Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 79869
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, 296 y 299, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068), con costas (art. 31, ley 14.967).
En sustento de su pretensión, la actora alegó -entre otros motivos- la inconstitucionalidad de los tributos reclamados; la inexistencia de hecho imponible por falta de prestación efectiva de los servicios; la aplicación indebida del artículo 35 del Convenio Multilateral y la violación al principio de legalidad tributaria, así como su derecho de defensa durante el trámite del procedimiento administrativo.
También cuestionó la imposición de la multa por omisión, por ausencia de sumario previo y de elementos que acreditaran el aspecto subjetivo de la infracción e invocó la prescripción parcial de los períodos reclamados (v. present. electr. de 24-II-2021).
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Zárate-Campana hizo lugar parcialmente a la demanda. En lo que aquí interesa destacar por ser motivo de agravio, rechazó la impugnación formulada respecto del componente vinculado a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (v. sent. de 6-VI-2024, considerando VI).
En otro orden, admitió la impugnación en relación con el Fondo de Prevención Comunitaria y declaró la nulidad de los actos administrativos respectivos. Asimismo, receptó parcialmente el planteo de prescripción y declaró prescriptos los períodos 01/2013, 02/2013 y 03/2013 -rechazando la prescripción solicitada respecto de los períodos 4/2013 a 7/2015-.
En consecuencia, ordenó a la Municipalidad de Escobar que practique una nueva liquidación conforme a los parámetros fijados, y dispuso la devolución a la actora de las sumas abonadas por los conceptos invalidados y los períodos prescriptos, con actualización mediante el índice UVA y un interés del 6% anual desde la fecha en que se efectuó el "pago previo" y hasta su efectiva devolución.
I.3. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
En particular, revocó el fallo de grado en cuanto había rechazado el planteo de nulidad respecto de la multa impuesta por omisión y declaró la invalidez de las resoluciones administrativas que la dispusieron, por considerar que la Municipalidad no había justificado adecuadamente la infracción ni garantizado el debido proceso en sede administrativa.
Por otra parte, confirmó el rechazo de la impugnación respecto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, compartiendo el criterio del a quo sobre la existencia del servicio y la razonabilidad de la base imponible -Ingresos Brutos-. Ratificó asimismo la nulidad del Fondo de Prevención Comunitaria y la prescripción de los períodos referidos.
En cuanto a los planteos de inconstitucionalidad articulados por la actora respecto del art. 2.532 del Código Civil y Comercial (en torno al planteo prescriptivo), de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y del artículo 35 del Convenio Multilateral, rechazó los agravios deducidos por considerar no acreditada una afectación concreta a derechos constitucionales ni haberse demostrado desproporcionalidad o confiscatoriedad en la carga tributaria (v. sent. de 19-XII-2024).
II. Frente a lo así decidido, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad (v. present. de 5-II-2025), los que denegados por el Tribunal de Alzada (v. resol. de 20-II-2025), motivaron la presente queja (v. present. de 27-II-2025).
III. Al respecto, corresponde señalar que las consideraciones vertidas por la Cámara para denegar la vía de nulidad interpuesta exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (doctr. causas Q. 77.896, "Gutierrez", resol. de 30-VI-2022; Q. 77.816, "Napoli", resol. de 12-VIII-2022, Q. 79.661, "Fisco", resol. de 3-XII-2024; A. 79.715, "Bogetti", resol. de 12-III-2025, e.o.).
No obstante ello, la queja traída carece igualmente de viabilidad, pues ha decidido con reiteración esta Suprema Corte que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (doctr. causas A. 75.390, "Cornejo", resol. de 10-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020; A. 78.060, "Fideicomiso San Martin", resol. de 15-XI-2022; A. 79.434, "Fisco", resol. de 19-VIII-2024; A. 79.715, "Bogetti", resol. de 12-III-2025, e.o.).
En el medio revisor en estudio, si bien se denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, de su simple lectura se advierte que -bajo el aparente reproche de haberse omitido la consideración de cuestiones esenciales y ausencia de fundamentación legal- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo en que el órgano de grado abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento relacionados con los hechos y la prueba, así como también a la transgresión del debido proceso, de la defensa en juicio y denuncia de arbitrariedad por parte del Tribunal de Alzada, cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Q. 76.7434, "Barrios", resol. de 6-VII-2020; A. 78.332, "Hurtado", resol. de 2-III-2023 y A. 79.599, "Blasi", resol. de 30-XII-2024; C. 129.675, "Vizcarra", resol. de 24-II-2025, e.o.).
Por otra parte, corresponde destacar que el quebrantamiento de las garantías consagradas en el art. 171 de la Carta local sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de preceptos legales, pero cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones normativas, siendo -como ya se dijera- ajenos al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada (doctr. causas A. 74.225, “Unilever de Argentina SA”, resol. de 29-VI-2016; A. 75.413, “Maldonado”, resol. de 5-XII-2018; A. 75.642, “Bellino”, resol. de 24-IV-2019; Q. 76.511, "Fernandez", resol. de 30-III-2021 y Q. 79.564, "Vargas", resol. de 21-X-2024; A. 79.715, "Bogetti", resol. de 12-III-2025, e.o.).
IV. En relación al recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, cabe recordar que, de conformidad a lo dispuesto por el art. 299 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, dicha vía se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales confrontados con normas de la Constitución provincial (doctr. causas Q. 73.183, "Ecocarnes SA", resol. de 8-VII-2014; Q. 73.894, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 16-III-2016; Q. 74.614, "Fisco c/ El Nuevo Halcón SA", resol. de 7-III-2018; A. 75.658, "Congelados Ártico SA", resol. de 14-VIII-2019; Q. 76.828, "Wydler", resol. de 10-III-2021 y Q. 77.504, "Mele", resol. de 18-VIII-2022, e.o.).
Ello no acontece en autos. Conforme surge de las constancias acompañadas y se advierte de la lectura de la pieza recursiva, en el fallo en embate no se resolvió caso constitucional alguno en los términos indicados (conf. art. 299, cit., doctr. causas A. 75.286, "Haro", resol. de 11-VII-2018; A. 75.919, "Muñoz", resol. de 25-IX-2019; Q. 76.828 y Q. 77.504, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, 296 y 299, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068), con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2025 19:23:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2025 12:18:36 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:23:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2025 12:56:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 13:11:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 13:18:07 hs. bajo el número RR-282-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia