Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78694
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.694, "Navarrete, Sandra Elena c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Anulatoria. Previsión", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia que acogió la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado (v. resol. de 23-II-2023).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, agregado el memorial de la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Sandra Elena Navarrete promovió pretensión anulatoria contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), solicitando la nulidad de la resolución 956.165 que rechazó por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto.
Finalmente, requirió al demandado para que dicte la resolución pertinente que le liquide el haber jubilatorio en el 75% del cargo docente clase II con 35 hs. semanales, así como la adecuación de la deuda por aportes personales correspondientes al período 1 de marzo de 1987 al 28 de febrero de 1990, con intereses y costas.
I.1. La causa se adjudicó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul.
Corrido el traslado de ley, la Fiscalía de Estado opuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión por vencimiento del plazo de caducidad previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Señaló que el IPS dictó en forma previa la resolución 875.565 que otorgó a la actora la jubilación ordinaria desde el 1 de octubre de 2016 con el 70% del sueldo y bonificaciones del cargo docente desempeñado en la Municipalidad de Azul, habiendo sido notificada la señora Navarrete el 26 de diciembre de 2017, sin formular cuestionamiento alguno a dicho acto.
Adujo que recién en fecha 25 de julio de 2018 su apoderado formuló reclamo contra dicha resolución que fue caratulado como recurso de revocatoria por la Administración y rechazado por extemporáneo mediante resolución 956.165.
Afirmó que de la demanda no surge cuestionamiento alguno contra la resolución 956.165, es decir, no hubo crítica contra la declaración de extemporaneidad del remedio administrativo, aspecto que -a su modo de ver- dejó incólume tanto lo decidido al respecto como los motivos del pronunciamiento de inadmisibilidad formal.
Asimismo, alegó que no mejora la situación de la actora el hecho de que la Administración haya analizado si procedía tratar el recurso como denuncia de ilegitimidad y haya descartado esa posibilidad, puesto que la denegatoria recaída en el trámite de una denuncia de ese tipo no habilita la instancia contencioso administrativa revisora.
I.2. El Juzgado hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada y declaró inadmisible la demanda (v. resol. de 11-VII-2022).
Para decidir de ese modo, advirtió que de los términos de la pieza surge que lo perseguido por la actora bajo la denominación de "reajuste de haberes" constituye, en rigor, una disconformidad con el porcentaje de jubilación que le fuera acordado mediante la resolución 875.565, cuya nulidad pretende en autos, juntamente con la impugnación de la resolución 956.165, que denegó dicho planteo por haber sido articulado extemporáneamente.
Desde esa perspectiva, señaló que, al encontrarse la segunda resolución inexorablemente ligada a la primera, no resultaba posible computar el plazo de caducidad a partir del dictado de aquella, pues importaría modificar un acto anterior, firme y amparado por la seguridad jurídica.
Disconforme con ese resultado adverso, la actora apeló.
II. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, rechazó el remedio y confirmó la resolución dictada por el juzgado de primera instancia.
Destacó -al igual que el juez de grado- que el agravio planteado por la actora se dirigió a impugnar el porcentaje del haber otorgado, mas no cuestionar que su presentación de 2018 fuera calificada como recurso extemporáneo contra una resolución de 2017.
Sostuvo que al fundarse la pretensión entablada exclusivamente en la impugnación de lo resuelto a través de un acto administrativo firme y consentido, resultaba ineludible declarar la inadmisibilidad de la demanda.
Agregó que dicho criterio no importaba desconocer la amplitud con que deben ser interpretadas las normas que rigen la materia previsional, en razón del carácter integral e irrenunciable de los derechos consagrados en las leyes de jubilaciones y pensiones, su imprescriptibilidad y las características de las contingencias que la previsión social tiende a cubrir.
A tal fin, recordó que todas aquellas acciones interpuestas contra el Estado mediante las pretensiones regladas en el Código Contencioso Administrativo están sujetas al cumplimiento de los recaudos de admisibilidad que respecto de cada sendero adjetivo prevé la normativa ritual, no correspondiendo efectuar distinciones en orden al derecho material que intenta protegerse.
Por último, descartó que por aplicación del principio in dubio pro actione se impusiera en el caso una solución diversa a la propiciada.
III. Contra ese pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso de inaplicabilidad de ley.
Denuncia que la decisión impugnada no valoró lo dispuesto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 62 del decreto ley 9.650/80 y, en consecuencia, aplica el art. 18 del Código Contencioso Administrativo en franca violación de la jerarquía normativa y de la doctrina que surge de aquellas.
Aduce que, si existió un error de la Administración en perjuicio del beneficiario, ya sea en la fijación de los requisitos de edad y servicios, en la determinación del mejor cargo o en el porcentaje del haber inicial -como ocurriría en este caso-, el reclamo tendiente a la debida consideración de esos elementos no puede quedar sometido a la prescripción ni a la caducidad.
Insiste en que, en su caso particular, el art. 18 inc. "a" del ritual debe declararse inaplicable.
Funda tal posición aseverando que la falta de impugnación judicial de las resoluciones del organismo previsional y la ausencia de cosa juzgada judicial que haga mérito del fondo del asunto sometido a tratamiento, a la luz de la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación, hace que sea lógica y jurídicamente posible impugnar las resoluciones de la Administración en materia de derecho previsional, aun pasado el plazo de caducidad.
Concluye que, de subsistir alguna duda, debe declararse la admisibilidad de la pretensión por aplicación del principio in dubio pro actione y de los principios consagrados en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que —sostiene- fueron soslayados por los sentenciantes de grado.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De modo liminar, habré de destacar que la impugnación que propone la actora evidencia un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados de grado, sin hacerse cargo de refutar concretamente el fundamento medular sobre el cual se estructura la sentencia puesta en crisis (conf. doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 70.815, "Darhanpe", sent. de 19-X-2016; e.o.).
En efecto: la Cámara, para confirmar la declaración de inadmisibilidad formal de la demanda, ponderó que la pretensión entablada por la señora Navarrete se encontraba dirigida exclusivamente a impugnar lo resuelto en la resolución 875.565 en cuanto al porcentaje del beneficio acordado.
A su vez, destacó que no surgían del escrito de demanda argumentos enderezados a cuestionar la legitimidad de la resolución 956.165 en aquellas parcelas que la consideraron como recurso de revocatoria contra la resolución 875.565 ni contra la declaración de extemporaneidad, aspectos que en rigor habían quedado fuera de debate.
En tal contexto, concluyó que al sustentarse la demanda únicamente en la impugnación de un acto firme y consentido, la pretensión era inadmisible.
Frente a ello, lo cierto es que la recurrente se aparta de tal fundamentación y, en su lugar, denuncia que la decisión impugnada no valoró lo dispuesto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 62 del decreto ley 9.650/80; para finalmente insistir en predicar que el reclamo relativo a la fijación de los requisitos de edad y servicios, o la determinación del mejor cargo, o el porcentaje del haber inicial del beneficio jubilatorio, no puede encontrarse sometido a la prescripción o a la caducidad.
De este modo, lejos de confrontar los fundamentos esenciales de la sentencia, el recurso de la actora se circunscribe a contraponer una interpretación discordante con el pronunciamiento del Tribunal de Alzada, de forma tal que las objeciones formuladas no conforman sino meras discrepancias con lo resuelto, carril que no constituye base idónea para esta índole de agravios (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
En suma, es clara la insuficiencia del remedio extraordinario pues, como ha afirmado este Tribunal, deviene ineficaz el recurso que no rebate la línea argumental de la decisión impugnada y, en su lugar, se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
IV.2. Sin perjuicio de lo expuesto, la solución brindada por la mayoría de la Cámara se conforma con la doctrina legal de esta Corte.
El art. 18 inc. "a" del Código Contencioso Administrativo establece -en lo que aquí interesa destacar- que la pretensión de anulación de un acto administrativo deberá promoverse "...dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados [...] desde el día siguiente al de la fecha de notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa".
En el caso, el planteo de la señora Navarrete se dirige en esencia a cuestionar el porcentaje jubilatorio (70%) fijado por el IPS, pretendiendo en su lugar el 75% por cumplimiento de las exigencias mencionadas en el art. 24 inc. "b" del decreto ley 9.650/80 para el régimen docente.
Ahora bien, la resolución 875.565 que así lo dispuso -acto administrativo formal, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final- le fue notificada a quien demanda el día 26 de diciembre de 2017.
Contra ella, la interesada pudo interponer recurso de revocatoria -potestativo en el sub lite (conf. art. 74, dec. ley 9.650/80, texto según ley 11.249)- o acudir, sin más trámite, a la vía judicial mediante una pretensión anulatoria (conf. arts. 12 inc. 1 y 14 inc. 1 apdo. "a", CCA). Eso así, pues al margen del objeto de la pretensión aquí entablada (nulidad de la resolución 956.165), ella conducía indefectiblemente a la revisión de su antecesora 875.565.
Sin embargo, nada de eso ocurrió en forma temporánea: las constancias de autos muestran que la primera presentación de la actora en sede administrativa se efectuó recién el 25 de julio de 2018, es decir, casi siete meses después de la notificación. Y finalmente promovió la demanda judicial el 20 de diciembre de 2021, transcurridos aquí casi cuatro años desde el acto notificado que le causó gravamen.
Bajo tales circunstancias es que se declaró, acertadamente, la inadmisibilidad de la pretensión tal cual esta fue enderezada.
IV.3.a. No modifica la conclusión a la que se arriba que la presentación del día 25 de julio de 2018, al descartarse su aptitud recursiva, pudiera haber sido tratada como una denuncia de ilegitimidad (art. 74, dec. ley 7.647/70), pues como esta Corte tiene resuelto, la decisión administrativa emitida en ese trámite no puede ser equiparada a la resolución definitiva que deja expedita la instancia contencioso administrativa, de tal forma que no resulta susceptible de habilitar esta vía judicial. Esto es así porque el acto contra el que la denuncia se dirige es —por definición— un acto firme por falta de impugnación legal en término (doctr. causa B. 60.510, "Sciutto", sent. de 8-II-2006 y sus citas).
IV.3.b. De ello se sigue que, en semejante escenario, una eventual referencia a la falta de mérito del asunto -tras recalcar la extemporaneidad del recurso interno- carece de virtualidad para hacer renacer los plazos impugnativos.
Lo anterior tiene relevancia pues cuadra destacar que la propia recurrente transcribió el voto en disidencia del doctor Ucín, quien con pie en el precedente "Rodríguez" (causa B. 63.116, sent. de 14-VI-2006) había juzgado que la autoridad previsional no podía valerse en sede judicial de la tardanza del remedio administrativo si, al resolverlo, se había expedido también sobre la sustancia del reclamo.
Esto es algo que extrajo del considerando 3° de la resolución atacada cuando, tras la declaración de extemporaneidad, a mayor abundamiento y "sin entrar en el fondo de la cuestión", el IPS ratificó la corrección jurídica de lo actuado en el expediente previsional.
Al margen de que en aquel caso -contrario a lo sostenido por el camarista- se descartó la tesis propugnada (v. voto del juez Pettigiani, al que adhirió el resto del Tribunal y por mi parte reforcé sucintamente) y solo el voto minoritario del juez Negri sugirió algo de tal tenor, lo concreto es que la actora no incorporó ese fundamento a sus propios agravios. Ellos discurrieron, en cambio, por el carril de la jerarquía normativa constitucional y la imprescriptibilidad de los derechos de la seguridad social. La temática, por ende, no es algo que haya sido traída a la casación de alguna forma u otra.
Y a propósito de lo antedicho, no es este un supuesto en el cual la Administración hubiese soslayado la cuestión de los tiempos en su sede, para recién ocurrírsele por primera vez y más tarde como estrategia en juicio.
IV.4. Por su parte, el hecho de que se atribuya la calidad de irrenunciables e imprescriptibles a los derechos consagrados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución provincial no obsta la solución adoptada (v. infra pto. V).
Cabe recordar que esta Corte ha señalado desde antiguo que el plazo establecido para demandar por acción contencioso administrativa es de caducidad y, por lo tanto, se ha definido como fatal, improrrogable e insusceptible de suspensión o interrupción (v. "Acuerdos y Sentencias", 1.967-I-775; 1.967-2-28; 1.968-152; 1.976-3-103; causas B. 50.038, "Joao", sent. de 10-VI-1997; B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-III-2006; A. 73.212, "Berison", sent. de 23-VIII-2017 y más recientemente en las causas A. 79.135, "Paredes", sent. de 4-VI-2026 y A. 78.698, "Pucineri", sent. de 4-VIII-2026).
Asimismo, se ha considerado que tales regulaciones procesales son constitucionalmente válidas (doctr. causas B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-III-2006; B. 53.499, "L., R. P. y otro", sent. de 27-III-2008 y A. 69.495, "Bambill", sent. de 21-X-2009).
El Tribunal ha resuelto además que el plazo para impugnar judicialmente el obrar administrativo se ha establecido de manera uniforme. Es decir, para todas aquellas pretensiones deducidas contra el Estado mediante la acción contencioso administrativa que están sujetas al cumplimiento de este recaudo de admisibilidad, sin efectuar distinción alguna en orden al derecho material que se intenta proteger (doctr. causas B. 62.883, "Fiscal de Estado c/ Municipalidad de San Fernando", resol. de 21-XII-2011; A. 70.538, "Covisur", sent. de 4-VII-2012; A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017; A. 74.081, "First Data Cono Sur SRL", sent. de 6-XI-2019; A. 79.135 y A. 78.698, cits.).
IV.5. Finalmente, tampoco se configura en la especie un escenario dudoso donde el principio pro actione hubiese servido -a todo evento- para dirimir la incertidumbre acerca del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda (doctr. causa A. 73.212, cit.).
V. Dicho todo eso, si lo que la actora realmente denuncia -y puede acreditar- es que el IPS incurrió en errores materiales a la hora de establecer el cómputo del haber previsional, en principio no habría obstáculo para solicitar la revisión del criterio reputado inexacto, por fuera de lo estrictamente jurídico y al margen de la firmeza del primigenio acto administrativo (conf. arts. 62 y 75, dec. ley 9.650/80; 64, dec. 476/81; 118, dec. ley 7.647/70 y conf. arg. causa B. 63.106, "Rossi", sent. de 27-VIII-2020).
VI. Por las razones señaladas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del colega que inicia el acuerdo, de conformidad con el criterio que sostuve en las causas A. 79.135, "Paredes" y A. 78.698, "Pucineri".
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2026 12:40:00 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2026 10:44:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 11:09:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 11:35:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 12:12:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/10/2026 12:32:13 hs. bajo el número RS-111-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia