Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79088
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068), con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.79.088 "SUCESORES DE SALONIA, HUMBERTO MARGHUERITINO CANDIDO FULGIDO C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSIÓN ANULATORIA - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones y aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de una pretensión anulatoria deducida por el doctor Humberto Margheritino Cándido Fúlgido Salonia declaró la inconstitucionalidad del art. 73 de la ley 6716 e hizo lugar a la demanda, decretando la nulidad de las resoluciones dictadas por el Directorio de la Caja de Previsión social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a través de las cuales se denegó al actor los beneficios previstos por los arts. 35, 76 y 77 de la ley citada.
En consecuencia, reconoció el derecho del doctor Salonia a acceder a los beneficios de la jubilación de transición prevista por el art. 77 de la mencionada ley desde la fecha de inicio del expediente y previa liquidación de los aportes mínimos adeudados que se dispusieron en el decisorio, condenando a la Caja demandada a abonar lo debido por tal concepto desde el 3-VI-2004, con más los intereses calculados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días, vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago (v. sent. de 2-XI-2011).
Por resolución de fecha 21-XI-2011, el magistrado de grado aclaró que el otorgamiento del beneficio solicitado lo es previo pago de la liquidación que practique la demandada de las cuotas mínimas adeudadas por el actor, que surgen de la inconstitucionaldad del art. 73 de la ley 6716, por los años comprendidos en la ley como desistidos y que, respecto a la tasa aplicable, es la arriba mencionada.
Con posterioridad, ya en etapa de ejecución de sentencia -en lo que aquí interesa- el juez de primera instancia proveyó que los puntos de pericia propuestos por la parte demandada excedían lo dispuesto en la sentencia dictada en autos y ordenó al perito actuario la liquidación de los aportes mínimos adeudados por el actor que surgen a partir de la inconstitucionalidad declarada, por los años comprendidos en la ley como desistidos (alcanzados por el art. 73: 1985 a 1994), con más intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago (v. proveído de 19-XII-2022).
Contra la aludida providencia, la Caja demandada interpuso recurso de apelación (v. present. electr. de 1-II-2023) cuestionado el método de cálculo de la deuda que mantiene el causante con la Caja.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto (resol. de 21-IX-2023).
Para así decidir, consideró que la prueba pericial ordenada en autos lo fue -simplemente- a fin de verificar las liquidaciones que tanto la parte actora como la demandada debían practicar. Que cuando el magistrado interviniente hace saber al perito que deberá efectuar su dictamen con las constancias arrimadas a la causa y conforme los parámetros establecidos en la sentencia, no hace más que reeditar lo que en el fallo del año 2011 y su aclaratoria se estableció y que el profesional designado -en base a las liquidaciones arrimadas por las partes y las constancias que surgen de la causa- dará su dictamen. Y luego el juez interviniente deberá decidir sobre las posturas de los litigantes, expidiéndose sobre las pretensiones deducidas en el marco de la ejecución de sentencia de grado, siendo el informe pericial a realizarse un elemento más que ayudará al magistrado en tal faena resolutoria, la que aún no ha tenido lugar.
III. Frente a tal decisión, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-X-2023), el que denegado -con sustento en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (ver resol. de 9-XI-2023)- motivó la presente queja (v. escrito electrónico de fecha 21-XI-2023).
IV.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia, en principio, no son susceptibles de ser impugnados por la vía prevista por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial pues, por ser posteriores a la sentencia definitiva, no reúnen la calidad requerida por el citado artículo y tales cuestiones, en cuanto corresponden al cumplimiento de lo ya decidido y firme, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (doctr. causas Q. 75.443, "Scarimbolo", resol. de 14-VIII-2019; Q. 77.107, "Sampayo", resol. de 10-XII-2021; Q. 77.523, "Comba", resol. de 11-II-2022 y Q. 79.198, "Atanor SCA", resol. de 19-IV-2024, e.o.).
IV.2. Así, en el caso, el pronunciamiento de la Cámara que, en la referida etapa procesal, ponderó que la designación de un auxiliar del magistrado sólo tuvo como finalidad corroborar las liquidaciones arrimadas por las partes y cotejarlas conforme las pautas dadas en la sentencia, no reviste el carácter de definitivo en los términos del art. 278 del ordenamiento procesal citado, sin que se observen motivos suficientes que permitan, en este supuesto, apartarse de dicha regla (doctr. A. 73.648, "Vigil", resol. de 10-VI-2015; Q. 77.464, "Alba", resol. de 11-II-2022; Q. 78.579, "Scarimbolo", resol. de 4-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068), con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3. "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2024 13:45:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:44:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 10:55:26 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 14:47:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 18:48:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/06/2024 18:52:19 hs. bajo el número RR-505-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia