Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 44736
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Ángela Graciela Pannese, ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a abstenerse de efectuar la retención del 20% del haber jubilatorio de la accionante, que viene llevando a cabo con sostén en la Resolución N°4634, ello hasta tanto se resuelva la presente causa.-
2Ordenar al IPS proceda a la devolución de las sumas retenidas en concepto de cargo deudor, de aquellas efectivizadas en el mes de abril y que ascienden a la suma de $ 49.551,55 y de las sumas que hasta el momento se hubieren retenido por el organismo, por tal concepto y con sostén en la Resolución n°4634.-
3No mediando expresa oposición de la contraparte, toda vez que la misma no se ha presentado en autos, impongo las costas de la incidencia cautelar por su orden (art.51 inc. 1° ult. parte CPCA, texto según ley 14437).-
Estos autos caratulados "PANNESE ANGELA GRACIELA C/ INSTITUTO PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION", Expediente Nº 44736, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de resolver y de los que;
I. Que en fecha 03/05/2023 se presenta la Sra. Angela Graciela Pannese, con el patrocinio letrado de la Dra. Isolina Patricia Tezano, interponiendo demanda contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de impugnar parcialmente la Resolución N° 4634 -dictada en fecha 01/02/2023- en lo relativo al cargo deudor que allí fija (20% de su haber) (v. pto. 4).
Asimismo opone excepción de prescripción en relación a la liquidación practicada por el IPS, alegando que no obstante haber sido cuestionada, dicho organismo ha procedido a su ejecución.-
Seguidamente, la actora relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento -según su criterio- al planteo que efectúa.-
Manifiesta que en fecha 01/02/2023, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires dictó resolución en el expediente N° 21557-263990-13 bajo el N° 4634, por medio de la cual resuelve otorgarle el Beneficio Jubilatorio Ordinario, procediendo a liquidar el mismo a partir del día 01/03/2014.-
Asimismo, relata que en la misma resolución, el Instituto procedió a adecuar su haber y conforme a ello, formuló un cargo deudor, intimándola al pago del mismo, de lo que resultó anoticiada con fecha 17/02/2023, otorgándole la posibilidad de cancelar la deuda, celebrar un convenio -de acuerdo a la Res. 12/18 del IPS- o en su defecto, interponer el recurso que considere conveniente.-
Alega que la notificación de la citada resolución, no fue acompañada de ningún detalle del cálculo que efectuara la administración y que conformara el cargo deudor, que en su caso, le permitiera controlar los períodos, aportes y contribuciones liquidados, pues en definitiva la resolución, tampoco brinda ningún fundamento que le permitiera comprender el cargo deudor arrojado.-
Relata que al recibir la intimación, desconociendo el detalle de la deuda y atento a que la accionada pretendía cobrar un cargo deudor luego de 9 años de iniciado el trámite y de percibir el haber jubilatorio, decide interponer en fecha 07/03/2023, un recurso de revocatoria contra la mentada resolución.-
Esboza que en dicho recurso además de impugnar la resolución, interpone la correspondiente acción de prescripción por aquellos períodos prescriptos, superiores a dos años anteriores a la fecha de notificación de la resolución (17/02/2023).-
Manifiesta que sin perjuicio de ello, el organismo demandado hizo caso omiso al recurso interpuesto y sin más, procedió a la ejecución de la resolución, afectando "arbitrariamente" el 20% de sus haberes.-
Ante ello expresa que la actitud del IPS resulta arbitraria y contraria a derecho, toda vez que, sin resolver el recurso interpuesto procedió sin más a descontar "arbitrariamente" y sin su conformidad, las sumas tituladas como "cargo deudor", violando con ello el derecho de propiedad, como así también el derecho de ejercer su defensa, al no haber podido controlar tanto la liquidación provisoria como la definitiva.-
Reitera que, proveniendo el cargo deudor de la diferencia entre una liquidación provisoria y la definitiva, respecto de la cual insiste no ha podido controlar, entiende que en su caso deberá el organismo hacerse cargo de dicha diferencia, pues en definitiva, aquella liquidación provisoria resulta de un cálculo llevado a cabo por la propia administración, producto de una conducta negligente y arbitraria de la misma y que fue conforme a aquella que percibió los haberes jubilatorios -provisorios-, no pudiendo luego sobre la base del error pretender reclamar la diferencia.-
Sostiene que la accionada procedió a retener compulsivamente, un porcentaje de sus haberes jubilatorios, sin cumplir con el procedimiento previsto en el art. 61 de la Ley 9650/80, toda vez que retuvo el haber sin haber resuelto la revocatoria interpuesta, lo cual atenta contra el derecho de propiedad.-
En ese orden, solicita se le otorgue una medida cautelar innovativa mientras se sustancia el proceso, ordenando al IPS a que se abstenga de continuar con las retenciones del 20% de sus haberes y a reintegrar las sumas retenidas en el recibo de abril 2023.-
Bajo ese lineamiento y en relación a la verosimilitud del derecho, afirma que en autos se encuentra acreditada la amenaza al derecho de propiedad, al debido proceso y al derecho de defensa, atento a que se está reteniendo el 20% de sus haberes jubilatorios, pese a haber interpuesto recurso de revocatoria
En cuanto al peligro en la demora, arguye que la pretensión reclamada es imprescindible para que aquella pueda gozar de su patrimonio sin restricción confiscatoria alguna, ello por cuanto ha visto disminuido su patrimonio, sin existir un derecho legítimo a ello, siendo una persona adulta mayor jubilada.-
Respecto de la contracautela, presta en ese mismo acto y en forma expresa, "caución juratoria", a los fines de responder respecto de la medida cautelar solicitada, reconociendo las responsabilidades penales y civiles que ello conlleva.-
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que en fecha 10/05/2023, se requiere al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, acompañe los expedientes administrativos relacionados con las presentes actuaciones.-
Asimismo, en fecha 11/05/2023, se requiere al Fiscal de Estado informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la cautelar peticionada (art. 23 inc. 1 del C.P.C.A).-
III. Que en fecha 22/05/2023 se presenta el Dr. José Martín Torres, en su carácter de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, manifestando que procedió a comunicar a la autoridad demandada el requerimiento ordenado oportunamente (art. 23° del C.P.C.A) que tramita mediante Expte. EX-2023-20708286- -GDEBA-FDE.-
IV. Finalmente, habiéndose vencido los plazos otorgados para acompañar los expedientes administrativos y el informe cautelar -sin que las mismos sean acompañados- en fecha 01/06/2023 se llaman autos para resolver la medida cautelar peticionada y;
1. Que el Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aún cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Fijado ello, corresponde abordar los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la actora.-
Así, debo recordar que la accionante solicita una medida cautelar tendiente a suspender la retención del 20% de su haber, llevada a cabo por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires -en concepto de "cargo deudor"- el cual fuera dispuesto por Resolución n° 4634 del mentado organismo -del que como pretensión de fondo cuestiona parcialmente- y a su vez solicita se ordene al mismo reintegrar la suma retenida en el mes de abril del 2023, hasta tanto se resuelva oportunamente la cuestión.-
3.1. En cuanto a la suspensión de la retención del 20% del haber jubilatorio dispuesto por Resolución n° 4634 del IPS.-
Cabe reparar que, en cuanto a la verosimilitud en el derecho ha reiterado tanto la jurisprudencia como la doctrina, que la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud (CSJN Fallos 306:2060), añadiendo el Máximo Tribunal que: ".el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad".-
En éste punto, cabe adelantar -siempre dentro del limitado marco cognoscitivo que supone el proceso cautelar- que la medida solicitada por la actora se sustenta sobre bases -en principio- verosímiles.-
Ello así por cuanto, de las constancias documentales obrantes en la causa, que en definitiva son aquellas acompañadas por la actora al momento de promover la acción -toda vez que la administración no ha allegado el informe cautelar ni el expediente administrativo nº 21557-263990-13 requerido- surge la Resolución nº 4634/2023, la cual, sujeta a la exigencia de fundamentación y motivación, lo cierto es que aquella luce "prima facie" carente de respaldo suficiente a la hora de justificar el cargo deudor que establece.-
Que tal como expone la actora al requerir el remedio cautelar, en la resolución dictada por el IPS y a los fines de fijar el cargo deudor de $ 470.936,19, solo surge consignado en sus considerandos lo siguiente: ".de la intervención de las áreas técnicas surgen diferencias entre lo percibido en carácter transitorio y lo que efectivamente debería recibir." y luego a partir de ello, se declara legitimo el cargo deudor por haberes percibidos "indebidamente" entre el 01/03/2014 y hasta el 30/05/2022 (v. art.4º de la Res. 4634).-
Analizada entonces la citada resolución -reitero- se advierte que no surge justificado con suficiente claridad y precisión cómo arriba la administración a la conformación del cargo deudor determinado, en concepto de haberes percibidos indebidamente, pues no aparece explicado y menos aún fundado como se llegó a fijar dicha suma.-
Si bien se entiende, que la suma de marras obedece a una diferencia entre el haber provisorio y el definitivo, también surge patente que desde el año 2014 la actora viene percibiendo dicho haber, a las claras, a partir de una liquidación que ha sido llevada a cabo por la propia administración y que recién, con fecha 01/02/2023 se fija su haber definitivo al acordarse el beneficio de jubilación ordinaria.-
Es decir, la actora ha percibido durante 9 años un haber provisorio, pues ese tiempo demoro su trámite jubilatorio, para que luego la administración, después de ese periodo y al fijar el haber definitivo, le imponga por la diferencia en la liquidación, un "cargo deudor legítimo" en concepto de haberes que nomina indebidos, sin explicar a qué obedece dicha diferencia, la naturaleza de "ilegitimo" y finalmente como ha concluido en ese resultado, pues ni siquiera acompaña adjunta la liquidación respectiva.-
Por lo expuesto y sin que quepa ingresar en el fondo de la cuestión debatida -en tanto importaría un temperamento procesal impropio de esta etapa procesal- y relacionado con la legitimidad del cargo deudor, se advierte que los elementos arrimados a la causa son suficientes para tener por configurado el recaudo del art. 22 inc "1-a)" del C.P.C.A, es decir el "fumus bonis iuris" o verosimilitud en el derecho.-
3.2. En relación al peligro en la demora - agravamiento de una situación de hecho y de derecho- su consideración a tenor de lo antes dicho, no puede prescindir de la naturaleza previsional del derecho cuyo restablecimiento se procura y debe ser sopesada con el fumus bonis iurs, debiendo valorarse además, que el fundamento de la medida cautelar, en casos como el presente, radica en garantizar el principio de legalidad y la tutela judicial efectiva.-
El temperamento que anticipo resulta conteste con lo establecido en la Constitución de la Provincia (art. 39 inc.3°) en cuanto prevé en materia de seguridad social, principios de irrenunciabilidad, justicia social, primacía de la realidad y en caso de duda, el marco rector que orienta cualquier decisión que se adopte en la materia, será la que más favorezca al trabajador o al beneficiario de la seguridad social.-
Así las cosas, en la interpretación de las normas que acuerdan jubilaciones, como así también en las que regulan el alcance y monto de las mismas, debe primar el fin tuitivo propio de la materia previsional, cuidando que el sentido que a ellas le asignen no conduzcan a la pérdida o al desconocimiento de derecho a quienes las leyes han querido proteger.-
Y si bien es cierto, que la medida cautelar pretendida implica la suspensión de un acto administrativo, lo que justifica someter la solicitud a un examen más riguroso, lo que también debe reconocerse es la vigencia de los principios referidos a la amplitud de criterio con que los jueces deben apreciar las peticiones atinentes a la materia previsional y los que imponen no desconocer esa clase de derechos.
En ese orden, el peligro en la demora viene dado en atención al carácter netamente alimentario del haber jubilatorio, lo que hace presumir ciertamente, que de no accederse a la tutela requerida, y sumándose a ello el tiempo que inevitablemente ha de transcurrir en el proceso hasta la sentencia definitiva, la privación del goce íntegro del haber total podría ocasionarle a la actora un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, más aun, siendo que la actora se encuentra comprendida dentro de la categoría de "adultos mayores", resultando oportuno señalar que la importancia del haber jubilatorio en la vida de dichas personas es tan evidente que no amerita mayor indagación o análisis alguno.-
3.3. En cuanto a la devolución de las sumas retenidas en concepto de cargo deudor .-
Peticiona la actora se proceda cautelarmente y conforme los fundamentos que expone, a la devolución de las sumas retenidas "coactivamente" por el IPS, acompañando a tal fin, copia del recibo del mes de abril, donde figura un descuento dispuesto en sus haberes por la suma de $ 49.551,55 en concepto de cargo deudor.-
Que a los fines de decidir esta parcela de lo requerido, no cabe más que señalar que los argumentos expuestos precedentemente para que la medida cautelar suspensiva prospere, alcanzan y resultan suficientes para hacer lugar a lo requerido.-
En razón de lo expuesto corresponde hacer lugar la devolución solicitada por la actora de aquellas sumas descontadas por el IPS en concepto de cargo deudor, las que alcanzan aquellas que surgen de la documental allegada $ 49.551,55 y en su caso, de aquellas sumas que hasta el momento, se hubieran descontado por el IPS del haber percibido por la actora, por el indicado cargo aquí cuestionado y con sostén en la Resolución n°4634, quedando para resolver en oportunidad de la sentencia definitiva, lo relativo a los intereses correspondientes también reclamados por la actora.-
4. Asimismo, analizada la medida cautelar peticionada en autos, no se visualiza que el interés público pueda encontrarse comprometido en el caso de autos (art. 22 inc 1, ap "c" del CPCA).-
5. Así las cosas, y atento a las consideraciones precedentemente vertidas, entiendo que se encuentran configurados los requisitos normativos de procedencia de la medida cautelar solicitada (conf. arts. 22 y ccdes. del C.P.C.A), por ello, es que la pretensión analizada en la presente, ha de tener acogida favorable para la peticionante.-
6. Por otro lado y en relación a la contracautela exigida, se deja constancia que la aquí accionante a prestado la correspondiente caución juratoria, de conformidad con lo previsto en el art. 24 inc. 3° del C.P.C.A -ver. punto IX apartado "3" del escrito de fecha 03/05/2023-.-
Finalmente, en razón de los fundamentos expuestos y citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Ángela Graciela Pannese, ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a abstenerse de efectuar la retención del 20% del haber jubilatorio de la accionante, que viene llevando a cabo con sostén en la Resolución N°4634, ello hasta tanto se resuelva la presente causa.-
2. Ordenar al IPS proceda a la devolución de las sumas retenidas en concepto de cargo deudor, de aquellas efectivizadas en el mes de abril y que ascienden a la suma de $ 49.551,55 y de las sumas que hasta el momento se hubieren retenido por el organismo, por tal concepto y con sostén en la Resolución n°4634.-
3. No mediando expresa oposición de la contraparte, toda vez que la misma no se ha presentado en autos, impongo las costas de la incidencia cautelar por su orden (art.51 inc. 1° ult. parte CPCA, texto según ley 14437).-
NOTIFÍQUESE.-
REGÍSTRESE.-
Fin de la sentencia