Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79962
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.962, "Guerrero, Rodolfo Luciano Arturo c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Previsión-RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria , Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda.
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. elect. de 3-VII-2024), que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 18-III-2025).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 12-VIII-2025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rodolfo Luciano Arturo Guerrero, anulando la resolución 3.476 de fecha 18 de noviembre de 2021, dictada por el Instituto de Previsión Social y ordenó al citado organismo otorgar el beneficio previsional denominado "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas", en los términos de la ley 12.006, desde un año antes de la fecha en que presentara su solicitud en sede administrativa.
Asimismo, adicionó a los importes reconocidos los intereses desde que cada suma se devengó y hasta su efectivo pago calculados a la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días (conf. SCBA causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y más recientemente, B. 60.456, "Calabro", sent. de 7-IX-2016; arts. 622 y 623, Cód. Civ., ley 340; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994) e impuso las costas a la demandada vencida.
En relación al requisito incorporado en el art. 2 inc. "b" de la ley 12.006, texto según ley 13.324, lo declara inconstitucional a la luz de los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución de la Provincia correlacionado con el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y teniendo en cuenta la especial protección que los derechos que se debaten en la especie tienen en nuestra carta local, conforme los arts. 39 inc. 3 y 36 inc. 10.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, luego de analizar tanto las normas como las pruebas acompañadas, confirmó el pronunciamiento compartiendo las apreciaciones del decisorio de grado en cuanto a que las normas en juego (principales disposiciones de la ley 12.006 y sus modificatorias), deben ser interpretadas armónicamente y debidamente valoradas las circunstancias fácticas y probatorias del caso. Ello, más allá del intento de la demandada por demostrar el desacierto interpretativo o una errónea o insuficiente valoración de dicho plexo jurídico.
Consideró que, a tenor de una valoración y apreciación de las constancias del sub lite , a la luz de la sana crítica (conf. arts. 77 inc. 1, CCA y 384 y concs., CPCC) correspondía confirmar la sentencia; caso contrario se vulneraría el fin último de la ley 12.006, junto con los derechos constitucionales comprometidos (arts. 39 inc. 3 y 36 inc. 10, carta magna provincial).
A mayor abundamiento, observó que otras legislaciones especiales que receptaron la pensión en cuestión no imponen como condición para su otorgamiento que el peticionario tuviera el domicilio real en un determinado lugar a la fecha del conflicto bélico —por ejemplo Chubut, Entre Ríos y Capital Federal— (doctr. causa A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VIII-2017, en obiter dictum ).
Finalmente, puntualizó que la única crítica esbozada por la demandada para señalar que el señor Guerrero no cumple con el mentado requisito consiste en plantear —con alegaciones genéricas que en modo alguno permiten desvirtuar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento— que los dichos del actor y la prueba adunada no son suficientes para justificar arraigo en la Provincia de Buenos Aires; mas no ha siquiera cuestionado la autenticidad de la documental valorada en la causa.
II. Frente a lo así resuelto, la parte demandada articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal donde —en lo que interesa por ser materia de decisión ante este Tribunal— reitera dilatadamente los agravios expuestos y rechazados oportunamente por la Cámara actuante.
Luego de realizar un extenso análisis normativo, se agravia de la errónea interpretación dada al art. 2 inc. "a" de la ley 12.006, refiriendo a que tal norma intentó compensar a los jóvenes que participaron en el conflicto en representación de la Provincia, resultando, a su entender, excesivo el alcance dado por las instancias anteriores, que permite incluir a un excombatiente que en forma circunstancial o temporal hubiere residido en la Provincia sin intención de desarrollar allí su centro de vida.
Sostiene que la única prueba documental de la que se vale la jueza para tener por acreditado el domicilio de la Provincia resulta ser el certificado emitido por el Círculo Policial de la Fuerza Aérea con sede en Vicente López en el que se consigna "certifico que estuvo alojado en este círculo durante el año 1981".
Alega que el hecho que hubiere estado "alojado" transitoriamente y por un breve periodo de tiempo —no especificado— en el Hotel del Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, carece de valor probatorio a los efectos de tener acreditado que el actor hubiera tenido domicilio en la Provincia con anterioridad al conflicto bélico en los términos del art. 2 de la ley 12.006 —y modificatorias—, toda vez que con ello no se puede acreditar que allí haya tenido el asiento principal de su residencia y negocios.
Agrega que el informe tomado en consideración para confirmar la sentencia de grado, no brinda detalles acerca de las características que pudo tener ese supuesto alojamiento; no indica el tiempo exacto en el que permaneció alojado en el hotel y tampoco puede extraerse del allí que esa estadía hubiera obedecido al cumplimiento de alguna función militar.
Alega que surge debidamente acreditado en las actuaciones administrativas que con anterioridad al conflicto bélico el demandante se domiciliaba en Entre Ríos (según la ficha electoral obrante a fs. 19).
Insiste en que de la constancia emitida por la Fuerza Aérea Argentina —fs. 69 de las actuaciones administrativas— surge que el señor Guerrero ingresó el 6 de febrero de 1963 y que desde el 16 de diciembre de 1980 al 30 de noviembre de 1983 su destino fue el Comando de Personal, en la Ciudad de Buenos Aires.
En base a ello concluye que la interpretación de la ley 12.006 —y modificatorias— llevada a cabo en la sentencia, además de apartarse de su claro texto, desnaturaliza su fin, ya que aquella precisamente ha sido sancionada a los efectos de brindar a los excombatientes bonaerenses de Malvinas un reconocimiento justo por haber ofrecido sus vidas a la Nación con las gravísimas consecuencias que dicho enfrentamiento genera, siempre bajo la condición de reunir los requisitos pertinentes.
Agrega que, tratándose de un beneficio previsional de excepción, también se viola la doctrina legal relativa a la interpretación restrictiva de los beneficios previsionales extraordinarios y cita varias causas de esta Corte.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión a decidir se ciñe a dilucidar si resulta ajustada a derecho la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada respecto al requisito previsto en el art. 2 inc. "a" de la ley 12.006 que exige, para obtener la "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas", tener domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982, de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la ley 10.428.
En el caso, la Cámara, con base en las pruebas colectadas y analizadas por la justicia de grado —las que no fueron controvertidas por la recurrente— estimó que el señor Guerrero había residido en la Provincia de Buenos Aires el año previo.
Tuvo en cuenta lo puntualizado por la parte actora respecto de que el tipo de incongruencias denunciadas por la demandada respecto del domicilio resultaban frecuentes en aquel entonces dado que el cambio de domicilio no se instrumentaba como en la actualidad, más aún en el contexto entonces imperante. De todo, coligió que el señor Guerrero modificó su lugar de residencia en virtud de los traslados de destino obligatorios a los que se vio sujeto por su estado militar, adquiriendo relevancia la prueba documental adjuntada por el interesado, que dio cuenta de su residencia en la Provincia de Buenos Aires durante el año 1981 —tiempo en el que constaba formalmente con destino en la Ciudad de Buenos Aires— hasta noviembre de 1983, y sopesando que se hubo instrumentado cambio de domicilio del señor Guerrero a dicha jurisdicción —Capital Federal— recién el 25 de julio de 1983 (v. ficha electoral mencionada supra).
En tal contexto, la interpretación y aplicación que se ha realizado de la disposición legal en cuestión (art. 2 inc. "a", ley 12.006 y sus modif.), sumadas a las connotaciones fácticas de la temática, que se corresponde con lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite (causas A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017 y A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VIII-2017), resultó suficiente para dar respuesta al presente y confirmar que no se presentaba en el caso una errónea interpretación como la pretendida (conf. causa A. 74.386, "Farinella", sent. de 18-IV-2018).
No obstante lo expuesto, en el agravio bajo análisis el recurrente no logra superar el valladar de suficiencia técnica del recurso (art. 279, CPCC), y por tanto no logra desvirtuar lo decidido por la Cámara al confirmar el fallo de instancia (nulidad del acto denegatorio).
III.2. Sin embargo, la recurrente alega también violación de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte respecto a la interpretación restrictiva de los beneficios previsionales de excepción (causas B. 53.529, "Soler", sent. de 27-IV-1993; B. 48.934, "Sciutto", sent. de 13-IV-1983 y B. 49.438, "Kenar", sent. de 10-II-1987).
Entiende que aquel precepto legal exige que el beneficiario de la pensión tuviese domicilio en esta Provincia al momento del conflicto, pues esa es la interpretación que mejor condice con la finalidad que el legislador tuvo en miras al instituir la citada prestación, que fue compensar a los jóvenes bonaerenses que participaron en el enfrentamiento por todos los padecimientos físicos y psicológicos sufridos en la guerra.
Señala que lo indicado se encuentra entre los fundamentos de la ley 13.324 —que reformó el art. 2 de la ley 12.006— y que se procuró brindar dicho reconocimiento a los excombatientes que participaron en la disputa en representación de la Provincia. Añade que el vínculo que sustenta esa representación es la tenencia de domicilio en la jurisdicción bonaerense.
Entiende que la interpretación adoptada por el Tribunal de Alzada es irrazonable e incongruente pues admite que cualquier persona que participó en el conflicto y haya registrado su domicilio en la Provincia de Buenos Aires al menos por un día y en cualquier tiempo anterior al 2 de abril de 1982 debe ser beneficiada con la pensión en cuestión.
Considera que de confirmarse el criterio interpretativo del Tribunal de Alzada se instalaría un evidente riesgo de multiplicación del error cometido a otros casos similares, en los que el interesado que hubiera residido un breve lapso de su vida en la Provincia de Buenos Aires y hubiese combatido en la guerra de Malvinas por otra provincia, pudiera acceder al beneficio establecido por el legislador local.
Ahora bien, nótese que el principal agravio nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio, tarea propia de las instancias ordinarias que, por regla, resultan ajenas al ámbito de los recursos extraordinarios y solo pueden ser abordadas mediando la alegación y demostración de absurdo, lo que no ha sucedido en el caso.
El recurrente no ha logrado demostrar la configuración de tal vicio, por lo que el recurso extraordinario se muestra insuficiente para revertir lo central de la decisión impugnada, relativa al reconocimiento al actor del beneficio que otorga la ley 12.006 y sus modificatorias a los excombatientes del conflicto bélico Islas Malvinas, pues los jueces de las instancias anteriores repararon en una serie de circunstancias que no son encaradas frontalmente, mucho menos por la vía del absurdo como aquí era menester al tratarse de cuestiones predominantemente fácticas (conf. causa A. 77.904, "Carreño", sent. de 6-VI-2023).
Esta Corte tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (conf. causas A. 70.416, "EDEASA", sent. de 9-X-2013; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
Específicamente, con relación a la valoración de la prueba me permito recordar que este Tribunal tiene dicho que las instancias de grado tienen la facultad de seleccionar el material probatorio dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario —tal como antes señalé— invocar y demostrar que existió absurdo, el que no queda evidenciado con la mera exposición de un criterio interpretativo discordante (cfr. causas A. 69.321, "Bellia Munzón", sent. de 27-VIII-2008; A. 69.506, "Vigil", sent. de 1-IV-2009 y A. 72.315, "C., D. V.", sent. de 13-IV-2016).
Al respecto esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (conf. doctr. causas A. 78.503, "Traut", sent. de 15-XI-2023; A. 78.737, "Castro", sent. de 19-XII-2024; A. 78.409, "Gómez", sent. de 27-II-2025; A. 78.895, "Rivas" y A. 78.938, "Tonil", sents. de 25-IV-2025).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres en lo que hace a la referida insuficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada (conf. doctr. art. 279, CPCC)
Con ese alcance, doy mi voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de acompañar la solución adoptada por los colegas que me preceden, por lo señalado en el voto del ponente a partir del párrafo sexto del punto III apartado 2.
Más allá del acierto o error en la decisión de la Cámara al considerar que el señor Guerrero tenía como residencia habitual el Hotel del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina de Vicente López, lo cierto es que dicha afirmación, que esencialmente es el modo en que se han ponderado los hechos del caso, no ha sido objeto de embate.
La vía para ello, claro está, es la denuncia y comprobación del absurdo. En la pieza recursiva, más allá de una débil referencia (v. pto. "VI.1.b" penúltimo y último párrafo), ni si quiera se hace mención a tal vicio.
En razón de ello, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Habiendo analizado el conflicto comparto la solución propuesta por el doctor Torres a cuyo contenido adhiero.
Voto por la negativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:26:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 17:17:11 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:14:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:18:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:20 hs. bajo el número RS-57-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia