Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79126
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.126, "Sosa, Claudia Anahí c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Prov. s/pretensión anulatoria. Previsión-Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada, confirmando así la sentencia de primera instancia que hiciera lugar a la pretensión de la parte actora y en consecuencia acordara el beneficio pensionario solicitado.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la demanda promovida por Claudia Anahí Sosa, declarando la inconstitucionalidad del art. 43 inc. "b" de la ley 13.236 y su inaplicabilidad al caso.
Al resolver de tal modo, dejó sin efecto la resolución 200/2021, dictada por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en el marco del expediente administrativo 2020-19303407.
Asimismo, condenó a la entidad demandada a abonarle a la actora la suma de los importes debidos, desde la fecha de fallecimiento del afiliado conviviente (25-VIII-2020) hasta su efectivo pago, con más los intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento (doctr. causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Por último, dispuso que la Caja debía continuar abonando mensualmente el haber pensionario correspondiente a la actora e impuso las costas a la demandada vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA).
Para así decidir, el magistrado a cargo de dicho órgano tuvo por acreditada la convivencia de la señora Sosa con el afiliado Hugo Norberto Giménez por el plazo aproximado de cuatro años y dos meses, a la vez que, con apoyo en jurisprudencia, invocó la aplicación del principio de interpretación a favor del reclamante del beneficio, derivado del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Advirtió que el plazo previsto para las uniones convivenciales por el art. 510 del Código Civil y Comercial —no inferior a dos años y necesario para producir los efectos previstos en el título III de dicho cuerpo normativo— es sensiblemente menor al de cinco años previsto por el art. 43 de la ley 13.236.
Puntualizó que en el caso sometido a decisión debía tenerse presente el principio de protección integral de la familia, previsto tanto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 36 de la Constitución provincial, como así también en diversos instrumentos internacionales de aplicación inmediata y directa en nuestro sistema jurídico. A su vez estimó que debía tenerse en consideración la integralidad e irrenunciabilidad de los beneficios de la seguridad social (conf. art. 14 bis, Const. nac.), el bloque de constitucionalidad y el principio de realización progresiva de los derechos.
Añadió que el régimen aplicable al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), contenido en el decreto ley 9.650/80, prescribe en su art. 34 un plazo de convivencia de solo dos años para otorgar la pensión cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado. Sostuvo que esta diferencia con el régimen normativo de la ley 13.236 resulta violatoria del principio de igualdad ante la ley consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional; 11 de la Constitución provincial y en diversos tratados internacionales que a aquella se han incorporado.
Luego de traer a colación jurisprudencia de la Corte nacional sobre la necesidad de evitar interpretaciones excesivamente formales en materia previsional, entre otras consideraciones, concluyó que el requisito del plazo de cinco años exigido por el art. 43 inc. "b" de la ley 13.236 desnaturaliza la finalidad perseguida por la propia norma (protección de la familia en todas sus formas, entre las que se encuentran aquellas conformadas a partir de uniones convivenciales) y por ende declaró su inconstitucionalidad.
II. A su turno, la mayoría de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata desestimó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó el pronunciamiento de primera instancia, con costas a la vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA —texto según ley 14.437—).
Señaló en esa dirección que la norma en que la demandada sustentó su decisión denegatoria del beneficio previsional, esto es, el art. 43 inc. "b" de la ley 13.236, impugnado en su constitucionalidad por la parte actora, confiere derechos pensionarios a las personas de uno u otro sexo que se hubieran unido y mantenido vida marital de hecho con un afiliado, durante un lapso de cinco años, o de tres en caso de existencia de hijos fruto de esa unión, a la fecha del fallecimiento.
Indicó que, en la especie, el plazo exigido por dicho precepto asciende a cinco años, por no haber tenido hijos el afiliado con la aquí actora.
No obstante lo apuntado, expuso que concordaba con el juez de primer grado en que la aplicación al caso de la referida previsión legal, en la forma en que la postuló el Fisco, no superaba satisfactoriamente el test de razonabilidad, en tanto parámetro de control jurisdiccional de las reglamentaciones de los derechos fundamentales involucrados (conf. arts. 28 y 33, Const. nac.). En este sentido, planteó la necesidad de hacer un escrutinio sobre la razonabilidad de la pauta empleada por la autoridad estatal en la aplicación de una regulación como la objetada, en punto a la finalidad que ella procura alcanzar.
Con cita de jurisprudencia de esta Corte, entendió así que debía precisarse el propósito de la norma y la adecuación de los medios instituidos para ello. Esto es, determinar que la medida reguladora de derechos fundamentales tuviera un fin legítimo y socialmente relevante y que, además, fuera apta o idónea para alcanzarlo.
También con apoyo en doctrina de esta Corte caracterizó al derecho a pensión como un beneficio que procura compensar el desequilibrio económico que produce, en el grupo conviviente, la muerte de uno de sus miembros económicamente activos. Agregó que la pérdida de quien contribuía al sostén económico de una familia trata de ser subsanada o, cuanto menos, mitigada, mediante el otorgamiento a sus derechohabientes de una prestación económica periódica y duradera, de carácter sustitutivo.
Evaluó luego que el tiempo mínimo de cinco años de duración de la unión de hecho, contemplado en la última parte del art. 43 inc. "b" de la ley 13.236, en su aplicación a la concreta situación de autos, no resultaba estrictamente necesario para alcanzar la finalidad perseguida por la ley (esto es, la preservación del ya señalado carácter sustitutivo del derecho de pensión).
Adujo que la pérdida del beneficio previsional por no haber subsistido la convivencia por un lapso de cinco años a la fecha del fallecimiento, no obstante la existencia de elementos que permitirían acreditar que la pareja convivió públicamente de un modo estable, en aparente matrimonio, por el término de cuatro años y poco más de tres meses anteriores al deceso del señor Giménez, con las graves consecuencias que de ello se derivan en materia de derechos tan trascendentes como los involucrados en la especie, se revela como manifiestamente más costosa que otras alternativas por las que podría optarse, atento las circunstancias del presente, sin desmedro de los objetivos perseguidos por la norma en cuestión.
Añadió que concordaba con el magistrado de primera instancia en que la extensión del mantenimiento de la vida marital de hecho con el afiliado exigida por la ley 13.236 resulta irrazonable si se la compara con los dos años de duración de convivencia estable y pública que resultan indispensables para que una unión convivencial genere los efectos reconocidos en el Código Civil y Comercial.
Asimismo, destacó que los tiempos fijados por el art. 43 inc. "b" de la ley 13.236 no se compadecen tampoco con los estipulados en otras normas previsionales provinciales (v.gr., arts. 34 inc. 1, dec. ley 9.650/80; 51, ley 6.716 —texto según ley 11.625—; 71 inc. "a", ley 8.119 —texto según ley 11.878—), ni nacionales (arts. 1 inc. 1 y 10, ley 23.570), que solo exigen cinco años de convivencia pública en aparente matrimonio cuando el causante se halle separado de hecho, mas reducen el requisito a dos años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o —como en el caso de autos— divorciado.
Luego de recordar los argumentos de hecho y de derecho brindados en la instancia anterior, manifestó que el Fisco apelante no expuso ninguna objeción o crítica adecuada y verdaderamente fundada que pusiera en crisis el fallo atacado, al no controvertir que la unión convivencial entre la señora Sosa y el afiliado hubiese reunido al momento de la muerte de este último las notas de permanencia y estabilidad, características de una comunidad de vida de apariencia matrimonial.
Esgrimió que, verificados tales extremos por el magistrado de primer grado, a la luz de la sana crítica que impera en la valoración de la prueba, la postura de la demandada redundaba en una aplicación literal y formalista del plazo reglado en el citado art. 43 inc. "b" de la ley 13.236, que debía quedar excluida en el caso por resultar irrazonable.
Ello así, confirmó la declaración de inconstitucionalidad de dicho precepto, en el entendimiento de que su aplicación al presente en los términos estrictamente literales pregonados por el apelante resultaba contraria a los principios constitucionales que garantizan el derecho de acceso a los beneficios previsionales y la finalidad tuitiva propia de la seguridad social.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la Fiscalía de Estado denuncia que el Tribunal de Alzada ha violado el art. 43 inc. "b" de la ley 13.236 al declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto para el caso.
Alega en tal sentido que no pueden compararse los institutos previstos en la ley 13.236 con los previstos en el nuevo Código Civil y Comercial para las uniones convivenciales, en razón de su distinta naturaleza.
Sostiene que la materia previsional y su regulación se encuentra reservada a las provincias, motivo por el cual la mera referencia a un instituto de derecho civil para sostener la inconstitucionalidad de una norma específica perteneciente a aquella no abastecería la fundamentación de tan grave decisión.
Asegura que en el caso nos encontramos frente a un supuesto de igual trato ante situaciones o circunstancias iguales, que no viola el principio constitucional de igualdad, ya que no supone una discriminación hostil, persecutoria, arbitraria o estigmatizante. En abono de sus dichos cita fallos de la Corte nacional, doctrina de autores y también jurisprudencia de este Tribunal relacionada la declaración de inconstitucionalidad de una norma como última ratio del orden jurídico.
Esgrime asimismo que no corresponde confrontar el régimen especial de la ley 13.236 con el del decreto ley 9.650/80, en tanto aquella —de carácter posterior y especial— encontraría su asidero en las necesidades de equilibrar un régimen especial y diferencial como es el de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con menores recaudos para la obtención del beneficio, mayores aportes y mayores porcentajes jubilatorios.
A continuación, insiste con que en el caso no medió afectación al principio de igualdad ante la ley, citando en su apoyo el criterio sentado por esta Corte en la causa B. 61.335, "L., S. M.", sentencia de 3-IX-2008.
Tras alegar —con base en jurisprudencia de la Corte nacional— que los dichos de testigos no son suficientes por sí solos para acreditar que una relación convivencial haya perdurado durante el lapso de cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del causante, concluye que no cabe reproche alguno a la ponderación de circunstancias fácticas realizada por la Caja interviniente para denegar el beneficio y —contrariamente— que la sentencia atacada incurrió en arbitrariedad en la valoración de la prueba rendida.
IV. Anticipo que, en mi opinión, el recurso interpuesto no puede prosperar debido a su insuficiencia (arg. art. 279, CPCC).
Sabido es que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causas A. 71.980, "M., D.", sent. de 6-IV-2016; A. 74.489, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 23-III-2022; A. 75.421, "Massalin Particulares", sent. de 5-VIII-2022; e.o.).
En particular, esta Suprema Corte tiene dicho que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan (conf. causas A. 70.029, "Comas", sent. de 15-XII-2010; A. 69.983, "Maglione", sent. de 10-III-2011; A. 71.980, A. 74.489 y A. 75.421, cits.).
Asimismo, este Superior Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario que reitera argumentos ya expuestos previamente, omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones vertidas por la Cámara de Apelación (conf. causas A. 71.768, "Benet", sent. de 1-VII-2015; A. 73.287, "Inglese", sent. de 21-VI-2017; A. 75.846, "Ogallar", sent. de 16-XII-2020; e.o.), como también aquel que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas Ac. 85.405, "Colombo", sent. de 31-III-2004; A. 72.124, "Cazullo", sent. de 6-VIII-2014; A. 71.175, "Frachia", sent. de 1-IV-2015; A. 75.929, "Maldonado", sent. de 25-XI-2020; e.o.).
Pues bien, tal déficit exhibe en la especie la pieza recursiva bajo análisis, donde la interesada no ha formulado un embate idóneo sobre todos los pilares que dan sustento al pronunciamiento atacado, lo que torna insuficiente su intento revisor (arg. art. 279, CPCC).
Nótese que, aunque la mayoría de la Cámara interviniente confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia haciendo propios varios de los argumentos que previamente habían sido brindados por este último (entre ellos, los relacionados con la alegada afectación del principio constitucional de igualdad), no por ello dejó también de introducir —o al menos, de desarrollar con más extensión— una serie de fundamentos estructurados en torno al test de razonabilidad al que decidió someter el precepto contenido en el art. 43 inc. "b" de la ley 13.236.
De hecho, en la sentencia atacada se determinó que la cuestión sometida a decisión residía en discernir si "...el criterio adoptado por la citada normativa (y su empleo por los actos administrativos objetados en autos) para fundar la limitación (exclusión) que allí se contempla al beneficio previsional, conlleva una justificación objetiva y plausible que la sustente; en otras palabras, se trata del escrutinio de la razonabilidad de la pauta empleada por la autoridad estatal para aplicar una regulación de la índole de la objetada en punto a la finalidad que procura alcanzar" (sent. recurrida, voto de la mayoría, punto 2.1, párrafo tercero).
A la temática así delimitada dicho pronunciamiento le dedicó un considerable espacio (v. sent. recurrida, voto de la mayoría, puntos 2.1 —último párrafo— y 2.2 —párrafos primero a sexto—), sin formular en ese tramo mayores alusiones al principio de igualdad, sino en todo caso a las distintas etapas del juicio de razonabilidad emprendido con respecto a la limitación de derechos apuntada.
Sobre el final del segmento referido —y antes de retomar la comparación con lo dispuesto en el marco de otros regímenes previsionales— la mayoría del Tribunal de Alzada arribó de tal forma a la conclusión de que "...el tiempo mínimo de cinco años de duración de la unión de hecho con las características exigidas por la norma, contemplado en la última parte del art. 43 inc. b de la ley 13.236, en su aplicación a la concreta situación configurada en la especie (conf. doc. CSJN Fallos 321:194; entre otros), no resulta estrictamente necesaria para alcanzar la finalidad perseguida (esto es, la preservación del ya señalado carácter sustitutivo del derecho de pensión)".
Así lo consideró porque, frente a la convivencia en aparente matrimonio de cuatro años y poco más de tres meses entre el afiliado y la solicitante del derecho pensionario, la denegación de este último se habría revelado "...como manifiestamente más costosa que otras alternativas por las que podría optarse, atento las circunstancias del presente, sin desmedro de aquellos objetivos cuya consecución pretendió la norma" (sent. recurrida, voto de la mayoría, punto 2.2 —párrafo sexto—).
Cualquiera sea el grado de acierto o equivocación que asista al señalado aspecto de la decisión, lo concreto es que, en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, la Fiscalía de Estado ha omitido pronunciarse al respecto, mediante argumentaciones puntuales capaces de demostrar el hipotético yerro que en todo caso se habría cometido al formular el reseñado análisis de razonabilidad, adecuación a la finalidad perseguida por la norma enjuiciada y necesariedad de la limitación allí prevista.
Por el contrario, casi todos los agravios de la recurrente apuntan a demostrar que el tantas veces mencionado art. 43 inc. "b" de la ley 13.236 no vulnera el principio constitucional de igualdad, bien por no ser válida para arribar a la conclusión opuesta la comparación con los requisitos de las uniones convivenciales que regula el Código Civil y Comercial, o el confronte con las exigencias establecidas para el acceso a una pensión por fallecimiento en otros regímenes previsionales, bien por no encerrar aquella disposición en sí misma considerada una discriminación hostil, persecutoria, arbitraria o estigmatizante.
Apenas se aduce en este contexto que los requisitos diferenciales del régimen de la Caja de las Policías de la Provincia de Buenos Aires encontrarían suficiente justificación en la necesidad de un equilibrio frente a los menores recaudos para la obtención de ciertos beneficios, mayores aportes y superiores porcentajes jubilatorios, pero no solo nunca se profundiza en este argumento, sino que tampoco se lo vincula con el test de razonabilidad llevado a cabo por el Tribunal de Alzada.
Fuera de lo anterior, la representación fiscal se limita a recordar la tradicional jurisprudencia que reconoce que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico, a la vez que denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba realizada por la Cámara, en tanto se apartó de las conclusiones que llevaron en su momento a la Caja interviniente a denegar el beneficio reclamado.
Sucede que tampoco estas genéricas alegacio
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