Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77540
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la revocatoria planteada (art. 290, CPCC).
II. Declarar desierto el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (arts. 278 y 280, párrafo cuarto, CPCC; 60, CCA).
A.77.540 “SANCHEZ CARLOS ALBERTO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
I. Esta Corte intimó a la Fiscalía de Estado a acreditar ante esta sede el valor de los agravios traídos, a efectos de verificar la concurrencia de los recaudos exigidos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, bajo apercibimiento de declararse desierto el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. resol. de fecha 11-II-2022).
Frente a ello, dicha parte realiza una presentación que denomina "contestación de traslado" que, de acuerdo a sus claros términos, constituye una petición revocatoria de aquella resolución interlocutoria, respecto de la cual la interesada contaba con un plazo de tres días (arts. 238 y 290, CPCC) y no con el otorgado por el Tribunal para la estimación del valor de los agravios traídos en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, razón por la cual resulta extemporánea y corresponde su desestimación (v. notificación electrónica de 15-II-2022 y escrito electrónico de 9-III-2022; conf. art. 7, Ac. 3845/2017; doctr. causas Ac. 92.291, "Del Pardo", resol. de 10-X-2007; C. 109.050, "Quiñonez", resol. de 3-XI-2010; Q. 72.714, "Romero", resol. de 13-XI-2013; A. 73.980, "Lafrentz", resol. de 29-VI-2016; A. 74.573, "Pereyra", resol. de 5-VI-2019, A. 76.207, "Tasca", resol. de 26-XI-2020; entre otras).
II. Sin perjuicio de lo indicado y en atención a que se aduce la omisión de tratamiento de las alegaciones relativas a que en el caso se justifica la aplicación de la figura del "certiorari positivo", en orden a dispensar cualquier limitación formal que pretendiera esgrimirse para impedir el acceso a la jurisdicción del Máximo Tribunal provincial (art. 31 bis in fine de la ley 5827), cabe señalar que no observa en el sub lite un supuesto de gravedad institucional.
Tiene dicho esta Corte que en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221; doctr. causas Q. 73.948, "Scarimbolo", resol. de 25-XI-2015, Q. 74.063, "Bernuzzi", resol. de 20-IV-2016 y A. 74.781, "Veronesi", resol. de 3-V-2018), circunstancia que no se constata en el caso.
Por otra parte, tampoco se aprecia la existencia de un notorio interés público comprometido que autorice a este Tribunal -con carácter excepcional- a prescindir del requisito de admisibilidad mencionado (art. 31 bis, último párrafo, ley 5827).
Debe señalarse, además, que no resulta aplicable la doctrina emergente de los precedentes de esta Corte invocados por la impugnante, toda vez que aquellos aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 75.775, "Icardo", resol. de 11-III-2020, entre muchas otras).
III. En consecuencia, hallándose vencido el plazo otorgado sin que se haya verificado el cumplimiento del emplazamiento efectuado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado (doctr. causas A. 73.990, "Brunz", resol. de 11-V-2016; A. 74.102, "Rodriguez de la Serna", resol. de 10-VIII-2016; A. 74.843, "Bicarelli", resol. de 6-VI-2018; A. 75.400, "Valdovino", resol. de 12-XII-2018; A. 75.577, "Amores Quinteros", resol. de 20-XI-2019; A. 76.226, "Bondone", resol. de 9-IV-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la revocatoria planteada (art. 290, CPCC).
II. Declarar desierto el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (arts. 278 y 280, párrafo cuarto, CPCC; 60, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/05/2022 10:10:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2022 16:49:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:56:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 12:37:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 13:25:57 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/05/2022 13:30:16 hs. bajo el número RR-408-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia