Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79321
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5.827; texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; art. 289 in fine , CPCC).
A.79.321 "GAETANI MANUEL ENRIQUE C/ I.P.S. S/ PRETENSION ANULATORIA. PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la pretensión deducida por el actor contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de obtener la anulación de la resolución que le denegara el beneficio previsto en la ley 14.486 ("Pensión Social Distinguida").
Para así decidir, el Tribunal de Alzada, de conformidad al criterio adoptado por esta Suprema Corte en las causas I. 72.505, "Cooper", sentencia de 6-XI-2019 e I. 72.504, "Moretti", sentencia de 8-VI-2020, sostuvo que, como bien lo destacaban los fallos citados, se veía justificada la reglamentación diferencial relativa, ya que las categorías comprendidas en el beneficio (exconscriptos y civiles) no incluían al personal militar profesional, precisamente, por la diferencia en origen de sus respectivas incorporaciones y la presencia de una carga pública.
Reflexionó que el hecho de pertenecer el actor a la organización militar, como personal activo de cuadro, al tiempo del conflicto bélico protagonizado por nuestro país entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y la circunstancia de percibir, por ello, la Pensión Social Islas Malvinas prevista en la ley 12.006, tornaban inaplicable al caso la ley 14.486 y, por lo tanto, correspondía el rechazo de la pretensión deducida (arts. 1 y 2 incs. "b" y "c", ley 14.486).
Confirmó así el decisorio de grado, en todo cuanto fuera materia de embates (v. sent. de 7-VI-2022).
II. Disconforme con ese pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que, haciendo hincapié en los argumentos desarrollados en la apelación rechazada por la Cámara actuante, denuncia que la sentencia no argumenta en forma debida el rechazo del reclamo, a la vez que aplica analógicamente fallos de este Tribunal que no guardan similitud con el presente pleito. Se agravia asimismo de la supuesta arbitrariedad del decisorio (v. escrito electrónico de fecha 14-VI-2022).
El recurso fue concedido por la Cámara actuante con fecha 12-III-2024.
III. El remedio no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
IV. En numerosas ocasiones, este Tribunal ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, habida cuenta de que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no hacen más que reeditar argumentos ya desestimados en la causa, sin lograr asestar un embate preciso que permita desbaratar el razonamiento en que se funda la decisión impugnada.
Para más, la sentencia atacada se dictó conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte que justifica la reglamentación diferencial relativa establecida por la ley 14.486 ("Pensión Social Distinguida"), ya que las categorías comprendidas en el beneficio (ex conscriptos y civiles) no incluyen al personal militar profesional, precisamente, por la diferencia en origen de sus respectivas incorporaciones y la presencia de una carga pública (causas I. 72.505 e I. 72.504, cits.).
Este Tribunal reiteradamente ha sostenido que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia. Propósito que se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de este cuerpo, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (doctr. causas A. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; A. 71.628, "Unzaga", sent. de 3-VII-2013; A. 72.268, "Salonia", sent. de 23-XII-2014; A. 71.973, "Dairo", sent. de 13-IV-2016; A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018, entre otras).
El caso resulta análogo, además, a lo resuelto por este Tribunal en las causas A. 78.356, "Alvarez"; A. 78.720, "Godoy" y A. 78.688, "Maidana", todas resols. de 5-X-2023.
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5.827; texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; art. 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/08/2024 23:18:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:36:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:47:20 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2024 12:00:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2024 09:09:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/08/2024 09:10:06 hs. bajo el número RR-585-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia