Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
A.80.818 "SCHULZ GUILLERMO ALBERTO C/ IPS S/ PRETENSION ANULATORIA. PREVISION - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I.1. El señor Guillermo Alberto Schultz promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) pretendiendo la nulidad de la resolución 11.321 n° 12, de fecha 5-III-2014, que le denegó el beneficio "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del conflicto bélico de las Islas Malvinas", por incumplimiento del art. 2 inc. "b" de la ley 12.006 (v. present. electr. de 12-VI-2025).
I.2. Corrido el traslado de la demanda, Fiscalía de Estado interpuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en que el acto administrativo cuya nulidad pretende el actor se encuentra consentido y alcanzado por el plazo de caducidad (conf. arts. 35 inc. 1 y 18, CCA).
Señaló que por medio del acto administrativo impugnado en estos autos, el IPS resolvió, con fecha 5-III-2014, denegar el beneficio de pensión al señor Schulz por no cumplir con la totalidad de los requisitos para obtenerla.
Agregó que once años más tarde (el 12-VI-2025), el actor interpuso la demanda contencioso administrativa con el fin de que se anule la referida resolución administrativa, no obstante que dicha decisión había quedado firme y consentida por falta de impugnación oportuna administrativa o judicial. Destacó que la promoción de la presente causa ocurrió luego de vencido el plazo de 90 días contemplado por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la excepción planteada por la demandada en los términos del art. 35 ap. 1 inc. i) del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, declaró inadmisibile la pretensión anulatoria articulada por la parte actora contra el IPS e impuso las costas en el orden causado (art. 51, inc. 2, CCA; v. resol. de 14-XI-2025).
Para así decidir, advirtió que la pretensión del actor al cuestionar el marco normativo por el cual se le denegó la pensión solicitada, no podía ser juzgada con abstracción de la validez de tal acto. Por ello, entendió que la cuestión planteada se hallaba alcanzada por los efectos propios emanados de un acto administrativo que ya había ganado firmeza y que fue derivación de la aplicación de la normativa ahora discutida.
En ese contexto, entendió que, sin perjuicio del pedido de inconstitucionalidad —cuya declaración resulta función excluyente de la judicatura—, ello no releva de la aplicación del plazo de caducidad, máxime cuando —en rigor— se está cuestionando el acto denegatorio de la pensión.
II. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas de la alzada por su orden (conf. arts. 51.2; 55; 56.1; 58, CCA; v. sent. de 26-II-2026).
Para así decidir, ponderó lo obrado en las actuaciones administrativas (expediente 21557-159457-10), destacando que si bien el intento de notificación de la resolución denegatoria del beneficio, a través de la carta documento arrojó resultado negativo, cierto es que el señor Schulz se notificó personalmente de la resolución en cuestión, en fecha 27-I-2015, cuando efectivamente tomó vista y se notificó de lo actuado.
Agregó que también consta en dichas actuaciones que se le entregó copia de la resolución y que fue informado de que "la firma del presente no implica conformidad con lo actuado, conservando el interesado su derecho a impugnar". Por ello, entendió que surgía de forma indudable que el interesado había tenido conocimiento de la providencia, por lo que correspondía, en consecuencia, que ésta surta desde allí todos sus efectos (conf. art. 67 in fine , dec. ley 7647/70).
Consideró que el recurrente no desconoció el actuar procesal mencionado, sino que únicamente cuestionó que ello hubiera sucedido "sin asesoramiento legal". Al respecto, recordó que en el procedimiento administrativo no se requiere patrocinio letrado como condición indispensable para poder recurrir o intervenir en un expediente, salvo que la ley expresamente lo disponga. Mencionó que con tal orientación transcurrió el procedimiento de autos —sin patrocinio letrado—, como lo acredita el formulario de solicitud (v. documento digital acompañado el 23-IX-2025) y la presentación realizada por el administrado.
Destacó que en el caso, no se advierte razón o duda como para sostener que tal acto de notificación pueda contener un vicio que limite el ejercicio de la defensa del señor Schulz, en tanto se evidencia que la diligencia fue cumplida con efectividad y agotando su cometido procesal, cual es poner en conocimiento cabal del interesado la resolución dictada, para activar a partir de allí el eventual ejercicio de su defensa, que de hecho se dejó expresamente a salvo al aludirse a las posibilidades de impugnación.
Concluyó que se encuentra debidamente acreditado en autos que el plazo de caducidad establecido por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo se hallaba agotado al momento de la interposición de la demanda, ya que la notificación del acto administrativo atacado por medio de la pretensión anulatoria articulada en autos se produjo el 27-I-2015, mientras que la demanda se interpuso recién el 12-VI-2025, es decir, casi 10 años después.
Por último, recordó lo resuelto anteriormente por esa Sala en un precedente respecto a que en el plazo de caducidad subyacen razones institucionales que radican en la necesidad de darle estabilidad a la actuación de la administración y que todas las pretensiones regladas en el Código Contencioso Administrativo están sujetas al cumplimiento de los recaudos de admisibilidad que respecto de cada sendero adjetivo prevé la normativa ritual. Asimismo, mencionó la reciente sentencia dictada en la causa A. 79.012, "Bueno", en la que —a su juicio— esta Suprema Corte continúa reivindicando la aplicabilidad del plazo de caducidad.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, la parte actora denuncia arbitrariedad de la sentencia y absurdo en la apreciación de la prueba (v. present. electr. de 6-III-2026).
III.1. Reitera el argumento expuesto al contestar la excepción, atinente a su impedimento de ejercer el derecho de defensa en juicio con anterioridad a la fecha de inicio de las presentes actuaciones, debido a que la notificación a la cual refiere la Cámara —efectuada al momento de tomar vista del expediente administrativo en las oficinas del IPS— no tiene valor, al no cumplir con la virtualidad exigida por la ley para un importante anoticiamiento, como es la "denegatoria de un beneficio pensionario de la Seguridad Social de carácter alimentario y vitalicio".
Al respecto, se agravia sosteniendo que se muestra contradictorio que en un caso análogo al presente, la doctora Martinez —entonces a cargo de un Juzgado de primera instancia— haya desarrollado un argumento diverso al que utilizó en el presente, en contra de su propia postura.
Por otra parte, se agravia porque se le deniega el beneficio por incumplimiento de un parámetro declarado inconstitucional (cita la causa "Lujan"; confirmada en todas las instancias judiciales) y se le deniega el acceso a la jurisdicción por incumplir un plazo que ignoraba, ya que no es abogado y nunca se lo asesoró debidamente por el IPS informándole las consecuecias de la resolución atacada y la inacción posterior. Entiende que el principio "el derecho es conocido por todos" es una ficción legal, que no se aplica en este caso porque su actividad nada tiene que ver con el Derecho.
En relación con el argumento de que el administrado no necesita patrocinio letrado en el procedimiento administrativo, expresa que es esa situación la que fomenta la Administración en su beneficio para que el administrado lego haga el trámite lo más expuesto y débil ". ..en una clara relación asimétrica de poder, para luego ser abusado por ella ".
III.2. Invoca jurisprudencia de sentencias de diferentes instancias, que —según aduce— avalan la interpretación restrictiva de la excepción interpuesta por la demandada, cuando se trate del reconocimiento de derechos jubilatorios o de la seguridad social. Asimismo, refiere a fallos y notas doctrinarias vinculadas con el plazo de caducidad.
III.3. Por otra parte aduce que la sentencia de Cámara es arbitraria porque no tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos en el escrito de elevación a ese tribunal y porque contradice con su resolución un historial de años en que se favorecía la continuación de los procesos de la seguridad social, por los principios rectores de la especie. A su vez expresa que el fallo impugnado afecta la tutela judicial efectiva por aplicación de un formalismo procesal excesivo.
IV. El recurso no prospera, atenta su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827 y 279, CPCC).
IV.1. El recurso de inaplicabilidad de ley bajo tratamiento omite cumplir con la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto se limita a afirmar lo opuesto a lo decidido en el fallo impugnado, sin contener en términos claros y concretos la mención de la ley o de la doctrina que se reputa violada o aplicada erróneamente. De igual modo, su insuficiencia se revela al desatender la premisa de demostrar en qué consiste esa violación o errónea aplicación, directiva que se encuentra contenida en la segunda parte del citado precepto (doctr. causas A. 74.575, "Aparicio", sent. de 27-XII-2017; A. 72.687, "Calder", sent. de 9-V-2018; A. 73.569, "Fisco", sent. de 11-VII-2018 y A. 75.477, "Molina", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
No obsta a ello lo alegado por el recurrente en los puntos VI y VII de su escrito recursivo, toda vez que esta Suprema Corte tiene dicho que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 74.171, "Aguas Bonaerenses S.A.", sent. de 10-VII-2019; e.o).
IV.2. En otro orden, la denuncia de arbitrariedad del fallo que ensaya el recurrente carece de entidad, en tanto se basa en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa A. 75.477 cit.).
Tampoco acredita el denunciado absurdo en la valoración de la prueba, pues no logra rebatir los argumentos de la Cámara que la llevaron a tener por demostrada la existencia de una notificación eficaz del acto definitivo denegatorio del pedido de pensión del actor (resolución 11.321 n° 12, de fecha 5 de marzo de 2014). En particular, en cuanto el Tribunal de Alzada ponderó que la aludida notificación fue efectuada personalmente al señor Schulz cuando tomó vista de las actuaciones administrativas, oportunidad en la que le fue entregada una copia de la resolución y fue informado que conservaba su derecho a impugnarla; a lo que el tribunal agregó que el recurrente no desconoció el actuar procesal mencionado, sino que únicamente cuestionó que ello hubiera sucedido sin asesoramiento legal.
Tiene resuelto reiteradamente esta Suprema Corte que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litits, que en este caso atañen a desentrañar si el acto cuestionado fue debidamente notificado, no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre su mérito, sino que es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (doctr. causas A. 74.775, "Ferella", sent. de 5-XII-2018; A. 74.220, "Dardanelli", sent. de 24-IV-2019; A. 74.577, "Suarez", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
Empero ese vicio del razonamiento no ha sido acreditado en la especie, desde que la parte actora, reiterando argumentos antes expuestos, opone a la apreciación efectuada por el tribunal consideraciones que se sustentan solo en su propio criterio.
Cabe recordar que las meras discrepancias con la decisión de la Cámara, tales como las que esgrime el recurrente, no son base idónea de agravios ni configuran absurdo que den lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas A. 74.036, "Sena Villanueva", sent. de 5-VI-2019; e.o.), circunstancia que no ha ocurrido en el caso.
V. Por las razones expuestas, atento a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal ha sido insuficientemente fundado, corresponde su rechazo (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2026 12:11:31 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:16:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:00 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:03 hs. bajo el número RR-639-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia