Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77968
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar la excusación del doctor Luis Esteban Genoud (arts. 19 y 30, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC; 31, ley 14.967).
A.77.968 “TESEI HECTOR ALBERTO C/ CAJA DE JUB, SUB, Y PENS. DEL PER. DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Carral dijeron:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la pretensión deducida por el señor Héctor Alberto Tesei contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, anuló la resolución del Directorio de fecha 5-VIII-2013 y condenó a la demandada a liquidar los haberes del actor de acuerdo a la ley 5678, equivalente al 82% de la remuneración con aportes correspondientes a la categoría escalafonaria alcanzada, devengados desde el día 12-VIII-2010 (confr. arts. 12 inc. 2, 50 inc. 1 y concs, CCA; ley 5678; ver sent. de fecha 9-XII-2019).
Para así decidir, consideró que en el caso debatido en autos la Caja demandada debía responder desde la firmeza de la sentencia que declaró inconstitucional o no aplicables a los allí actores, entre los que se encontraba el señor Tesei, los arts. 22 -segundo párrafo-, 25, 55, 56 -segundo párrafo- y 57 de la ley 11.761 (causa I. 1985, “Gaspes”, sent. de 26-V-2005), toda vez que para la correcta liquidación de los haberes en cuestión bastaba la remoción de esas normas –declaradas oportunamente inconstitucionales por esta Suprema Corte-.
Explicó que, por ello, la acción para poder reclamar las sumas debidas ante la Caja demandada nació con la declaración de inconstitucionalidad de los mencionados artículos de la ley 11.761.
I.2. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Caja demandada interpuso recurso de apelación.
Adujo que los actores son jubilados que han obtenido su beneficio bajo la vigencia de la ley 5678, y no resulta discutible el principio protectorio que tutela el derecho a que el beneficio se rija por la ley vigente al cese.
Puntualmente sostuvo que ello no genera en cabeza de los pasivos un derecho adquirido a la inalterabilidad de las leyes que reconocieron el status jubilatorio e inicialmente determinaron el quantum del beneficio, de modo que, una vez establecido éste por y en la ley, no deviene inmodificable para el legislador ordinario que la sancionó.
Sostuvo que las normas impugnadas de la ley 11.761 y sus similares de la ley 13.364 son constitucionalmente válidas, en la medida que la reducción no sea irrazonablemente desproporcionada.
Se agravió considerando que no correspondía recalcular el haber inicial del actor al tiempo de obtener su beneficio, y si así se hiciese la liquidación no arrojaría diferencias, toda vez que recién a partir del año 2004 los haberes de los empleados activos tuvieron modificaciones salariales que fueron trasladadas de manera correcta al haber del pasivo.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, desestimó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, consideró que la apelación intentada no se exhibía con mérito suficiente para revocar la sentencia de grado.
Puntualizó que el escrito recursivo presentado por la Caja demandada comenzaba con una reseña de la sentencia, para luego adentrarse en una crítica genérica del fallo en lo que hace a la declaración de inconstitucionalidad, persiguiendo la apelante, en esas condiciones, la revocación del decisorio atacado.
Destacó la ausencia de una crítica integral, concreta y razonada en la pieza recursiva en tratamiento, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la magistrada de primera instancia, los argumentos expuestos y la conclusión a la que arribó.
En ese sentido, concluyó la Cámara que la simple lectura del fallo recurrido y del recurso incoado dejaba en evidencia la falta de refutación particular a la solución arribada por la magistrada de primera instancia (art. 56, inc. 3, 77 inc. 1 y concs, CCA; 254, 255 y concs., CPCC).
No obstante ello, luego abordó el tratamiento del recurso, conforme los agravios planteados por la demandada.
II. Frente a lo así decidido, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 14-IX-2021), el que fue concedido por la Cámara con fecha 5-IV-2022.
Reiterando conceptos vertidos en el recurso de apelación, la Caja argumenta, en primer lugar, que no existe confiscatoriedad en aplicar la movilidad de la ley 13.364 y que esta no fue cuestionada.
En segundo lugar, sostiene que la postura trazada en el decisorio resulta temeraria para con los intereses de la Caja, configurando gravedad institucional.
III. Preliminarmente, cabe indicar que el señor Juez doctor Genoud, el día 5 de agosto de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, se excusó de intervenir en razón de encontrarse cuestionada la constitucionalidad de la ley 11.761, en cuya sanción tuvo participación en su condición de legislador provincial.
En virtud de ello, corresponde que su excusación sea aceptada (cfr. arts 19 y 30, CPCC).
IV. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. La Cámara, en primer lugar, expuso la insuficiencia de la apelación articulada contra la sentencia de primera instancia, concluyendo que tal falencia recursiva bastaba para sellar la suerte adversa del recurso. Sin perjuicio de ello, abordó el fondo del asunto, ratificando la decisión de la jueza de origen.
Esta Suprema Corte tiene dicho que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (doctr. causas A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.368, "Cipulli", sent. de 23-XI-2016; A. 74.939, "Sabater", resol. de 4-VII-2018, e.o.), vicio -éste último- que no ha sido invocado ni, en consecuencia, demostrado debidamente.
Siendo ello así, el recurso extraordinario en tratamiento debe ser rechazado toda vez que la recurrente no ha denunciado ni logrado acreditar el vicio lógico de absurdo, ni la consecuente infracción del art. 56 inc. 3 del Código ritual.
IV.2. Por lo demás, vale notar que si en orden a la conclusión a la que llegó la Cámara en lo atinente a la insuficiencia de la expresión de agravios lo más apropiado hubiera sido declarar desierto el recurso conforme el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 77 inc. 1, CCA), la sola circunstancia de que se hayan agregado consideraciones para ratificar la solución adoptada por la jueza de primera instancia, de ninguna forma importa una rectificación de la afirmación de que el memorial de apelación no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia en tal segmento (doctr. causas Ac. 90.752, "Politi", sent. de 30-III-2005; C. 96.135, "Santillán", sent. de 12-IX-2007; C. 92.915, "G., M.", sent. de 18-IV-2008; A. 72.633, "P., M.", sent. de 18-X-2017; A. 74.799, "Presa", sent. de 24-VIII-2020; e.o.).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Aceptar la excusación del doctor Luis Esteban Genoud (arts. 19 y 30, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC; 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2022 15:53:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/09/2022 10:05:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2022 09:56:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:58:01 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 21/10/2022 14:10:00 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 14:13:06 hs. bajo el número RR-1100-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia