Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75058
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.058, "Zapata, Alcira Beatriz y otro/a C/ Instituto de Previsión Social (I.P.S.) S/ Pretensión anulatoria - Previsión - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó lo resuelto por la jueza de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión deducida en lo atinente a la vigencia de las resoluciones del Instituto de Previsión Social que computaron los servicios simultáneos desempeñados por el causante en el haber pensionario de las actoras (v. fs. 231/235).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-II-2020, 11:58:15 a.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 7-IV-2021), agregado el memorial de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 15-IV-2021, 10:58:24 a.m., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En primer término corresponde señalar que esta Suprema Corte admitió parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal interpuesto por la Fiscalía de Estado en relación a la indebida inclusión en el haber pensionario de las actoras de los servicios simultáneos prestados por el causante en la Municipalidad de Berazategui durante el período comprendido entre el 19 de marzo de 1967 y el 8 de octubre de 1990 en incompatibilidad con los prestados en la Dirección de Vialidad (sent. dictada en la causa A. 71.567, "Zapata", de 4-V-2916, agregada a fs. 147/153, especialmente punto III.1.).
En dicho pronunciamiento, este Tribunal ordenó, asimismo, devolver los autos al tribunal de origen a fin de dar tratamiento a ciertas cuestiones planteadas en la demanda que no fueron tratadas en virtud del modo en que se había resuelto el cómputo de servicios simultáneos en la determinación del haber (de acuerdo a la doctrina que dimana del precedente de esta Suprema Corte, por mayoría, en la causa A. 71.913, "Salas", sent. de 13-V-2015), relacionadas principalmente con su inexistencia y con la imposibilidad de que el Instituto de Previsión Social ejerza la potestad revocatoria respecto de la resolución que acordó el beneficio pensionario a favor de la esposa e hija del causante, equivalente al 56% del sueldo y bonificaciones del cargo de la Dirección de Vialidad y 47,86% del 53% del cargo de técnico de la Municipalidad de Berazategui (v. resol. 379.446, de 12-X-1995, a fs. 121 de expediente administrativo agregado sin acumular).
II. La jueza de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata consideró que el señor Alberto Ramón Postiglione había quedado incurso en una situación de incompatibilidad de servicios a los fines de reconocer la simultaneidad en el haber pensionario de las demandantes a la luz del art. 53 de la Constitución provincial y de la revisión efectuada por esta Suprema Corte de la doctrina legal sobre el tópico en cuestión (v. doctr. de la causa B. 57.345, "Zumarraga", sent. de 6-IX-2002 y mayoría que integré en la causa A. 71.913, "Salas", sent. de 13-V-2015).
Sin perjuicio de ello, acogió favorablemente la pretensión y consideró que la potestad revocatoria de la administración para anular la resolución 379.446, de 12 de octubre de 1995, por la cual se les había concedido la pensión computando los servicios simultáneos en la Dirección de Vialidad y en la Municipalidad de Berazategui, se encontraba prescripta (arts. 117, dec. ley 7.647/70 y 4.030, Cód. Civ. actualmente derogado).
Para ello recordó la doctrina de este Tribunal que cita (v. cons. 2° de la sentencia agregada a fs. 178/181) y concluyó que la entidad demandada lejos se encontraba de corregir un mero error aritmético o de codificación en el sistema de liquidación en los términos del art. 115 del decreto ley 7.647/70; hallándose impedida de ejercer la facultad revocatoria por afectar los elementos sustanciales del acto administrativo de otorgamiento.
En consecuencia, anuló la resolución 2.760 (de 10-III-2005) por la cual el organismo previsional reajustó el beneficio con servicios desempeñados por el causante en la Municipalidad de Berazategui desde el 19 de marzo de 1967 al 8 de octubre de 1990 y ordenó practicar un cargo deudor por no haber denunciado el reingreso a la actividad en el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 1990 y el 26 de marzo de 1994; la resolución 2.837 (de 12-X-2006) que confirmara su similar de 10 de marzo de 2005, desestimara la propuesta de pago efectuada por las beneficiarias y las intimara a prestar conformidad para la afectación del 20% de su haber para la cancelación de la suma adeudada. Asimismo, anuló el decreto 1.497 (de 22-VII-2008) por el cual se revocó la resolución de 12 de octubre de 2006 por ilegítima y el acto emitido por el Instituto de Previsión Social en consecuencia (resol. aprobada por Acta 2.923, de 4-IX-2008). Dejó sin efecto el cargo deudor impuesto y condenó al Instituto de Previsión Social a reintegrar a la parte actora las sumas que por tal concepto se le hubieren descontado (v. sent. agregada a fs. 178/181).
Disconforme con tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación (v. fs. 187/192) argumentando que la jueza de grado consideró erróneamente prescripta la facultad de anulación de la Administración, convalidando de ese modo el goce de una simultaneidad en contraposición con el art. 53 de la Constitución provincial que impide la acumulación de dos o más empleos a sueldo. Asimismo, se agravió del modo en el que la magistrada efectuó el cómputo del plazo de dos años de prescripción.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en la sentencia obrante a fs. 231/235 decidió confirmar en todos sus términos el fallo atacado.
Consideró que no hubo error de juzgamiento en la sentencia de primera instancia.
Para ello afirmó que el Instituto de Previsión Social no se encontraba en condiciones de revocar el acto "irregular" que le concedió el beneficio pensionario a la parte actora; toda vez que había transcurrido holgadamente -más de diez años- el plazo que tiene la administración de revisar situaciones que han sido consolidadas por el transcurso del tiempo.
Señaló que, si bien la representación fiscal puntualizó en su impugnación que la potestad revocatoria de oficio de la administración respecto de los servicios simultáneos no afectó derechos adquiridos, en tanto se limitó a eliminar su cómputo "hacia adelante" (v. resol. aprobada por Acta 2.923 de fecha 4 de septiembre de 2008, glosada a fs. 230 del expediente administrativo agregado sin acumular); el Tribunal de Alzada consideró que, en el caso, su ejercicio tuvo impacto directo y retroactivo en cuanto modificó la base de cálculo de cada haber previsional.
Por otra parte, sostuvo que el plazo de prescripción comenzó a correr desde que el Instituto de Previsión Social tomó conocimiento del vicio, a partir de la exteriorización de la circunstancia relativa a la simultaneidad de los servicios municipales con los provinciales.
En este aspecto, señaló que ello aconteció en el momento en el cual las causahabientes del señor Postiglione (esposa e hija) se presentaron ante el organismo previsional para solicitar el beneficio de pensión y denunciaron los servicios prestados por el causante en el municipio de Berazategui (año 1994).
Destacó que, habiéndose otorgado la prestación sobre la base de los servicios provinciales y municipales invocados y acreditados (v. resol. 379.446, de 12-X-1995), el escenario previsional de las actoras fue consolidado en esos términos, quedando el organismo demandado inhibido de alegar posteriormente su desconocimiento frente al reclamo de reajuste y justificando su revocación por la incompatibilidad de los servicios simultáneos.
IV. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 27-II-2020, 11:58:15 a.m., en el sistema Augusta).
Denuncia la violación del art. 53 de la Constitución provincial que prohíbe la acumulación de dos o más empleos a sueldo; de los arts. 18 y 4.030 del Código Civil actualmente derogado; 115 y 117 del decreto ley 7.647/70 y 60 del decreto ley 9.650/80.
Aduce que la sentencia impugnada incurre en absurdo (art. 384, CPCC).
Alega asimismo que la decisión puesta en crisis transgrede la doctrina legal de esta Suprema Corte e incluso el sentido de la sentencia anterior dictada en autos.
Reitera que el Tribunal de Alzada omitió considerar que, en el caso, la eliminación de la simultaneidad no representó una nulidad sino una "corrección" (prospectiva) ejercida "hacia delante", sin afectación de hechos consumados. Ello, a fin de evitar -en lo sucesivo- el mantenimiento de una situación incompatible con la Constitución provincial.
Paralelamente, se agravia del momento en que el Tribunal interviniente computó el inicio del plazo de la prescripción, situándolo en la oportunidad en la cual las beneficiarias solicitaron el beneficio, llevando a cómputo los servicios prestados por el causante en la Municipalidad de Berazategui (año 1994), y no con la certificación "oficial" de tareas (año 2003, v. fs. 155/160 del expediente administrativo agregado sin acumular).
Afirma que el organismo previsional no afectó derechos adquiridos, sino que eliminó hacia el futuro la posibilidad de que las actoras continúen beneficiándose de una situación ilegítima de incompatibilidad de cargos.
Señala que el Instituto de Previsión Social no invocó la imprescriptibilidad de su potestad anulatoria, ni la doctrina del conocimiento del vicio por parte del interesado para justificar el ejercicio a destiempo de una potestad revocatoria que retrotraiga todos los efectos consumados al amparo de un acto administrativo; sino que ejerció una potestad correctiva reconocida ante una situación de error grave o incompatibilidad (arts. 115, dec. ley 7.647/70 y 60, dec. ley 9.650/70).
Denuncia que la Cámara rechazó ilegítimamente los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, aplicando en forma dogmática e irreflexiva (sic) el art. 117 del decreto ley 7.647/70.
Destaca que la rectificación adoptada por el Instituto no afectó el "estatus previsional" del causante ni de las actoras, sino que se limitó a corregir el "quantum determinativo" del beneficio para ajustarlo a la prohibición constitucional, sin afectar hechos consumados, pero sin consentir el mantenimiento de una situación al margen de la legalidad.
A todo evento expresa que es ilegítimo y absurdo que el Tribunal de Alzada haya retrotraído el inicio del plazo de prescripción a una fecha anterior a la de la toma de conocimiento del vicio, violando el principio tradicional que señala: actio non natur non praescribuntur .
Agrega, no obstante reconocer que tanto el inicio como el cómputo del plazo de prescripción son cuestiones de hecho y en cuanto tales resultan ajenas a la revisión de la instancia extraordinaria, que la Cámara incurrió en absurdo por cuanto consideró que la fecha de inicio del plazo de prescripción para corregir la incompatibilidad por doble empleo no fue la certificación de los servicios municipales (documental agregada en el año 2003) en los cuales constan los aportes, sino una fecha anterior vinculada a la solicitud del beneficio por parte de la actora y la invocación del cómputo de servicios simultáneos (año 1994).
Repara que, en el análisis de la Cámara, el punto de partida para computar el inicio del plazo de prescripción depende del propio interesado, en lugar de tomar como parámetro un hecho objetivo que radica en la agregación de la prueba documental y oficial que permite detectar la real situación subyacente en el caso (certificación de servicios municipales con detalle de aportes).
Por su parte señala también que el Tribunal de Alzada confunde la invocación de los servicios simultáneos con la detección de la incompatibilidad, puesto que bien pudieron haberse invocado servicios simultáneos, incluso municipales (por ejemplo, docentes), sin que se afectara la prohibición establecida en el art. 53 de la Constitución provincial, en especial en el caso de autos, que fueron "contratos" cuya naturaleza se ignoraba.
Asimismo, advierte que la Cámara confunde un vicio grave (de nulidad absoluta), con un vicio evidente (de nulidad manifiesta), señalando que en el caso aquí analizado el vicio es grave, pero se mantuvo oculto hasta que se adjuntó la certificación de servicios por parte del municipio.
Sostiene que si el vicio se manifestó en un tiempo posterior, será a partir de su aparición y consecuente toma de conocimiento que correrá el plazo de cualquier prescripción, toda vez que no puede considerarse nacida una acción que no tiene fundamentación alguna para deducirse; resultando aplicable la jurisprudencia que prevé que "la prescripción no corre contra los derechos o las acciones que aún no han tenido nacimiento; actio non natur no praescribuntur" (causa L. 84.052, "Paniagua", sent. de 19-IX-2007).
Concluye que las razones expuestas evidencian que en el caso no transcurrió el plazo de prescripción y que, a los fines de corregir la situación hacia adelante, no se encontraba vencida ninguna posibilidad de rectificar un acto manifiestamente ilícito.
V. Adelanto que el recurso no prospera.
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si, no obstante haberse reconocido la improcedencia del reajuste del haber pensionario con los servicios simultáneos desempeñados por el causante en la Municipalidad de Berazategui a raíz del cambio de criterio jurisprudencial operado en la sentencia dictada en el caso "Salas", respecto del caso "Zumarraga" (causas A. 71.913 y B. 57.345, cits.), el Instituto demandado estaba habilitado -o no- para ejercer la potestad revocatoria.
La Fiscalía de Estado insiste en que la resolución aprobada por el Acta 2.923 del 4 de septiembre de 2008 (v. fs. 230), que anuló por ilegítimo el acto administrativo que acordó el beneficio (v. resol. 379.446, de 12-X-1995) no afectó derechos adquiridos, sino que se limitó a eliminar "hacia el futuro" una situación de incompatibilidad de cargos en la que incurrió el causante en el haber previsional de sus causahabientes, en los términos de los arts. 115 del decreto ley 7.647/70 y 60 del decreto ley 9.650/80.
En tal sentido, señala que la rectificación adoptada por el Instituto de Previsión Social solo corrigió un "quantum determinativo" del beneficio pensionario sin afectar el "estatus previsional" de las actoras.
A esta altura cabe señalar, como bien lo puso de manifiesto la jueza de primera instancia, que el transcurso del tiempo desempeña un papel esencial en la justificación del ejercicio de la potestad anulatoria. La ley obliga a buscar necesariamente un equilibrio entre la preservación del orden jurídico comprometido ante la vigencia de un acto para cuyo dictado no hubo estricto ajuste a la ley y la salvaguarda de la seguridad en la adquisición de los derechos emergentes de ese acto que se viene cumpliendo (doctr. causas B. 51.114, "González", sent. de 23-IV-1990, "Acuerdos y Sentencias", 1990-I-902; B. 51.447, "Pari", sent. de 9-V-1995; B. 54.310, "Martínez", sent. de 21-IV-1998; B. 58.965, "Lacay de Durruty", sent. de 3-VII-2002 y B. 59.953, "Taberner de Avila", sent. de 16-VI-2004).
Paralelamente, el art. 117 del decreto ley 7.647/70 limita las facultades de anulación y revocación con las que cuenta la autoridad administrativa, cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes. Ello, constituye un valladar infranqueable para que el organismo previsional se encuentre inhabilitado para revocar el acto mediante el cual se acordó el beneficio previsional, habiéndose traspasado en exceso los límites temporales para su ejercicio.
En este aspecto acierta la Cámara cuando afirma que el acto administrativo parcialmente extintivo de otro anterior anulado por razones de legitimidad, impacta de manera directa y "hacia atrás" en cuanto modifica la base de cálculo de cada haber.
En cuanto a la denuncia de absurdo en el inicio del plazo de prescripción aplicable, teniendo en cuenta que el supuesto en cuestión consiste en una irregularidad en los elementos esenciales del acto, habrá de estarse analógicamente a lo estatuido por el art. 4.030 del Código Civil actualmente derogado, en cuanto regula el término de dos años para la prescripción de la acción de nulidad de los actos jurídicos emitidos con dolo, error o falsa causa, desde que el error, dolo o falsa causa fuere conocida por la Administración (arts. 117, dec. ley 7.647/70; 171, Const. prov.; 16, Cód. Civ. derogado, conf. causa B. 60.950, "C. d. B., S.A.", sent. de 6-X-2010). Ello, teniendo en cuenta que resultan aplicables al caso las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por estar vigentes al momento de consumarse el hecho que generó la prestación (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Sobre este punto la demandada plantea que el plazo de prescripción comenzó a correr desde que el municipio de Berazategui adjuntó la certificación de servicios (año 2003), mientras que las instancias ordinarias consideraron que tuvo su punto de partida en el momento en el cual las causahabientes solicitaron el beneficio de pensión, oportunidad en la cual se adjuntaron en las actuaciones administrativas los servicios municipales desempeñados por el causante.
Los embates que ensaya la representación fiscal (v. punto VI.2. del recurso en tratamiento) no logran revertir las conclusiones centrales a las que en este aspecto -más allá de su acierto o error- arribaron los jueces de la causa.
Como bien puntualiza la recurrente las circunstancias señaladas remiten necesariamente al análisis de cuestiones fácticas, ajenas en principio a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte.
Al respecto, ha sostenido este Tribunal que la determinación del plazo de prescripción y su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (doctr. causas A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018; e.o.).
Dicho vicio se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento, de modo tal que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa (conf. doctr. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017; e.o.), circunstancia que no acontece en autos, pues lo manifestado por la recurrente resulta, en este aspecto, su propia versión e interpretación de los hechos, omitiendo demostrar que las conclusiones de los jueces de grado sean el producto de una apreciación absurda de estos.
Por su parte, debo recordar que las consideraciones vertidas en las instancias ordinarias en relación al ejercicio de la potestad anulatoria por parte de la Administración y el transcurso del plazo de prescripción aplicable coinciden con lo resuelto en la
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