postulatorio;
1. En fecha 06 de abril de 2021 se presenta el Dr. Néstor Raúl González, en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, junto al patrocinio letrado del Dr. Gonzalo Nicolás Suárez, interponiendo pretensión anulatoria contra la Resolución N° RESO 345/2020, dictada con fecha 21 de septiembre de 2020 por el Administrador General de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, la que refiere, fue dictada de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley 6312/60 y haciendo uso del art. 29 del Decreto Ley 7943/72, cuya constitucionalidad por la presente se controvierte.
Relata que su representado, por medio del agrimensor Lucas A. Zanella Kohli, solicitó el visado de un plano de mensura, división y cesión de calles y ochavas del inmueble identificado catastralmente como: Circ. IV, Par. 658B, Pda. 430, en jurisdicción del partido de Moreno, con restricción al dominio en lugar de la cesión de calle colectora, conforme ley 6312/1960, dando origen a las actuaciones administrativas Nº EX-2020-03633734-GDEBA sobre visado de planos.
Conforme el trámite administrativo llevado a cabo en dichas actuaciones y los informes elaborados por la distintas dependencias, -lo que detalla-, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 3 de la ley 6312/60 y art. 29 del Decreto Ley N° 7943/72 dicta la resolución aquí cuestionada, denegando el visado con restricción al dominio en el lugar de cesión de calles, del proyecto de mensura. A su vez, intima a su representado a cumplir determinados actos, los que deben ser llevados a cabo por su cuenta.
Refiere que dicha resolución está sostenida por una norma a la que reputa inconstitucional, pues, en tal sentido, alega que los arts. 3 y 4 de la ley 6312/60 resultan violatorios del derecho de propiedad.
En tal sentido expone que nuestra Carta Magna consagra el principio de inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada (C.N art. 17).
Consecuentemente con ello, solicita el dictado de una medida cautelar y peticiona, se ordene la suspensión de los efectos de los arts. 3 y 4 de la ley 6312/60 por resultar dicha norma inconstitucional al afectar los preceptos que emanan de la Constitución Provincial (arts. 10, 11 y 31); solicitando ante ello la suspensión de la resolución cuestionada.
Alega que se encuentran cumplidos los requisitos que tornan procedente el dictado de la medida cautelar que peticiona y en tal sentido, afirma que la verosimilitud del derecho resulta inequívoca.
Asimismo, sostiene que los artículos 3 y 4 de la ley 6312/60 cuya inconstitucionalidad se plantea resulta palmaria y, en cuanto al peligro en la demora, apontoca que la resolución de la Dirección de Vialidad incumple y frustra los derechos constitucionales de los administrados, los que se encuentran amenazados por tales inobservancias y que acarrean daños de imposible reparación.
2. Con fecha 23 de abril de 2021, se presenta el Dr. Ricardo Jerónimo Uncal, en su carácter de Apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, acompañando las copias digitalizadas del Expediente Administrativo Nº EX-2020-03633734-GDEBA-DVMIYSPGP como así también el informe cautelar requerido en el despacho inicial.
Dice que en respuesta al requerimiento mentado, remite el Informe N° IF-2020-09261814-GDEBA-DPTCONDVIF-2020 de fecha 13 de mayo de 2020 del Departamento de Conservación de la Dirección de Vialidad, mencionando que el mismo se encuentra agregado a las actuaciones administrativas que en archivo pdf se acompañan.
De aquel surge que allegada la solicitud del visado con restricción al dominio, el Departamento de Conservación determinó "...que resulta fundamental y prioritario la conformación de las colectoras como vías secundarias de circulación, paralelas al camino principal, cuya función es colectar el tránsito local para canalizarlo por puntos específicos hacia la vía principal, manteniendo la seguridad y rapidez del tránsito..." [sic.], por lo que considera no viable la solicitud planteada.
Destaca la nombrada repartición, a su vez, la existencia de accesos a la parcela no autorizados por la Dirección de Vialidad de la Provincia -los que revisten carácter de clandestinos-, intimando al interesado a regularizar técnica y administrativamente la infracción aludida.
Asimismo, aquella dependencia determinó que existe edificación de carácter clandestino que infringe la prohibición establecida por ley 6312/1960.
Por su parte, la Subgerencia de Planificación Vial considera apropiado mantener sin modificaciones la situación actual, ante un proyecto futuro de ampliación de la R.P. N° 25, y el Departamento de Tierras coincide con el temperamento sustentado por el Departamento de Conservación antes citado.
Finalmente, habiendo tomado intervención el Consejo Técnico -quien compartió el criterio de las dependencias propinantes-, el Administrador General de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Resolución N° RESO-2020-345-GDEBA-DVMIYSPGP de fecha 21 de septiembre de 2020, resuelve: "... denegar el visado con restricción al dominio en lugar de cesión de calle colectora... intimar a que ceda y materialice, por su cuenta y cargo la calle colectora... demoler la construcción clandestina detectada en zona de restricción al dominio, -ahora calle a ceder-, e intimar a la regularización técnica y administrativa en infracción sobre los accesos clandestinos..." [sic]. A modo de conclusión sostiene que la medida cautelar peticionada se encuentra asentada en una denuncia de inconstitucionalidad infundada, y cuya consideración escapa a las posibilidades de la etapa cautelar.
Por ello, solicita el rechazo de la medida cautelar peticionada.
3. Estando en condiciones, en fecha 28 de abril de 2021, se llaman autos para resolver y;
CONSIDERANDO: 1.- El Código Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.). 2.- Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del C. P. C. A., la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el artículo 22 para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pág. 1151/1193). En sentido similar se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultánea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. Del 15-02 05, entre otras).
Todo ello, sin dejar de tener en cuenta que la Excma. Cámara del Fuero, en casos que puedan tener alguna similitud con el de marras, al tratarse de un cuestionamiento a una decisión de la administración -en lo que pueda adaptarse al caso- ha adoptado el lineamiento que emana de la doctrina obligatoria impuesta por el Superior Tribunal Provincial, al decir: ".Al respecto, cabe recordar que la SCBA ha dicho que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de la que aquéllos gozan (SCBA, B 65727 "Kel Ediciones S.A.", I 4-7-2007). (C.C.A.S.M., "Vinet", 14/5/20, n° 8019/19 de este mismo Juzgado). 3.- Debe destacarse, no obstante, que la doctrina y la jurisprudencia hacen jugar la interrelación entre los dos primeros presupuestos dando a la cuestión determinada flexibilidad (Cfr. Causa B-61456 " PRIEU" -especialmente voto Dr. Soria considerando 2º; CNFed, Contencioso administrativo, Sala V, 05-01-2000, Defensor del Pueblo de la Nación c. M.E. y otro, L.L., suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, mayo de 2001, p. 29); fijando, asimismo, un criterio de mayor restricción interpretativa cuando se trata de medidas de no innovar (Cfr. Cfr. CNFed, Contencioso administrativo, Sala IV, causa 5718/97, "Institutos Antártida S.A. c/ Fisco Nacional", E.D., suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, año 1997 Nº 3, p. 71).-
4. En el caso particular de autos, el actor cuestiona el acto administrativo dictado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, pues sostiene que el mismo se encuentra fundado en una norma a la que reputa inconstitucional.
En tal sentido, el accionante expresa que los arts. 3 y 4 de la ley 6312/70 afectan los preceptos que emanan de la Constitución Provincial (arts. 10, 11 y 31), de manera que la naturaleza de la propia medida cautelar peticionada, esto es, la suspensión de la resolución, involucra un examen de constitucionalidad de la norma, que adelanto, en principio excede el ámbito acotado de debate de la presente medida cautelar.
En tal sentido y atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3024, " Lavaderos de Lanas El Triunfo SA, res. de 8- VII-2003; B. 67.594 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires" res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008 entre otras") la cuestión planteada por el accionante, deberá ser abordada dentro del proceso principal, que garantiza un mayor debate y prueba que el actual, asi como tampoco puede soslayarse la presunción de validez que ostentan los actos estatales, entre los que cabe incluir a la resolución aquí cuestionada, la que a su vez, se advierte que ha sido dictada por autoridad competente, valiéndose -prima facie- de las constancias presentadas por el accionante, conforme el trámite seguido en esos casos y con apoyo en un norma cuya constitucionalidad, que por el momento, no ha sido destronada. En suma, para dar andamiaje a su petición, se requiere un análisis mas estricto, pues la presunción a la que hago referencia, solo cede cuando se impugnan los actos sobre bases prima facie verosímiles, lo que no se advierte en estos autos (SCBA, fallos "Nestle", "Seda", "Cohen", "Club de Campo San Diego").-
Siguiendo el hilo de lo expuesto, se ha sostenido que pese a admitir la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para la procedencia de las medidas cautelares en estos casos, los presupuestos de dichas medidas deben examinarse con mayor rigor, pues la constitucionalidad de las normas se presume mientras no se produzca una declaración judicial que establezca lo contrario. (Arodín Valcarce: "La acción declarativa de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires" Dialnet, pág. 112).
5. Solo queda resaltar que, con referencia a los requisitos para la procedencia de la cautelar fijados por ley, he de decir que si bien la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud, pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético (doct. causas B. 63.590 "SAICI", RES. DE 5-III-2003, I, 72.634 "Frigorifico Villa Olga S.A res. 30-IV-2014 e I. 73.986 entre otros), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o intereses invocado (doct. causas I. 3521 "Bravo", res. del 9-X-2003) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doct. causas I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas) cuestión que no se advierte en autos, siquiera, en un grado mínimo de acreditación. A su vez, en el presente, no se configura la existencia en el peligro en la demora, pues nada ha alegado el accionante a los fines de poder merituar con más elementos el pedido cautelar, motivo por el cual, más allá de la consideración que merezca, el examen de la verosimilitud del derecho tampoco puede abordarse más allá de lo expuesto.
6. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (cfr. Cámara Cont. Adm. La Plata, causa Nº 2054 del 08/09/05 "Pyzynsky" y demás allí citadas; CCASM, "Vinet", antes citada, entre otras), y en su consecuencia, no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada. POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Arts. 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y modificatorias; Arts. 161 C.P.C.C.,
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
2. Imponer las costas de la incidencia a la vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA; art.69 CPCC).
NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.-
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N° ........../2021.-
Fin de la sentencia